STC10525-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10525-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N.\u00b0 05000-22-13-000-2021-00142-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 14 de julio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por John Sebasti\u00e1n Colorado L\u00f3pez contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa B\u00e1rbara, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda esencial al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con las decisiones proferidas en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 contra una de las sucursales del Banco Davivienda S.A., con radicado n.\u00ba 2021-00070-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando al Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa B\u00e1rbara, que declare la nulidad del auto admisorio de la demanda y, consecuencialmente, devuelva el expediente a su Hom\u00f3logo de La Virginia, Risaralda, para que sea esta autoridad quien contin\u00fae con el tr\u00e1mite de la queja popular referida. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo simplemente dijo, que aunque el Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia ya hab\u00eda asumido el conocimiento del tr\u00e1mite constitucional en comento, decidi\u00f3 unilateralmente apartarse conocimiento del mismo al declarar la nulidad de todo lo actuado, y remitir el asunto a la autoridad convocada, desconociendo el principio de la \u00abperpetuatio jurisdictionis\u00bb, sin que el Despacho receptor elevara el respectivo conflicto negativo de competencia, sino que avoc\u00f3 su tr\u00e1mite, circunstancia que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa B\u00e1rbara, Antioquia, precis\u00f3 que \u00abimparti\u00f3 el tr\u00e1mite que legalmente correspond\u00eda\u00bb, pues la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 el quejoso \u00abcumpl\u00eda con los requisitos formales previstos en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 472 de 1998\u00bb, raz\u00f3n por la cual, por auto del 21 de junio actual \u00abadmiti\u00f3 la referida acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
b. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n puso de presente, que debe \u00abanalizarse objetivamente si se establecieron requisitos exagerados al actor popular con lo cual se generar\u00eda un obst\u00e1culo que afecta no s\u00f3lo el derecho fundamental al debido proceso, sino tambi\u00e9n el de acceso a la administraci\u00f3n de justicia. En caso de que efectivamente se concluya que hubo exceso ritual manifiesto, con mi acostumbrado respeto, solicito al Despacho conceder el amparo reclamado y disponer las medidas consecuenciales\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia neg\u00f3 el amparo reclamado, tras advertir que \u00ab[s]i bien la actuaci\u00f3n desplegada por la Juez de La Virginia no se aprecia ajustada a las normas que rigen la asignaci\u00f3n de la competencia -puesto que no era procedente declarar la nulidad procesal al no tratarse de la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, tampoco fue promovida por la parte accionada ni se present\u00f3 alguna de las causales de alteraci\u00f3n de la competencia-, aquella irregularidad procesal no tiene un efecto decisivo en la sentencia que debe emitirse, requisito general de procedencia de la acci\u00f3n de tutela en contra de las providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante replic\u00f3 el fallo, sin expresar los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente asunto, sin duda, la queja va dirigida contra el prove\u00eddo de 21 de junio de 2021, por medio del cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa B\u00e1rbara, Antioquia, avoc\u00f3 el conocimiento de la acci\u00f3n popular elevada en el marco de la acci\u00f3n popular que John Sebasti\u00e1n Colorado L\u00f3pez promovi\u00f3 frente a una de las sucursales de Davivienda S.A., pues en sentir de \u00e9ste, con dicha decisi\u00f3n se desconocieron los precedentes que regulan la competencia en este tipo de asuntos constitucionales. <\/p>\n
3. Pues bien, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, observa la Sala que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.2. Pese a lo anterior, la acci\u00f3n fue radicada y asumida por el Juzgado por el Juzgado Promiscuo de La Virginia, Risaralda, mediante decisi\u00f3n del 28 de enero de los corrientes; empero, con auto del 20 de abril siguiente, dicha autoridad resolvi\u00f3 declarar \u00abla nulidad de todo lo actuado a partir de la admisi\u00f3n de la misma, y en consecuencia, RECHAZAR DE PLANO la presente acci\u00f3n popular, (\u2026) por falta de competencia para conocer de ella\u00bb, y remiti\u00f3 las diligencias a su hom\u00f3logo en Santa B\u00e1rbara. <\/p>\n
3.3. Contra lo determinado el actor popular, aqu\u00ed interesado, interpuso sin \u00e9xito reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, pues mediante decisi\u00f3n del 13 de mayo actual se mantuvo integralmente lo resuelto, siendo negado el mecanismo subsidiario por improcedente. <\/p>\n
3.4. Por su parte, recibida la actuaci\u00f3n por el Juez Promiscuo del Circuito de Santa B\u00e1rbara, Antioquia, mediante prove\u00eddo del pasado 21 de julio avoc\u00f3 el conocimiento y admiti\u00f3 la acci\u00f3n popular bajo el consecutivo n.\u00ba 2021-00070, decisi\u00f3n que no fue objeto de reproche alguno. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, al margen de que la Corte proh\u00edje integralmente la pauta de atribuci\u00f3n legal para desprenderse el conocimiento del asunto objeto de revisi\u00f3n constitucional en cabeza del Juez Promiscuo Municipal de La Virginia, lo cierto es que, en estrictez, la determinaci\u00f3n aqu\u00ed cuestionada corresponde a la emitida el pasado 21 de julio por el Juez Promiscuo del Circuito de Santa B\u00e1rbara, que admiti\u00f3 la acci\u00f3n popular promovida por el gestor del amparo contra una de las sucursales del Banco Davivienda SA, al considerar que se cumpl\u00eda a cabalidad con los requisitos formales para su tr\u00e1mite, circunstancia que lejos de ser una arbitrariedad o capricho, corresponde al curso normal del proceso, por lo que de modo alguno puede entenderse o calificarse como una actuaci\u00f3n constitutiva de un quebranto al debido proceso del se\u00f1or Colorado L\u00f3pez, circunstancia que impide entonces, la intervenci\u00f3n del juez de tutela para modificar o invalidar lo resuelto. <\/p>\n
5. Adicionalmente, no se advierte que las quejas que ahora expone el gestor como constitutivas de la presunta transgresi\u00f3n de sus derechos esenciales hayan sido expuestas ante el juez de la causa, pues no recurri\u00f3 el auto admisorio proferido por la autoridad judicial de Santa B\u00e1rbara, Antioquia, sin que en todo caso se advierta la existencia de una de las causales previstas por el art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998, lugar de ocurrencia de los hechos o el domicilio del demandado, que impida al Despacho convocado asumir el conocimiento del asunto, como equivocadamente parece sugerirlo el quejoso, de donde se desprende, entonces, que es inexistente el quebrantamiento superior reclamado, pues con independencia de lo considerado por el quejoso, lo cierto es que, se avoc\u00f3 y dio tr\u00e1mite al asunto constitucional de marras, indistintamente que, seg\u00fan su parecer, la competencia reposara exclusivamente en el Juzgado de la Virginia Risaralda, m\u00e1xime cuando el tutelante no demostr\u00f3 que dicha circunstancia le hubiese generado alg\u00fan tipo de da\u00f1o irreparable que haga viable la protecci\u00f3n constitucional como mecanismo transitorio. <\/p>\n
6. Al punto, se recuerda al accionante que el objeto de la acci\u00f3n de tutela \u00abes la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u2018cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026)\u2019. As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u2018ello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u2019\u00bb (CSJ STC4551-2021). <\/p>\n
7. Bajo esa perspectiva, como en el presente caso, se reitera, no est\u00e1 demostrado quebrantamiento superior alguno, no queda otro camino que ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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