STC10528-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10528-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11-001-02-03-000-2021-02792-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Luis Angel Chaverra Saldarriaga instaur\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, el Juzgado Diecinueve Civil del circuito de esa misma ciudad y el Juzgado Treinta Civil Municipal de esa urbe, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso reivindicatorio con radicado n\u00b0 05001-31-03-009-2014-00221-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor pidi\u00f3 \u00abdejar sin efectos\u00bb la providencia que orden\u00f3 la entrega del inmueble objeto de la litis hasta tanto \u00abpresente los mecanismos ordinarios ante el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medell\u00edn\u00bb. Adem\u00e1s, solicit\u00f3 que se ordene al despacho mencionado expedir copia del expediente cuestionado. <\/p>\n
En sustento, adujo que fue demandado en el reivindicatorio fustigado y que tras la renuncia de su apoderado (21 may. 2018) no volvi\u00f3 a tener noticia del pleito. Relat\u00f3, sin especificar c\u00f3mo y cu\u00e1ndo, que se enter\u00f3 de la emisi\u00f3n de la respectiva sentencia pero no de su contenido y que, en d\u00edas anteriores a la radicaci\u00f3n del amparo, fue notificado mediante aviso de la realizaci\u00f3n de la diligencia de entrega del predio que habita, programada para el 26 de julio de hoga\u00f1o. <\/p>\n
Se doli\u00f3 el censor i). del auto del 27 de noviembre de 2017 mediante el cual el juzgado del circuito se\u00f1alado se abstuvo de aceptar de plano el \u00abdesistimiento\u00bb presentado por su entonces apoderado, ii). de la falta de defensa t\u00e9cnica en el juicio que se adelant\u00f3 en su contra , iii). de la decisi\u00f3n que orden\u00f3 la entrega del predio a reivindicar, contenida en la sentencia de primera instancia (16 may. 2019) confirmada por el Tribual querellado (9 jul. 2020), as\u00ed como del auto que libr\u00f3 despacho comisorio para la diligencia de la entrega referida (3 dic. 2020) y, iv). de la falta de remisi\u00f3n del expediente. <\/p>\n
2. El Tribunal querellado, a quien inicialmente fue repartida esta salvaguarda, manifest\u00f3 haber proferido la sentencia de segunda instancia en la disputa cuestionada. <\/p>\n
El Juzgado Dicecinueve Civil del Circuito de Medell\u00edn pidi\u00f3 la improcedencia del resguardo por falta de inmediatez. Indic\u00f3 que en el litigio acusado y a petici\u00f3n del gestor, le fue designado apoderado de oficio \u00abquien se posesion\u00f3 el 26 de octubre de 2018\u00bb, por lo que descarta la ausencia de defensa t\u00e9cnica. Finalmente se\u00f1al\u00f3 que ante sus dependencias no ha sido peticionada la copia del paginario fustigado. <\/p>\n
El Juzgado Treinta Civil Municipal de Medell\u00edn para el conocimiento exclusivo de despachos comisorios manifest\u00f3 haber sido encargado de la diligencia de entrega rese\u00f1ada e inform\u00f3 que no pudo realizarse en la fecha programada (26 jul. 2021) a causa de un error en los datos del \u00abexhorto que orden\u00f3 la comisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora el fracaso del resguardo tanto por falta de inmediatez como de subsidiariedad, como se pasa a exponer. <\/p>\n
2. En efecto, todas las decisiones judiciales que el censor reproch\u00f3 por este auxilio datan de fechas sobre las cuales se torna improcedente el amparo dado el amplio tiempo que ha transcurrido entre su emisi\u00f3n y la radicaci\u00f3n de esta salvaguarda. Como se dej\u00f3 visto en los antecedentes, las providencias se remontan al periodo comprendido entre el 27 de noviembre de 2017 y el 3 de diciembre de 2020, de lo que emerge con facilidad que desde esa \u00e9poca hasta la interposici\u00f3n del amparo (23 jul. 2021) han transcurrido m\u00e1s de los seis meses que la jurisprudencia constitucional ha establecido como t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de este mecanismo excepcional. No en vano, esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, STC2015, 29 en. rad. 00014- 00, STC2015, 19 feb. rad. 00278-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015, 26 mar, rad. 0590-00, STC10258-2015, 6 ago. Rad. 2015-01691-00. Reiterada en STC7721-2020, 24 dic. Rad. 2020- 00030-01 y STC3236-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la improcedencia del auxilio frente a esos particulares se torna evidente, pues como en casos similares se ha dicho, \u00abno se entiende por qu\u00e9 si la amenaza o violaci\u00f3n del derecho era tan perentoria, no se acudi\u00f3 al mecanismo constitucional con anterioridad. Como consecuencia de ello, permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una reclamaci\u00f3n constitucional contra una providencia judicial, puede afectar adem\u00e1s el principio de seguridad jur\u00eddica; de tal manera que la inmediatez sea claramente una exigencia ineludible en la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u00bb (Sentencia T-879 de 2012 reiterado SU184\/19) (resaltado de ahora). <\/p>\n
Ahora, a fin de superar la falta de inmediatez no resulta de recibo el argumento del gestor referente a su desconocimiento de las actuaciones reprochadas, dado que del mismo escrito de tutela y de la revisi\u00f3n del expediente cuestionado, se observa que conoc\u00eda de la existencia del proceso hasta el punto que en la etapa inicial de la disputa contaba con apoderado de confianza y luego con uno de oficio asignado por el despacho del circuito accionado, de lo que se colige la inobservancia del deber de vigilancia del proceso, sobre el que en otras ocasiones se ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
(\u2026) la excusa de la compa\u00f1\u00eda accionante consistente en que no se enter\u00f3 de la resoluci\u00f3n censurada ni \u00abesperaba que el despacho vulnerara de esta forma el debido proceso\u00bb en verdad pone de relieve un descuido injustificable al admitir que no revis\u00f3 cuidadosamente el pleito, a prop\u00f3sito de lo cual se destaca que: \u00abSobre la desatenci\u00f3n de los deberes, cargas procesales y responsabilidades al interior del proceso, en casos de similares contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que \u00abno se puede dejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos (\u2026) ni tampoco puede perderse de vista que existe en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u00bb (STC7071-2018, reiterado en STC 2020-00119-01, 24 jul. 2020 y STC12010-2020, 16 dic. 2020). <\/p>\n
As\u00ed, queda develada la incuria del libelista frente a la posibilidad que tuvo de reprochar en tiempo las decisi\u00f3nes que por esta senda acusa a trav\u00e9s de los los mecanismos que el legislador le otorg\u00f3. <\/p>\n
3. Con todo, ya que la queja medular del censor radica en la lesi\u00f3n ius fundamental que a su juicio puede generar la diligencia de entrega referida, conviene recordar lo dicho por esta Corporaci\u00f3n en casos de similares contornos en que tambi\u00e9n se deneg\u00f3 el resguardo: <\/p>\n
(\u2026) no es viable acudir a este auxilio como medio para suspender, retrotraer o invalidar el desarrollo y cumplimiento de diligencias que tienen origen en providencias en firme, como la de entrega, ya que \u00e9sta tendr\u00eda respaldo en el procedimiento surtido por el juez competente. Sin perjuicio de que la actuaci\u00f3n deba desarrollarse con respeto a la dignidad humana y con plenas garant\u00edas para las personas que merezcan un trato diferencial positivo. <\/p>\n
Sobre el punto, esta Corte ha esbozado que <\/p>\n
(\u2026) la entrega dispuesta en un proceso judicial no entra\u00f1a en s\u00ed misma, un perjuicio irremediable (\u2026) pues ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ STC 6442-2019 reiterada en CSJ STC5684-2020). <\/p>\n
De otra parte, a pesar de las manifestaciones de urgencia y perjuicio insalvable que acot\u00f3 el recurrente, as\u00ed como su condici\u00f3n de persona de la tercera edad, se echa de menos la prueba de tales circunstancias y condiciones de vulnerabilidad, situaci\u00f3n suficiente para frustrar la intervenci\u00f3n constitucional, siquiera de forma transitoria. No en vano sobre el particular se ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
(\u2026) el hecho de que la gestora del amparo de sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto\u2026sobre el punto esta Sala indic\u00f3 que \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto (CSJ SC, 11 de marzo de 2013, exp. 00444-00, reiterado el 31 de octubre del mismo a\u00f1o, exp. 00426-01 y en STC1200-2014). <\/p>\n
De all\u00ed la improcedencia de este mecanismo para satisfacer el anhelo del precursor. <\/p>\n
4. En lo que respecta a la falta de defensa t\u00e9cnica que alega el precursor, basta reiterar que el posible desatino en la gesti\u00f3n de sus apoderados no es obice para cuestionar de manera inoportuna las providencias adversas ni comporta justificaci\u00f3n de los eventuales descuidos. En otras palabras, <\/p>\n
(\u2026) no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma y no al juez acusado, dado que (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (CSJ STC, 18 may. 2009, rad. 00508 -01)\u00bb (CSJ STC19505-2017, CSJ STC265-2020, CSJ STC STC3173-2021). <\/p>\n
5. Finalmente, en lo que respecta a la aspiraci\u00f3n de que sea remitida la copia del expediente, tambi\u00e9n tropieza el auxilio porque no se avizora que el impulsor acudiera primigeniamente ante el juez natural de la causa a elevar la petici\u00f3n del paginario, situaci\u00f3n que devela su desconocimiento del car\u00e1cter subsidiario de este amparo supralegal. <\/p>\n
6. En definitiva, como quiera que i). la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para impedir la diligencia de entrega de la que se duele el gestor, ii). la queja sobre las providencias enunciadas carece de inmediatez, iii). no se acredit\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable o situaci\u00f3n de vulnerabilidad y, iv). no se acudi\u00f3 primeramente ante el juez del asunto a solicitar el expediente criticado, no queda alternativa diferente a desestimar la salvaguarda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada por Luis Angel Chaverra Saldarriaga. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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