STC10442-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10442-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02689-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del resguardo reclaman la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, a la igualdad, al trabajo y al m\u00ednimo vital, presuntamente conculcados por la Colegiatura convocada, al no dar contestaci\u00f3n a los derechos de petici\u00f3n que presentaron el pasado 7 de julio, con el fin que se \u00abdetermin[e] el \u00e1rea del predio a entregar como medida de ocupaci\u00f3n secundaria o (\u2026) un inmueble equivalente al restituido no superior a una Unidad Agr\u00edcola Familiar \u2013 UAF, o en su defecto se [les] cancel[e] el valor del bien inmueble restituido seg\u00fan el aval\u00fao que reposa en [los respectivos] proceso[s], esto con la finalidad de satisfacer [sus] condiciones econ\u00f3micas definitivamente\u00bb. <\/p>\n
De este modo, lo que pretenden los accionantes, de manera puntual, es que se ordene a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras de Cartagena, dar respuesta a las solicitudes presentadas en cada uno de los procesos de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n donde fueron reconocidos como segundos ocupantes, de conformidad a lo establecido en el \u00abpar\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo octavo del Acuerdo 033 de 2016\u00bb. <\/p>\n
2. Como soporte f\u00e1ctico de lo reclamado aducen en lo esencial, y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n de la presente controversia, que en calidad de segundos ocupantes reconocidos dentro de los litigios \u00ab2014-00014, 2015-00112, 2015-00128, 2016-00166, 2016-00157, 2021-01190, 2018-00055\u00bb, presentaron la mentada petici\u00f3n, comoquiera que la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras Cesar, Guajira les comunic\u00f3 que para cumplir con lo dispuesto por el Tribunal de Cartagena en los respectivos litigios, les har\u00eda entrega de un \u00ab\u00e1rea de diez punto cinco (10.5) hect\u00e1reas para cada uno dentro de esa zona San Antonio, en el corregimiento de Caracolito del municipio de El Copey, Cesar\u00bb, pese a que seg\u00fan lo dispuesto en los Oficios del 12 de marzo, 7 y 23 de abril, todos de 2020, la Agencia Nacional de Tierras estableci\u00f3 que una \u00abUnidad Agr\u00edcola Familiar en el municipio de El Copey \u2013 Cesar, est\u00e1 entre 26 y 36 hect\u00e1reas\u00bb, motivo por el cual el \u00e1rea de los terrenos que les pretenden entregar no satisfacen \u00ablas expectativas legitimas acorde a las medidas definitivas por tener la calidad de segundo ocupante\u00bb. <\/p>\n
Que pese a lo anterior, a la fecha nada se ha dispuesto sobre el particular por la autoridad judicial convocada, encontr\u00e1ndose m\u00e1s que vencidos los t\u00e9rminos para resolver de fondo, hecho por el cual acuden a la presente v\u00eda excepcional, por no contar con otro mecanismo de defensa judicial a trav\u00e9s del cual puedan obtener la protecci\u00f3n de los bienes jur\u00eddicos que invocaron. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 10 de agosto hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a la accionada para que ejerciera su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
a.) La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, puso de presente que \u00abel reparo de la activa recae en una supuesta omisi\u00f3n de es[a] Sala Especializada en brindar respuesta a una solicitud que afirman haber presentado de manera conjunta el d\u00eda 7 de julio del a\u00f1o en curso, relacionada, sucintamente, con la determinaci\u00f3n del \u00e1rea del predio a entregar como medida de ocupaci\u00f3n secundaria o en su defecto el reconocimiento de una suma de dinero equivalente al valor del aval\u00fao del inmueble restituido, como medida de reparaci\u00f3n que a su juicio les asiste\u00bb, motivo por el cual, la \u00absolicitud fue atendida por es[a] Judicatura mediante prove\u00eddos de fecha 29 de julio del a\u00f1o en curso, dictados de manera individualizada en cada uno de los procesos asociados a los peticionarios, resalt\u00e1ndose a su vez que el derecho de petici\u00f3n no es el instrumento adecuado para pedir a los jueces un tr\u00e1mite o impulso al interior de los procesos judiciales\u00bb. <\/p>\n
Hizo \u00e9nfasis en que, \u00abal interior de las aludidas providencias se orden\u00f3 requerir a la Unidad Administrativa de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, por el t\u00e9rmino de 15 d\u00edas, a efectos que rindiera informe sobre las gestiones encaminadas a la entrega de las medidas ordenadas en favor de los actores, incluyendo el sustento t\u00e9cnico y jur\u00eddico utilizados por para determinar el \u00e1rea del predio a entregar como medida definitiva de ocupaci\u00f3n secundaria, con las actas propias de este tipo de diligencias; de igual forma se orden\u00f3 correr traslado de la petici\u00f3n formulada a la referida entidad Estatal para que de conformidad con la normatividad vigente, procediera a emitir un pronunciamiento de fondo a las solicitudes previamente esbozadas\u00bb y, que en \u00ablo referente al \u00e1rea de tierra que se debe entregar a los ocupantes secundarios por concepto de impedir su desalojo son conceptos que deben ser definidos por los expertos del Ministerio de Agricultura al que est\u00e1n adscritos la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras y la agencia Nacional de Tierras, con lo cual es[a] magistratura est\u00e1 a la espera de la aclaraci\u00f3n que ha requerido la interesada\u00bb. <\/p>\n
Finalmente dijo, que dichas determinaciones fueron notificadas a los inconformes a los correos electr\u00f3nicos por ellos reportados para tal fin. <\/p>\n
b.) Por su parte, la apoderada judicial de la Agencia Nacional de tierras, el apoderado general de la Cooperativa Colanta, el Jefe de la Oficina Jur\u00eddica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Acciones Constitucionales y Procedimientos Administrativos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, coincidieron en solicitar la desvinculaci\u00f3n de las entidades a las que representan de la presente acci\u00f3n constitucional, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que ninguna injerencia tienen en los hechos y pretensiones enlistados en la demanda de amparo. <\/p>\n
c.) Al momento del registro del fallo no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente contienda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades, y eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: la posibilidad de acudir ante el destinatario, y, la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada, por lo que la esencia de dicha prerrogativa comprende entonces, pronta resoluci\u00f3n, respuesta de fondo, y, notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado. <\/p>\n
Sin embargo, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha reiterado, que \u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC7547-2021). <\/p>\n
En igual sentido se ha precisado, que \u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (Cit.). <\/p>\n
Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva. <\/p>\n
2. En el presente asunto, se observa que lo pretendido a trav\u00e9s de este mecanismo especial por los se\u00f1ores Mayerly, Crist\u00f3bal, Andelfo, Jairo, Guillermo Manuel, Hilda y Mercedes, en \u00faltimas, es que se ordene a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, dar respuesta a la petici\u00f3n que en el mismo sentido le presentaron el pasado 7 de julio, para que se les informe cu\u00e1l es el \u00e1rea que deben tener los predios que les van a ser entregados en su calidad de segundos ocupados, correspondientes a una Unidad Agr\u00edcola Familiar \u2013 UAF, para satisfacer los derechos que les fueron reconocidos al interior de los diferentes procesos de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
3. De este modo, la queja en comento corresponde analizarla a la luz de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, por haber sido elevada la petici\u00f3n cuya respuesta se reclama, en el marco de una actuaci\u00f3n judicial, y por esa senda, extrae la Sala de lo informado por el Despacho convocado al emitir la respectiva contestaci\u00f3n, que lo pretendido por los gestores, en \u00faltimas, a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n fue satisfecho, pues lo cierto es que pese a que dicha colegiatura le comunic\u00f3 a cada uno de los inconformes que improcedente resulta la utilizaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n en el marco de las acciones judiciales, mediante autos pronunciados el 29 de julio y 11 de agosto de los corrientes, dispuso la Colegiatura convocada, orden\u00f3, entre otros asuntos, \u00abrequerir a la Unidad Administrativa de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, por el t\u00e9rmino de 15 d\u00edas, a efectos que rindiera informe sobre las gestiones encaminadas a la entrega de las medidas ordenadas en favor de los actores, incluyendo el sustento t\u00e9cnico y jur\u00eddico utilizados por para determinar el \u00e1rea del predio a entregar como medida definitiva de ocupaci\u00f3n secundaria, con las actas propias de este tipo de diligencias; de igual forma se orden\u00f3 correr traslado de la petici\u00f3n formulada a la referida entidad Estatal para que de conformidad con la normatividad vigente, procediera a emitir un pronunciamiento de fondo a las solicitudes previamente esbozadas\u00bb, dado la inconsistencia en el \u00e1rea de los predios ofrecidos a los interesados, y lo ordenado judicialmente a favor de \u00e9stos. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se acredit\u00f3 la remisi\u00f3n de esas decisiones a los correos electr\u00f3nicos reportados por los aqu\u00ed interesados1, los cuales fueron enviados, en su orden, el 2 y 11 de agosto de la anualidad que avanza, por lo que, sin duda, al haber sido satisfecha la pretensi\u00f3n erigida en defensa de las garant\u00edas esenciales, la tutela perdi\u00f3 su eficacia y raz\u00f3n de ser, al carecer de sentido cualquier orden que llegase a impartir el juez de amparo (CSJ STC7547-2021). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, y dado que en todo caso, el pronunciamiento echado de menos fue notificado en el decurso de esta instancia, la Sala estima que la tardanza presentada para finiquitar lo solicitado obedeci\u00f3 a varias situaciones de car\u00e1cter administrativo, no atribuibles exclusivamente a la desidia o desinter\u00e9s de la autoridad accionada lo que, entonces, descarta la posibilidad de intervenci\u00f3n en el asunto por parte del juez de tutela, pues, como ha insistido la Corte en distintas oportunidades, mutatis mutandis, \u00abla falta de cumplimiento estricto de los t\u00e9rminos procesales por parte de los funcionarios judiciales no genera, per se, violaci\u00f3n del derecho fundamental del debido proceso\u00bb2; de manera que \u00abla mora en que pueden incurrir las autoridades judiciales en la resoluci\u00f3n de los conflictos no puede ser apreciada s\u00f3lo desde una \u00f3ptica objetiva, esto es, computando simple y llanamente el plazo se\u00f1alado por el ordenamiento jur\u00eddico para adoptar la decisi\u00f3n respectiva, sino que es preciso apreciarla tomando en cuenta un c\u00famulo de aspectos, tales como, la carga laboral de la oficina, la planta de personal de la misma, la implementaci\u00f3n log\u00edstica etc., pues todos estos factores, entre otros, influyen de manera directa en la buena marcha de los despachos judiciales y en la cumplida administraci\u00f3n de justicia\u00bb (CSJ STC438-2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo expuesto, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 de desestimarse la salvaguarda reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, DENIEGA la protecci\u00f3n solicitada por Luis Humberto Hu\u00e9rfano Fl\u00f3rez. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 jorgebarrios1972@hotmail.com, jddpsc@gmail.com, abpersonerodelcopey@hotmail.com. <\/p>\n
2\u0002 Sentencia T-1227 de 2001. <\/p>\n
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