STC10476-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10476-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2021-00267-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 21 de julio de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Brayan Steven Ariza Hern\u00e1ndez contra el Juzgado de Familia de Soacha, tr\u00e1mite al cual fueron citados los intervinientes en el ejecutivo de alimentos n\u00b0 2021-00184. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada en el tr\u00e1mite del asunto antes referido. <\/p>\n
2. Expuso que \u00aben fecha 28 de junio de 2021 [el Juzgado de Familia de Soacha] decidi\u00f3 tener por notificado por conducta concluyente al se\u00f1or Argelino Duarte Maldonado (demandado dentro del proceso ejecutivo de alimentos 2021-00184), a su vez reconocer personer\u00eda al suscrito y ordenar la remisi\u00f3n del link que contiene las piezas procesales principales del expediente\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que \u00abel 01 de julio del mismo a\u00f1o, reiter\u00e9 al despacho que a la fecha no he recibido el link que contiene el expediente ni ninguna otra respuesta. En la misma fecha present\u00e9 recurso de reposici\u00f3n en contra del mandamiento de pago base de la ejecuci\u00f3n\u00bb, y que \u00abla parte demandante, tampoco nos ha notificado la demanda y sus anexos\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se proceda a \u00abordenar al [querellado] notificar la demanda y sus anexos (\u2026), e informar si el recurso de reposici\u00f3n presentado el 01 de julio de 2021, fue recibido por el Juzgado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez de Familia de Soacha, inform\u00f3 que, en el proceso en cuesti\u00f3n, el 19 de abril de 2021 se libr\u00f3 mandamiento de pago y el 28 de junio \u00abse tuvo por notificado al extremo pasivo (\u2026), frente a la actuaci\u00f3n por ese asumida dentro del proceso. En consecuencia [se procedi\u00f3 a] contabilizar los t\u00e9rminos para que d\u00e9 respuesta a la demanda. Igualmente, se le reconoce personer\u00eda al apoderado [del ejecutado]\u00bb, y que \u00aben la misma providencia se autoriza el env\u00edo del link al correo electr\u00f3nico del Dr. Ariza Hern\u00e1ndez, env\u00edo realizado por secretar\u00eda el 9 de julio del presente a\u00f1o\u00bb: Por ello, considera que \u00abno se le han vulnerado derechos fundamentales a las partes litigantes y por consiguiente considero que la acci\u00f3n de tutela incoada por el Dr. Ariza Hern\u00e1ndez es temeraria y de mala fe\u00bb. <\/p>\n
2. El Procurador 128 Judicial II de Familia de Bogot\u00e1, conceptu\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela \u00abresulta procedente (\u2026) en la medida en que el accionante no tenga respuesta efectiva a sus peticiones, en consecuencia, resulta pertinente corregir por el juez de tutela tal mora, mediante orden que se imparta al despacho judicial accionado en garant\u00eda del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
3. El Defensor de Familia del ICBF, se opuso a las pretensiones porque lo perseguido por el tutelante \u00abes revivir los t\u00e9rminos para contestar la demanda ejecutiva, lo que no es procedente porque el demandado fue notificado legalmente por el Juzgado de Familia del Circuito de Soacha, por CONDUCTA CONCLUYENTE\u00bb, y pidi\u00f3 amparar los derechos prevalentes de los menores alimentarios. Agreg\u00f3 que \u00abel demandado puede ingresar a las p\u00e1ginas y\/o link, plataformas, etc., que tiene disponible el Juzgado, donde puede ver y extraer los autos y dem\u00e1s actuaciones proferidas sin tener que pedir los documentos que requiere conocer\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al advertir que la tutela la impetr\u00f3 el abogado \u00aben causa propia\u00bb, pese a que no es parte ni tercero o interviniente, sino apoderado del demandado en el litigio ejecutivo, y para la tutela no acredit\u00f3 representaci\u00f3n judicial del supuestamente afectado, lo que desconoce la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporaci\u00f3n, en el sentido de que para obrar en nombre del promotor de la tutela, no basta el poder que le fue otorgado en aquel juicio sino uno especial. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el solicitante, aduciendo que los argumentos de su acci\u00f3n \u00abno fueron analizados en su totalidad y las consideraciones que sustentan el fallo no logran desvirtuarlos\u00bb. Pide declarar la procedencia del amparo y decidir \u00abla cesaci\u00f3n de los derechos fundamentales vulnerados, por la configuraci\u00f3n de hecho superado, pues las pretensiones invocadas se satisficieron en el transcurso del proceso\u00bb; adem\u00e1s, solicita pronunciarse sobre la \u00abcontabilizaci\u00f3n de t\u00e9rminos\u00bb conforme a la situaci\u00f3n descrita. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el accionante est\u00e1 facultado para interponer la presente salvaguarda, y en caso de superarse lo anterior, si el Juzgado de Familia de Soacha, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas, al no disponer la \u00abnotificaci\u00f3n de la demanda y sus anexos\u00bb dentro del pleito n\u00b0 2021-00184 <\/p>\n
2. Del poder especial para interponer la tutela. <\/p>\n
Sin perjuicio de la especial naturaleza del resguardo constitucional, al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el derecho de postulaci\u00f3n, el canon 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, si bien toda persona puede ejercer la acci\u00f3n directamente o a trav\u00e9s de otra, cuando \u00e9sta no es representante legal o agente oficioso en las condiciones previstas en la ley, al abogado que ejerce la acci\u00f3n \u00aba nombre de otro a t\u00edtulo profesional\u00bb, se le exige acreditar su calidad y el mandato judicial (T-550\/93), precis\u00e1ndose que en tal caso, \u00abtodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Se resalta. <\/p>\n
Este razonamiento se ampli\u00f3 y fue profusamente expresado en sendas providencias dictadas por dicha Corporaci\u00f3n, al se\u00f1alar que al acudir ante el juez constitucional para ejercer la defensa de derechos fundamentales, es necesario acreditar el mandato que no se confunda con cualquier otra gesti\u00f3n que pudiera hab\u00e9rsele encomendado al abogado, en tanto: \u00abla falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CC T-207\/97, T-674\/97, T-526\/98, T-530\/98, T-693\/98, T-695\/98, T-088\/99, T-0002\/01 y T-975\/05, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s de compartir la anterior postura, esta Sala, en repetidas oportunidades ha sostenido, que \u00abning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC, 11 mar. 2009, rad. 00001-01, citada entre otras en STC1792-2021, 25 feb. 2021, rad. 00013-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, se\u00f1al\u00f3 que: \u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto (\u2026). La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 4 may. 2012, rad. 00145-01). <\/p>\n
Tal requerimiento es a\u00fan m\u00e1s estricto cuando el auxilio se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, citada en STC17519, 30 nov. 2016, rad. 00547-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Conforme a las premisas que acaban de verse, de la revisi\u00f3n que la Corte realiza al presente asunto, prontamente advierte que el fallo desestimatorio de primera instancia habr\u00e1 de confirmarse, porque ciertamente el abogado solicitante carece de poder para actuar en este caso y en tal virtud ninguna decisi\u00f3n de fondo puede adoptarse. <\/p>\n
En efecto, es claro que el inter\u00e9s aludido a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n, no es personal del abogado Brayan Steven Ariza Hern\u00e1ndez, sino de quien fuera su poderdante, es decir, del se\u00f1or Argelio Duarte Maldonado, quien funge como demandado en el ejecutivo de alimentos promovido por Yerly Katherine Torres D\u00edaz (rad. 2021-00184), sin que el mandato otorgado en ese asunto resulte suficiente para los fines de este auxilio. <\/p>\n
Sobre el particular, aunada a la decantada jurisprudencia constitucional y de esta Corte que se destac\u00f3 en precedencia, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo. <\/p>\n
(\u2026) El principio de la informalidad que impera en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, no llega hasta el aspecto proclamado por el impugnante, sin fundamento alguno, de pretender que puede actuar directamente en una tutela originada en supuestas v\u00edas de hecho cometidas en un proceso tramitado por los jueces ordinarios, como si a \u00e9l se le violaran los derechos fundamentales y no a su poderdante\u00bb (CSJ STC, 29 sep. 2003, exp. 00245-01, citada en STC9978-2020, 12 nov. 2020, rad. 00494-01, entre otras). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
As\u00ed, el hecho de que el abogado Ariza Hern\u00e1ndez act\u00fae como mandatario judicial del extremo pasivo en la ejecuci\u00f3n objeto de cuestionamiento, no lo faculta para obrar en su nombre frente a la tutela por los presuntos yerros atribuidos al juez de la causa, pues siendo su cliente el directamente afectado con la actuaci\u00f3n criticada, para la refutaci\u00f3n en sede constitucional requer\u00eda demostrar el poder especial conferido, o en su defecto, invocar su calidad de agente oficioso, pero nada de eso acredit\u00f3 y por ello debe ratificarse la desestimaci\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que \u00abel hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del demandante dentro del referido proceso, no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n constitucional de los derechos invocados, que, sin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2011, exp. 2010-00573-01); as\u00ed mismo, que: \u00abla acci\u00f3n de tutela puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante, recalcando que en caso de que decida actuar a trav\u00e9s de mandatario, es imperativo que allegue el poder pertinente. Tambi\u00e9n se pueden agenciar garant\u00edas ajenas cuando el titular de las mismas no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, evento en el cual es necesario expresar tal circunstancia\u00bb (CSJ STC6773-2016, 18 may. 2016, 00062-01, citada entre otras en STC9425-2021, 28 jul. 2021, rad. 00360-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De conformidad con lo antes explicado, se confirmar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia de la salvaguarda, porque el solicitante no justific\u00f3 la imposibilidad de la parte afectada para interponer por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado especial el tr\u00e1mite tutelar objeto de estudio, y tampoco invoc\u00f3 que actuaba como agente oficioso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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