STC10506-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10506-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-04-000-2020-01495-03 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 20 de octubre de 2020, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Lucy Arguello Campo contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial Nivel Central \u2013Divisi\u00f3n Fondos y Cobro Coactivo y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, Seccional Santa Marta, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional, Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP y la ciudadana Marta Ortiz Vanegas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite adelantado para hacer efectivo el pago de la multa impuesta en su contra, mediante auto AL5445-2015 pronunciado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, pretende concretamente, que se ordene la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, ue se \u00ababsten[ga] de adelantar proceso coactivo en su contra\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento de tal pedimento expuso en lo esencial, que el 23 de septiembre del 2015 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral le impuso, en calidad de abogada, una multa equivalente a 10 s.m.l.m.v. a favor del Consejo Superior de la Judicatura, por la falta de sustentaci\u00f3n de un recurso extraordinario de casaci\u00f3n; que debido al impago de \u00e9sta, mediante Resoluci\u00f3n No. 1 del 25 de febrero de 2019, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial \u2013 Divisi\u00f3n Fondos y Cobro Coactivo, libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra dentro del expediente identificado con el consecutivo No. 2016-437. <\/p>\n
Comenta que una vez notificada de dicho acto administrativo, mediante escrito radicado el 4 de abril de 2019, present\u00f3 excepciones de m\u00e9rito con el fin de restarle eficacia a la orden de apremio, las que finc\u00f3 en la declaratoria de inexequibilidad de la norma que sirvi\u00f3 de fundamento para la fijaci\u00f3n de la citada multa; no obstante, tales mecanismos de defensa fueron desestimados, motivo por el cual, el 25 de junio postrero decidi\u00f3 suscribir un acuerdo de pago por valor de $ 6\u2019443.500.oo <\/p>\n
Sostiene que al d\u00eda siguiente elev\u00f3 un derecho de petici\u00f3n ante la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, con el fin que se le informara \u00abel comportamiento estad\u00edstico de es[e] tipo de sanci\u00f3n, con respecto a otros profesionales del derecho con el fin de conocer la proporcionalidad e igualdad de la multa en casos similares\u00bb, frente a lo cual se le indic\u00f3 que \u00abno existe registro o lista alguna que contenga la informaci\u00f3n solicitada\u00bb. <\/p>\n
Indica que el 25 de julio del 2020, el Consejo Seccional de la Judicatura de Santa Marta la requiri\u00f3 para que cancelara la suma adeudada, \u00abso pena de continuar con el cobro coactivo\u00bb, por lo que decidi\u00f3, ante tal dependencia, presentar otra solicitud en el mismo sentido del enunciado en el p\u00e1rrafo inmediatamente anterior, sin haber obtenido a la fecha respuesta alguna, situaciones \u00e9stas por las que acude a la presente senda excepcional, en procura de los bienes jur\u00eddicos primarios invocados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, se limit\u00f3 a remitir copia digital de la providencia a trav\u00e9s de la cual impuso la multa a la aqu\u00ed interesada. <\/p>\n
b. Por su parte, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial -Seccional de Santa Marta, el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP, coincidieron en instar su desvinculaci\u00f3n, por no tener ninguna injerencia en los hechos y pretensiones narrados en el escrito inicial; las dos primeras entidades, alegaron como fundamento de su pedimento, que no conocen de ning\u00fan juicio coactivo en contra de la accionante; que frente a la solicitud impetrada por ella el 30 de julio de 2020, se dispuso remitirla por competencia a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial \u2013 Nivel Central; y, que no reposa en sus bases de datos ninguna petici\u00f3n presentada por la se\u00f1ora Arguello Campo, respectivamente. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte estim\u00f3 parcialmente las pretensiones de la gestora de la salvaguarda, en tanto que \u00ab[s]i bien es cierto el auto del 23 de septiembre de 2015, a trav\u00e9s del cual se impuso la sanci\u00f3n, resultaba acorde con el ordenamiento jur\u00eddico para ese momento-al margen de que fij\u00f3 la multa en el m\u00e1ximo legal sin motivaci\u00f3n alguna-, al instante en que la accionante pidi\u00f3 reconsiderar su imposici\u00f3n aludiendo a la interpretaci\u00f3n que ante el precepto que la contemplaba dio la Corte Constitucional, sus efectos no pod\u00edan perdurar, porque ya ese Tribunal hab\u00eda declarado que la multa por no sustentar el recurso no consultaba los valores y principios del Estado Social de Derecho, consagrados en la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, tampoco pod\u00eda d\u00e1rsele curso a una actuaci\u00f3n administrativa con fundamento en una disposici\u00f3n retirada del ordenamiento jur\u00eddico, por indeterminada y arbitraria: <\/p>\n
\u00abLa interpretaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n, que adem\u00e1s permite materializar la voluntad del constituyente, tiene como prop\u00f3sito principal, orientar el ordenamiento jur\u00eddico hacia los principios y valores constitucionales superiores. No reconocer entonces el alcance de los fallos constitucionales vinculantes, sea por desconocimiento, descuido, u omisi\u00f3n, genera en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano una evidente falta de coherencia y de conexi\u00f3n concreta con la Constituci\u00f3n, que finalmente se traduce en contradicciones il\u00f3gicas entre la normatividad y la Carta, que dificultan la unidad intr\u00ednseca del sistema, y afectan la seguridad jur\u00eddica. Que perturba, adem\u00e1s la eficiencia y la eficacia institucional, en la medida en que se multiplica innecesariamente la gesti\u00f3n de las autoridades judiciales, m\u00e1s a\u00fan cuando en definitiva, la Constituci\u00f3n tiene una fuerza constitucional preeminente que no puede ser negada en nuestra organizaci\u00f3n judicial\u00bb (SU-640\/08). <\/p>\n
El art\u00edculo 243 de la Carta Pol\u00edtica consagra que los fallos que la Corte Constitucional dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional y que \u00abninguna autoridad podr\u00e1 reproducir el contenido material del acto jur\u00eddico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontaci\u00f3n entre la norma ordinaria y la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En estas condiciones, el imperativo legal de recaudar la multa como lo invoc\u00f3 la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, al negar las excepciones de la accionante contra el mandamiento de pago en su contra, deb\u00eda ceder ante la imposibilidad de mantener los efectos formales de una situaci\u00f3n declarada inconstitucional <\/p>\n
Tambi\u00e9n anot\u00f3, que \u00ab[p]ara la materializaci\u00f3n de esta hip\u00f3tesis, en pos de que haga procedente la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, ha dicho la Corte Constitucional que deben concurrir los siguientes presupuestos: \u00ab(i) (Q)ue no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra v\u00eda, de acuerdo con el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso espec\u00edfico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales\u00bb (T-620\/13). <\/p>\n
-Se mencion\u00f3 que en ese prove\u00eddo la Corte Constitucional recalc\u00f3 el efecto sancionatorio de la multa. Desde esa perspectiva, el derecho sancionador del Estado se encuentra sometido a los postulados del debido proceso que conforme el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Nacional, \u00abse aplicar\u00e1 a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas\u00bb. Entre estos postulados se encuentra el derecho de defensa (vulnerado con la aplicaci\u00f3n de la multa, al no contemplar una etapa espec\u00edfica y previa de contradicci\u00f3n previo a su imposici\u00f3n) y sobre todo el de favorabilidad, que permite la aplicaci\u00f3n de la ley permisiva, aun cuando sea posterior, en lugar de la restrictiva o desfavorable. <\/p>\n
-Aun cuando las sentencias de constitucionalidad no tienen efecto retroactivo a menos que dispongan lo contrario, la favorabilidad como componente del debido proceso y el principio pro homine, que permite llevar a cabo una interpretaci\u00f3n que permita garantizar con mayor amplitud los derechos fundamentales, da lugar a contemplar la aplicaci\u00f3n de los efectos de esa decisi\u00f3n a este asunto, en aras de no someter a LUCY ARGUELLO CAMPO a una multa que en la actualidad es insostenible. M\u00e1s aun cuando, como qued\u00f3 visto, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial inici\u00f3 un proceso de cobro coactivo que actualmente sigue su curso, con fundamento en una norma excluida del ordenamiento jur\u00eddico y que contempla una situaci\u00f3n gravosa para la tutelante, respecto de lo previsto para quienes incurran en la misma hip\u00f3tesis en la legislaci\u00f3n vigente. <\/p>\n
-En ese entendido, la decisi\u00f3n de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de mantener la multa y, en especial, la de la jurisdicci\u00f3n coactiva de no dar por probadas las excepciones frente al mandamiento de pago con base en que la sanci\u00f3n es intangible ante su ejecutoria, vulneran el debido proceso por desconocimiento del principio de favorabilidad que, seg\u00fan se anot\u00f3, tambi\u00e9n es predicable en las actuaciones administrativas estatales. <\/p>\n
Ahora, aunque este apotegma es predicable esencialmente del tr\u00e1nsito de leyes, tambi\u00e9n puede admitirse su aplicaci\u00f3n trat\u00e1ndose de la sentencia de constitucionalidad en comento, al equipararse sus efectos a la de una norma adjunta, de car\u00e1cter negativo, que deviene, se recalca en una situaci\u00f3n m\u00e1s favorable para su destinatario en un asunto jur\u00eddico de car\u00e1cter sancionatorio\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, decidi\u00f3, por un lado, \u00abTUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de LUCY ARGUELLO CAMPO y, en consecuencia, ORDENAR a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial que en el t\u00e9rmino de setenta y dos (72) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del (\u2026) fallo, otorgue respuesta a las excepciones formuladas al mandamiento de pago ordenado por esa entidad el 25 de febrero de 2019, teniendo en cuenta las consideraciones de es[a] determinaci\u00f3n\u00bb; empero, \u00abNEG[\u00d3] el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, defensa y petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Abogado de la Divisi\u00f3n de Procesos de la unidad de Asistencia Legal de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, mostr\u00f3 su disenso con el fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, adem\u00e1s de indicar que dicha entidad no pudo ejercer su derecho e defensa y de contradicci\u00f3n en el presente asunto constitucional, al no haber sido notificada del auto admisorio de la tutela1; que \u00abmediante RESOLUCI\u00d3N No. 002 de 04 de abril de 2020 se resolvi\u00f3 la solicitud (PETICION) amparada, al negarse las excepciones propuestas por la accionante a trav\u00e9s de apoderado, misma que fue notificada a los correos electr\u00f3nicos lucyministerial@yahoo.es y gonzalezberna01@hotmail.com que corresponden a los correos de la Accionante se\u00f1ora LUCY ARGUELLO CAMPO y el de su abogado Gonz\u00e1lez V\u00e9lez. <\/p>\n
As\u00ed las cosas su Se\u00f1or\u00eda, se insiste y persiste en la inexistencia de la violaci\u00f3n al derecho fundamental de petici\u00f3n de la Accionante, toda vez que la misma fue atendida y despachada negativamente, toda vez que, frente a las peticiones, lo que se pretende con el amparo tutelar a este derecho es que el accionante, tenga una efectiva respuesta, pero en nada obliga a la Entidad aceptar lo peticionado, de esta manera, la respuesta puede ofrecerse concediendo o negando lo peticionado, situaci\u00f3n \u00faltima que se presenta con la se\u00f1ora Lucy Arguello Campo, a quien efectivamente mediante la Resoluci\u00f3n No. 002 de 04 de abril de 2020, se le dio respuesta a su petici\u00f3n, pero la misma al no ser satisfactoria a su petitum, promovi\u00f3 la presente Acci\u00f3n de Tutela, agravando la situaci\u00f3n el hecho de no haber sido notificada la Entidad en debida forma para haber concurrido en tiempo y oportunidad a ofrecer los descargos correspondientes, y haberse evitado un pronunciamiento que amparara el derecho de petici\u00f3n de la Accionante, cuando el mismo ya se encontraba satisfecho. <\/p>\n
Advertido lo anterior, la situaci\u00f3n que se plantea, es de aquellas que se enmarcan dentro de las que se da aplicaci\u00f3n al sentido de fallo conocido como HECHO SUPERADO\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador <\/p>\n
2.1. En relaci\u00f3n con la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial -Divisi\u00f3n de Fondos Especiales y Cobro Coactivo (impugnante), salta a la vista el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad que gobierna este tipo de asuntos, comoquiera que la presunta vulneraci\u00f3n alegada por la se\u00f1ora Arguello Campo se predica de la actuaci\u00f3n desplegada por la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial -Divisi\u00f3n de Fondos Especiales y Cobro Coactivo, en virtud de las pretensiones de la peticionaria para restar validez a la orden de pago y la de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, dictadas con ocasi\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tras no sustentar un recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Y, es que independientemente que insista en la inaplicaci\u00f3n de tal disposici\u00f3n, ya que, en su criterio, la multa perdi\u00f3 vigor luego del proferimiento de la sentencia C-492 del 14 de septiembre de 2016 por parte de la Corte Constitucional, sumado a la teor\u00eda que fueron vulnerados los principios de favorabilidad y pro homine, para esta Sala resulta di\u00e1fano que la finalidad de la accionante es atacar decisiones que por su car\u00e1cter administrativo no compete resolver al juez de tutela. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, por regla general se ha dicho que los actos administrativos son ajenos a ser examinados por aqu\u00e9l operador, pues \u00e9ste no puede arrogarse facultades que son propias de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, ello, en tanto \u00abla decisi\u00f3n censurada es un acto administrativo cuya legalidad debe discutirse por las v\u00edas legales pertinentes, sin que le sea dado al juez constitucional asumir la competencia del juzgador contencioso administrativo, \u00fanica autoridad judicial que en la \u00f3rbita de sus facultades puede suspenderlos o anularlos, a la cual pudo acudir el accionante para controvertir los actos acusados (CSJ STC8803-2021). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha reiterado: \u00aben l\u00ednea de general\u00edsimo principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, indistintamente de cu\u00e1l sea su naturaleza, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde los disconformes pueden allegar los elementos demostrativos que estimen del caso y explicar ampliamente los argumentos que aqu\u00ed esbozan, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada (ejusdem). <\/p>\n
2.2. Aunado a lo anterior, esta Sala recientemente al resolver acciones de tutela que versan sobre id\u00e9ntica tem\u00e1tica a la que ahora se analiza, dej\u00f3 sentada su posici\u00f3n frente a los reclamos dirigidos contra tales actuaciones, al se\u00f1alar: <\/p>\n
\u00abIgualmente huelga memorar que la precursora tiene a su disposici\u00f3n el remedio id\u00f3neo para ventilar sus inquietudes contra el Consejo Superior de la Judicatura, que no es otra que \u00abla acci\u00f3n de acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb consagrada en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, donde le es permitido allegar elementos de convicci\u00f3n e invocar la desigualdad que le enrostra a los actos administrativos; incluso est\u00e1 habilitada para deprecar como medida cautelar desde el comienzo la suspensi\u00f3n de los efectos de los mismos (num. 3), conforme lo contempla el canon 230 \u00eddem\u00bb (CSJ STC3449-2020, 19 may. 2020, rad. 00136-00, reiterada en STC8803-2021). <\/p>\n
2.3. Entonces, reiterando lo antedicho, el auxilio deprecado deviene improcedente de acuerdo con lo prevenido en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, en concordancia con el precepto 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que la pretensi\u00f3n de la actora puede o pudo encontrar soluci\u00f3n ante la jurisdicci\u00f3n establecida para el efecto y a la cual no ha acudido. <\/p>\n
En este orden, no surge viable pretender que en este residual escenario jur\u00eddico se provea el an\u00e1lisis y posible soluci\u00f3n a una cuesti\u00f3n que corresponde al juez competente y a trav\u00e9s de la senda ordinaria, pues de vieja data el precedente constitucional ha enfatizado que \u00abla acci\u00f3n de tutela no puede concebirse ni utilizarse como medio judicial que sustituya los mecanismos previstos en la Constituci\u00f3n y en las leyes de la Rep\u00fablica, ni como proceso alternativo que el interesado pueda escoger a cambio de los ordinarios o especiales, tambi\u00e9n establecidos para administrar justicia y para hacer efectivos los derechos consagrados en la Carta Pol\u00edtica\u00bb (Cit.). <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab[E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rese, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (ibidem). <\/p>\n
2.4. Por lo dem\u00e1s, tampoco procede la acci\u00f3n como mecanismo transitorio, pues aunado a la ausencia de reproche sobre la aptitud y eficacia de los medios de defensa a los que a\u00fan puede recurrir, la peticionaria no prob\u00f3 perjuicio irremediable, pues para ello se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC8803-2021). <\/p>\n
Adem\u00e1s, para acceder a esa protecci\u00f3n, no basta la simple afirmaci\u00f3n de posible amenaza de las prerrogativas iusfundamentales, sino que incumbe aportar las pruebas que permitan acreditarla, pues esa modalidad \u00abse subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesi\u00f3n constitucional\u00bb (CC SU-111\/97). <\/p>\n
3. Por otra parte, no se avizora la vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad que alude la interesada, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que no se acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo; es decir, \u00abno demostr\u00f3 el interesado la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, toda vez que no existen pruebas que den cuenta de otras personas en circunstancias similares a la suya\u2026, circunstancia que impide realizar el paralelo respectivo a fin de determinar si los accionados con su actuar le quebrantaron esa prerrogativa de rango constitucional\u00bb (CSJ STC402-2021). <\/p>\n
4. De este modo, al estar condicionada la intervenci\u00f3n de esta particular justicia a la superaci\u00f3n del requisito de la subsidiariedad, el cual no se satisface, sin ahondar en otras tem\u00e1ticas, se impone revocar el numeral 1\u00b0 del fallo confutado, para en su lugar, declarar su improcedencia, advirtiendo que tampoco se configuran las indispensables condiciones para otorgarla como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA el numeral primero de la sentencia impugnada, y con ello la orden all\u00ed impartida, as\u00ed como todas las actuaciones que de ella dependan. En su lugar, se NIEGA por improcedente el amparo impetrado por Lucy Arguello Campo frente a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial \u2013 Nivel Central. <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, mant\u00e9ngase inc\u00f3lume el fallo de primer grado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC10506-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC10506-2021 Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-04-000-2020-01495-03 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56427","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56427","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56427"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56427\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56427"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56427"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56427"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}