STC10526-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10526-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N.\u00b0 05000-22-13-000-2021-00136-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 8 de julio de 2021, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Concordia, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, al haber rechazado por competencia la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 contra la Notar\u00eda del C\u00edrculo de Concordia \u2013Antioquia, con radicado No. 2021-00051-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando al Juzgado Promiscuo del Circuito de Concordia, Antioquia, \u00abadmita y d[\u00e9] tr\u00e1mite\u00bb al citado asunto. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo, y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n de la acci\u00f3n aduce en compendio, que pese a lo dispuesto en el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 472 de 1998, el Juez convocado remiti\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa el asunto constitucional antes individualizado, circunstancia que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Concordia precis\u00f3, que la protecci\u00f3n solicitada est\u00e1 llamada al fracaso, pues todas sus actuaciones se han ce\u00f1ido a las normas que rigen la materia, y a\u00fan cuando el actor cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n criticada, lo cierto es que el mecanismo lo formul\u00f3 extempor\u00e1neamente. <\/p>\n
A SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante replic\u00f3 el fallo, sin expresar los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente asunto, sin duda, la queja del se\u00f1or Gerardo Alonso en esta oportunidad, va dirigida contra el prove\u00eddo de 12 de mayo de 2021, por medio del cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de Concordia resolvi\u00f3 \u00abRechazar por falta de competencia, la presente acci\u00f3n popular instaurada (\u2026) contra EL NOTARIO DE CONCORDIA ANTIOQUIA\u00bb, pues en sentir del aqu\u00ed interesado, con dicha decisi\u00f3n se desconoci\u00f3 lo dispuesto en el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
3. Sin embargo, no cabe duda acerca de la improcedencia de la salvaguarda reclamada, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El se\u00f1or Herrera promovi\u00f3 la acci\u00f3n popular en comento contra el Notario del C\u00edrculo de Concordia, con sustento en que aqu\u00e9l \u00abno Cuenta en el Inmueble donde presta sus servicios p\u00fablicos, con profesional interprete y profesional gu\u00eda interprete de planta, tal como lo ordena ley 982 de 2005, art5, 8. Ni cuenta con convenio o contrato con entidad id\u00f3nea autorizada por el ministerio de educasion (sic) nacional para atender poblaci\u00f3n objeto ley 982 de 2005\u00bb <\/p>\n
3.2. El Juzgado convocado, tras advertir que \u00abse trata de un notario, el cual realiza funciones p\u00fablicas\u00bb, resolvi\u00f3 rechazar por competencia el conocimiento del asunto, y dispuso su remisi\u00f3n a los Juzgados Administrativos de Antioquia. <\/p>\n
3.3. Mediante prove\u00eddo del 16 de junio pasado, el Juzgado Promiscuo del Circuito criticado rechaz\u00f3 por extempor\u00e1neo, el recurso de reposici\u00f3n formulado frente la anterior determinaci\u00f3n. <\/p>\n
3.4. Signado el conocimiento del asunto al Juzgado Veintitr\u00e9s Administrativo de Medell\u00edn, el 26 de mayo de los corrientes inadmiti\u00f3 el libelo, y como no fueron subsanados los yerros advertidos, el 9 de junio siguiente se rechaz\u00f3 por incumplir con los requisitos exigidos por el legislador. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, no cabe duda acerca del fracaso de lo aqu\u00ed reclamado, teniendo en cuenta que las cuestiones planteadas por el se\u00f1or Gerardo Herrera resultan ajenas al escenario de acci\u00f3n del juez constitucional, al no haber hecho uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues la parte aqu\u00ed interesada, en un acto constitutivo de incuria, si bien formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n criticada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, lo hizo extempor\u00e1neamente, desperdiciando el medio de impugnaci\u00f3n que estaba a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural los reparos ahora expuestos, sin que sea del caso adelantarse al pronunciamiento o partir de supuestos improbables para, ahora acudir a esta acci\u00f3n constitucional, it\u00e9rese, sin haber agotado previamente los medios procesales contemplados en la ley para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
En igual sentido, el inconforme no s\u00f3lo no subsan\u00f3 las irregularidades advertidas a la demanda por el Juzgador Administrativo cognoscente, lo que conllev\u00f3 a que \u00e9sta se rechazara, sino que tampoco cuestion\u00f3 a trav\u00e9s del mecanismo horizontal esta \u00faltima decisi\u00f3n, abandonando sin justificaci\u00f3n alguna el proceso al dejar de activar el medio de defensa que ten\u00eda a su alcance, en aras de impedir que esa autoridad asumiera el conocimiento de la acci\u00f3n popular, y obtener por esa v\u00eda el estudio de fondo de su inconformidad, sin que sea procedente que se proponga ahora por este sendero para lograr lo deseado. <\/p>\n
5. Tal y como esta Corte lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s, \u00abla falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC494-2021). <\/p>\n
Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que, \u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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