STC10517-2021 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10517-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 15001-22-13-000-2021-00072-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 12 de julio 2021, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 el Banco Agrario de Colombia S.A. contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa localidad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al acceso a la justicia, \u00abprimac\u00eda del derecho sustancial\u00bb y debido proceso, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada en un juicio de reorganizaci\u00f3n de pasivos (radicaci\u00f3n 2014-00081). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Tunja cursa el proceso de la referencia, promovido por H\u00e9ctor Cruz Torres, en el cual compareci\u00f3 en calidad de acreedora. As\u00ed mismo, refiri\u00f3 que present\u00f3 objeciones al proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de votos, que fueron dirimidas el 24 de octubre de 2019, por lo que sus cr\u00e9ditos se encuentran reconocidos en tercera clase como acreedora hipotecaria, con derechos de voto del 58.10%. <\/p>\n
En tal virtud, el estrado convocado concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de cuatro (4) meses previsto en el art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006 para la formulaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n, por lo que la promotora present\u00f3 el citado documento el 24 de febrero de 2020 y se celebr\u00f3 la respectiva audiencia el 27 de mayo de 2021, en la cual se aprob\u00f3, pese a que previamente hab\u00eda solicitado informaci\u00f3n sobre \u00absi el concursado cuenta con la provisi\u00f3n de los recursos que permitan dar cumplimiento al Acuerdo plasmado en las condiciones acordadas por los acreedores en conjunto con el deudor; habida cuenta que para el momento de la audiencia se encontraban vencidas varias de las cuotas del acuerdo suscrito por el concursado y sus acreedores\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, como dicha petici\u00f3n no fue dirimida, precis\u00f3 al despacho que aplicara el art\u00edculo 35 de la enunciada codificaci\u00f3n para plantear nuevamente una f\u00f3rmula de pago que fuera sometida a consideraci\u00f3n para su posterior confirmaci\u00f3n, pero \u00abel se\u00f1or Juez decide confirmar el acuerdo, indicando que si bien es cierto se encontraba incumplido frente a los plazos, esta situaci\u00f3n obedec\u00eda a circunstancias de fuerza mayor del deudor por la pandemia denominada la Covid 19, y por considerar que en vista de la necesidad de digitalizar los expedientes, no le hab\u00eda sido posible al despacho citar a audiencia con antelaci\u00f3n, lo que impidi\u00f3 haber cumplido el acuerdo conforme a lo pactado por las partes\u00bb. Por lo anterior, recurri\u00f3 esa determinaci\u00f3n mediante reposici\u00f3n, en subsidio de apelaci\u00f3n, pero la autoridad los declar\u00f3 improcedentes. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3, en resumen, \u00abdejar sin valor y efecto la confirmaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n, modificado en audiencia de fecha 27 de mayo del a\u00f1o 2021\u00bb y \u00abordenar al JUZGADO 4\u00b0 CIVIL DEL CIRCUITO DE TUNJA ORALIDAD, fijar nueva hora y fecha para llevar a cabo la diligencia de que trata el art\u00edculo 35 de la ley 1116 de 2006, con el fin de que se conceda un t\u00e9rmino prudencial a las partes para ajustar el acuerdo y que los acreedores puedan evaluar la f\u00f3rmula de pago\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Secretar\u00eda de Hacienda de Tunja adujo que \u00abuna vez revisado el sistema de impuestos plus adoptado por la administraci\u00f3n tributaria municipal se encuentra que el se\u00f1or HECTOR CRUZ TORRES identificado con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 30.353.343 respectivamente, adeuda por concepto de impuesto predial unificado para la vigencia 2018 la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($2.773.238,00) M\/CTE y para la vigencia 2021 la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS ($4.522.000,00) M\/CTE\u00bb. <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013 DIAN reliev\u00f3 que \u00abno se infiere relaci\u00f3n alguna de esta entidad para con la parte actora, por lo que solicitamos desde ya y de forma respetuosa la desvinculaci\u00f3n de la misma\u00bb, pues \u00abesta entidad no tiene conocimiento de los hechos, como tampoco adelanta proceso alguno en contra del se\u00f1or HECTOR CRUZ TORRES\u00bb. <\/p>\n
3. La Gobernaci\u00f3n de Boyac\u00e1 expuso, en id\u00e9ntico sentido, que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. Fredy Alberto Rojas Rusinque, apoderado de H\u00e9ctor Cruz Torres, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel acuerdo presentado en el proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial No. 2014-00081 (\u2026) para el d\u00eda 27 de mayo del a\u00f1o 2021 no hab\u00eda iniciado su cumplimiento, pues los acuerdos de reorganizaci\u00f3n empresarial inicial su cumplimiento hasta el d\u00eda de su confirmaci\u00f3n, no antes, lo anterior teniendo en cuenta que antes de esa fecha de realizaci\u00f3n de la audiencia de confirmaci\u00f3n es una mera expectativa, pues no ha sido sometido al estudio de legalidad del juez del concurso el cual no puede confirmar, solicitar adecuaciones o simplemente negar su aprobaci\u00f3n y ordenar la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n, as\u00ed las cosas no se est\u00e1 en presencia de un incumplimiento de obligaciones concursales, por el contrario estamos en presencia de una indebida interpretaci\u00f3n de la norma por parte del acreedor hoy accionante\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, agreg\u00f3 que \u00absi alguno de los acreedores considera que existi\u00f3 un incumplimiento de las obligaciones por parte del deudor en reorganizaci\u00f3n, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 46 de la Ley 1116 de 2006 debe proceder a realizar la denuncia del incumplimiento a fin de que se proceda a la realizaci\u00f3n de la audiencia y se busquen las posibles soluciones al incumplimiento demostrado con la intervenci\u00f3n de la auxiliar de la justicia, antes de acudir a la acci\u00f3n de tutela\u00bb. Por \u00faltimo, enfatiz\u00f3 que \u00abmi representado dio cumplimiento estricto a sus obligaciones como puede verificarse en el comprobante de ingresos y egresos No. 2107462 de fecha 25 de junio de 2021 anexo a la presentaci\u00f3n contestaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo concedi\u00f3 el resguardo, porque \u00abconviene recordar que las leyes de insolvencia empresarial, si bien est\u00e1n dadas para permitir la recuperaci\u00f3n crediticia del deudor, y el cumplimiento a los acreedores; dichas normativas no lo est\u00e1n para burlar los deberes del deudor frente al cumplimiento de sus obligaciones crediticias y por la v\u00eda, extender en el tiempo el cumplimiento de los pagos que se encuentran en mora. Por lo que es contrario a la filosof\u00eda, objetivos y raz\u00f3n de ser de la Ley 1116 del 27 de diciembre de 2006, que un proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial, o reorganizaci\u00f3n de pasivos, promovido en junio de 2014, est\u00e9 en el a\u00f1o 2021, apenas disponiendo la aceptaci\u00f3n de dichos acuerdos. Lo que significa que, por espacio de siete a\u00f1os, el promotor de la reorganizaci\u00f3n y su representante judicial, han extendido el pago de las obligaciones. Situaci\u00f3n de dilaci\u00f3n injustificada de los t\u00e9rminos en el proceso, concretamente en un tr\u00e1mite que est\u00e1 previsto para definici\u00f3n expedita; que si afecta a los acreedores\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n cuestion\u00f3 que \u00abno es de recibo la respuesta del Dr. Rojas Rusinque al manifestar que los acuerdos no se pueden cumplir sin haberse aprobado, pues conoc\u00eda bien el promotor del proceso, cu\u00e1les fueron los t\u00e9rminos en que se pact\u00f3 en febrero de 2020. Por otra parte, no es admisible la justificaci\u00f3n del Juzgado Cuarto Civil del Circuito al contestar la tutela, en el sentido, que por pandemia no se hab\u00eda podido realizar la audiencia. Valga recordar que la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales se dio por espacio de tres meses, contados a partir del mes de marzo de 2020. De tal forma que con la expedici\u00f3n del Decreto 806 del mes de junio del a\u00f1o 2020, se autoriz\u00f3 y habilit\u00f3 la actuaci\u00f3n judicial por plataforma virtual. Se orden\u00f3 la digitalizaci\u00f3n de procesos; y se entiende que el espacio de los tres meses de suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos se utilizaba para revisar procesos, organizar actuaciones y digitalizar los expedientes, a efectos de garantizar y facilitarle al ciudadano el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, por canales digitales\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, dijo que \u00abhay una vulneraci\u00f3n a los derechos del acreedor tutelante, por lo que se atender\u00e1 el amparo, para que se vuelva a cumplir la audiencia y se resuelva lo pertinente a la provisi\u00f3n de fondos para el cumplimiento del acuerdo hecho con los acreedores, en los t\u00e9rminos y fechas pactadas. El acuerdo se hizo en febrero del 2020, deb\u00eda empezarse a cumplir el 30 de marzo del 2020. Luego, as\u00ed debi\u00f3 procederse. No es de recibo que como la audiencia se hizo el 27\/05\/2021, entonces el juez altera los tiempos del acuerdo. La forma, el c\u00f3mo y cu\u00e1ndo de los acuerdos, fue pactado. Se impon\u00eda a quienes aceptaron dicho acuerdo. Luego, no es de recibo extenderlo en el tiempo al parecer del funcionario. Para este caso, la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos por la pandemia alter\u00f3 el acuerdo; pero el juez no puede sustituir o suplir la voluntad de las partes\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, recalc\u00f3 que \u00abya se consign\u00f3 que el deudor pudo haberse allanado a cumplir en los t\u00e9rminos y plazos convenidos, pero no lo hizo. No puede beneficiarse por doble v\u00eda: con el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n de pasivos, con el paso del tiempo y con su propio incumplimiento a los acuerdos. Adem\u00e1s, para mayo de 2021, el acuerdo ya hab\u00eda perdido vigencia. Es necesario volver a hacer la audiencia de confirmaci\u00f3n de acuerdos, dando aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 35 en cita. Las partes deber\u00e1n presentar un nuevo acuerdo, porque el de febrero de 2020 materialmente no existe. No se ejecut\u00f3. La circunstancia de fuerza mayor de la pandemia lo alter\u00f3 al suspender los t\u00e9rminos judiciales, sin que se realizara la audiencia de confirmaci\u00f3n de acuerdos prevista para marzo del 2020\u00bb. <\/p>\n
Bajo las premisas que anteceden, otorg\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada, dej\u00f3 sin efectos la providencia de 27 de mayo de 2021 y, en su lugar, dispuso que \u00abse convoque nuevamente y se surta el tr\u00e1mite pertinente, considerando los derechos, garant\u00edas y eficacia de los pagos a los acreedores que acudieron al proceso de reorganizaci\u00f3n de pasivos del se\u00f1or H\u00e9ctor Cruz Torres, representado por el Dr. Fredy Alberto Rojas Rusinque\u00bb y \u00abque las partes presenten un nuevo acuerdo, dando aplicaci\u00f3n al art. 35 de la ley 1116 de 2006. El acuerdo, debe hacerse en el t\u00e9rmino de ocho d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, por lo que el juzgado de conocimiento accionado dispondr\u00e1 lo pertinente para convocar a audiencia, a la realizaci\u00f3n de un nuevo acuerdo, y continuar con el tr\u00e1mite, sin exceder los t\u00e9rminos previstos en la ley y aqu\u00ed dispuestos por el Tribunal, conforme a lo expuesto en la parte motiva\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
H\u00e9ctor Cruz Torres, a trav\u00e9s de apoderado y Carmen Rosa Caro Huertas, en nombre propio, recurrieron la citada resoluci\u00f3n, por las siguientes razones: <\/p>\n
(i) El primero, porque \u00abla Ley 1116 de 2006 no contempla la previsi\u00f3n de fondos exigida por el acreedor accionante y respaldada por el juez de tutela, se debe presentar un flujo de caja soporte de la f[\u00f3]rmula de pago que fue aprobada y que figura en el expediente (\u2026) y [esta ley] no contempla la existencia de acreedores principales y unos secundarios o accesorios, pues esta manifestaci\u00f3n en la sentencia de tutela se presenta como una violaci\u00f3n al derecho de igualdad de los acreedores\u00bb. Adem\u00e1s, \u00abel acuerdo en el proceso de la referencia, especialmente [en] sus t\u00e9rminos, no fue variad[o] por el juez del concurso, pues simplemente se aprob\u00f3 el acuerdo votado iniciando a cumplirse desde la fecha de la confirmaci\u00f3n del acuerdo, lo que implica espec\u00edficamente correr la fecha de inicio de su cumplimiento como efectivamente sucedi\u00f3 y se cancel\u00f3, mas no su l\u00ednea temporal de pagos\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, \u00abel deudor no est[\u00e1] en mora de pagar las cuotas pues el acuerdo no estaba confirmado, situaci\u00f3n que no contempla el juez de tutela, pues si no se presenta la confirmaci\u00f3n del acuerdo el pago realizado con anterioridad a esta audien[cia] ser[\u00eda] inexistente bajo las normas concursales, pues se estar\u00edan haciendo pagos sin autorizaci\u00f3n del juez del concurso, privilegiando a uno de los acreedores violando el principio de igualdad\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, arguy\u00f3 que \u00abcabe resaltar que no se presenta una modificaci\u00f3n del acuerdo, se presenta una demora en la realizaci\u00f3n de la audiencia de ratificaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n, demora que no puede ser cargada al rogante de justicia deudor indicando un incumplimiento en sus pagos, puedes debe tenerse en cuenta que por mandato legal y por orden judicial no le est\u00e1 permitido generar pagos antes de la audiencia de confirmaci\u00f3n del acuerdo\u00bb. <\/p>\n
(ii) La segunda, por su parte, refut\u00f3 que \u00abel juez de tutela procede a modificar la ley de insolvencia o Ley 1116 de 2006, pues pretende que se ampl\u00ede el plazo para presentar el acuerdo de reorganizaci\u00f3n si[n] tener en cuenta que en el proceso de la referencia se present\u00f3 el acuerdo en t\u00e9rminos con la totalidad de los votos requeridos, debe tenerse en cuenta que ese t[\u00e9]rmino no se puede ampliar, que est[\u00e1] beneficiando solo a un acreedor que manifiesta es el principal cuando to[d]os tenemos la misma calidad, el acuerdo ya se empez\u00f3 a cumplir y se est\u00e1n generando los pagos, lo cual implica que hacer de nuevo la diligencia del art\u00edculo 35 de la Leu 1116 de 2006 para beneficiar a uno de los acreedores, sin tener en cuenta que ya se est[\u00e1] pagando el acuerdo y se encuentra vigente\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n refiri\u00f3 que \u00abel se\u00f1or HECTOR CRUZ en su calidad de deudor no pod\u00eda para el d\u00eda 30 de marzo del a\u00f1o 2020 proceder a realizar los pagos descritos en el acuerdo votado y presentado por la prohibici\u00f3n legal de pago que tiene (numeral 6\u00b0 art\u00edculo 19, Ley 1116 de 2006), lo anterior teniendo en cuenta que el acuerdo no hab\u00eda sido confirmado (\u2026), as\u00ed las cosas, hasta el d\u00eda de realizaci\u00f3n de la diligencia de confirmaci\u00f3n se levanta la prohibici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de insolvencia de la referencia (radicaci\u00f3n 2014-00081), por aprobar el acuerdo de reorganizaci\u00f3n de pasivos presentado por la promotora en el asunto que inici\u00f3 H\u00e9ctor Cruz Torres, en el cual figura como una de las acreedoras la entidad Banco Agrario de Colombia S.A. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Tunja aprob\u00f3 el acuerdo de reorganizaci\u00f3n presentado por la promotora en el tr\u00e1mite de insolvencia que inici\u00f3 H\u00e9ctor Cruz Torres y orden\u00f3 su inscripci\u00f3n en el registro mercantil respectivo, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, por lo que habr\u00e1 de invalidarse la resoluci\u00f3n de primer grado constitucional, para denegar el resguardo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al estudiar los cuestionamientos que se pusieron de presente a lo largo de la diligencia, relacionados principalmente con los t\u00e9rminos del acuerdo y sus fechas de ejecuci\u00f3n, el estrado querellado expuso que \u00ab(\u2026) dicho acuerdo preve\u00eda que se iniciaran los pagos en marzo de [2020]. Sin embargo, se observa que, lamentablemente, la audiencia de confirmaci\u00f3n apenas tuvo lugar el d\u00eda de hoy 27\/05\/2021, por circunstancias por todos conocidas, como son el hecho de la pandemia Covid-19 que ha limitado de manera sustancial la actividad judicial\u00bb. Por ende, <\/p>\n
\u00abEs el caso, se\u00f1alar que los procesos debieron ser objeto de digitalizaci\u00f3n. Y, como es bien sabido, pues la carga es bastante alta y eso implica bastante tiempo para poder lograr ese prop\u00f3sito, circunstancia por la cual, hasta el d\u00eda de hoy, se ha podido realizar la audiencia prevista en el proceso de organizaci\u00f3n. Esa circunstancia, desde luego, gener\u00f3 la imposibilidad de que los pagos se hubieran podido realizar con antelaci\u00f3n, toda vez que es la audiencia de confirmaci\u00f3n la que faculta y genera la exigibilidad por parte del deudor para efectos de realizar los respectivos pagos, circunstancia esta por la cual no pudo pagar el deudor antes y que es motivo de inconformidad, particularmente por parte del Banco Agrario. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se estructur\u00f3 una fuerza mayor para que los pagos se hubieran podido realizar en la oportunidad que se acord\u00f3 el 24 de febrero del a\u00f1o pasado. As\u00ed las cosas, se estructura la denominada fuerza mayor que impidi\u00f3 que se pudiera haber realizado y efectuado el acuerdo aqu\u00ed celebrado. As\u00ed las cosas, este despacho confirmar\u00e1 el acuerdo celebrado, con la precisi\u00f3n de que los pagos se iniciar\u00e1n a partir del mes de junio del presente a\u00f1o, y desde luego, los tiempos se modificar\u00e1n de acuerdo con el primer pago efectuada. Es decir, se prolongar\u00e1 en el tiempo ese acuerdo, cont\u00e1ndolo partir del mes de junio. Y, con base en lo se\u00f1alado este, este este despacho (\u2026) resuelve confirmar en todas y cada una de sus partes el acuerdo de la organizaci\u00f3n que obran en el expediente el cual fue presentado el d\u00eda 24\/02\/2020., conforme lo expresado en la parte motiva de esta providencia (\u2026)\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
Seguidamente, la apoderada del Banco Agrario S.A. formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, en subsidio de apelaci\u00f3n, contra la citada resoluci\u00f3n aprobatoria, porque, a su juicio, se deb\u00eda revocar, para en su lugar conceder el t\u00e9rmino que prev\u00e9 el inciso 2 del art\u00edculo 35 de la Ley 1116 de 2006 \u00abpara modificar el acuerdo\u00bb, pero el despacho denunciado rechaz\u00f3 dichas defensas por improcedentes, en tanto que \u00abel art\u00edculo 35 [inciso 3] de la Ley 1116 establece que efectivamente no existe recurso alguno contra esta decisi\u00f3n a la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
Bajo el panorama que antecede, dimana di\u00e1fano que, dadas las particularidades del asunto \u2013en tanto la tardanza en adelantar la diligencia de confirmaci\u00f3n se debi\u00f3 a las particulares circunstancias de salud p\u00fablica, la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos y la digitalizaci\u00f3n de los expedientes\u2013, al juez de la causa correspondi\u00f3 decidir sobre la confirmaci\u00f3n o no del acuerdo en condiciones de especial dificultad, teniendo en cuenta que la finalidad de la citada normativa es \u00abla protecci\u00f3n del cr\u00e9dito y la recuperaci\u00f3n y conservaci\u00f3n de la empresa como unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica y fuente generadora de empleo, a trav\u00e9s de los procesos de reorganizaci\u00f3n y de liquidaci\u00f3n judicial, siempre bajo el criterio de agregaci\u00f3n de valor\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la entidad censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sublite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La decisi\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia impugnada y, por tanto, las \u00f3rdenes all\u00ed impartidas. <\/p>\n
En su lugar, NIEGA la protecci\u00f3n deprecada a trav\u00e9s de este amparo por el Banco Agrario de Colombia S.A., por las razones expuestas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10517-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC10517-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 15001-22-13-000-2021-00072-01 (Aprobado en Sala de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 12 de julio 2021, proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56433","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56433","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56433"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56433\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56433"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56433"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56433"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}