STC10486-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10486-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2021-00215-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 7 de julio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Seguros de Vida Suramericana S.A. contra los Juzgados Tercero Civil del Circuito y Cuarto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, ambos de la misma urbe, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes e intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo reclama a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, al desestimar el incidente de nulidad que formul\u00f3 en el marco del juicio ejecutivo singular que en su contra promovi\u00f3 Carlos Luicir Mozo, identificado con el consecutivo 2017-00498-00. <\/p>\n
Por esas circunstancias, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, ordenando al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta, que \u00abrevoque\u00bb la decisi\u00f3n del 20 de mayo del a\u00f1o en curso que confirm\u00f3 en sede de alzada la negativa de invalidez reclamada, y en su lugar, se disponga que el Juzgado Cuarto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esa misma urbe deje sin valor ni efecto todo lo actuado en el proceso compulsivo objeto de an\u00e1lisis, a partir de la sentencia anticipada del 17 de octubre de 2018, inclusive, para que se fije \u00abfecha de audiencia inicial y de instrucci\u00f3n y juzgamiento de que tratan los art\u00edculos 372 y 373 en consonancia con el Art\u00edculo 443 numeral segundo del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado adujo en lo esencial y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que el se\u00f1or Carlos Luicir Mozo la demand\u00f3 con el fin de exigir el pago del valor pactado en una p\u00f3liza de seguro, asunto que por reparto correspondi\u00f3 al Juzgado Noveno Civil Municipal de Santa Marta, hoy Juzgado Cuarto de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples, quien mediante auto del 28 de noviembre del 2017 libr\u00f3 mandamiento de pago, providencia contra la cual present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, el cual fue desestimado en auto del 20 de junio de 2018. <\/p>\n
Que as\u00ed las cosas, mediante memorial calendado 5 de julio postrero, formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito y solicit\u00f3 pruebas, entre ellas, documentales y el interrogatorio de parte al ejecutante, motivos por los cuales, el 14 de agosto de 2018 se \u00abemiti\u00f3 auto donde [se] fij\u00f3 fecha para (\u2026) la audiencia inicial de que trata el art\u00edculo 372 del CGP para el d\u00eda 18 de octubre de 2018 a las 10:00 am\u00bb; empero, y de manera intempestiva, el 17 de octubre siguiente se dict\u00f3 sentencia anticipada de manera escrita, en la que se orden\u00f3 seguir adelante con el litigio en los t\u00e9rminos del auto de apremio, \u00abpretermitiendo la pr\u00e1ctica de la prueba del interrogatorio de parte solicitado en el recurso de reposici\u00f3n\u00bb propuesto frente a \u00e9ste. <\/p>\n
Alega que ante tal desafuero, y comoquiera que nada se resolvi\u00f3 sobre los medios de convicci\u00f3n debidamente requeridos, decidi\u00f3 promover incidente de nulidad con base en la causal 5\u00aa del canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual fue rechazado de plano en auto del 28 de agosto de 2019, prove\u00eddo que recurrido horizontalmente se mantuvo inc\u00f3lume en prove\u00eddo del 10 de julio de 2020, y se confirm\u00f3 en sede de alzada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la citada urbe el 20 de mayo de la anualidad que avanza, motivos por los que, asegura, se encuentra habilitada para acudir a la presente v\u00eda excepcional, ante la evidente vulneraci\u00f3n de los bienes jur\u00eddicos invocados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El se\u00f1or Carlos Luicir Mozo, vinculado al asunto de la referencia en calidad de ejecutante en el juicio blanco de las quejas, solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la salvaguarda instada, comoquiera que lo pretendido por la sociedad inconforme es convertir la acci\u00f3n de tutela en una una tercera instancia, sumado al hecho que desaprovech\u00f3 las herramientas con las que cont\u00f3 dentro del proceso para atacar la sentencia anticipada de la que ahora se duele, y, que las pruebas solicitadas con el recurso de reposici\u00f3n presentado contra el mandamiento de pago resultaban \u00abirrelevantes\u00bb. <\/p>\n
b. Por su parte, el Juzgado Cuarto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Santa Marta, luego de efectuar un resumen del acontecer procesal examinado, puso de presente que no existe all\u00ed vulneraci\u00f3n alguna de las garant\u00edas esenciales de la compa\u00f1\u00eda actora, si en cuenta se tiene que \u00e9sta ha tenido la oportunidad de ejercer su defensa, y las determinaciones adoptadas se ajustan al ordenamiento procesal civil aplicable al asunto. <\/p>\n
c. De otro lado, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa misma localidad, dijo atenerse a los argumentos esbozados en la providencia que pronunci\u00f3 en el marco del recurso de alzada interpuesto contra la decisi\u00f3n desestimatoria del incidente de nulidad varias veces mencionado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Santa Marta \u2013Sala Civil Familia, luego de analizar los argumentos expuestos por la sociedad tutelante neg\u00f3 la salvaguarda instada al advertir incumplido el requisito de la subsidiariedad que gobierna este tipo de asuntos, pues, si Seguros de Vida Suramericana SA manifiesta que \u00abdentro del proceso ejecutivo llevado en su contra solicit\u00f3 pr\u00e1ctica de pruebas documentales, as\u00ed como interrogatorio de parte para ejercer su derecho de defensa. El Juzgado Cuarto (4\u00b0) de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Santa Marta fij\u00f3 fecha para llevar a cabo la audiencia inicial, sin embargo, un d\u00eda antes de la fecha establecida para ello fue dictada sentencia anticipada, omitiendo la pr\u00e1ctica de las probanzas requeridas por el ahora accionante, espec\u00edficamente, el interrogatorio. <\/p>\n
Pues bien, previo a un an\u00e1lisis de fondo, dentro de los recursos que contiene la normatividad procesal para impugnar las providencias judiciales existe uno que permite cuestionar los argumentos que soportan una sentencia, aun cuando esta sea dictada de manera anticipada por escrito, este es la apelaci\u00f3n, escenario propicio para fomentar la discusi\u00f3n frente a la acreditaci\u00f3n del siniestro, que en \u00faltimas es la raz\u00f3n principal de su queja, sin que se aviste justificaci\u00f3n alguna para la omisi\u00f3n en la que incurri\u00f3 el actor, m\u00e1xime cuando el reparo que se pone de presente que exist\u00eda desde el momento mismo en el que le fue notificado el auto admisorio de la demanda. <\/p>\n
No obstante, es en este punto del estudio de procedibilidad que se advierte que la tutela se torna improcedente frente a la pretensi\u00f3n encaminada a que se le ordene al funcionario del despacho municipal, que declare la nulidad de lo actuado y convoque a las audiencias de que tratan los art\u00edculos 272 y 273 del CGP, habida cuenta que no se supera el examen de subsidiariedad, toda vez que no se agotaron los mecanismos judiciales procedentes contra la sentencia que dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n, puesto que la misma era susceptible de alzada y no fue interpuesta, con lo cual se convalida su contenido\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, puso de presente que \u00aben cuanto al reproche que se le hace a la decisi\u00f3n asumida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta, tenemos que, en el t\u00e9rmino de ejecutoria de la sentencia el accionante opt\u00f3 por cuestionar la actuaci\u00f3n del despacho de primera instancia a trav\u00e9s de una solicitud de nulidad con fundamento en la causal 5\u00aa del art\u00edculo 133 del CGP: \u20185. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.\u2019 <\/p>\n
El escrito de nulidad presentado el 19 de octubre de 2018, se circunscribe a atacar el hecho de que se dictara sentencia anticipada sin practicar la prueba solicitada por la ejecutada, esto es, el interrogatorio de parte al demandante. (Fls. 256-259), la decisi\u00f3n del juez de primera instancia rechaz\u00f3 la causal invocada mediante prove\u00eddo del 28 de agosto de 2019, en el que se dijo: <\/p>\n
\u2018\u2026el despacho consider\u00f3 que con los elementos aportados tanto con la demanda como en las contestaciones, era suficiente para emitir el fallo definitorio de la Litis y, la recepci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de parte era inocua para ello\u2026 De ah\u00ed que, la judicatura no consider\u00f3 id\u00f3nea la pr\u00e1ctica del interrogatorio de parte para desatar la instancia por lo que procedi\u00f3 a emitir sentencia anticipada, la que se reitera, no solo se estructura cuando no existan pruebas que practicar, sino que la jurisprudencia la ha extendido a aquellos eventos donde habiendo, est\u00e1s no tengan incidencia en la Litis, sin que sea este el escenario para entrar a debatir sobre el valor de esa prueba pues ello debi\u00f3 controvertirlo a trav\u00e9s del recurso contra el fallo, motivos suficientes para mantener la decisi\u00f3n proferida por este Despacho en fecha 17 de octubre de 2018\u2019. <\/p>\n
Frente a esto, se presentaron los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n en subsidio, respecto del primero se mantuvo la posici\u00f3n y el segundo se concedi\u00f3 en el efecto devolutivo. <\/p>\n
Luego entonces el pronunciamiento de segunda instancia fue suficientemente amplio en cuanto a desarrollar los reparos planteados, el tema de la prueba, la sentencia anticipada y la verificaci\u00f3n de la legalidad de lo actuado, sin que en esta instancia se advierta que la misma resulta antojadiza falsamente motivada o carente de soporte jur\u00eddico, sino que por el contrario, tuvo sustento en lo obrante en el plenario y las normas respectivas, raz\u00f3n por la que no es admisible, en sede de tutela, su cuestionamiento\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La sociedad actora recurri\u00f3 el anterior fallo, esgrimiendo similares argumentos a los esbozados en el escrito inicial, adem\u00e1s de indicar que el a quo constitucional no valor\u00f3 en debida forma las pruebas relacionadas en la demanda de amparo que daban cuenta de los yerros cometidos por las autoridades jurisdiccionales enjuiciadas, y tampoco tuvo en cuenta que \u00abde haberse apelado la sentencia anticipada del 17 de octubre de 2018, se habr\u00eda saneado la nulidad deprecada, convalidando la sentencia de m\u00e9rito sin haber practicado las pruebas solicitadas por la parte demandada, y que, en efecto, fue propuesta dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria de la mentada decisi\u00f3n\u00bb, a la luz de lo dispuesto en el precepto 136 ejusdem. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En caso sub examine, Seguros de Vida Suramericana S.A cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo, los autos calendados 28 de agosto de 2019, 10 de julio de 2020, y, 20 de mayo de 2021, a trav\u00e9s de los cuales los Juzgados Cuarto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, y, Tercero Civil del Circuito, ambos de Santa Marta, respectivamente, decidieron en ambas instancias procesales denegar la nulidad procesal reclamada dentro del proceso coercitivo seguido en su contra por Carlos Luicir Mozo. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas y los informes presentados a las diligencias, observa la Corte que la decisi\u00f3n confutada ha de mantenerse, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El Juzgado Cuarto de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Santa Marta, el 28 de noviembre del 2017 libr\u00f3 orden ejecutiva en contra de la sociedad aqu\u00ed interesada y a favor del se\u00f1or Luicir Mozo, determinaci\u00f3n que fue atacada por aqu\u00e9lla en reposici\u00f3n, mecanismo que fue despachado desfavorablemente en auto del 20 de junio de 2018. <\/p>\n
3.2. En memorial presentado al Despacho el 5 de julio se esa misma anualidad, la obligada contest\u00f3 la demanda compulsiva, propuso distintos medios de excepci\u00f3n de m\u00e9rito, e, inst\u00f3 el decreto de distintos medios de prueba, entre ellos, el interrogatorio de parte del demandante, por lo que el juzgador cit\u00f3 a las partes para el 18 de octubre siguiente, a fin de llevar a cabo la audiencia inicial de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.3. Pese a lo anterior, el 17 de octubre de 2018 se dict\u00f3 por escrito sentencia anticipada, en la que se orden\u00f3 seguir adelante con el cobro compulsivo en los t\u00e9rminos del auto de apremio, decisi\u00f3n que no fue cuestionada. <\/p>\n
3.4. A paso seguido, la ejecutada, aqu\u00ed interesada, present\u00f3 incidente de nulidad con base en la causal 5\u00aa del canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso, el que fue rechazado en auto del 28 de agosto de 2019. <\/p>\n
3.5. Esa determinaci\u00f3n se recurri\u00f3 sin \u00e9xito tanto horizontal como verticalmente, pues en prove\u00eddo del 10 de julio de 2020 se mantuvo por el juez cognoscente, y en sede de alzada el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta el 20 de mayo de la anualidad que avanza, la confirm\u00f3 \u00edntegramente. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, tal y como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, sin duda la solicitud de amparo incumple con el presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que en un acto constitutivo de incuria, la aseguradora accionante, all\u00e1 obligada, desaprovech\u00f3 los medios de contradicci\u00f3n que proced\u00edan ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia incuria a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque al recaer el reclamo constitucional, en \u00faltimas, sobre el proferimiento de la sentencia anticipada sin la pr\u00e1ctica de los medios de convicci\u00f3n solicitados al contestar el libelo, Seguros de Vida Suramericana SA ha debido interponer recurso de apelaci\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n, a la luz de lo dispuesto en el inciso 1\u00b0 del precepto 321 de la Ley 1564 de 2012, por ser a trav\u00e9s de dicho mecanismo que ha debido alegar la supuesta irregularidad generada por la falta de decreto de las pruebas, la necesidad de su pr\u00e1ctica y su conducencia, as\u00ed como la improcedencia de dicha determinaci\u00f3n por no encontrarse configurada ninguna de las causas enlistadas en el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso para su proferimiento, situaci\u00f3n que entonces, desdibuja el alegato concerniente a que con la proposici\u00f3n de la alzada se hubiera saneado la nulidad alegada; no obstante, no lo hizo. <\/p>\n
De este modo, si a diferencia de lo considerado por la aseguradora aqu\u00ed interesada, la autoridad judicial cognoscente consider\u00f3, que los elementos aportados en la demanda y la contestaci\u00f3n eran suficientes para definir de fondo la controversia, y que la recepci\u00f3n del interrogatorio de parte solicitado por \u00e9sta era inocua para ello, el momento procesal para cuestionar dicha situaci\u00f3n era, sin duda, la apelaci\u00f3n, por lo que al dejar pasar esa oportunidad, nada puede hacer ahora el Juez de tutela, m\u00e1xime cuando, por otra parte, esa sola circunstancia no impide al juez emitir sentencia anticipada, dado que el medio probatorio solicitado deber ser pertinente, conducente y necesario, lo que no se advirti\u00f3 aqu\u00ed, donde se insiste, no se consider\u00f3 id\u00f3nea la pr\u00e1ctica del interrogatorio de parte para desatar la instancia. <\/p>\n
5. La Sala en supuestos similares al aqu\u00ed estudiado ha indicado, que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC5293-2021). <\/p>\n
6. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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