STC10541-2021 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10541-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-01023-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 1\u00b0 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Carlos Ernesto Losada Morantes le instaur\u00f3 a la Sala 4\u00aa de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, con vinculaci\u00f3n de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial y el Juzgado Doce Laboral del Circuito de esta ciudad, Seguros Bol\u00edvar S.A., ING Pensiones y Cesant\u00edas \u2013 hoy Protecci\u00f3n S.A., la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez y la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, partes e intervinientes en el juicio n\u00b0 2015-00313. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 que se ordene a la sala acusada dicte un nuevo fallo de casaci\u00f3n donde se le reconozca la pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
Como sustento de sus anhelos sostuvo que con ocasi\u00f3n de un accidente laboral (8 nov. 1990), cuyas secuelas fueron el desprendimiento total de la retina del ojo izquierdo y p\u00e9rdida de la visi\u00f3n parcial, progresiva y constante en el ojo derecho, acudi\u00f3 ante Colpensiones quien le inform\u00f3 que la entidad encargada de resolverle su petici\u00f3n pensional era ING Pensiones y Cesant\u00edas a donde se dirigi\u00f3 (23 oct. 2008) y \u00e9sta, a su vez, lo remiti\u00f3 a la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez quien estableci\u00f3 la p\u00e9rdida de capacidad laboral de origen com\u00fan en 30.39% con fecha de estructuraci\u00f3n del 7 de mayo de 20021 (26 jun. 2009), dictamen que apel\u00f3 y la Junta Nacional la modific\u00f3 y determin\u00f3 que la disminuci\u00f3n laboral correspond\u00eda al 35.42%, as\u00ed como confirm\u00f3 la data de estructuraci\u00f3n (24 mar. 2010), raz\u00f3n por la que ING le rechaz\u00f3 la solicitud de reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
Inconforme acudi\u00f3 ante la judicatura para que se estableciera que la afectaci\u00f3n de su salud era superior al 50% y que se condenara a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez de origen com\u00fan a partir del 7 de septiembre de 1990 y, en subsidio, a Seguros Bol\u00edvar S.A. y a ING Pensiones y Cesant\u00edas, hoy Protecci\u00f3n S.A., como solidariamente responsables del pago de dicha prestaci\u00f3n o a la indemnizaci\u00f3n sustitutiva, pero el Juzgado Doce Laboral del Circuito le neg\u00f3 las pretensiones (6 oct. 2015), apel\u00f3 y el Tribunal confirm\u00f3 el veredicto (8 jul. 2016); ante ese escenario postul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero la Corte no cas\u00f3 la sentencia del Tribunal (SL1581-2021, 26 abr.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que en la resoluci\u00f3n de casaci\u00f3n se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por tropezar en una indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. La Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Trabajo, la EPS Famisanar S.A.S., la Asociaci\u00f3n Colombiana de Retina y V\u00edtreo y la Fundaci\u00f3n Oftalmol\u00f3gica Nacional, el Instituto Nacional de Medicina Legal dijeron que lo alegado les resultaba ajeno. Protecci\u00f3n S.A. y Colpensiones destacaron que el proceso de calificaci\u00f3n de la p\u00e9rdida de capacidad laboral ya finaliz\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
La Sala 4\u00aa de Descongesti\u00f3n de Casaci\u00f3n Laboral resisti\u00f3 los anhelos ya que \u00abse estudiaron los distintos dict\u00e1menes emitidos por las Juntas de Calificaci\u00f3n de Invalidez tanto Regional como Nacional, encontrando que en ninguno fue calificado el accionante con una p\u00e9rdida de capacidad laboral igual o superior al 50% exigido por la ley para obtener la pensi\u00f3n de invalidez (\u2026)\u00bb, resalt\u00f3 que con ocasi\u00f3n al amparo de pobreza otorgado al accionante \u00abel Tribunal (\u2026), design\u00f3 a la Junta Regional para que realizara un nuevo dictamen (num. 1\u00b0 del art. 3\u00b0 del Decreto Reglamentario 2463 de 2001), aclarando que el dictamen deb\u00eda hacerlo una Sala diferente a la que emiti\u00f3 el primero (\u2026) pero esa valoraci\u00f3n arroj\u00f3 una PCL del 10.44% (\u2026)\u00bb, que los llev\u00f3 a colegir que Losada Morantes no le asist\u00eda el derecho al reconocimiento de la prestaci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
3. El a quo supralegal desestim\u00f3 el auxilio porque \u00abla providencia revisada no comporta los vicios alegados, susceptibles de ser enmendados a trav\u00e9s del amparo constitucional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 el promotor e insisti\u00f3 en las alegaciones del escrito genitor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace objetado se ratificar\u00e1, por cuanto de la providencia reprochada no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta herramienta superlativa. <\/p>\n
Ciertamente, en el citado fallo la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n al realizar el an\u00e1lisis de los cargos propuestos y luego de soslayar las deficiencias t\u00e9cnicas en su postulaci\u00f3n puntualiz\u00f3 que, <\/p>\n
La g\u00e9nesis del debate sometido a consideraci\u00f3n de la Sala, estriba en la pretensi\u00f3n del reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez impetrada por el demandante; debido a ello, Seguros Bol\u00edvar S.A., remiti\u00f3 al actor a la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez para que, previo los estudios pertinentes, emitiera una calificaci\u00f3n de PCL, la cual fue 30.39%, decisi\u00f3n con la que no estuvo de acuerdo el recurrente, y al resolverse la apelaci\u00f3n ante la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, lo calific\u00f3 con el 35.42%. <\/p>\n
Posterior a esto, ya dentro del marco del proceso ordinario laboral, el se\u00f1or Losada Morales solicita se realice una prueba pericial, para demostrar que su p\u00e9rdida de capacidad laboral era superior, pero, al conocer el valor de los honorarios del doctor Christian Alonso Ram\u00edrez, profesional designado por ser experto en medicina laboral, solicit\u00f3 amparo de pobreza por no contar con los recursos necesarios para cubrir los costos de esa prueba, a lo que no accedi\u00f3 el juez, y declar\u00f3 precluida la oportunidad para practicar esa prueba, alegando que \u00abde la lista de auxiliares de la justicia no existe auxiliar que pueda cumplir el experticio en la especialidad encomendada sin que genere costo alguno\u00bb. <\/p>\n
Esta decisi\u00f3n la apel\u00f3 el accionante ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Laboral de Descongesti\u00f3n, quien revoc\u00f3 la decisi\u00f3n, designando a la Junta Regional para que realizara un nuevo dictamen, alegando que conforme a lo estipulado en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 3\u00b0 del Decreto Reglamentario 2463 de 2001, era esa entidad la correspondiente para actuar, aclarando que el dictamen deb\u00eda hacerlo una Sala diferente a la que emiti\u00f3 el primero que se alleg\u00f3 al proceso, garantizando con ello que se evaluara de manera imparcial el caso del solicitante, y poder demostrar si efectivamente hab\u00eda alg\u00fan error en las decisiones adoptadas con los dict\u00e1menes anteriores. En esta \u00faltima evaluaci\u00f3n se determin\u00f3 una PCL del 10.44%. <\/p>\n
Para concluir que, <\/p>\n
(\u2026) el Tribunal no cometi\u00f3 yerro alguno al avalar lo decidido por el a quo, pues su fallo lo soport\u00f3 en las pruebas legalmente allegadas al plenario y en ninguna de ellas se le otorg\u00f3 un porcentaje siquiera cercano al 50% que exige la ley, para que sea beneficiario de la pensi\u00f3n de invalidez deprecada, raz\u00f3n suficiente para concluir que los cargos no prosperan. <\/p>\n
En este orden de ideas, las conclusiones adoptadas no resultan il\u00f3gicas, de su lectura no refulge la \u00abirrazonable valoraci\u00f3n probatoria alegada\u00bb, ya que esa Colegiatura efectu\u00f3 una juiciosa evaluaci\u00f3n y una adecuada motivaci\u00f3n que le llev\u00f3 a la determinaci\u00f3n reprochada, la cual se encuentra acorde con la jurisprudencia y la ley para el otorgamiento de la pensi\u00f3n de invalidez, pues como qued\u00f3 demostrado el porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral del actor es inferior al 50%. <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, lo que revela lo enantes rese\u00f1ado es que las pretensiones del gestor se oponen por completo a los fines de este camino superlativo, pues resulta del todo claro que lo emplea como \u00faltimo recurso con el fin de contrarrestar las resultas de una actuaci\u00f3n regida por las normas del debido proceso, en las que si bien particip\u00f3 activamente fue vencido y no por ello se puede tildar de injusta o contraria a derecho. <\/p>\n
Por consiguiente, comoquiera que lo rituado por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n es no es caprichoso, se ratificar\u00e1 la resoluci\u00f3n dada por la hom\u00f3loga en lo penal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, resuelve CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo decidido por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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