STC10478-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10478-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02853-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Llama Telecomunicaciones SA contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esta misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por las sedes judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 dejar sin efectos los autos dictados el 9 de abril de los corrientes y ordenar al juzgado accionado remitir el proceso fustigado al estrado que le sigue en turno. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Llama Telecomunicaciones SA instaur\u00f3 demanda contra Comunicaci\u00f3n Celular SA (Comcel SA), que fue admitida por el juzgado accionado con auto del 26 de febrero de 2018, decisi\u00f3n notificada a la enjuiciada en mayo de ese mismo a\u00f1o, quien contest\u00f3 el libelo y formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n
2.2. Agotadas las etapas correspondientes, se convoc\u00f3 a las partes a audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, oportunidad en la cual el apoderado de la demandante solicit\u00f3, con fundamento en lo previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, la remisi\u00f3n del expediente al juzgado que segu\u00eda en turno por p\u00e9rdida de competencia, petici\u00f3n desestimada con prove\u00eddo dictado en diligencia del 9 de abril de 2021, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n la actora, siendo desestimado el primero de esos medios de impugnaci\u00f3n con auto de esa misma fecha, mientras que la alzada se declar\u00f3 inadmisible por el Tribunal convocado con providencia del 6 de julio de los corrientes. <\/p>\n
2.3. De otro lado, la demandante reclam\u00f3 la nulidad de lo actuado, tambi\u00e9n con sustento en el citado art\u00edculo 121, solicitud que se rechaz\u00f3 de plano con prove\u00eddo del 9 de abril de 2021, determinaci\u00f3n confirmada, en sede de apelaci\u00f3n, con auto del 6 de julio de la cursante anualidad. <\/p>\n
2.4. Expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00ablos dos autos dictados [el] 9 de abril de 2021 incurren en un defecto sustantivo\u2026 por haber\u2026 interpretado indebidamente el\u2026 art\u00edculo 121, en cuanto a que el juzgado se neg\u00f3 a aceptar que el t\u00e9rmino para dictar sentencia se hab\u00eda vencido en este asunto y que por lo tanto el expediente deb\u00eda pasar al juzgado que le sigue en turno\u00bb; y que tambi\u00e9n interpret\u00f3 err\u00f3neamente la sentencia C-443 de 2019, pues \u00ablo cierto del caso es que en esa sentencia\u2026, ni en su parte considerativa y mucho menos en la resolutiva, [se] indica que el vencimiento del t\u00e9rmino para dictar sentencia se restablece cuando las partes act\u00faan despu\u00e9s de haber acaecido esa fecha fatal\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que \u00abel incidente de nulidad que se formul\u00f3\u2026, se refer\u00eda conforme al\u2026 citado art\u00edculo 121 a los actos posteriores a la petici\u00f3n de incompetencia y en ning\u00fan caso a aquellos que se cumplieron entre el vencimiento de los seis meses de la pr\u00f3rroga y la petici\u00f3n de incompetencia\u00bb, toda vez que \u00abentiende que est\u00e1n saneados de acuerdo con el art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Comcel SA destac\u00f3 que \u00abno se le ha vulnerado el\u2026 debido proceso a la\u2026 tutelante, por cuanto al Juzgado de conocimiento le asiste raz\u00f3n; ya que\u2026 al actuar dentro del proceso sin proponer la falta de competencia ha convalidado la actuaci\u00f3n del Juez para que este no pierda la competencia\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dijo acogerse a \u00ablos criterios jur\u00eddicos tenidos en cuenta para resolver\u00bb en las providencias cuestionadas. <\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Sea lo primero precisar que, el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 al prove\u00eddo calendado 6 de julio de 2021, que confirm\u00f3 el dictado el 9 de abril de estas mismas calendas, toda vez que fue esa decisi\u00f3n la que clausur\u00f3 el debate suscitado entorno a la nulidad que invoc\u00f3 la quejosa, con sustento en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la citada providencia de 6 de julio no luce arbitraria, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que la invalidez que esgrimi\u00f3 la quejosa resultaba inviable, sobre lo cual precis\u00f3: <\/p>\n
5.1. Lo primero que debe precisar el Tribunal es que el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso establece que la instancia deber\u00e1 resolverse en el lapso de un a\u00f1o contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, t\u00e9rmino que a voces de la misma normativa podr\u00e1 ser prorrogado una sola vez, por seis meses m\u00e1s. <\/p>\n
A su vez, la doctrina jurisprudencial de la honorable Corte Constitucional en m\u00e1s reciente pronunciamiento, en sentencia C443 de 2019, determin\u00f3, entre otros aspectos, la inexequibilidad de la expresi\u00f3n \u201c\u2026de pleno derecho\u2026\u201d contenida en el inciso 6 del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, y la exequibilidad condicionada del restante inciso. Se fundament\u00f3, en lo esencial, en que la invalidez all\u00ed prevista deber\u00e1 ser alegada antes de proferirse la sentencia. Es saneable en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 132 y siguientes Ib\u00eddem. La misma declaratoria se adopt\u00f3 respecto del inciso 2 del referido canon, en el sentido que la p\u00e9rdida de competencia del funcionario judicial s\u00f3lo ocurre previa solicitud de parte, sin perjuicio de su deber de informar al Consejo Superior de la Judicatura en los t\u00e9rminos all\u00ed indicados. <\/p>\n
5.2. En esas circunstancias, de la revisi\u00f3n del plenario se verifica que el 3 de mayo de 2019 se prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para resolver la instancia, el cual, de contera, fenec\u00eda el 3 de noviembre siguiente. Aunado, habi\u00e9ndose cumplido esa fecha, la inconforme actu\u00f3 sin proponer la nulidad, esto es, asisti\u00f3 a las audiencias que tratan los art\u00edculos 372 y 373 el 20 de noviembre de la misma anualidad, diligencia a la que, por dem\u00e1s, no concurri\u00f3 el perito solicitado por esa misma parte y all\u00ed mismo atemper\u00f3 los recursos contra la negativa de una prueba. El 26 siguiente alleg\u00f3 memorial presentando la justificaci\u00f3n por la inasistencia de la auxiliar de la justicia; el 21 de enero de 2020 impetr\u00f3 los medios de defensa contra la decisi\u00f3n de negar la excusa de la perito y el 21 de enero de 2021 se opuso a la determinaci\u00f3n de la exhibici\u00f3n parcial de los libros de comercio de su contraparte. Entonces, como viene de verse, en ninguna de esas oportunidades hizo uso de esa herramienta. <\/p>\n
La solicitud de p\u00e9rdida de competencia solo la present\u00f3 hasta el 4 de abril de 2021, estando ya se\u00f1alada la fecha para la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento para esa misma data, en las horas de la tarde. <\/p>\n
5.3. En ese sentido, es de concluir que obr\u00f3 bien la funcionaria al rechazarla in limine, con fundamento en el numeral 1 del art\u00edculo 136 ib\u00eddem en concordancia con el inciso 2 del art\u00edculo 135 que prev\u00e9 que no podr\u00e1 alegar la nulidad quien despu\u00e9s de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla, pues aquella una vez ocurrida se entendi\u00f3 saneada con las m\u00faltiples actuaciones realizadas por la apelante. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la inconforme es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado interpret\u00f3 las normas que regulan las nulidades procesales y concluy\u00f3 que la causal de invalidez que invoc\u00f3 la demandante se encontraba saneada al momento de formularse, por cuanto, vencido el t\u00e9rmino de que trata el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso para decidir la instancia, dicha parte actu\u00f3 en el proceso sin alegarla (art\u00edculo 1361, numeral primero, de la codificaci\u00f3n en cita). <\/p>\n
Las anteriores circunstancias, adem\u00e1s, denotan la inviabilidad de la petici\u00f3n de \u00abp\u00e9rdida de competencia\u00bb que elev\u00f3 la tutelante, pues, como qued\u00f3 visto, con su silencio convalid\u00f3 la totalidad de actuaciones que adelant\u00f3 el juzgado querellado, toda vez que, se reitera, despu\u00e9s de fenecido el plazo que ten\u00eda el fallador de primera instancia para proferir sentencia, la demandante continu\u00f3 actuando en el juicio sin aducir la ausencia de competencia que ahora esgrime, por v\u00eda constitucional. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Lo anterior se considera suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Establece la citada norma que: \u00abLa nulidad se considerar\u00e1 saneada en los siguientes casos: (\u2026)1. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla\u00bb. <\/p>\n
5 <\/p>\n
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