STC10553-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10553-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-01013-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Elvia Lucia Ocampo Cadavid contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes dentro del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa, as\u00ed como de los principios de legalidad, buena fe, confianza leg\u00edtima, favorabilidad y presunci\u00f3n de inocencia, que dice vulnerados por los accionados. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se declare \u00abla nulidad absoluta de todas las actuaciones posteriores al auto que dio inicio al disciplinario\u2026 en [su] contra\u2026\u00bb; que se \u00abdeje sin efectos las decisiones cuestionadas y que, se dicte un fallo de reemplazo o se ordene al juez disciplinario proferir uno nuevo en el cual se sigan los lineamientos que determine el juez constitucional\u00bb; y que \u00abconforme lo ordena la Corte en sentencia T316\/19 se [le] aplique[n] las garant\u00edas del derecho penal que deben ser aplicadas al derecho disciplinario\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro del proceso disciplinario adelantado en contra de Elvia Lucia Ocampo Cadavid, el 16 de octubre de 2019 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca sancion\u00f3 a la referida abogada con suspensi\u00f3n en el ejercicio de la profesi\u00f3n por 12 meses y multa de 2 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por haber infringido los deberes establecidos en los numerales 8 y 10 del art\u00edculo 28 de la Ley 1123 de 2007, incurriendo en las faltas previstas en los numerales 1\u00ba de los art\u00edculos 35 y 37 \u00eddem. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que desde 1998 litigaba cumpliendo con su deber profesional; que a partir del 2015 enfrent\u00f3 problemas familiares y personales por graves trastornos depresivos que la inhabilitaban para laborar; y que el 2 de junio de 2017 sufri\u00f3 un accidente de tr\u00e1nsito con secuelas y limitaci\u00f3n funcional del 30%. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que debido a la falta de cotizaci\u00f3n para su pensi\u00f3n, tuvo que seguir trabajando desde el 2019; que el 23 de julio de 2021 le comunicaron en su correo electr\u00f3nico que se encontraba sancionada en sentencias de 2019 y 2021, empero, nunca fue notificada para ejercer su defensa y solicitar pruebas, configur\u00e1ndose un defecto procedimental absoluto. <\/p>\n
2.5. Adujo que no pod\u00eda existir nota de recibo en su correo debido a su incapacidad; que fue sancionada injustamente; que se encuentra ante la amenaza de un perjuicio irremediable, pues no podr\u00e1 representar a sus poderdantes en otros procesos; que desde el 2016 estaba incapacitada; y que se han iniciado otros juicios disciplinarios en su contra, en los que ha tenido la oportunidad de defenderse y demostrar su incapacidad. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca indic\u00f3 que se respetaron las prerrogativas de la accionante; que decret\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n en dos oportunidades, tras advertir que lo actuado pod\u00eda dar al traste con la legalidad, los derechos fundamentales y las garant\u00edas que le asist\u00edan a la investigada; que la gestora no compareci\u00f3 a la actuaci\u00f3n judicial pero estuvo representada por los defensores de oficio; que conforme con el art\u00edculo 104 de la Ley 1123 de 2007 las comunicaciones se deben efectuar a la direcciones que se conozcan o las que reposen en el Certificado del Registro Nacional de Abogados, lo que precisamente se acat\u00f3; que la gestora contaba con varias direcciones: calle 8 A # 22 \u2013 47, calle 8 A # 30 A \u2013 15 y abonados telef\u00f3nicos 3234700049 y 3234448422, que fueron los mismos aportados por la quejosa y a los que siempre remiti\u00f3 las comunicaciones, empero, ante la falta de respuesta, fij\u00f3 edicto emplazatorio en la Secretar\u00eda General por el t\u00e9rmino de ley; que al parecer el referido registro fue actualizado, muy seguramente en raz\u00f3n al requerimiento efectuado por el Consejo Superior de la Judicatura; que no se le pod\u00eda trasladar la responsabilidad de una situaci\u00f3n a la que dio pie la misma profesional del derecho; que su actuaci\u00f3n se ajust\u00f3 a lo dispuesto en la ley, por lo que su superior funcional confirm\u00f3 su providencia; y que no se acredit\u00f3 que en una situaci\u00f3n similar a la de la gestora se hubiere obrado de manera distinta, ni tampoco la existencia de defecto f\u00e1ctico o sustancial. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 74 Judicial II Penal de Cali refiri\u00f3 que en el tr\u00e1mite procesal se evidenciaban sendas comunicaciones a las direcciones que aparec\u00edan en su momento en el Registro Nacional de Abogados: calle 8 A # 22 – 47 y 8 A # 30A \u2013 15, por lo que a la disciplinada le fue comunicada la actuaci\u00f3n que cursaba en su contra; que la gestora siempre fue asistida por un profesional del derecho; que la accionante hac\u00eda \u00e9nfasis en la situaci\u00f3n de salud que ostentaba al momento de los hechos e indicaba que desde el a\u00f1o 2019 contin\u00fao trabajando para lograr adquirir una pensi\u00f3n, raz\u00f3n por la cual ten\u00eda la obligaci\u00f3n de actualizar su domicilio profesional; que se deb\u00eda comprobar las modificaciones que la accionante efectu\u00f3, pues de lo contrario el proceso estar\u00eda viciado de nulidad; que los accionados cumplieron a cabalidad con lo estatuido en la ley 1123 de 2007; que el fallador en dos ocasiones declar\u00f3 nulidad sobre lo actuado; y que no se vulner\u00f3 derecho fundamental alguno. <\/p>\n
3. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial remiti\u00f3 el expediente criticado. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En primer lugar, es de advertirse que ninguna anomal\u00eda se observa en la notificaci\u00f3n efectuada del proceso disciplinario a la accionante, pues fue enterada a las direcciones consignadas en el Registro Nacional de Abogados y en las obrantes en el expediente, a saber, calle 8A # 22-47, calle 8 # 22-47, calle 8A # 30A 15 y carrera 4 # 8-63 oficina 701, as\u00ed como en los n\u00fameros telef\u00f3nicos all\u00ed registrados. <\/p>\n
Igualmente, se advierte que obra constancia secretarial de 11 de septiembre de 2020 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en donde se consign\u00f3 que no fue posible comunicarse con los tel\u00e9fonos registrados y que consultado el Registro Nacional de Abogados no se hall\u00f3 correo electr\u00f3nico alguno, destacando que la \u00fanica certificaci\u00f3n que obra en el expediente en cuanto al cambio de datos de ubicaci\u00f3n de la quejosa data de 23 de julio de 2021, lo que guarda correspondencia con la alegaci\u00f3n de la censora en cuanto a que en esa fecha fue que se enter\u00f3 de la decisi\u00f3n del ente nacional accionado, de donde solo a partir de ese momento era exigible el enteramiento atendiendo los nuevos datos registrados, que no los anteriores. <\/p>\n
3. Ahora bien, el resguardo tambi\u00e9n carece de vocaci\u00f3n de prosperidad porque, sumado a lo anterior, la accionante estuvo representada por defensor de oficio, su asunto fue estudiado por el a-quo y el ad-quem, y la providencia definitoria del asunto disciplinario no luce arbitraria, en tanto que all\u00ed se consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026La Comisi\u00f3n verifica que en el tr\u00e1mite de la primera instancia. se respetaron las garant\u00edas procesales. con agotamiento de las etapas que lo conforman y el cumplimiento de los presupuestos necesarios para proferir decisi\u00f3n sancionatoria\u2026 <\/p>\n
No evidenci\u00e1ndose irregularidad alguna que pueda viciar de nulidad la actuaci\u00f3n disciplinaria, procede la Sala a pronunciarse sobre las motivaciones dadas por el a qua, frente a la sanci\u00f3n que impuso a la investigada. <\/p>\n
Sobre la negligencia por no instaurar la demanda ejecutiva de alimentos y denuncia penal, pese a contar con poder, precis\u00f3: <\/p>\n
\u2026en el expediente disciplinario obra material probatorio, como los poderes otorgados por la se\u00f1ora Martha Cecilia Riascos Guzm\u00e1n, en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad. a la abogada Elvia Luc\u00eda Ocampo Cadavid, sin que hubiere adelantado ninguna de las gestiones encomendadas, conforme a las certificaciones expedidas por los diferentes Juzgados de Familia de Cali y por la Direcci\u00f3n Secciona! de Fiscal\u00edas de la misma ciudad. <\/p>\n
Lo anterior permite demostrar que en efecto la abogada Ocampo Cadavid no fue diligente en su actuar profesional y dej\u00f3 de hacer oportunamente las gestiones para las cuales fue contratada. por lo que su conducta se encuadra en la falta prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 37 de la Ley 1123 de 2007, tal y como lo indicara el a quo\u2026 <\/p>\n
Igualmente, la Comisi\u00f3n no encuentra que en el expediente exista justificaci\u00f3n alguna para el actuar antijur\u00eddico de la abogada, quien a pesar de los requerimientos de su cliente no hizo ninguna gesti\u00f3n en favor de \u00e9sta, m\u00e1xime que hab\u00eda de por medio derechos fundamentales de un ni\u00f1o, tales como la alimentaci\u00f3n, recreaci\u00f3n, educaci\u00f3n que requer\u00edan hacerse efectivos a trav\u00e9s de las acciones encomendadas por la madre de aquel, mediante dos poderes otorgados a la disciplinable. <\/p>\n
Luego, es evidente que el comportamiento desplegado por la abogada Elvia Luc\u00eda Ocampo Cadavid afect\u00f3 el deber que ten\u00eda de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, pues a pesar de contar con poder para ello, no present\u00f3 la demanda ejecutiva de alimentos y la denuncia penal en contra del se\u00f1or Ra\u00fal Garc\u00eda Romero, para lo cual hab\u00eda sido contratada por su cliente Martha Cecilia Riascos, quien obraba en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad\u2026 <\/p>\n
La quejosa requiri\u00f3 en varias oportunidades a la abogada Elvia Luc\u00eda Ocampo Cadavid para que le entregara copia del documento radicado, a lo que \u00e9sta le contest\u00f3 con evasivas, inclusive de manera soez y con enga\u00f1os, pues le indic\u00f3 que hab\u00eda iniciado la demanda ejecutiva en el Juzgado Quinto de Familia de Cali, lo que no era cierto, tal y como se puede corroborar en la constancia expedida por ese despacho judicial\u2026 <\/p>\n
La conducta de la abogada Elvia Luc\u00eda Ocampo Cadavid va m\u00e1s all\u00e1 del enga\u00f1o, cuando al ser increpada por su cliente, quien averigu\u00f3 que no era cierta la actuaci\u00f3n de su apoderada, \u00e9sta le contest\u00f3 que \u00abno jodiera que si acaso yo era abogada que no ten\u00eda que molestar en ninguno de los juzgados averiguando nada, que para eso ella era la abogada\u00bb, asumiendo una actitud grosera con la quejosa. <\/p>\n
Ese actuar impropio de la abogada Elvia Lucia Ocampo Cadavid pudiera considerarse doloso, pues al verse descubierta en sus enga\u00f1os y falta de diligencia profesional, no solamente no actu\u00f3 y no realiz\u00f3 las gestiones para las cuales fue contratada, sino que a partir de enga\u00f1os y luego de palabras soeces para con su cliente, trat\u00f3 de intimidarla para que no siguiera averiguando respecto a su nula gesti\u00f3n profesional. <\/p>\n
La disciplinable era consciente del deber que estaba infringiendo, no solamente por su conocimiento en derecho, sino al haber sido requerida por su cliente en varias oportunidades para averiguar el resultado de sus gestiones y sab\u00eda que estaba dejando de hacer la labor para la cual fue contratada, sin importarle que los derechos del hijo menor de edad de la se\u00f1ora Riascos estaban siendo vulnerados. <\/p>\n
No obstante lo anterior, la naturaleza de las faltas establecidas en el art\u00edculo 37 de la Ley 1123 de 2007, no permiten al juez calificarlas a t\u00edtulo de dolo, pues la falta de diligencia o negligencia, por su naturaleza es netamente culposa. <\/p>\n
En este punto es importante destacar que la Corte Constitucional en la sentencia C- 181 de 2002 expres\u00f3\u2026 <\/p>\n
Como bien lo indicara la Sala de primera instancia, la conducta imputada a la disciplinable se calific\u00f3 a t\u00edtulo de culpa, luego se encuentran dados todos los elementos necesarios para confirmar el primer cargo formulado a la abogada Elvia Lucia Ocampo Cadavid. <\/p>\n
Respecto al cargo atinente a que la abogada encartada obtuvo de su cliente beneficio desproporcionado, aprovech\u00e1ndose de la necesidad e inexperiencia de su poderdante, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
Esta Comisi\u00f3n no comparte el criterio jur\u00eddico expuesto en la decisi\u00f3n objeto de an\u00e1lisis en grado jurisdiccional de consulta, pues no puede considerarse desproporcionado el cobro de honorarios por valor $790.000 para realizar dos gestiones relevantes, como lo era una demanda ejecutiva de alimentos y una denuncia penal por inasistencia alimentaria, suma que era un poco mayor al salario m\u00ednimo mensual legal vigente para la \u00e9poca de los hechos. <\/p>\n
La remuneraci\u00f3n derivada de un contrato de mandato es determinada por las partes, a trav\u00e9s de convenci\u00f3n conforme a lo establece el art\u00edculo 2142 del C\u00f3digo Civil Colombiano; adem\u00e1s no existe una norma espec\u00edfica que regule las tarifas que los abogados puedan cobrar por sus servicios profesionales. <\/p>\n
La abogada pod\u00eda recibir ese dinero, dada la complejidad de las demandas para las que se le confiriera poder, conforme a la tarifa que normalmente es fijada por los colegios de abogados y utilizada por los profesionales del derecho en el ejercicio de su profesi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, una cosa es que la abogada Ocampo Cadavid haya cobrado unos honorarios percibiendo un beneficio desproporcionado para la gesti\u00f3n profesional que se le encomend\u00f3 y otra que no haya sido diligente en esta, pues no es admisible Juzgar y sancionar dos veces la misma conducta con tipos disciplinarios diferentes, so pena de vulnerar el principio constitucional del non bis in \u00eddem establecida en el inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia. <\/p>\n
Lo anterior suceder\u00eda si aceptamos la decisi\u00f3n del a quo, quien reproch\u00f3 a la disciplinable la falta prevista en el numeral 1\u00b0 del articulo 35 de la Ley 1123 de 2007, por haber obtenido el pago de honorarios sin que hubiera realizado ninguna gesti\u00f3n, cuando realmente la abogada Ocampo Cadavid incurri\u00f3 en una evidente indiligencia frente al mandato conferido, lo que a todas luces fue antijur\u00eddico, porque no solamente afect\u00f3 los intereses de su cliente, Martha Cecilia Riascos, sino los de su hijo que era menor de edad. <\/p>\n
Sin embargo. a pesar de que esta Comisi\u00f3n considera totalmente reprochable la conducta de la abogada Ocampo Cadavid, no puede modificar los cargos formulados por el a quo a la disciplinable, so pena de vulnerar su derecho fundamental al debido proceso y a la defensa, pues el variar o modificar el cargo a esta altura del proceso, implicar\u00eda que no tuviera posibilidad de defenderse en debida forma. <\/p>\n
Por lo expuesto. esta Comisi\u00f3n revocar\u00e1 la decisi\u00f3n consultada, en cuanto a la falta prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 35 de la ley 1123 de 2007, en la medida en que la conducta censurada no tuvo ocurrencia, no obstante, se confirmar\u00e1 la sanci\u00f3n impuesta en relaci\u00f3n con la falta restante\u2026 <\/p>\n
A pesar de que se desvirtu\u00f3 una de las dos faltas por las que fue sancionada en primera instancia, la acci\u00f3n desplegada por la abogada Elvia Luc\u00eda Ocampo Cadavid no merece una reducci\u00f3n en el correctivo disciplinario impuesto, debido a la conducta reprochable en las que incurri\u00f3 por su falta de diligencia profesional, frente a los derechos fundamentales de un ni\u00f1o que estaban siendo vulnerados y requer\u00edan protecci\u00f3n judicial, la forma soez en la que respond\u00eda a los requerimientos de su cliente. <\/p>\n
En este caso. la sanci\u00f3n a la abogada Elvia Luc\u00eda Ocampo Cadavid se justifica debido a la trascendencia social y la modalidad de la conducta. el perjuicio causado a la quejosa al no interponer la demanda ejecutiva de alimentos y la denuncia penal por inasistencia alimentaria para las cuales se le hab\u00eda conferido poder, afectando de paso los derechos de un menor. <\/p>\n
Las conductas disciplinarias de los abogados que afecten o vulneren los derechos de los ni\u00f1os, deber\u00e1n ser valoradas con mayor rigurosidad al momento de imponer la sanci\u00f3n, atendiendo precisamente los criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad de la misma, pues el Estado debe ser garante de los derechos de las personas con mayor vulnerabilidad, m\u00e1xime que los derechos de los ni\u00f1os deben prevalecer sobre los derechos de los dem\u00e1s. <\/p>\n
Cuando la abogada Elvia Luc\u00eda Ocampo Cadavid acept\u00f3 el poder para iniciar demanda ejecutiva de alimentos e instaurar la denuncia por inasistencia alimentaria, en favor del hijo menor de edad de la quejosa, debi\u00f3 obrar con mayor celeridad, probidad, eficiencia, eficacia y diligencia de lo que normalmente lo hac\u00eda en sus negocios particulares. De no poderlo hacer, no debi\u00f3 aceptar el poder, pues estaban de por medio los derechos de un ni\u00f1o. Sumado a que fue indolente, indiferente y soez con los requerimientos leg\u00edtimos de su cliente, cuando solicit\u00f3 informaci\u00f3n del resultado de su gesti\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia. comprobado q\u00fce la investigada incurri\u00f3 en la falta disciplinaria consagrada en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 37 de la Ley 1123 de 2007, de forma antijur\u00eddica por la afectaci\u00f3n al deber establecido en el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 ib\u00eddem. a titulo de culpa, en atenci\u00f3n a los criterios de graduaci\u00f3n de la sanci\u00f3n y teniendo en cuenta gue con la conducta de la disciplinable se vieron afectados los derechos de un menor, la Comisi\u00f3n confirmar\u00e1 la sanci\u00f3n impuesta por el a-quo en la sentencia consultada\u2026 <\/p>\n
Bajo el anterior contexto, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plantea la tutelante es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada en la determinaci\u00f3n definitoria del proceso disciplinario criticado, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC10553-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10553-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-01013-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Elvia Lucia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56459","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56459","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56459"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56459\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56459"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56459"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56459"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}