STC10518-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10518-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 47001-22-13-000-2021-00252-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 30 de julio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en la tutela que Elizabeth Molina Campo le instaur\u00f3 a los Juzgados Quinto Civil Municipal y Tercero Civil del Circuito de esa urbe, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2021-00234. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abigualdad\u00bb, y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara \u00abdeclarar la nulidad de las sentencias de fecha 11 de mayo de 2021 emanada del Juzgado 5 Civil Municipal y la sentencia de fecha 7 de julio de 2021 del Juzgado 3 Civil Circuito, por desconocer el precedente T-155 de 2019\u00bb. <\/p>\n
En respaldo sostuvo que el Juzgado Quinto Civil Municipal de Santa Marta neg\u00f3 el amparo que interpuso en contra de Rafael Alejandro Mart\u00ednez y Carlos Eduardo Caicedo Omar por se\u00f1alarla falsamente de \u201cpertenecer a un cartel de la salud y que hace presi\u00f3n al Gobernador\u201d, tras estimar que \u201clas acusaciones realizadas por los demandados son tolerables para aquellos que en funci\u00f3n de un cargo p\u00fablico, son visibles ante la sociedad de modo que sus actos acertados o no tienden a ser criticados o avalados, coligi\u00e9ndose que se tratan de discursos pol\u00edticos y lo que ah\u00ed se\u00f1alan son declaraciones con tendencia pol\u00edtica local en el departamento del Magdalena\u201d (11 may. 2021). <\/p>\n
Indic\u00f3 que, mediante sentencia de 7 de julio, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad confirm\u00f3 en su integridad la anterior determinaci\u00f3n, \u201cpese a reconocer que los accionados vinculan a la Diputada a un cartel de la salud sin haber sido condenada. Esos se\u00f1alamientos calumniosos e injuriosos los realizan con ocasi\u00f3n al cargo que ocupa (\u2026)\u201d y, que, por ser diputada tiene un mayor umbral de tolerancia al estar expuesta al escrutinio p\u00fablico y la cr\u00edtica, \u00abpero que en ning\u00fan momento puede pasar el l\u00edmite de se\u00f1alarla de cometer delitos y mucho menos pertenecer a un cartel de la salud\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que, se debe dar cumplimiento al precedente constitucional relativo a la libertad de expresi\u00f3n frente a la presunci\u00f3n de inocencia, por lo que esa \u00abinaplicabilidad desconoce el acceso a la administraci\u00f3n de justicia en condiciones de igualdad\u201d. <\/p>\n
2.- El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta manifest\u00f3 que los razonamientos para la expedici\u00f3n del veredicto de segunda instancia \u201cfueron fruto del an\u00e1lisis serio y mesurado del acervo probatorio allegado a la actuaci\u00f3n, as\u00ed como de la normatividad vigente y jurisprudencia aplicable al caso en concreto\u201d, sin que ello se traduzca en la trasgresi\u00f3n que se le enrostra. <\/p>\n
El Quinto Civil Municipal relat\u00f3 el tr\u00e1mite surtido en el ruego objetado y aleg\u00f3 la inviabilidad de la salvaguarda, dado que \u00abla actora (\u2026) debi\u00f3 insistir fundadamente ante la Corte Constitucional para que esta revisara la actuaci\u00f3n de los juzgados accionados y no poner en marcha el aparato judicial nuevamente, desprendi\u00e9ndose que la ciudadana no agot\u00f3 todos los medios de defensa judicial puestos a su alcance por el legislador\u00bb. <\/p>\n
La Gobernaci\u00f3n del Departamento de Magdalena resalt\u00f3 la improcedencia del auxilio, entre otras cosas, porque \u00ablas sentencias emitidas han sido el resultado del v\u00e1lido ejercicio del criterio profesional y judicial, estando enmarcadas dentro de par\u00e1metros de razonabilidad y exentas de arbitrariedad\u00bb. Adem\u00e1s, que \u201cla acci\u00f3n de tutela no cumple con los requisitos de viabilidad excepcional contra fallos de amparo, [por lo] que no puede ser procedente sin detenerse a verificar si se ha surtido o no el tr\u00e1mite de eventual revisi\u00f3n o si la se\u00f1ora Elizabeth Campo ha solicitado la selecci\u00f3n de su caso ante la Corte\u201d. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo no accedi\u00f3 al resguardo, porque \u00abla tutelante cuenta con otro medio para conseguir sus ruegos como es la revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, luego la determinaci\u00f3n no ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
2.- Impugn\u00f3 la precursora sin esgrimir los argumentos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Delanteramente, se advierte el decaimiento de la guarda superlativa y, por consiguiente, la ratificaci\u00f3n del fallo recurrido por los motivos que a continuaci\u00f3n se enlistan. <\/p>\n
En lo que concierne con las sentencias dictadas en ambas instancias en la \u00abtutela n\u00ba 2021-00234\u00bb, vislumbra la Sala que el an\u00e1lisis de fondo de la queja se torna impr\u00f3spero, porque: a) La \u00abtutela contra tutela es improcedente\u00bb, salvo cuando en el procedimiento seguido se desconozca de manera flagrante la \u00abgarant\u00eda al debido proceso\u00bb, esto es, cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb (STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 en. 2010, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021) y, b) En el sub judice lo que controvierte Molina Campo no es la falta o indebida notificaci\u00f3n o integraci\u00f3n del contradictorio, sino el sentido desfavorable a sus intereses de los prove\u00eddos all\u00ed emitidos. <\/p>\n
Adicionalmente, y seg\u00fan se pudo verificar en el sistema de consulta de la Corte Constitucional, no se ha surtido la revisi\u00f3n de la sentencia del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta (rad. 2021-00234), am\u00e9n que nada impide que, por las circunstancias aqu\u00ed denunciadas, la censora requiera la selecci\u00f3n de dicho expediente para el referido rito y, en caso de no ser elegido haga uso del \u201cderecho o facultad de insistencia\u201d, primero de tales remedios sobre el que ha establecido esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992), STC 7 nov. 2012, exp. 20141-00, reiterada en STC10007-2020 y STC8657-2021 (Subraya la Sala). <\/p>\n
De ah\u00ed que, hasta cuando se decida si se selecciona o no la actuaci\u00f3n tutelar reprochada, esta Corte est\u00e1 inhabilitada para evaluar anticipadamente la legalidad o no de la resoluci\u00f3n all\u00ed proferida, pues no se cumple con una de las exigencias establecidas para ello, esto es, la inexistencia de \u00abotro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, se avalar\u00e1 la providencia confutada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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