STC10477-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10477-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-01360-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 6 de julio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Carlos Alberto Ante Ospina le instaur\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El gestor exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abdefensa\u00bb, \u00abhonra\u00bb, \u00abbuen nombre\u00bb, \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, \u00abigualdad\u00bb, \u00ablibre desarrollo de la personalidad\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara \u00abdejar sin efectos los apartes del auto dictado el 29 de marzo de 2021 que negaron el decreto de pruebas distintas a las documentales [para que, en su lugar, se] acceda a ello\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujo que, la autoridad acusada llev\u00f3 a cabo diligencia de toma de informaci\u00f3n de la empresa \u201cABC FOR WINNERS S.A.S.\u201d, en la que verific\u00f3 una \u201ccr\u00edtica situaci\u00f3n contable, jur\u00eddica, administrativa y econ\u00f3mica\u201d; raz\u00f3n que la motiv\u00f3 a someterla \u201cal m\u00e1ximo grado de supervisi\u00f3n\u201d de conformidad con el art\u00edculo 85 de la Ley 222 de 1995, con el fin de \u201cproteger los intereses econ\u00f3micos de terceros, preservar los bienes sociales [y] controlar el cumplimiento de las obligaciones\u201d (20 sep. 2016). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, despu\u00e9s, con \u201cindebido ejercicio de las funciones atribuidas\u201d en el Decreto 4334 de 2008, adopt\u00f3 como medida la intervenci\u00f3n administrativa y la correspondiente \u201csuspensi\u00f3n inmediata de las operaciones de captaci\u00f3n masiva\u201d respecto de los recursos del p\u00fablico de dicha compa\u00f1\u00eda, porque estim\u00f3 que estaban siendo recaudados \u201cen forma no autorizada directa o indirectamente\u201d (29 ag. 2017). <\/p>\n
Sostuvo que la \u201csupuesta captaci\u00f3n\u201d aducida por la querellada \u201cNUNCA [SE] PROB[\u00d3\u201d,] pues, seg\u00fan su dicho, en el paginario no existen soportes de los \u201ccargos, descargos, notificaciones, recursos, posibilidad de defensa, ni debido procedimiento administrativo\u201d. <\/p>\n
Expres\u00f3 que, pese a esas irregularidades, la entidad en la \u00faltima etapa, cuando dispuso la \u201cintervenci\u00f3n inmediata mediante toma de posesi\u00f3n, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio\u201d de la sociedad, lo incluy\u00f3 al ostentar calidad de representante legal, accionista y miembro de la junta directiva en el per\u00edodo de \u201ccaptaci\u00f3n\u201d (14 nov.), por lo que, oportunamente, solicit\u00f3 su \u201cexclusi\u00f3n\u201d; sin embargo, aleg\u00f3 que la Superintendencia para solventar dicha rogativa dispuso \u201ctener como pruebas [\u00fanicamente] las documentales aportadas por las partes, tanto al formular las objeciones, como en los escritos de exclusi\u00f3n, as\u00ed mismo las allegadas durante los traslados y todos los dem\u00e1s que reposan en el expediente\u201d, rechazando todas aquellas requeridas despu\u00e9s por cada uno de los involucrados (29 mar. 2021). <\/p>\n
Coment\u00f3 que elev\u00f3 \u201csolicitudes de adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n\u201d frente a ese auto; el despacho atacado \u201cneg\u00f3\u201d la \u201caclaraci\u00f3n\u201d y acept\u00f3 la \u201cadici\u00f3n\u201d parcial (15 abr.); raz\u00f3n por la cual, seguidamente, inco\u00f3 recurso de reposici\u00f3n frente al veredicto de \u201c29 de marzo de 2021, adicionado el 15 de abril de 2021\u201d; empero, la enjuiciada mantuvo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n (27 may.), sin pronunciarse respecto de todos los reparos que enlist\u00f3, en espec\u00edfico, acerca de: i) La informaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n adelantada por la Superintendencia Financiera en el a\u00f1o 2014; ii) Determinaci\u00f3n del per\u00edodo de captaci\u00f3n; y la iii) \u00abSolicitud\u00bb de testimonios. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el organismo criticado cometi\u00f3 un \u201cdefecto f\u00e1ctico\u201d, al abstenerse de agregar al litigio \u201cpruebas distintas a las documentales\u201d, puesto que \u00e9stas demostraban la \u201cculpa exclusiva de terceros (confesos reconocidos como captadores y estafadores)\u201d y, evidentemente, no existe la plena \u201cidentificaci\u00f3n\u201d de los sujetos que permita el hallazgo de la \u201cverdad real\u201d. <\/p>\n
Expuso que esa irregularidad radica, en espec\u00edfico, en la aplicaci\u00f3n \u201cinadecuada\u201d de la normatividad del C.G.P. que regula \u201cel abanico de pruebas\u201d para poder \u201cdesvirtuar las presunciones que diab\u00f3licamente se construyeron\u201d, puesto que la sustracci\u00f3n \u201carbitraria\u201d de estas, afecta \u201cinjustamente\u201d a los \u201cintervenidos\u201d quienes est\u00e1n sometidos a un \u201cproceso sin garant\u00edas\u201d y en el que se debe hacer un \u201cjuicio de responsabilidad subjetiva\u201d. <\/p>\n
2.- La Superintendencia de Sociedades se opuso a la salvaguarda por \u201cfalta de relevancia constitucional y ausencia de vulneraci\u00f3n\u201d. Destac\u00f3 que las providencias censuradas \u201cse emitieron con observancia en las normas que rigen el proceso de intervenci\u00f3n, esto es, el Decreto 4334 de 2008, DUR 1074 de 2005, Ley 1116 de 2006 y el C.G.P.\u201d <\/p>\n
Mar\u00eda Piedad Ni\u00f1o Morales, Oscar Ernesto Soto Luna, Mar\u00eda Claudia, Silvia Margarita y Ana Luc\u00eda Tarazona Bravo, Andr\u00e9s Ante de la Cuadra, Jorge Vel\u00e1squez, Carlos Alberto Pi\u00f1eros Neira, \u00c1ngela Mar\u00eda Morales, Delio Cardona, Luis Alfonso Ante Ben\u00edtez, Liliana Herrera Ben\u00edtez y Mar\u00eda Ximena Bernal, anunciaron \u201cestar de acuerdo\u201d con el ruego tuitivo y lo coadyuvaron. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo neg\u00f3 el amparo, tras colegir que la directriz reprochada, \u00abno es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve la vulneraci\u00f3n denunciada por el querellante, en raz\u00f3n a que se ajust\u00f3 a una hermen\u00e9utica que comparta o no la Sala, no la convierte en arbitraria (\u2026), encontr\u00f3 respaldo en las normas que gobiernan el asunto, y como la pretensi\u00f3n del gestor del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a su particular disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para rechazar pruebas adicionales a las documentales para resolver las solicitudes de exclusi\u00f3n del juicio de intervenci\u00f3n del que es parte, dicha disconformidad, excede el \u00e1mbito de la tutela\u00bb. <\/p>\n
2.- Apel\u00f3 el libelista insistiendo en los argumentos del escrito genitor. Reliev\u00f3 que es \u201cinjusto\u201d la existencia en un juicio, de \u201cdocumentos secretos\u201d que los implicados no tengan la posibilidad de controvertir; falencia que, en su sentir, puede remediarse con la revisi\u00f3n concienzuda, por parte del juzgador, del \u201cexpediente integralmente\u201d y \u201cdecretar las pruebas solicitadas\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Liminarmente se aclara, que, advertida la naturaleza jurisdiccional que se predica del proceso de intervenci\u00f3n estatal creado por el Decreto 4334 de 2008 y el ejercicio de funciones del mismo car\u00e1cter por la Superintendencia de Sociedades para esos efectos1, la competencia de esta Sala para conocer en segunda instancia el presente asunto, en el que funge como accionada la autoridad citada, fue atribuida en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021 (6 abr.), que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 20152, normativa que, de la misma manera consagraba el Decreto 1983 de 2017. Prev\u00e9 dicho canon, que \u201cLas acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u201d. <\/p>\n
2.- De entrada, resulta ostensible que la ayuda no puede salir avante, lo que conduce a la ratificaci\u00f3n de lo objetado, porque el pronunciamiento reprochado por el precursor -29 mar. 2021- ratificado el 27 may. 2021, emitidos por la Superintendencia de Sociedades, no fueron el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, para dirimir dicha actuaci\u00f3n, la accionada advirti\u00f3, que las \u201csolicitudes de exclusi\u00f3n\u201d elevadas por las personas sujetas a las medidas de intervenci\u00f3n -como lo es el impulsor-, con el prop\u00f3sito de desvirtuar la presunci\u00f3n legal de responsabilidad, la normatividad vigente reguladora de esos asuntos (Decreto 4334 de 2008; DUR 1074 de 2015), no precept\u00faa, taxativamente, una etapa para ventilar esas pol\u00e9micas; no obstante, asent\u00f3, esa circunstancia, no era \u00f3bice para impedir la participaci\u00f3n de los involucrados y, en atenci\u00f3n a ello, procedi\u00f3 a \u201cbuscar una soluci\u00f3n\u201d a ese vac\u00edo, d\u00e1ndole un alcance a la ley. <\/p>\n
Bajo ese derrotero, explic\u00f3 que las peticiones de \u201c(\u2026) exclusi\u00f3n de bienes y personas (\u2026) y de limitaci\u00f3n de responsabilidad (\u2026)\u201d, en el escenario de la \u201cintervenci\u00f3n\u201d, no son viables solventarlos bajo la v\u00eda incidental establecida en el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 1116 de 2006, ya que no es un tr\u00e1mite accesorio, seg\u00fan se preceptu\u00f3 en el art\u00edculo 2.2.2.9.3.2 del Decreto 1075 de 2015, pues estos son los mecanismos id\u00f3neos para \u201calterar la conformaci\u00f3n del activo o del pasivo de la medida de posesi\u00f3n\u201d, es decir, \u201cmodifican\u201d cuestiones que se van a definir en el caso concreto. <\/p>\n
Fue as\u00ed como, en esa l\u00ednea de interpretaci\u00f3n, cavil\u00f3 que dichas \u201csolicitudes\u201d deb\u00edan zanjarse como \u201cobjeciones al proyecto de inventarios y aval\u00faos\u201d que presente el \u201cagente interventor\u201d, como lo pregona el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 2.2.2.9.3.2. del Decreto 991 de 2018 (derogado por el art\u00edculo 49 del Decreto 65 de 2020); salvo cuando el \u201ctraslado\u201d de los \u201cinventarios de bienes\u201d se haya efectuado despu\u00e9s de perder vigencia el referido Decreto 991 de 2018 -20 de mar. de 2020-, evento en el cual el procedimiento se sujetar\u00e1 al nuevo Decreto 65 de 2020. <\/p>\n
En ese contexto, precis\u00f3 que, en el sub judice, acogiendo la temporalidad del decurso, resolver\u00eda las \u201csolicitudes de exclusi\u00f3n\u201d bajo la cuerda procesal de \u201cobjeciones al proyecto de inventarios y aval\u00faos\u201d; as\u00ed, explic\u00f3 que tanto el art\u00edculo 15 del Decreto 4334 de 2008, como el art\u00edculo 2.2.2.15.1.4. del Decreto 1074 de 2015, remit\u00edan al art\u00edculo 53 de la Ley 1116 de 2006, el que ata\u00f1e a la liquidaci\u00f3n judicial, a fin de agotar ese tr\u00e1mite y, a la postre, el inciso 3\u00ba de ese canon, dispone que: \u00abEn el proceso de liquidaci\u00f3n judicial, el traslado del reconocimiento de cr\u00e9ditos, del inventario de los bienes del deudor y las objeciones a los mismos ser\u00e1n tramitados en los mismos t\u00e9rminos previstos en la presente ley para el acuerdo de reorganizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que, con apoyo en lo all\u00ed establecido, aplic\u00f3 los art\u00edculos 29 y 30 de la Ley 1116 de 2006, los que rezan, de un lado que \u00abLa \u00fanica prueba admisible para el tr\u00e1mite de objeciones ser\u00e1 la documental, la cual deber\u00e1 aportarse con el escrito de objeciones o con el de respuesta a las mismas\u00bb (inciso 5\u00ba) y, de otro que \u00fanicamente se \u00abTendr\u00e1 como pruebas las documentales aportadas por las partes\u00bb (numeral 1\u00ba), respectivamente. <\/p>\n
N\u00f3tese que opt\u00f3 por decretar las \u201cpruebas documentales\u201d que obraban en el infolio, allegadas por los auspiciadores -incluyendo al actor-, al momento de formular las \u201cobjeciones y las solicitudes de exclusi\u00f3n\u201d y las entregadas durante el traslado, fundamentada en los mandatos legales relacionados, los cuales dirig\u00edan a adoptar esa postura. <\/p>\n
3.- Bajo ese entendimiento, con independencia que la Sala las comparta o no, ning\u00fan desatino puede predicarse del reprochado auto, pues es el producto de un pormenorizado examen de los hechos; y al margen de que el inconforme comparta o no tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis, avalada por el contexto particular que revelaba el dossier. <\/p>\n
4.- Ergo, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados, y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional C-145 de 2009 y, Consejo de Estado: Sala Plena Dic-9-2009, Rad.1100131500020090073200 M.P. Enrique gil Botero y Auto agosto 14-2013 Sala de lo Contencioso Administrativo-Secc 4\u00aa. , Rad. 2500023240002010-00720-01(19814). C.P.: Hugo Fernando Bastidas B\u00e1rcenas. <\/p>\n
2\u0002 Compil\u00f3 el D. 1382 de 2000 <\/p>\n
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