STC10494-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10494-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01329-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de julio de 2021 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Alfredo Guti\u00e9rrez Gonz\u00e1lez contra la Superintendencia de Sociedades \u2013Delegatura para Asuntos de Insolvencia, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso concursal que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama por intermedio de mandatario judicial, la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente conculcado por la autoridad accionada, en el marco del proceso de liquidaci\u00f3n judicial de la sociedad Gonz\u00e1lez de la Pava y C\u00eda S. en C., identificado con el radicado No. 73732. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando a la Superintendencia de Sociedades, \u00abque en un t\u00e9rmino prudencial [l]e brinde la correspondiente respuesta a [su] solicitud de fecha 24 de abril de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que elev\u00f3 la precitada solicitud para poner en conocimiento del organismo de control convocado, sobre \u00abalgunos hechos que atentaban contra el buen nombre de la entidad\u00bb, relacionados con la actuaci\u00f3n del agente liquidador que act\u00faa dentro del referido asunto; no obstante, \u00aba la fecha ya han transcurrido dos meses desde que se present\u00f3 la solicitud\u00bb sin que se haya recibido respuesta alguna, lo cual, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Directora de Procesos de Liquidaci\u00f3n II de la Superintendencia de Sociedades pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n reclamada, toda vez que el derecho de petici\u00f3n es improcedente en actuaciones jurisdiccionales como la revisada a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n; y en todo caso, porque ya se pronunci\u00f3 el pasado 15 de junio frente a lo manifestado por el gestor. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo invocado, porque \u00abno es de recibo alegar vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando la solicitud versa sobre asunto que ata\u00f1e al procedimiento aplicable en el curso propio del litigio, ya que el administrador de justicia est\u00e1 sometido a las normas procesales que lo rigen, por lo que debe distinguirse con claridad entre actos judiciales y administrativos que pueda tener a su cargo el juez natural, estos \u00faltimos respecto de los cuales, en l\u00ednea de principio, s\u00ed proceder\u00eda el derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
De lo dicho, se tiene que, lo que el accionante puso en conocimiento de la Superintendencia de Sociedades, en tanto refiere a unos eventuales hechos constitutivos de delitos que fueron denunciados ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y, por los que solicit\u00f3 la exclusi\u00f3n de bienes de su propiedad del proceso de liquidaci\u00f3n judicial adelantado en contra de la sociedad Gonz\u00e1lez de la Pava y CIA S. en C., en liquidaci\u00f3n, no admit\u00edan tr\u00e1mite dentro de los c\u00e1nones propios de un derecho de petici\u00f3n, sino dentro de los que enmarcan el derecho al debido proceso, frente al que se advierte, no aparece vulnerado a estas alturas, si en cuenta se tiene que la Superintendencia de Sociedades, en auto de junio 15 del corriente a\u00f1o, resolvi\u00f3 negar la solicitud de exclusi\u00f3n del bien inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 350-79136. <\/p>\n
De esta forma, frente a las aspiraciones del accionante en este asunto, existe carencia actual de objeto, de atender que lo pretendido fue resuelto por la entidad accionada antes de la formulaci\u00f3n de la demanda de tutela, de modo que ni siquiera es dable hablar de un hecho superado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por el promotor, alegando que lo decidido no fue congruente con lo solicitado en la tutela, al haberse apreciado equivocadamente el problema jur\u00eddico, ya que debi\u00f3 ordenarse a la autoridad accionada que \u00abrespondiera una a una las preguntas solicitadas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades, y eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: la posibilidad de acudir ante el destinatario, y, la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada, por lo que la esencia de dicha prerrogativa comprende entonces, pronta resoluci\u00f3n, respuesta de fondo, y, notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado. <\/p>\n
Sin embargo, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha reiterado, que \u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC064-2021). <\/p>\n
En igual sentido se ha precisado, que \u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (Cit.). <\/p>\n
Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva. <\/p>\n
2. En el presente asunto, el ciudadano Luis Alfredo Guti\u00e9rrez Gonz\u00e1lez cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo especial de protecci\u00f3n, que la Superintendencia de Sociedades no haya emitido respuesta a la \u00abpetici\u00f3n\u00bb que le elev\u00f3 el 24 de abril del a\u00f1o que avanza, con el prop\u00f3sito que se excluya del proceso de liquidaci\u00f3n judicial de la sociedad Gonz\u00e1lez de la Pava y C\u00eda. S. en C., el inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula No. 350-79136, que dice ser de su propiedad, en raz\u00f3n a supuestos hechos delictivos cometidos dentro del precitado tr\u00e1mite, que incluso, han sido denunciados ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
3. Bajo esa perspectiva, se aprecia sin lugar a dudas, que lo pretendido por el se\u00f1or Guti\u00e9rrez Gonz\u00e1lez se refiere a temas propios del proceso concursal previamente individualizado, de indiscutible naturaleza jurisdiccional, por lo que solicitudes como la del actor, deben ser expuestas en el marco de dicho tr\u00e1mite a trav\u00e9s de los distintos mecanismos previstos por el legislador en nuestro ordenamiento, y no en ejercicio del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional; de modo que, m\u00e1s all\u00e1 de que aqu\u00e9l haya formulado la solicitud memorada por v\u00eda del derecho de petici\u00f3n, no puede pretender que a su requerimiento deba d\u00e1rsele respuesta bajo la perspectiva de tal garant\u00eda, y por ende, que su inobservancia constituya un quebrantamiento de la misma. <\/p>\n
4. Desde esta arista, la queja en comento corresponde analizarla es a la luz de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia; no obstante, de lo informado por la Superintendencia de Sociedades al intervenir en este tr\u00e1mite advierte la Sala, que la solicitud elevada por el gestor a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n fue satisfecha mediante Auto 2021-01-402796 de 15 de junio del corriente a\u00f1o, donde adem\u00e1s de indicarse la improcedencia del derecho de petici\u00f3n, dicha autoridad hizo un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas en torno a la cautela del bien cuya exclusi\u00f3n del proceso liquidatorio en comento pretende el tutelante, exponiendo las razones por las cuales ello es improcedente, denegando en consecuencia lo pedido. <\/p>\n
5. Bajo este panorama, al encontrarse agotado lo puntualmente solicitado por el actor a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, desde antes de ser emitido el fallo constitucional de primera instancia el pasado 8 de julio, mediante la emisi\u00f3n del pronunciamiento requerido, lo cual se hizo, valga resaltar, en el marco de las reglas del referido proceso, tal como correspond\u00eda, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales. <\/p>\n
Sobre ese particular, la Sala ha dicho que \u00abEl hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u201csi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido toralmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez de amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC0436-2021). <\/p>\n
6. Ahora bien, si el promotor no estaba de acuerdo con lo decisi\u00f3n citada en l\u00edneas anteriores, tal como lo dej\u00f3 entrever en su escrito de impugnaci\u00f3n, le correspond\u00eda atacarla mediante el recurso de reposici\u00f3n, conforme posibilita el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, de manera que si no agot\u00f3 ese mecanismo para obtener lo que aqu\u00ed reclama, no puede pretender que a trav\u00e9s de esta herramienta especial\u00edsima se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir a la autoridad competente a trav\u00e9s del mecanismo correspondiente, pues tal y como la Corte ha sostenido de manera invariable, \u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC437-2021). <\/p>\n
7. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el sentido del fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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