STC10467-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10467-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01454-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 22 de julio de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Germ\u00e1n Murcia Murcia contra la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 que, ante la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1, elev\u00f3 queja disciplinaria contra los abogados Juan Sebasti\u00e1n Carrillo Rivera y Juan Sebasti\u00e1n Velandia P\u00e1rraga (rad. 2021-00041), por su presunto proceder irregular en la acci\u00f3n de tutela que interpuso contra \u00abAlpina Productos Alimenticios S.A.\u00bb donde labora, la misma en que, los querellados, ocupan los cargos de gerente de talento humano y representante legal, respectivamente. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que la referida acci\u00f3n constitucional la promovi\u00f3 porque, el 9 de julio de 2020 modificaron sus condiciones y modalidad de trabajo al interior de la empresa afectando su estado de salud; sin embargo, la salvaguarda no prosper\u00f3, seg\u00fan arguy\u00f3, porque los citados profesionales del derecho al contestar la tutela aportaron a la actuaci\u00f3n una carta mediante la cual le comunicaron el cambio de sus tareas y lugar de labores, pero, con diferente contenido a la que realmente le fue entregada, es decir, \u00abadulteraron un documento privado\u00bb. <\/p>\n
Pese a ello, se\u00f1al\u00f3, el 1\u00ba de marzo de 2021 el magistrado Jorge Eliecer Gait\u00e1n Pe\u00f1a de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de esta capital, le notific\u00f3 v\u00eda correo electr\u00f3nico que, con auto del 17 de febrero de 2021 se resolvi\u00f3 que los hechos denunciados \u00abno prestan m\u00e9rito alguno para abrir proceso disciplinario en contra de los abogados referenciados\u00bb, por lo que dispuso \u00abdesestimar de plano la queja formulada\u00bb. <\/p>\n
Cuestiona la referida determinaci\u00f3n por cuanto \u00abse separ\u00f3 de manera abierta de la norma, especialmente en lo que tiene ver con la concesi\u00f3n e investigaci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria de fondo, a pesar de todo el material probatorio que se arrim\u00f3\u00bb; adicionalmente porque le neg\u00f3 la posibilidad del recurso de apelaci\u00f3n \u00abpara que la segunda instancia revise los motivos por cuales se [dispuso] la terminaci\u00f3n del proceso disciplinario\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, el magistrado ponente de esa providencia, dej\u00f3 de valorar que \u00ablos abogados tienen el deber de lealtad que implica decir la verdad, y si la verdad consignada en un documento privada es contraria a la realidad se configura una falta disciplinaria (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide, se \u00abrevoque el auto proferido por la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del 1\u00ba de marzo de 2021 (sic), a fin de que se garantice el debido proceso [\u2026] y en cambio se conceda la apertura del proceso disciplinario contra los abogados Juan Sebasti\u00e1n Carrillo Rivera [\u2026] y Juan Sebasti\u00e1n Velandia P\u00e1rraga (\u2026) consecuencia de lo anterior, se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura [\u2026] reasignar mi caso a otro magistrado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
El magistrado Jorge Eliecer Gait\u00e1n Pe\u00f1a, de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial relacion\u00f3 lo acontecido en el tr\u00e1mite en cuesti\u00f3n, al respecto, indic\u00f3 que la queja disciplinaria fue radicada el 23 de noviembre de 2020, la cual, analizada, decidi\u00f3 desestimarla de plano \u00abtras comprobar que las irregularidades no guardaban relaci\u00f3n con el ejercicio de la profesi\u00f3n jur\u00eddica y ten\u00edan que ver con actos ejecutados en el \u00e1mbito laboral y, con mayor raz\u00f3n, cuando los abogados denunciados fung\u00edan como gerente de talento humano y relaciones laborales y representante legal de Alpina S.A.\u00bb, de manera que, la circunstancia alegada \u00abes ajena a la jurisdicci\u00f3n disciplinaria\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que esa providencia no es recurrible, \u00absin perjuicio de que, si varia la situaci\u00f3n f\u00e1ctica o se allegan nuevos elementos de prueba, el ciudadano insista en la queja pues la referida decisi\u00f3n no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Declar\u00f3 la improcedencia de la salvaguarda por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, dado que, frente al prove\u00eddo que recrimina pudo \u00ab(\u2026) hacer uso de la reposici\u00f3n con el fin que se reconsideraran los argumentos que llevaron a desestimar el m\u00e9rito de la queja disciplinaria y\/o la improcedencia de recursos en contra del auto que la desestima de plano a sabiendas, p. ej., que el par\u00e1grafo del art. 65 de la L. 1123\/2007 (sic) permite al quejoso la \u201cimpugnaci\u00f3n de las decisiones que pongan fin a la actuaci\u00f3n, distintas a la sentencia.\u201d \u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante, replicando la argumentaci\u00f3n del escrito introductorio, e insisti\u00f3 en que la ley 1123 de 2007 prev\u00e9 como faltas disciplinarias conductas como las que denunci\u00f3 de los abogados de la empresa Alpina y recalc\u00f3 que, \u00abque existe material probatorio que nos lleve a concluir que las actuaciones de los togados en mi denuncia est\u00e1n contempladas en las faltas disciplinarias del abogado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el querellante, al desestimar de plano la queja disciplinaria que aqu\u00e9l formul\u00f3 contra los abogados Carrillo Rivera y Velandia P\u00e1rraga (radicado n\u00ba 2018-00162), al considerar que las conductas se\u00f1aladas como faltas, no constituyen objeto de reproche disciplinario. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 La providencia atacada. <\/p>\n
Del examen del pronunciamiento cuestionado (17 de febrero de 2021) y de los argumentos en que el promotor del amparo fund\u00f3 su inconformidad, no se advierte vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales suplicados, habida cuenta que la posici\u00f3n de la autoridad acusada se aprecia razonable. <\/p>\n
Descendiendo al sublite, se tiene que, preliminarmente, el magistrado accionado, explic\u00f3 que no basta para la apertura de una investigaci\u00f3n de esa naturaleza que el sujeto sea destinatario de la ley 1123 de 2007, pues, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se requiere que los hechos dados a conocer tengan el potencial de comprometer la responsabilidad disciplinaria del disciplinable, lo que sucede cuando infringe sin justificaci\u00f3n alguno de los deberes que la ley le impone cumplir, en particular, los contemplados en el art\u00edculo 28 de la Ley 1123 de 2007\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, abord\u00f3 las circunstancias f\u00e1cticas que el quejoso denunci\u00f3 como atentatorias de los deberes profesionales, para resaltar que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no est\u00e1n dadas las condiciones para el ejercicio de la acci\u00f3n disciplinaria contra los abogados JUAN SEBASTI\u00c1N CARRILLO RIVERA y JUAN SEBASTI\u00c1N VELANDIA PARRAGA, dado que del escrito de queja no se advierte la realizaci\u00f3n de una conducta en concreto que pueda dar lugar a falta disciplinaria. <\/p>\n
Luego, complement\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para activar el aparato jurisdiccional disciplinario del Estado, es necesario que la queja refiere hechos concretos que permitan inferir siquiera como probable una conducta contraria a los deberes profesionales de los abogados cuestionados, circunstancia que en este caso no se advierte dado que la queja se limita a se\u00f1alar actuaciones de los profesionales del derecho JUAN SEBASTI\u00c1N CARRILLO RIVERA en calidad de Gerente de Talento y Relaciones Laborales y JUAN SEBASTI\u00c1N VELANDIA PARRAGA en calidad de Representante Legal, ambos de la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A.. <\/p>\n
Dicho lo anterior, se concluye que los hechos puestos en conocimiento de esta Corporaci\u00f3n, no prestan m\u00e9rito alguno para abrir proceso disciplinario en contra de los abogados referenciados en precedencia, por lo cual ha de desestimarse la queja\u00bb. <\/p>\n
Para finalizar, aclar\u00f3 que no proceden recursos contra dicha providencia porque, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como bien lo prev\u00e9 el art\u00edculo 68 de la Ley 1123 de 2007, al desestimarse de plano la queja o el informe, por considerarse que los hechos no prestan m\u00e9rito para abrir proceso disciplinario, contra esta determinaci\u00f3n no procede recurso alguno. Ello es as\u00ed, porque el art\u00edculo 2\u00ba del estatuto disciplinario, se\u00f1ala que la acci\u00f3n disciplinaria es de naturaleza p\u00fablica y su ejercicio est\u00e1 en cabeza del Estado. <\/p>\n
Para el ejercicio de esta potestad, es necesario que exista una actuaci\u00f3n disciplinaria, esto es, que se haya dictado auto de tr\u00e1mite de apertura de proceso disciplinario (art. 104) y que a la misma le ponga fin mediante decisi\u00f3n de terminaci\u00f3n anticipada (art. 103) o producto de la evaluaci\u00f3n del m\u00e9rito de las pruebas recaudadas durante la fase de investigaci\u00f3n, esto es, cuando no concurran los elementos para formular cargos disciplinarios (art. 105). <\/p>\n
Precisamente, la decisi\u00f3n de desestimar de plano la queja disciplinaria supone que, al no ejercerse la acci\u00f3n disciplinaria por parte del Estado como titular de la misma, no se adelanta actuaci\u00f3n alguna que pueda terminarse como lo disponen los art\u00edculos 103 y 105, respectivamente\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 al respecto que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es necesario advertir que el art\u00edculo 81 del c\u00f3digo disciplinario de manera taxativa enuncia las providencias que admiten recurso de apelaci\u00f3n, sin que en ellas se incluya la decisi\u00f3n de desestimar de plano la queja o el informe. <\/p>\n
Incluso cabe afirmar que algunas providencias que se profieren en el marco del proceso disciplinario, pese a su trascendencia no admiten recurso alguno, como la apertura de investigaci\u00f3n disciplinaria y la formulaci\u00f3n de los cargos disciplinarios. <\/p>\n
En este sentido, debe acogerse que la voluntad del legislador se orient\u00f3 a consagrar el recurso de apelaci\u00f3n de manera taxativa contra las decisiones enunciadas en el art\u00edculo 81 de la Ley 1123 de 2007, sin que pueda el operador jur\u00eddico inferir que otras determinaciones como la desestimaci\u00f3n de la queja o el informe, quedan cobijadas por esta garant\u00eda, lo cual se explica tambi\u00e9n, como se ha precisado en l\u00edneas anteriores, por la limitada intervenci\u00f3n que la ley confiere al quejoso y de manera m\u00e1s intensa por la naturaleza de la acci\u00f3n disciplinaria, cuyo ejercicio recae en el Estado y no el quejoso\u00bb. <\/p>\n
Y, frente a discusiones suscitadas en otros escenarios sobre la procedencia de los recursos contra ese tipo de decisiones, dijo que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, interpret\u00f3 en m\u00faltiples casos que la decisi\u00f3n por la cual se desestima de plano la queja disciplinaria supone la existencia de una actuaci\u00f3n disciplinaria y, que por tanto, al ponerse fin a \u00e9sta mediante la aludida la providencia, admite el recurso de apelaci\u00f3n conforme a lo previsto en el art\u00edculo 81 de la Ley 1123 de 2007, criterio que este Despacho respeta, pero no comparte conforme a las consideraciones anotadas\u00bb. <\/p>\n
Conforme lo transcrito, se reitera, no encuentra esta Sala configurada la v\u00eda de hecho que se denuncia, ya que las consideraciones expuestas por el magistrado accionado, que coligi\u00f3 que las conductas se\u00f1aladas como lesivas a los deberes de la profesi\u00f3n, no encuadraban entre las que la normativa espec\u00edfica define como faltas sancionables por esa jurisdicci\u00f3n, resultan razonadas, sin que devenga propio que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno a esa conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo tanto, esa deducci\u00f3n no puede ser desaprobada de plano, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir, si no est\u00e1[n] demostrado[s] [los] defecto[s] apuntado[s] en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Al respecto, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Entonces, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, procedimental, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria que la autoridad aqu\u00ed demandada tom\u00f3 esa decisi\u00f3n, pues lo resuelto, constituye una interpretaci\u00f3n judicial respetable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
Por lo discurrido, se impone ratificar la negativa del resguardo, pero por las puntuales razones advertidas en este grado de conocimiento. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El amparo es inviable frente al proferimiento dictado por la autoridad accionada, porque se advierte fundamentado con criterio de razonabilidad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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