STC10523-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10523-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02718-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Mederith Cuava Arenas instaur\u00f3 contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, extensiva al Juzgado 1\u00ba Civil Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancanbermeja y a los intervinientes en el proceso No. 68081312100120170017701. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora pretende que se estudie y se analice su caso, toda vez que por falta de defensa t\u00e9cnica, en el proceso en comento, se desconocieron sus derechos. Tambi\u00e9n solicit\u00f3 que se disponga la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega del inmueble en el que habita, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 303-66618. <\/p>\n
Como sustento de sus pretensiones narr\u00f3 que es madre cabeza de familia y se desempe\u00f1a como manicurista y estilista en un negocio que funciona en su actual vivienda en Barrancabermeja, la cual adquiri\u00f3 por compra que le hizo a Claudia Patricia Moreno Rinc\u00f3n en el a\u00f1o 2005. <\/p>\n
Relat\u00f3 que la vendedora del inmueble, representada por la Unidad Administrativa de Gesti\u00f3n Especial de Restituci\u00f3n de Tierras Abandonadas y Despojadas Forzosamente – UAEGRTD, promovi\u00f3 demanda de restituci\u00f3n de tierras por el predio ubicado en la calle 40 B N\u00b0 54 A – 41, ubicado en el barrio Los Corales del municipio de Barrancabermeja, (Santander), identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 303-66618. Indic\u00f3 que el proceso fue adelantado por el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja y una vez verific\u00f3 la oposici\u00f3n remiti\u00f3 las diligencias al Tribunal fustigado, quien dict\u00f3 sentencia en la que ampar\u00f3 los derechos de la demandante y neg\u00f3 la oposici\u00f3n presentada por la aqu\u00ed actora. <\/p>\n
Seg\u00fan la gestora, el Tribunal tergivers\u00f3 su declaraci\u00f3n y la hizo \u00abver como una aprovechada, cuando la realidad es que solo quer\u00eda ayudar a mi amiga y le compr\u00e9 la casa porque ella me insisti\u00f3\u00bb. Agreg\u00f3 que el Cuerpo Colegiado desconoci\u00f3 el concepto del Ministerio P\u00fablico y le neg\u00f3 el reconocimiento como segunda ocupante exenta de culpa del predio, solo porque reconoci\u00f3 la existencia de los hechos de violencia en la vivienda; tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que la Magistratura no puede considerar \u00abque hay aprovechamiento econ\u00f3mico de mi parte, solo por que poseo un autoempleo a trav\u00e9s de un peque\u00f1o sal\u00f3n de belleza de barrio, en un espacio de la vivienda de donde obtengo el m\u00ednimo vital para m\u00ed y para mi familia\u00bb. Agreg\u00f3 que no tuvo recursos econ\u00f3micos para costear su defensa t\u00e9cnica durante todo el proceso lo que le impidi\u00f3 ejercer la defensa de sus derechos. <\/p>\n
2. El Procurador 12 Judicial II para la Restituci\u00f3n de Tierras hizo un recuento de su actuaci\u00f3n en el proceso, se\u00f1al\u00f3 que la misma fue tempestiva y precis\u00f3 que su concepto vers\u00f3 sobre los posibles derechos que como segunda ocupante pod\u00eda tener la actora. <\/p>\n
La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras se opuso a la prosperidad del amparo reclamado, adujo que la sentencia cuestionada se fund\u00f3 en razones soportadas en el ordenamiento jur\u00eddico y manifest\u00f3 que lo que pretende la actora es revivir oportunidades probatorias perdidas y agotar una instancia m\u00e1s de confutaci\u00f3n de sus argumentos defensivos, lo cual desquicia la naturaleza residual y subsidiaria de este especial mecanismo de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar toda vez que la decisi\u00f3n cuestionada se adopt\u00f3 con base en un criterio de interpretaci\u00f3n razonable de los supuestos f\u00e1cticos y probanzas obrantes en el proceso de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras en comento. <\/p>\n
En efecto, revisada la sentencia censurada, se hall\u00f3 que la Magistratura accionada, para decidir el caso en cuesti\u00f3n, valor\u00f3 las pruebas recaudadas en el plenario y aunque advirti\u00f3 que entre la demandante y la opositora s\u00ed hubo un negocio de compraventa sobre el inmueble en el que habita la gestora, precis\u00f3 que el m\u00f3vil que llev\u00f3 a la vendedora a efectuar el negocio fueron las circunstancias de violencia que viv\u00eda. Sobre el particular precis\u00f3: <\/p>\n
En lo que concierne al despojo, coment\u00f3 la accionante en la fase administrativa que no era su deseo enajenar el inmueble, sin embargo en ese momento \u201cno ten\u00eda cabeza\u201d, hab\u00eda quedado con \u201ctres peladitos peque\u00f1os\u201d y su hermana le recomend\u00f3 que mejor vendiera puesto que por esa \u00e9poca estaban \u201cinvadiendo las casas\u201d. En la etapa judicial agreg\u00f3 que estando en Bucaramanga ya no quer\u00eda regresar a Barrancabermeja y que se encontraba en un instante de desespero pues le hab\u00edan matado \u201ca esa persona que era el que sosten\u00eda [el] hogar, la educaci\u00f3n de [sus] hijos, [su] sostenimiento\u201d razones por las que adujo \u201cle toc\u00f3\u201d enajenar el bien. (\u2026) <\/p>\n
Como se desprende de estas declaraciones, el bien en efecto fue enajenado, transacci\u00f3n que formalmente se plasm\u00f3 en la \u201cPromesa de Venta\u201d celebrada entre MEREDITH CUAVA ARCOS y la reclamante el d\u00eda 25 de noviembre de 2005, en la que se pact\u00f3 un precio de $8.000.000 y la vendedora se comprometi\u00f3 a \u201csuscribir la correspondiente autorizaci\u00f3n a la Gobernaci\u00f3n de Santander para suscribir la escritura p\u00fablica por medio de la cual se transfiere el derecho de dominio y propiedad a favor [de la compradora] en el momento en que esta instituci\u00f3n se encuentre en condiciones de expedir el respectivo t\u00edtulo de propiedad\u201d. <\/p>\n
Elementos de juicio que con claridad dejan en evidencia que la voluntad de la reclamante en esa negociaci\u00f3n no fue el resultado del ejercicio libre y consciente de su liberalidad sino que estuvo determinada por las dif\u00edciles circunstancias que atraves\u00f3 producto de los hechos victimizantes que vivi\u00f3 (\u2026). <\/p>\n
Todo ello enmarcado en la desdicha del desplazamiento y la vulneraci\u00f3n m\u00faltiple, masiva y continua de derechos fundamentales que ese flagelo implica, junto con las carencias de tipo econ\u00f3mico apremiantes, motivos m\u00e1s que justificados, en su situaci\u00f3n de desespero, para disponer del \u00fanico patrimonio con que contaba a efectos de solventarse as\u00ed fuera moment\u00e1neamente, sin importar que esa decisi\u00f3n implicara renunciar a esa expectativa cierta de formalizaci\u00f3n que respecto del bien ten\u00eda y de paso al anhelo de tener casa propia, pues en ese momento lo realmente significativo era garantizar el bienestar familiar. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que el Cuerpo Colegiado s\u00ed ahond\u00f3 en lo aducido por la opositora sobre la validez del negocio celebrado, para lo cual se\u00f1al\u00f3 que, para el an\u00e1lisis de la condici\u00f3n de v\u00edctima y su afectaci\u00f3n como tal, basta con establecer si la venta del inmueble estuvo intr\u00ednsecamente ligada a los actos violentos padecidos por quien reclama. En concreto consign\u00f3: <\/p>\n
La oposici\u00f3n intent\u00f3 justificar que la enajenaci\u00f3n del bien no tuvo relaci\u00f3n con los sucesos que victimizaron a la accionante con una serie de reparos, frente a los cuales es preciso indicar que el hecho de que la solicitante no interpusiera denuncia alguna o que la venta del predio, seg\u00fan su opini\u00f3n, se produjera con un incremento del 800% al del valor por el cual fue adquirido, son aspectos que en nada desdicen de la ocurrencia del despojo, puesto que el quid del asunto radica en establecer si la venta del inmueble estuvo intr\u00ednsecamente ligada a los actos victimizantes padecidos por quien reclama, es decir que sin la ocurrencia de estos la transferencia del fundo no se hubiese llevado a cabo. <\/p>\n
De forma similar, tambi\u00e9n se afirm\u00f3 que en el a\u00f1o 2005 no hab\u00eda <\/p>\n
disposici\u00f3n legal que prohibiera celebrar negocios que involucraran inmuebles con quienes hubiesen sido afectados por la confrontaci\u00f3n b\u00e9lica, queriendo significar con ello que no es posible analizar bajo el lente de la Ley 1448 de 2011 situaciones que acontecieron antes de su entrada en vigor. Planteamiento que se resuelve a partir del mismo texto de la norma citada, pues all\u00ed el legislador como expresi\u00f3n de la libertad de configuraci\u00f3n legislativa que le confiere la constituci\u00f3n en el art\u00edculo 150 y todos sus literales, di\u00e1fanamente en el art\u00edculo 75 de la ley regul\u00f3 que se pueden promover solicitudes de restituci\u00f3n de tierras por sucesos constitutivos de despojo que hubieren ocurrido entre el 1\u00b0 de enero de 1991 y el t\u00e9rmino de vigencia de la Ley, interregno que se hall\u00f3 ajusto a la Carta Pol\u00edtica en Sentencia de constitucionalidad C \u2013250 de 2012. <\/p>\n
En fin, que desvirtuados han quedado esos y los dem\u00e1s superfluos reparos de la oposici\u00f3n, pues que adem\u00e1s \u00ednfima actividad probatoria desplegaron al respecto dado que no aport\u00f3 junto con el escrito de r\u00e9plica elemento de convicci\u00f3n alguno y a pesar de que se solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de testimonios, que en efecto fueron decretados, no fue posible evacuarlos dado que no procuraron su comparecencia en la fecha y hora dispuesta para el ello, incumpliendo as\u00ed con la responsabilidad demostrativa derivada del art\u00edculo 88 de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
De igual forma la Magistratura estudi\u00f3 si hab\u00eda lugar o no a reconocer a la aqu\u00ed gestora como segunda ocupante, advirtiendo la imposibilidad de tal pedimento, toda vez que fue acreditado que ella adquiri\u00f3 el inmueble con pleno conocimiento de las circunstancias que daban origen al negocio, esto es la condici\u00f3n de v\u00edctima de la vendedora. A su tenor literal precis\u00f3: <\/p>\n
Examinadas las pruebas bajo esa perspectiva se colige que MEREDITH CUAVA ARCOS no re\u00fane las condiciones para ser considerada segunda ocupante puesto que se dilucid\u00f3 que aunque no particip\u00f3 en los hechos que condujeron a la solicitante a enajenar el predio reclamado, lo cierto es que s\u00ed sac\u00f3 provecho de los efectos de \u00e9stos y como resultado celebr\u00f3 con ella una \u201cPromesa de Venta\u201d que le permiti\u00f3 hacerse materialmente con el bien. De ello dan cuenta sus declaraciones en la etapa administrativa, oportunidad en la que en respuesta al interrogante de si conoc\u00eda los motivos por los cuales la accionante lo vend\u00eda, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u201cPorque le mataron el esposo, a \u00c1lvaro Quintero, y ella despu\u00e9s no quer\u00eda volver al barrio. Ella le daba temor, y sobre todo de los ni\u00f1os que estaban ah\u00ed cuando mataron al pap\u00e1. S\u00e9 que lo mataron en la casa, eso fue hace como 12 o 13 a\u00f1os no recuerdo la fecha exacta. Claudia viv\u00eda en esa casa con los hijos y el esposo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y aunque indic\u00f3 que fue la solicitante la que se lo ofreci\u00f3 en venta, tambi\u00e9n refiri\u00f3 que ella le manifest\u00f3 que estaba comprando una casa en el barrio y posteriormente ilustr\u00f3 que lo hac\u00eda para montar un negocio y que como ese bien era esquinero pues se prestaba para ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
Narraci\u00f3n que es congruente con lo dicho por la reclamante ante la UAEGRTD, puesto que expres\u00f3 que su hermana le manifest\u00f3 que MEREDITH ten\u00eda inter\u00e9s en adquirir la propiedad porque se le hab\u00eda presentado una oportunidad y el esposo le iba a comprar un inmueble. A lo que se suma el estado de desesperaci\u00f3n en que se encontraba la actora, del cual se dio cuenta en l\u00edneas anteriores. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, queda claro que MEREDITH conoc\u00eda perfectamente las causas por las cuales el bien se estaba vendiendo, situaci\u00f3n que independientemente de qui\u00e9n le hizo la oferta a qui\u00e9n, lo cierto es que ella vio all\u00ed una oportunidad pues precisamente se hallaba en busca de un inmueble para iniciar un negocio y el que se reclama le brindaba las condiciones que requer\u00eda para ese fin, raz\u00f3n por la que sin importarle las motivaciones de la venta, decidi\u00f3 comprarlo benefici\u00e1ndose as\u00ed de esa transacci\u00f3n <\/p>\n
De esta forma, el examen del sumario objeto de esta causa superlativa muy pronto revela la impertinencia de la s\u00faplica de la gestora, habida cuenta que como se evidenci\u00f3, la decisi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la autoridad judicial fustigada estuvo soportada en la valoraci\u00f3n de los medios suasorios obrantes en el plenario y en la aplicaci\u00f3n de la ley 1448 de 2011. En esas condiciones, debe admitirse que al margen que la precursora no comparta tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, lo que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC14267-2018, entre otras). <\/p>\n
Ahora frente a lo aducido respecto a la falta de defensa t\u00e9cnica debe se\u00f1alarse que fue la misma gestora quien manifest\u00f3 que \u00abcon esfuerzo y haciendo cr\u00e9dito a prestamistas gota a gota contrate los servicios de un abogado\u00bb y aunque tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que no pudo seguir costeando los servicios del profesional, lo cierto es que en la oportunidad procesal que ten\u00eda para presentar la oposici\u00f3n estuvo asesorada. Con todo si lo que pretendi\u00f3 fue cuestionar la labor realizada por su apoderado, es preciso destacar que tal hip\u00f3tesis no abre paso a la prosperidad del auxilio, pues ello no resulta suficiente para acreditar la afectaci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales, aunado a que est\u00e1 facultada para denunciar tal situaci\u00f3n ante las autoridades disciplinarias respectivas. <\/p>\n
En eventos como el anterior, esta Corte ha indicado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en relaci\u00f3n con las afirmaciones efectuadas referentes a una inadecuada defensa t\u00e9cnica, tal situaci\u00f3n no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues, (\u2026) seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas (\u2026). No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente (\u2026) por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado (\u2026) (subrayado en texto)\u00bb (CSJ. STC, 22 en. 1999, rad. 05715, reiterado STC4850-2017, STC8846-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, surge inevitable el fracaso del amparo instado, pues como qued\u00f3 dicho no se alcanzan a observar los desaciertos que se enrostran a la colegiatura fustigada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Mederith Cuava Arenas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes y dem\u00e1s interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, si este fallo no es impugnado. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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