STC10520-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10520-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-01491-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 28 de julio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Jaime Alexander S\u00e1nchez S\u00e1nchez le instaur\u00f3 al Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, extensiva al Treinta y Siete de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de la misma ciudad, as\u00ed como a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 11001-31-03-027-2019-00703-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista pidi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abdefensa\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara al estrado acusado que \u00abdeclare la improcedencia del proceso ejecutivo, la existencia de cl\u00e1usula compromisoria y falta de jurisdicci\u00f3n y competencia (\u2026)\u00bb y, por tanto, \u00abrevoque el mandamiento de pago, las medidas cautelares y todas las providencias con las cuales vulner\u00f3 [sus] derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
En sustento, narr\u00f3 que el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, v\u00eda reposici\u00f3n, mantuvo inc\u00f3lume la orden de apremio que libr\u00f3 en su contra y a favor de Camilo Josu\u00e9 Castro (5 nov. 2019), as\u00ed como las excepciones previas que formul\u00f3, a saber, \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n y competencia, cl\u00e1usula compromisorio e inepta demanda\u00bb, (8 jun. 2021). <\/p>\n
Acus\u00f3 el aludido prove\u00eddo de incurrir en v\u00eda de hecho, por haber desconocido que: <\/p>\n
a) El juicio debe adelantarse ante el tribunal de arbitramento, en atenci\u00f3n a que se pact\u00f3 una \u00abcl\u00e1usula compromisoria\u00bb y la discusi\u00f3n que ha de zanjarse se circunscribe a establecer si el referido negocio jur\u00eddico se incumpli\u00f3 o no, \u00abpara que pueda determinar si existe el valor\u00bb reclamado, lo que corresponde a \u00abun proceso declarativo y no ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
b) El monto cobrado no es \u00abclaro\u00bb, dado que se encuentra demostrado que no adeuda suma alguna al ejecutante y, en tal virtud, los documentos aportados como base de la coacci\u00f3n \u00abno prestan m\u00e9rito ejecutivo\u00bb por no cumplir los requisitos legales. <\/p>\n
c) El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el 8 de mayo de 2019, hab\u00eda denegado el mandamiento de pago cuestionado (rad. 2019-00276-00), al evidenciar que el \u00abt\u00edtulo ejecutivo no era claro\u00bb, en tanto \u00aben un aparte se menciona que se trata sobre la venta de la cesi\u00f3n de un leasing firmado con Bancolombia, y en otro respecto de la venta de un bien inmueble\u00bb. <\/p>\n
d) Con la situaci\u00f3n descrita se le est\u00e1 ocasionando un \u00abperjuicio irremediable\u00bb, ya que sus bienes han sido embargados y secuestrados. <\/p>\n
2.- El Juzgado Treinta y Siete de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que adelant\u00f3 la diligencia de secuestro del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 50N-337385, puesto que la autoridad judicial que resolvi\u00f3 el amparo incoado por el precursor no mand\u00f3 suspenderla (rad. 2020-01495). <\/p>\n
El Veintisiete Civil del Circuito inform\u00f3 que el 21 de julio pasado accedi\u00f3 a la cauci\u00f3n que elev\u00f3 el \u00abejecutado\u00bb en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 599 del C.G.P., por lo que la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro que plante\u00f3 y los \u00abotros tr\u00e1mites quedan sujetos al cumplimiento de dicho prove\u00eddo\u00bb. <\/p>\n
Camilo Josu\u00e9 Castro (ejecutante) destac\u00f3 la improcedencia del auxilio, comoquiera que no cumple el presupuesto de la subsidiaridad, pues el interesado puede \u00abejercer sus defensas frente a la obligaci\u00f3n ejecutada\u00bb y las medidas cautelares a trav\u00e9s de los recursos de ley y excepciones de m\u00e9rito, a m\u00e1s que de acuerdo con lo previsto en la Ley 1563 de 2012 los \u00e1rbitros no est\u00e1n facultados para adelantar litigios ejecutivos. <\/p>\n
3.- El a quo desestim\u00f3 el resguardo, porque: i) Al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 43 ib\u00eddem, los \u00e1rbitros no \u00abest\u00e1n facultados para ejecutar sus propios fallos\u00bb ni \u00ablos distintitos cobros forzados que se ocasionen con base en t\u00edtulos ejecutivos contenidos, como en este caso, en contratos suscritos entre las partes, muy a pesar de la existencia o no, de una cl\u00e1usula compromisoria\u00bb; ii) El \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb contiene una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible proveniente del deudor; iii) La demanda \u00abre\u00fane los requisitos legales\u00bb y, iv) El accionante cuenta con \u00absendos recursos de defensa judicial que podr\u00e1 desplegar dentro de la acci\u00f3n ejecutiva\u00bb para garantizar las prerrogativas supralegales que suplica. <\/p>\n
4.- Jaime Alexander impugn\u00f3, insistiendo en que lo procedente es iniciar un \u00abproceso declarativo para dirimir las diferencias derivadas del contrato celebrado\u00bb, y agreg\u00f3 que agot\u00f3 todos \u00ablos medios de defensa\u00bb que ten\u00eda a su alcance para contrarrestar la transgresi\u00f3n denunciada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Delanteramente, se advierte el decaimiento de la \u00abtutela\u00bb, por cuanto en el sub examine se avizora que el pronunciamiento del Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 (8 jun. 2021) que convalid\u00f3 el de 5 de noviembre de 2019, no luce antojadizo, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 \u00abrazonablemente\u00bb las documentales que soportaron el juico coercitivo, confront\u00e1ndolas con los preceptos que las rigen <\/p>\n
En efecto, para llegar a dicha conclusi\u00f3n, precis\u00f3 que no es propio del \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb contra la orden de pago el argumento expuesto por el recurrente, ni lo concerniente a \u00abno encontrarse demostrado que el demandado haya incumplido las obligaciones contenidas en el t\u00edtulo ejecutivo\u00bb, puesto que versa sobre \u00abasuntos de fondo que deben proponerse mediante exceptivas de fondo\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, y en punto a la \u00abexcepci\u00f3n previa de falta de jurisdicci\u00f3n\u00bb, asever\u00f3 que el sub judice fue \u00absometi\u00f3 a consideraci\u00f3n de la autoridad que ejerce jurisdicci\u00f3n por ministerio de la ley\u00bb, si se tiene en cuenta que <\/p>\n
(\u2026) el arbitraje se rige por la ley 1563 de 2012 y surge de un negocio jur\u00eddico privado, que otorga a particulares -\u00e1rbitros- la facultad de administrar justicia de manera transitoria; sin embargo, no se encuentran facultados para tramitar procesos ejecutivos porque esa funci\u00f3n es propia de la jurisdicci\u00f3n ordinaria civil, por que en el presente asunto se parte de un t\u00edtulo ejecutivo claro, expreso y exigible proveniente del deudor premisas establecidas en el art. 422 del CGP. m\u00e1s no se trata de un proceso declarativo. <\/p>\n
Luego, coligi\u00f3 que tampoco se configur\u00f3 la denominada \u00abcl\u00e1usula compromisoria\u00bb, en tanto \u00abno es aplicable en el presente asunto\u00bb por encontrarse en curso \u00abun proceso ejecutivo y no declarativo\u00bb. <\/p>\n
Ahora, en relaci\u00f3n con la llamada \u00abfalta de competencia\u00bb, asegur\u00f3 que \u00abse presenta cuando el conocimiento del proceso corresponde a una autoridad diferente de la misma rama, la que es igualmente asignada por la ley, siguiendo los fueros o factores que la determinan\u00bb, a saber, \u00abel objetivo, el subjetivo, el funcional, el territorial y el de conexi\u00f3n\u00bb, seg\u00fan los cuales, luego de explicarlos, concluy\u00f3 que \u00abla competencia radica en este juzgado\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, y frente a la \u00abinepta demanda\u00bb sostuvo <\/p>\n
(\u2026) tiene lugar cuando la demanda no re\u00fana los requisitos que la ley se\u00f1ala para toda demanda (arts. 82 y ss del CGP) o los especiales para ciertas demandas [422 ib\u00eddem] (\u2026). <\/p>\n
Por tanto, para librar el mandamiento ejecutivo debe determinarse si el t\u00edtulo ejecutivo cumple con los requisitos formales y sustanciales, se\u00f1alando la jurisprudencia que los requisitos formales consisten en que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligaci\u00f3n sean aut\u00e9nticos y emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el Juez o Tribunal de cualquier jurisdicci\u00f3n, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de un acto administrativo debidamente ejecutoriado y los requisitos sustanciales se traducen en que las obligaciones que se acrediten a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o del causante, sean claras, expresas y exigibles (\u2026). <\/p>\n
Por consiguiente, tra\u00eddos los anteriores conceptos al contenido del contrato materia de recaudo ejecutivo, se encuentran reunidos los requisitos. <\/p>\n
Igualmente, revisada la demanda, se encuentra que re\u00fane los requisitos legales, sin que se encuentre demostrado que se haya incurrido en las omisiones e imprecisiones aludidas por la recurrente. <\/p>\n
2.- En ese orden, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere el sedicente, quien busca imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la pugna, sin que dicha pretensi\u00f3n se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo objetivo tuitivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
3.- De otro lado, se enfatiza que la resoluci\u00f3n de las excepciones meritorias y la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro se encuentra en tr\u00e1mite y ha de ser dilucidada por el cognoscente, sin que a trav\u00e9s de esta especial v\u00eda pueda soslayarse tales herramientas legales, decisiones frente a las cuales podr\u00e1 hacer valer su \u00abderecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb mediante el ejercicio de los medios de impugnaci\u00f3n previstos en el ordenamiento jur\u00eddico. Situaci\u00f3n que se destaca, refuerza la inviabilidad de la guarda. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que esta Colegiatura ha insistido, que <\/p>\n
\u201c(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC8897-2017, STC10432-2017 y STC6904-2020, entre otras). <\/p>\n
4.- Adicionalmente, y no obstante que el gestor manifiesta que los hechos puestos de presente le est\u00e1n ocasionado un perjuicio irremediable, se vislumbra que ello no va m\u00e1s all\u00e1 de ser un enunciado, al paso que no acredit\u00f3 la gravedad de lo acontecido, la inminencia del da\u00f1o, ni la impostergabilidad de las medidas anheladas, de cara a los \u00abmedios de defensa\u00bb que est\u00e1n pendientes de desatar, esto es, las excepciones meritorias y la oposici\u00f3n a la diligencia de secuestro, que resultan ser id\u00f3neos y aptos para obtener la guarda instada. <\/p>\n
Respecto al perjuicio irremediable, esta Corte ha ense\u00f1ado, que: <\/p>\n
(\u2026) sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, 11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada en STC1782-2014, 20 feb. rad 00140-01 y STC15617-2014, 13 nov rad. 00349-01, STC15930-2018, y STC3455-2020). <\/p>\n
5.- As\u00ed las cosas, se ratificar\u00e1 el veredicto fustigado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10520-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC10520-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-01491-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 28 de julio de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56436","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56436","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56436"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56436\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56436"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56436"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56436"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}