STC10522-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10522-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-04-000-2021-00706-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de abril de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Zoila Rosa Vargas Becerra contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad, y la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, as\u00ed como las partes y los intervinientes del proceso declarativo laboral a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, los cuales estima vulnerados por la autoridad judicial convocada, con la providencia SL375-2021 del 15 de febrero de los corrientes, a trav\u00e9s de la cual se dispuso no casar la sentencia de segunda instancia mediante la cual se confirm\u00f3 el fallo de primer grado desestimatorio de las pretensiones que elev\u00f3 la aqu\u00ed interesada en contra de Colpensiones. <\/p>\n
Por tal motivo solicita que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, dejando sin valor ni efecto la memorada determinaci\u00f3n, y en consecuencia, ordenar a la Sala de Descongesti\u00f3n convocada, \u00abse disponga CASAR la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el 31 de enero de 2017, dentro del proceso ordinario laboral [memorado]\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento de tales pedimentos, y luego de hacer una s\u00edntesis cronol\u00f3gica del tr\u00e1mite adelantado en desarrollo de la contienda ordinaria laboral que adelant\u00f3 para que se ordenara a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, en virtud del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993, a partir del 17 de septiembre de 2005, as\u00ed como los intereses moratorios contemplados en el precepto 141 de la misma ley, adem\u00e1s de los incrementos pensionales por tener un compa\u00f1ero permanente a cargo, y la indexaci\u00f3n de las sumas objeto de condena, aleg\u00f3 la inconforme que con lo resuelto por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la providencia memorada, \u00abno solo [se] est\u00e1 vulnerado el precedente respecto de las cotizaciones en mora, sino que se desconoce que (\u2026) no (\u2026) imagine [su] relaci\u00f3n laboral y posterior afiliaci\u00f3n al fondo de pensiones [desde el] 1-sept- 89, [pues] fue el ISS hoy Colpensiones, quien acept\u00f3 [su] ingreso al Sistema, incluso registr\u00f3 el reporte de cambio de salarios en [los] a\u00f1o[s] 1990, 1991 y luego [su] retiro el 30-may-91 y report\u00f3 mora del 1-sep-89 al 30-mayo-91 (\u2026) a cargo de Di\u00f3genes Beltr\u00e1n\u00bb; adem\u00e1s, que tampoco se tuvo en cuenta que \u00ab[d]espu\u00e9s de m\u00e1s de 15 a\u00f1os, sin ninguna gesti\u00f3n por parte del fondo de pensiones para cobrar la mora, se [le] est\u00e1 trasladando la culpa (\u2026) como afiliada dependiente, utilizando los documentos que Colpensiones ha debido verificar 15 a\u00f1os atr\u00e1s; (\u2026) por su dejadez de cumplir en esa fecha las obligaciones que ten\u00eda cargo, hoy [le exige] una prueba imposible de acatar, pues el se\u00f1or Di\u00f3genes Beltr\u00e1n falleci\u00f3\u00bb, circunstancias que no fueron reconocidas por ninguna de las instancias, motivo por el cual acude a la presente v\u00eda residual, toda vez que no cuenta con otra herramienta judicial para salvaguardar los bienes jur\u00eddicos primarios invocados. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
a. El Magistrado ponente de la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, hizo \u00e9nfasis en que, contrario a lo alegado por la accionante, la determinaci\u00f3n criticada se ci\u00f1\u00f3 a los lineamientos jurisprudenciales de la Sala Laboral permanente de esta Corporaci\u00f3n sobre la materia, adem\u00e1s de indicar que \u00abno se incurri\u00f3 en causal de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, soportada en la configuraci\u00f3n de defectos f\u00e1cticos o sustantivos, porque lo pretendido por la demandante fue el reconocimiento de una pensi\u00f3n de vejez, la cual necesariamente se causa, por la consolidaci\u00f3n de unas semanas m\u00ednimas de cotizaci\u00f3n; para ello, la actora aleg\u00f3 desde el libelo introductorio, que labor\u00f3 para un empleador, llamado Di\u00f3genes Beltr\u00e1n Vel\u00e1squez bajo el n\u00famero patronal 06026102286, del 1\u00ba de septiembre de 1988 hasta el 30 de mayo de 1991, el cual incurri\u00f3 en mora respecto del per\u00edodo comprendido entre el 31 de agosto de 1989 y el 30 de mayo de 1991, cuando realiz\u00f3 la desafiliaci\u00f3n del sistema. <\/p>\n
Por otra parte indic\u00f3, que el alegato sobre que \u00abno le es dable al asegurado soportar las consecuencias de la omisi\u00f3n en el pago de los aportes por parte del empleador, ello en raz\u00f3n de la naturaleza del derecho a la seguridad social en pensiones, lo cierto es que estim\u00f3, que es supuesto indefectible para su procedencia, la certeza de que por lo menos existi\u00f3 prestaci\u00f3n de servicios para ese empleador por el per\u00edodo en el que echan de menos las cotizaciones\u00bb. <\/p>\n
Que por lo anterior, el amparo deprecado debe desestimarse, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretende la accionante es hacer que predomine su interpretaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n recaudados a la efectuada por la Corte, situaci\u00f3n que no se acompasa a los lineamientos que gobiernan esta especial\u00edsima acci\u00f3n. <\/p>\n
b. Por su parte, el Magistrado Sustanciador de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 dijo, que \u00ab[a]l revisarse la solicitud de amparo se verifica que ella no permite evidenciar que la providencia objeto de censura contenga un conjunto de defectos que justifiquen la procedencia de la acci\u00f3n constitucional para que se protejan los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, dado que no se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho y, por lo mismo, no es posible enmarcar el presente asunto dentro de las causales de procedibilidad se\u00f1aladas para tal efecto por la jurisprudencia constitucional en la Sentencia C-590 de 2005\u00bb. <\/p>\n
c. A su turno, la Secretaria del Juzgado Diecinueve Laboral de esta capital, simplemente hizo referencia a las instancias surtidas en el juicio ordinario objeto de an\u00e1lisis, sin efectuar ning\u00fan pronunciamiento acerca de los hechos y pretensiones anotados en el escrito inicial. <\/p>\n
d. Finalmente, tanto el Coordinador del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n Fiduagraria S.A., como la Directora del Grupo de Acciones Constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones, coincidieron en solicitar la denegatoria de la protecci\u00f3n inquirida, luego de se\u00f1alar que la determinaci\u00f3n confutada de la que se duele la quejosa no padece de ninguno de los defectos se\u00f1alados por la jurisprudencia constitucional para la viabilidad de la presente acci\u00f3n, m\u00e1xime cuando la misma no puede convertirse en una tercera instancia. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo invocado, tras advertir, en principio, que no \u00abse verifica la existencia de alg\u00fan defecto espec\u00edfico que habilite el amparo anhelado y con ello la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que, de la lectura de la decisi\u00f3n dictada la por Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala Casaci\u00f3n Laboral, con facilidad se puede apreciar que, contrario al parecer de la demandante, se resolvi\u00f3 el asunto sometido a su consideraci\u00f3n de manera razonada y conforme al pormenorizado an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n y normatividad aplicable. <\/p>\n
En efecto, toda la discusi\u00f3n planteada por la accionante gira en torno de la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas al expediente por parte de los juzgadores, donde se concluy\u00f3 que a pesar de ser beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, no re\u00fane 500 semanas cotizadas dentro de los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad exigidas por el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, pues contaba con 482.52, para obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n deprecada, todo en raz\u00f3n a que no acredit\u00f3 haber laborado en el lapso comprendido entre el 17 de septiembre de 1990 al 30 de mayo de 1991, y de lo cual \u00e9sta se duele al estimar que de haberse efectuado un adecuado examen de los elementos de juicio aportados, se habr\u00eda arriba a una conclusi\u00f3n distinta\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al \u00abtras cotejar el escrito de tutela con los argumentos aludidos en la demanda de casaci\u00f3n, f\u00e1cil resulta advertir que se trata de similar controversia y por ello de entrada puede afirmarse que la intenci\u00f3n no es otra que, so pretexto de la vulneraci\u00f3n de los derechos de orden superior, reabrir un debate ya finiquitado dentro del respectivo proceso y por las autoridades judiciales competentes, lo cual no es dable aceptarse por v\u00eda de tutela, menos cuando de la lectura de la decisi\u00f3n dictada la por Sala de Casaci\u00f3n Laboral, con facilidad se puede apreciar que se resolvi\u00f3 el asunto sometido a su consideraci\u00f3n de manera razonada, d\u00e1ndose cabal respuesta a los cuestionamientos planteados por el casacionista. <\/p>\n
Seg\u00fan se dej\u00f3 consignado en el texto de la decisi\u00f3n censurada, contrario al parecer de la accionante, la Sala dio contestaci\u00f3n a los diferentes errores que el recurrente le endilg\u00f3 a la sentencia de segundo grado, y para ello analiz\u00f3 los elementos de pruebas que fueron allegados al expediente, concluyendo de \u00e9l, al igual que lo hizo el Tribunal, que la parte accionante no demostr\u00f3 una prestaci\u00f3n del servicio en el per\u00edodo causado entre el 17 de septiembre de 1990 y el 30 de mayo de 1991, y por ello no pod\u00eda ser considerado a su favor. <\/p>\n
Estudio que deja entrever, adem\u00e1s, que no se desconoci\u00f3 el precedente judicial relativo a las acciones que deben adelantar las administradoras de fondos de pensiones para el cobro de las mesadas en mora, pues esa no es carga del empleado, sino que deb\u00eda establecerse con la suficiente claridad que el servicio fue prestado para el empleador durante el lapso que se echan de menos las cotizaciones, que fue precisamente el presupuesto no acreditado en el caso en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora del amparo recurri\u00f3 el anterior fallo, luego de aducir como motivo de su descontento, similares argumentos a los esbozados en la demanda de amparo, adem\u00e1s de alegar que \u00ab[n]o es cierto, que la discusi\u00f3n gire extorno exclusivo de las pruebas allegadas al expediente en instancias, por cuanto incluso el tema de la mora del empleador que es la raz\u00f3n de ser de la tutela, fue un aspecto indiscutido por las partes en instancias, se omiti\u00f3 en el an\u00e1lisis de la tutela que justamente en tal sentido se trasgrede lo indicado por la Corte Constitucional y por la misma Sala Laboral de la Corte en torno a la mora del empleador\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, se concluye con vista en los elementos de juicio militantes en el expediente digital, que el amparo resulta improcedente, tal y como lo consider\u00f3 el juez constitucional de primer grado, comoquiera que las cuestiones planteadas por la inconforme resultan ajenas al campo de acci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que el razonamiento realizado por esta Corporaci\u00f3n en v\u00eda del mentado recurso extraordinario, de manera alguna resulta arbitrario o caprichoso, lo cual excluye la posible ocurrencia de causal de procedencia del amparo y deja sin piso la acusaci\u00f3n de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
2.1. Ciertamente, en punto del \u00fanico de los cargos interpuestos por la se\u00f1ora Zoila Rosa Vargas Becerra, relativo a que la sentencia de segundo grado atacada, estimatoria de las pretensiones de la aqu\u00ed interesada, transgredi\u00f3 por la v\u00eda indirecta los art\u00edculos 22, 24 y 36 de la Ley 100 de 1993, as\u00ed como los preceptos 12, 21, 22 y 45 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el art. 1\u00b0 del Decreto 758 del mismo a\u00f1o, por cuanto: <\/p>\n
a.) Se tuvo por no demostrada la prestaci\u00f3n del servicio por parte de la demandante entre el 17 de septiembre de 1990 al 30 de mayo de 1991; b.) no tener en cuenta que \u00abla historia laboral de la demandante acredita que el 1o de septiembre de 1988 se registr\u00f3 novedad de ingreso bajo el n\u00famero patronal 06026102286, y que el reporte de retiro de este mismo empleador se produjo el 30 de mayo de 1991, sin que se hubiese reportado al sistema alguna otra novedad dentro de ese per\u00edodo de tiempo\u00bb; c.) \u00ab[n]o dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que Colpensiones acept\u00f3 que \u2018[l]a Historia Laboral registra deuda con el empleador DI\u00d3GENES BELTRAN VEL\u00c1SQUEZ con No. Patronal 06026102286 del 1989-09 al 1991-05\u2019\u00bb; d.) pasar por alto que \u00abdentro del hist\u00f3rico de propietarios del establecimiento comercial \u2018Consignataria La Dorada\u2019 se encuentra el se\u00f1or Di\u00f3genes Beltr\u00e1n Vel\u00e1squez y el \u00faltimo de ellos lo fue el se\u00f1or Jorge Evelio Vargas Bruce, lo que justifica el hecho de que \u00e9ste \u00faltimo se\u00f1or haya sido quien expidi\u00f3 el referido certificado porque realmente le constaba la prestaci\u00f3n de servicio de la se\u00f1ora Zoila a la \u2018Consignataria La Dorada\u2019\u00bb; e.) inadvertir que \u00abla solicitud de [la demandante] de asumir la deuda en el pago de aportes del se\u00f1or Di\u00f3genes Beltr\u00e1n en virtud del Acuerdo 027 de 1993 \u2018por desaparecimiento de la empresa y muerte de su representante legal\u2019, Colpensiones le exigi\u00f3 allegar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la persona jur\u00eddica que se reportaba como empleadora incumplida as\u00ed como la certificaci\u00f3n expedida por el liquidador o representante legal del empleador, motivo que la condujo a acudir al se\u00f1or Jorge Evelio Vargas Bruce quien figura como \u00faltimo propietario de la \u2018Consignataria La Dorada\u2019 donde labor\u00f3, en raz\u00f3n de que el se\u00f1or Di\u00f3genes hab\u00eda muerto el 5 de diciembre de 2008\u00bb y, f.) no tener por probado, que \u00abColpensiones conoc\u00eda la mora patronal del se\u00f1or Di\u00f3genes Beltr\u00e1n por las cotizaciones comprendidas entre septiembre de 1989 y mayo de 1991 y a pesar de ello nunca lo requiri\u00f3 en mora, perjudicando gravemente los derechos prestacionales de la demandante quien a la fecha no se ha podido pensionar\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed entonces, empez\u00f3 por se\u00f1alar el \u00f3rgano de cierre en materia laboral, que \u00ab[p]ese a que la senda escogida fue la indirecta, debe decirse que en las instancias quedaron acreditados los siguientes supuestos f\u00e1cticos: (i) que Zoila Rosa Vargas Becerra naci\u00f3 el 17 de septiembre de 1950, por lo que arrib\u00f3 a los 55 a\u00f1os de edad el mismo d\u00eda y mes del a\u00f1o 2005; (ii) que efectu\u00f3 cotizaciones al ISS para los riesgos de IVM desde el a\u00f1o 1975; (iii) que es beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993; y, (iv) que elev\u00f3 solicitud pensional ante la entidad de seguridad social el 20 de septiembre de 2005, la cual le fue negada a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 006540 del 28 de junio de 2006, bajo el argumento de no cumplir con la densidad de cotizaciones\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
I. Por lo anterior, indic\u00f3 que \u00abel problema jur\u00eddico se orienta a determinar, si se equivoc\u00f3 el juez plural, al concluir que el per\u00edodo causado entre el 17 de septiembre de 1990 y el 30 de mayo de 1991, no deb\u00eda ser considerado para el reconocimiento pensional\u00bb, y que como \u00abel cargo se fund\u00f3 en la senda indirecta, vale recordar, de conformidad con lo normado en el art\u00edculo 7 de la Ley 16 de 1969 modificatorio del 23 de la Ley 16 de 1968, que para que se configure el error de hecho es indispensable que venga acompa\u00f1ado de las razones que lo demuestran, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta; y adem\u00e1s, como lo ha dicho de vieja data la corte, que provenga de manera evidente de alguna de los medios calificados, esto es, de prueba documental, de una confesi\u00f3n judicial o de la inspecci\u00f3n judicial\u00bb, motivo por el cual, \u00abno es cualquier desacierto el que puede dar lugar a la anulaci\u00f3n de lo resuelto por el juez de segunda instancia, en tanto, son solo aquellos errores que provienen de la lectura abiertamente equivocada de un medio probatorio, esto es, que tenga la connotaci\u00f3n de manifiesto y visiblemente contrario a lo que objetivamente muestran las pruebas del proceso\u00bb. <\/p>\n
2.3. Prosigui\u00f3 con el an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n denunciados como indebidamente valorados, adem\u00e1s de los que supuestamente ni siquiera fueron analizados, frente a los cuales apunt\u00f3, lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab[e]n efecto, el documento que reposa a folios 21 y 22, contentivo de la relaci\u00f3n de novedades registradas, da cuenta de que la demandante fue afiliada al ISS para los riesgos de IVM, a trav\u00e9s del n\u00famero patronal 06026102286, con la raz\u00f3n social \u00abBELTRAN (sic) VELASQUEZ (sic) DIOGENES (sic)\u00bb el 1\u00ba de septiembre de 1988, luego se report\u00f3 un cambio de salario el 1\u00ba de enero de 1989, as\u00ed como pagos efectuados hasta el 31 de agosto siguiente, cambios de salarios el 1\u00ba de enero de 1990 y el 1\u00ba de enero de 1991, y por \u00faltimo, el retiro el 30 de mayo de este a\u00f1o. <\/p>\n
Por su parte, en el expediente administrativo de la asegurada, que reposa a folios 67, se encuentran dos certificados de matr\u00edcula mercantil expedidos por la C\u00e1mara de Comercio de Duitama, que dan cuenta de que Di\u00f3genes Beltr\u00e1n Vel\u00e1squez estuvo matriculado en ese registro del 16 de febrero de 1979 al 7 de julio de 1986, bajo el n\u00famero 011802-A, con un establecimiento comercial denominado \u00abCONSIGNATARIA LA DORADA\u00bb, matr\u00edcula que fue cancelada el 14 de abril de 1989, inscrita el d\u00eda 19 del mismo mes y a\u00f1o, apareciendo dentro del hist\u00f3rico de propietarios de este, Di\u00f3genes Beltr\u00e1n Vel\u00e1squez, y como \u00faltimo, Jorge Evelio Vargas Bruce. <\/p>\n
Entre las comunicaciones acusadas como no apreciadas, que tambi\u00e9n hacen parte del expediente administrativo, se encuentran la del 26 de julio de 2013, emitida por la demandante, por medio de la cual solicit\u00f3 asumir la deuda en el pago de los aportes del se\u00f1or Beltr\u00e1n Vel\u00e1squez, \u00abpor desaparecimiento de la empresa y muerte de su representante legal\u00bb; y, las expedidas por Colpensiones, que datan del 20 de septiembre de 2013 y 13 de febrero de 2015, en la primera, la entidad le informa a la se\u00f1ora Vargas Becerra el proceso de recuperaci\u00f3n de semanas, y en la segunda, se expresa: <\/p>\n
La Historia Laboral registra deuda con el empleador DI\u00d3GENES BELTRAN (sic) VEL\u00c1SQUEZ con No. Patronal 06026102286 del 1989-09 al 1991-05. Sin embargo, el Certificado de Matricula (sic) Mercantil corresponde a la raz\u00f3n social CONSIGNATARIA LA DORADA, quien no presenta deuda en las bases de datos. <\/p>\n
Tales pruebas en efecto dan cuenta de que la demandante fue afiliada por su empleador Di\u00f3genes Beltr\u00e1n Vel\u00e1squez, con n\u00famero patronal 06026102286, el 1\u00ba de septiembre de 1988, y que se realizaron cotizaciones hasta el 31 de agosto de 1989; igualmente, que se reporta el retiro a trav\u00e9s de ese empleador, el 30 de mayo de 1991. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que en el tr\u00e1mite de recuperaci\u00f3n de semanas adelantado por la actora ante el ISS, arrim\u00f3 dos registros mercantiles expedidos por la C\u00e1mara de Comercio de Duitama, relacionados con el se\u00f1or Beltr\u00e1n Vel\u00e1squez, uno del 16 de febrero de 1979 al 7 de julio de 1986, y otro matriculado bajo el n\u00famero 011802-A del 7 de julio de 1986, del establecimiento de comercio denominado \u00abCONSIGNATARIA LA DORADA\u00bb, en el cual dicho se\u00f1or aparece en el hist\u00f3rico de propietarios, registro que fue cancelado el 14 de abril de 1989, inscrito el d\u00eda 19 del mismo mes y a\u00f1o; lo anterior significa que ninguno da cuenta de la existencia como comerciante del referido se\u00f1or, fuere como persona natural o como propietario de establecimiento de comercio, con posterioridad al mes de abril de 1989, y precisamente el per\u00edodo que se le endilga en mora, es posterior a esa data, el comprendido del 17 de septiembre de 1990 al 30 de mayo de 1991. <\/p>\n
Por su parte, la certificaci\u00f3n del 4 de agosto de 2014, expedida por Jorge Evelio Vargas Bruce, que reposa en el expediente administrativo de la asegurada, que informa que aquella labor\u00f3 desde el 1\u00ba de septiembre de 1988 hasta el 30 de mayo de 1991, no puede ser analizada, en cuanto no es prueba calificada en casaci\u00f3n. Incluso admitiendo en gracia de discusi\u00f3n que lo fuera, considerando que este se\u00f1or aparece relacionado como \u00faltimo propietario del establecimiento de comercio mencionado, tampoco ofrece credibilidad; n\u00f3tese que all\u00ed se menciona que obra \u00ab[\u2026] en representaci\u00f3n legal de la Inmobiliaria compra y venta de inmuebles de propiedad del Se\u00f1or DIOGENES BELTRAN VELAZQUEZ (q.e.p.d.) [\u2026]\u00bb, es decir, que no puede establecerse en forma concreta si se trata de la \u00abCONSIGNATARIA LA DORADA\u00bb, tampoco hay elementos de juicio para concluir que aquel era el representante legal de la misma, y que realmente se estaba refiriendo al citado establecimiento, y muchos menos se explica, en raz\u00f3n de qu\u00e9 certifica respecto de per\u00edodos posteriores a la cancelaci\u00f3n del registro mercantil que tuvo lugar en el mes de abril de 1989. <\/p>\n
Dados los supuestos f\u00e1cticos presentes desde el libelo introductorio, en que la parte actora ten\u00eda conocimiento de ese per\u00edodo no cotizado al ISS para los riesgos de IVM, que en su sentir constitu\u00eda mora del empleador Di\u00f3genes Beltr\u00e1n Vel\u00e1squez, fuere como persona natural, o como propietario del establecimiento de comercio denominado \u00abCONSIGNATARIA LA DORADA\u00bb, y de las razones aducidas por la entidad de seguridad social dentro del tr\u00e1mite administrativo para no considerarlo como tal, su actividad probatoria de conformidad con lo dispuesto en el art. 177 del CPC, hoy 167 CGP, deb\u00eda dirigirse en esa l\u00ednea, acreditando la efectiva prestaci\u00f3n del servicio para el citado se\u00f1or en el per\u00edodo comprendido entre el 17 de septiembre de 1989 al 30 de mayo de 1991, para a partir de ah\u00ed, poder exig\u00edrsele a la entidad de seguridad social responsabilidad por el no ejercicio de las acciones de cobro previstas en los arts. 22 y 24 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
En consecuencia, ultim\u00f3 que \u00abel Tribunal profiri\u00f3 una decisi\u00f3n que estuvo ajustada a derecho, y con base en los elementos de convicci\u00f3n que fueron llevados a su conocimiento, dedujo que no acredit\u00f3 la actora la densidad de cotizaciones prevista en el art. 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, aplicable en virtud del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993; lo cual est\u00e1 amparado por el principio constitucional de la autonom\u00eda judicial y, mientras no exista un error protuberante en la decisi\u00f3n, no resulta pr\u00f3spero el ataque en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Ello encuentra respaldo, precisamente, en el art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que confiere al juzgador la posibilidad de formar libremente su convencimiento, \u00ab[\u2026] inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos que informan la cr\u00edtica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes\u00bb; sin someterse a una tarifa legal para la valoraci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
Sobre este particular la Sala tuvo la oportunidad de afirmar con antelaci\u00f3n en la providencia CSJ SL, 1\u00b0 feb. 2011, rad. 38336, que: <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha entendido que dentro del marco de libertad valorativa que el art\u00edculo 61 del ordenamiento adjetivo del trabajo le confiere, el fallador de instancia puede escoger cu\u00e1les de los elementos demostrativos incorporados al expediente le ofrecen mayor credibilidad, e incluso puede restarle todo m\u00e9rito de convicci\u00f3n a otros, sin que ello comporte una decisi\u00f3n discrecional equivocada, ni arbitraria. <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
En consecuencia, al no configurarse el error de hecho objeto de an\u00e1lisis, debe concluirse que no se dio por parte del sentenciador de segundo grado, una aplicaci\u00f3n indebida de las normas relacionadas en la proposici\u00f3n jur\u00eddica\u00bb, lo que desencaden\u00f3 la improsperidad del cargo. <\/p>\n
3. A la saz\u00f3n, y a diferencia de lo considerado por la gestora del amparo, lo determinado reposa sobre el contenido de los medios de convicci\u00f3n, a la par de un razonable entendimiento de los mismos, y la aplicaci\u00f3n de las normas aplicables a la materia, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo invocadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le abre paso al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, en tanto que tal y como lo dej\u00f3 anotado la Corporaci\u00f3n criticada en la sentencia debatida, se demostr\u00f3 con suficiencia, en \u00faltimas, que la accionante no cumple con los requisitos se\u00f1alados por el legislador para hacerse beneficiaria de la pensi\u00f3n deprecada, m\u00e1s exactamente, con el tiempo de cotizaci\u00f3n, sin que tampoco se haya demostrado la prestaci\u00f3n del servicio durante el per\u00edodo en el que supuestamente su empleador entr\u00f3 en mora en el pago de las respectivas cotizaciones. <\/p>\n
4. Queda claro entonces, que lo pretendido por la querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n la desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios, en raz\u00f3n a que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC304-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb, y que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
5. Finalmente, y acerca de la supuesta vedada interpretaci\u00f3n que efectu\u00f3 la varias veces mencionada Sala de Descongesti\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n arrimados a las diligencias, debe tenerse en cuenta que la simple discrepancia con lo decidido no basta para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, en tanto que en este escenario no es posible debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el sentenciador de la causa y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, ya que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC3070-2021). <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00abello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (ejusdem)\u00bb; de este modo queda claro, que como lo pretendido por la se\u00f1ora Zoila Rosa es colocar su propio criterio por encima del de la autoridad accionada, y atacar por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que la desfavoreci\u00f3, ese objetivo est\u00e1 por fuera de la tutela. <\/p>\n
6. Para rematar, no se avizora la vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad que alude la interesada, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que no se acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo; es decir, \u00abno demostr\u00f3 el interesado la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, toda vez que no existen pruebas que den cuenta de otras personas en circunstancias similares a la suya\u2026, circunstancia que impide realizar el paralelo respectivo a fin de determinar si los accionados con su actuar le quebrantaron esa prerrogativa de rango constitucional\u00bb (CSJ STC, 12 dic. 2008, Rad. 2008-00228-01, reiterada en STC402-2021). <\/p>\n
7. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10522-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC10522-2021 Radicaci\u00f3n n. 11001-02-04-000-2021-00706-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de abril de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56438","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56438","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56438"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56438\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56438"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56438"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56438"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}