STC10499-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10499-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-14-000-2021-00145-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo pronunciado el 8 de julio de 2021 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Adriana Duarte Pulido contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Sociedad AECSA S.A. y la Oficina Soporte Sistemas de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Villavicencio, as\u00ed como las partes y los intervinientes del juicio de restituci\u00f3n a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora del resguardo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con todo el tr\u00e1mite surtido a la luz del juicio de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado (leasing habitacional,) que en su contra promovi\u00f3 Bancolombia S.A., con radicado No. 2020-00172-00. <\/p>\n
En consecuencia, exige para la protecci\u00f3n de las citadas prerrogativas, concretamente, que se ordene al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio, \u00abrevoque la sentencia del tres de marzo de 2021, y las dem\u00e1s actuaciones que ha impartido con anterioridad en [su] contra, por no haber sido notificad[a] en debida forma\u00bb, y, que \u00abexija a la casa de cobranza, [un] informe [de] los pagos realizados, [con el fin de] proteger [su] patrimonio, ya que [es] madre cabeza de hogar\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reparos y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial, luego de referirse al contrato de leasing habitacional que celebr\u00f3 con Bancolombia SA, as\u00ed como a las condiciones pactadas en el mismo, la dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica en las que se encuentra luego de perder su empleo a causa de la pandemia generada por el Covid-19, lo que gener\u00f3 el retraso en los c\u00e1nones de arrendamiento, y, la negociaci\u00f3n que adelant\u00f3 con la casa de cobranza AECSA con el fin de ponerse al d\u00eda con su obligaci\u00f3n, que s\u00f3lo hasta el 16 de abril de la anualidad que avanza, una vez consult\u00f3 el portal web de la Rama Judicial, evidenci\u00f3 que exist\u00eda un proceso de restituci\u00f3n en su contra adelantado por Bancolombia SA en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio, donde se dict\u00f3 sentencia estimatoria de las pretensiones el 3 de marzo pr\u00f3ximo anterior, sin haber sido debidamente enterada del inicio del mismo, situaci\u00f3n que le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa, y la habilita para acudir a la presente v\u00eda excepcional, con el fin de hacer valer los bienes jur\u00eddicos primarios invocados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a.- El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio, luego de hacer un resumen pormenorizado de las actuaciones acaecidas en el juicio verbal de restituci\u00f3n iniciado por Bancolombia S.A. contra la aqu\u00ed interesada, se\u00f1al\u00f3 que admitida la demanda el d\u00eda 13 de noviembre de 2020, dicha entidad acredit\u00f3 que el enteramiento a la demandada se surti\u00f3 a trav\u00e9s de la direcci\u00f3n electr\u00f3nica nana.8519@hotmail.com, de acuerdo con lo normado en el Decreto 806 de 2020, gener\u00e1ndose el acuse de recibido el d\u00eda 2 de diciembre de 2020; que pese a lo anterior, la se\u00f1ora Adriana permaneci\u00f3 en total hermetismo, motivo por el cual, mediante providencia adiada 3 de marzo de 2021 estim\u00f3 las pretensiones elevadas, ordenando la restituci\u00f3n del inmueble objeto del proceso, decisi\u00f3n que se encuentra en firme, sin que a la fecha la aqu\u00ed interesada hubiere efectuado pronunciamiento alguno al interior del litigio en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
b.- Por su parte, la sociedad AECSA S.A. Cobranza y Recuperaci\u00f3n de Cartera de Colombia, solicit\u00f3 la declaratoria de improcedencia de la salvaguarda inquirida, luego de alegar al efecto que los pagos efectuados por la deudora, han sido debidamente aplicados a la obligaci\u00f3n, adem\u00e1s que no milita ning\u00fan medio de convicci\u00f3n que demuestre que aqu\u00e9lla se encuentra en estado de debilidad manifiesta o ante la inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable, que permita la intervenci\u00f3n del juez constitucional, como mecanismo transitorio. <\/p>\n
c.- A su turno, Bancolombia S.A, contradijo a la accionante frente al hecho de que no fue debidamente notificada de la demanda y el juicio aludidos, luego de afirmar que tal acto procesal se cumpli\u00f3 el 2 de diciembre de 2020, en observancia de lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 8\u00b0del Decreto 806 de 2020, esto es, a trav\u00e9s de la direcci\u00f3n electr\u00f3nica nana.8519@hotmail.com, la que obra registrada en su RUT, circunstancia por la cual deprec\u00f3 la denegaci\u00f3n de la protecci\u00f3n requerida. <\/p>\n
d.- Finalmente, la Oficina Soporte Sistemas de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Villavicencio, vinculada al presente tr\u00e1mite, rindi\u00f3 el informe solicitado por el a quo constitucional acerca de la injerencia de escribir en may\u00fascula o en min\u00fascula una direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico, especificando que \u00aben la actualidad eso se ha corregido y ya es indiferente la forma como escriba una cuenta de correo. Esto s\u00f3lo se mantiene para dar complejidad a las contrase\u00f1as\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, por cuanto \u00abresulta improcedente por falta del requisito de procedencia de la subsidiariedad, comoquiera que acude directamente a la acci\u00f3n de tutela sin hacer uso de los medios de defensa ofrecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de sus intereses al interior del proceso verbal de restituci\u00f3n radicado No. 500013153005 2020 00172 00, pues contrario a lo se\u00f1alado por la citada se\u00f1ora, el d\u00eda 2 de diciembre de 2020 fue notificada personalmente en su correo electr\u00f3nico nana.8519@hotmail.com, registrado en su RUT, del auto admisorio de la demanda fechado el 13 de noviembre de 2020, conforme lo permite el art\u00edculo 8, Decreto 806 de 2020, sin que se haya generado error alguno en el tr\u00e1mite notificatorio por haberse escrito dicho correo en may\u00fasculas, pues frente a tal actuaci\u00f3n: (i) pudo haber interpuesto recurso de reposici\u00f3n contra el auto admisorio de la demanda, si consideraba que la demanda carec\u00eda de presupuestos formales para su procedencia; (ii) tuvo la oportunidad de contestar la demanda formulando excepciones previas y de fondo, y aportando las pruebas necesarias para acreditar el presunto acuerdo de pago logrado con la demandante, as\u00ed como su cumplimiento; (iii) pudo haber recurrido en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n la sentencia proferida el 3 de marzo de 2021, por medio de la cual se decret\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble objeto del contrato de Leasing Habitacional No. 227838 que fundament\u00f3 el proceso; como no lo hizo, no puede emplear esta acci\u00f3n como tabla de salvaci\u00f3n para rescatar oportunidades perdidas o revivir t\u00e9rminos judiciales, escud\u00e1ndose en la garant\u00eda del debido proceso; de permitirlo, se desconocer\u00edan los principios de seguridad jur\u00eddica, cosa juzgada y autonom\u00eda judicial, que tambi\u00e9n hacen parte de ese derecho fundamental; (iv) finalmente ha de precisarse, que si la accionante considera e insiste en que no fue notificada en debida y legal forma del proceso cuestionado, y que por ello no pudo intervenir oportunamente en el mismo, puede presentar el correspondiente incidente de nulidad, acorde con las previsiones del numeral 8, art\u00edculo 133 del CGP, sin que sea dable acudir directamente a la presente acci\u00f3n constitucional, pues esta se torna improcedente para pretermitir tr\u00e1mites y actuaciones judiciales ordinarias o especiales establecidas en la Ley como mecanismos id\u00f3neos y eficaces para que las personas puedan lograr el reconocimiento y protecci\u00f3n de sus derechos\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante se mostr\u00f3 inconforme frente a lo resuelto, insistiendo en los mismos planteamientos que expuso en la queja originaria. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, el cual se encuentra regulado en el Decreto 2591 de 1991, cuya procedencia est\u00e1 ligada a los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable y no se tengan, est\u00e9n en tr\u00e1mite o se hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, cuando se promueve esta acci\u00f3n tuitiva contra una decisi\u00f3n adoptada por una autoridad judicial, la jurisprudencia constitucional ha decantado una serie de requisitos, hoy llamados, causales de procedibilidad, que posibilitan el estudio de fondo del asunto y que se subdividen en gen\u00e9ricas y espec\u00edficas1. <\/p>\n
Las primeras, atinentes a que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela, mientras que las segundas, alusivas a vicios o defectos denominados: org\u00e1nico; procedimental absoluto; f\u00e1ctico; material o sustantivo; error inducido; decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso sub judice, de entrada se anuncia que la salvaguarda instada por Adriana Duarte Galindo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues de acuerdo con los soportes adosados a las presentes diligencias, se tiene que sus peticiones son ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro del prenotado litigio ella no ha hecho uso de la herramienta de defensa que tiene a su alcance para obtener lo que aqu\u00ed solicita, situaci\u00f3n que enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, pues no obra prueba de que la gestora del amparo haya expuesto en el escenario correspondiente, es decir, ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Villavicencio, autoridad que conoci\u00f3 del juicio verbal de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado objeto de estudio, las inconformidades que ahora trae a este mecanismo excepcional\u00edsimo, a trav\u00e9s del respectivo incidente de nulidad (numeral 8\u00b0, canon 133, C\u00f3digo General del Proceso), para que resuelva lo pertinente sobre la supuesta irregularidad en el tr\u00e1mite de su notificaci\u00f3n, lo que torna improcedente la tutela, por incumplir con el presupuesto de procedibilidad de la subsidiariedad, pues como esta Sala lo ha indicado en varias ocasiones, a este mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda cercenando los principios del derecho procesal, pues la acci\u00f3n de tutela procede \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb (ver recientemente en CSJ STC1399-2021). <\/p>\n
3. Adicionalmente, si la inconformidad de la tutelante radica en que no fue debidamente vinculada al proceso criticado, omisi\u00f3n que le cercen\u00f3 la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa y contradicci\u00f3n, tambi\u00e9n cuenta con la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra el fallo de primer grado confutado, de conformidad con lo preceptuado en el art\u00edculo 354 del C\u00f3digo General del Proceso, alegando la causal 7\u00aa prevista en el art\u00edculo 355 ejusdem, para ventilar ante la autoridad competente, claro est\u00e1, siempre y cuando se cumplan los presupuestos previstos por el legislador para el efecto, la presunta irregularidad que les endilga a las autoridades judiciales convocadas, pues la acci\u00f3n de tutela procede \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb; de manera que, \u00ab[m]ientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC322-2021). <\/p>\n
4. Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Consultar al respecto, C.C. SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10499-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC10499-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-14-000-2021-00145-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo pronunciado el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56425","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56425","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56425"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56425\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56425"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56425"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56425"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}