STC10437-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10437-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00490-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el pasado 25 de marzo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por el Procurador 114 Judicial II Penal de Medell\u00edn contra la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, acude a esta herramienta supralegal buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que considera lesionado por la autoridad judicial convocada con la providencia del 28 de enero del a\u00f1o en curso, adoptada dentro del proceso penal 2019-11757 seguido contra Anhelo Sebasti\u00e1n Clavijo Monsalve, Juan Esteban Medina Holgu\u00edn, Juan David Mu\u00f1oz y Arley Antonio Tilano Casta\u00f1eda. <\/p>\n
2. Del extenso escrito introductor, as\u00ed como de las pruebas recaudadas, se puede extractar que, contra las personas arriba indicadas, se adelanta la referida actuaci\u00f3n penal por el delito de receptaci\u00f3n, en la cual, el Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medell\u00edn profiri\u00f3 sentencia absolutoria el 16 de abril de 2020. <\/p>\n
Dicho fallo fue apelado por el fiscal delegado y el apoderado de la v\u00edctima reconocida en ese asunto. <\/p>\n
Mediante el auto interlocutorio que es objeto de esta queja, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medell\u00edn decret\u00f3 la nulidad de la sentencia por cuanto la consider\u00f3 carente de motivaci\u00f3n y orden\u00f3 devolver el expediente a la primera instancia para que se profiriera de nuevo, providencia frente a la cual el procurador delegado interpuso recurso de reposici\u00f3n, que fue resuelto el 16 de febrero siguiente en el sentido de mantener la determinaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El quejoso considera que la decisi\u00f3n invalidatoria adoptada por la corporaci\u00f3n querellada adolece de \u00abdefecto procedimental\u00bb comoquiera que atenta contra la autonom\u00eda propia de la actividad judicial al pretender imponer al juzgado a quo un determinado criterio en torno al asunto que le corresponde resolver, pues frente a la disparidad en la valoraci\u00f3n probatoria entre ambas instancias, lo procedente era la revocatoria del fallo y no su anulaci\u00f3n, de manera que el prove\u00eddo se \u00abtorn\u00f3 caprichoso\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicita remover los efectos jur\u00eddicos \u00abde los autos\u2026 y se ordene a la sala de decisi\u00f3n\u2026 que profiera la sentencia de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n recriminada expres\u00f3 que la invalidaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia se sustent\u00f3 en el hecho de que \u00abel a quo dirigi\u00f3 casi toda su argumentaci\u00f3n y valoraci\u00f3n\u2026 no al estudio del delito de receptaci\u00f3n que fue por el cual acus\u00f3 la Fiscal\u00eda y del que se defendieron los procesados, sino al delito de hurto, cuesti\u00f3n ajena al debate procesal, lo que obviamente sorprendi\u00f3 a todas las partes e intervinientes, en tanto el funcionario judicial defini\u00f3, en \u00faltimas, el asunto con una argumentaci\u00f3n que nada tuvo que ver con lo debatido en el juicio oral\u00bb, lo que desemboc\u00f3 en una \u00abfalsa motivaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Dijo que, en el caso concreto, la sala consider\u00f3 que no era correcto proferir una sentencia de reemplazo y, en su lugar condenar por el delito de receptaci\u00f3n, pues \u00abello perpetuaba la violaci\u00f3n al debido proceso y las garant\u00edas de las partes e intervinientes ya que como el juez realmente no analiz\u00f3 si en el caso de marras estaba demostrada la materialidad del delito de receptaci\u00f3n y la responsabilidad que les pod\u00eda caber a los procesados, de acuerdo a la acusaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda\u2026 lo que se presentaba realmente era una sentencia solo con apariencia de fundamentaci\u00f3n porque plante\u00f3 unas premisas que no pod\u00edan ser el sustento de la conclusi\u00f3n. Es decir, aqu\u00ed lo que se present\u00f3 fue una argumentaci\u00f3n dil\u00f3gica o ambivalente, en tanto las razones expuestas en la sentencia eran contrarias a la decisi\u00f3n final adoptada\u00bb, de all\u00ed que no sea una simple divergencia conceptual, sino una flagrante violaci\u00f3n, por pate del juez de primer grado, del principio de congruencia pues \u00abse desentendi\u00f3 de la discusi\u00f3n f\u00e1ctica-jur\u00eddica planteada por las partes y en ese orden de ideas era imposible desatar un recurso de alzada porque materialmente no exist\u00eda sentencia a la cual hacerle control\u00bb. <\/p>\n
Pidi\u00f3, en consecuencia, no acceder al resguardo pues, por una parte, la decisi\u00f3n no fue caprichosa ni mucho menos a trav\u00e9s de ella se pretendi\u00f3 imponer un determinado criterio al fallador de instancia y, por otro, lo que busca el gestor es utilizar la acci\u00f3n de tutela a manera de \u00abtercera instancia ordinaria\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez D\u00e9cimo Penal del Circuito de Medell\u00edn coadyuv\u00f3 los planteamientos y peticiones del gestor habida consideraci\u00f3n que \u00aben la providencia de primera instancia s\u00ed se desarroll\u00f3\u2026 una valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas recabadas durante el juicio oral para concluir\u2026 que no ten\u00eda cabida la posibilidad de imponer condena por cuanto no se acredit\u00f3, por parte de la fiscal\u00eda, que los procesados no hubieran tomado parte en la ejecuci\u00f3n del hurto\u2026 de suerte que no se reun\u00eda la totalidad de los componentes estructurales para la configuraci\u00f3n del delito por el que se imput\u00f3 y acus\u00f3\u00bb <\/p>\n
3. Con similares argumentos abog\u00f3 por la procedencia del resguardo la Fiscal 251 Seccional de aquella ciudad, para quien la v\u00eda procesal correcta que debi\u00f3 tomar el tribunal convocado era la de revocar la sentencia y dictar la de reemplazo y no anularla, pues con tal decisi\u00f3n se quebrant\u00f3 el principio de autonom\u00eda judicial, pilar fundamental del Estado de Derecho. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
No accedi\u00f3 a la protecci\u00f3n implorada por incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que \u00abla actuaci\u00f3n penal se encuentra en curso y, por ende\u2026 la acci\u00f3n de tutela se torna improcedente pues\u2026 no est\u00e1 dado al juez constitucional intervenir en asuntos que deben desatarse al interior del proceso\u00bb <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n pues, en su criterio, si bien el asunto se encuentra en tr\u00e1mite, \u00abello no legitima al Tribunal\u2026 para violentar los derechos fundamentales mediante providencia constitutiva de una v\u00eda de hecho\u00bb, adem\u00e1s de reiterar los planteamientos esbozados en el libelo introductor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si la corporaci\u00f3n querellada vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el Procurador 114 Judicial II Penal de Medell\u00edn dentro del proceso penal 2019-11757, con la emisi\u00f3n del auto del pasado 28 de enero del a\u00f1o, por medio del cual decret\u00f3 la nulidad de la sentencia de 16 de abril de 2020 proferida por el Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito de aquella ciudad. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
3. Improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso <\/p>\n
Ligado al anterior criterio, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia. <\/p>\n
En tal sentido, cuando el proceso penal se halla en tr\u00e1mite, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sede constitucional ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la negativa del resguardo, prohijando lo razonado por la Hom\u00f3loga a quo, por cuanto no se satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, se advierte anticipado cualquier pronunciamiento frente a la queja que expone el impugnante teniendo en cuenta que, seg\u00fan se desprende de lo aportado, el tr\u00e1mite penal a\u00fan se encuentra pendiente de definici\u00f3n, habida consideraci\u00f3n que, conforme a la orden impartida por el tribunal ad quem deber\u00e1 proferirse una nueva sentencia que ponga fin a la instancia, frente a la cual los inconformes podr\u00e1n ejercitar los medios de impugnaci\u00f3n ordinarios y extraordinarios consagrados en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Cabe resaltarse que, para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos propios de la actuaci\u00f3n ordinaria, previstos para controvertir las determinaciones que all\u00ed se adopten; no obstante, en el caso puntual ello no se ha cumplido, pues, como se dijo, subsiste en el escenario procesal la posibilidad de plantear las inconformidades y reproches que aqu\u00ed formula el promotor del amparo. <\/p>\n
Proceder como lo plantea el demandante implicar\u00eda asumir que esta acci\u00f3n es un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, o incluso una tercera instancia, con el consecuente riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, lo que adicionalmente propiciar\u00eda un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n
En definitiva, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del criterio expuesto <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, dada la evidente improcedencia del resguardo, habida cuenta que subsiste en la actuaci\u00f3n la posibilidad de ejercitar los instrumentos id\u00f3neos para procurar la defensa de los derechos que se dicen conculcados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10437-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC10437-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00490-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56409","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56409","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56409"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56409\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56409"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56409"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56409"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}