STC10556-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC10556-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00304-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Ana Cecilia Santiago Mart\u00ednez frente al fallo proferido el 9 de julio de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad y Ramiro Rafael Lozada Manotas, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, \u00abacceso a la justicia\u00bb y \u00abvivienda digna\u00bb, presuntamente conculcadas por la sede judicial acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al estrado accionado \u00abdeclarar nula la audiencia de remate de\u2026 10 de mayo del 2021, [que] rehaga la actuaci\u00f3n y de por terminado el proceso\u2026 por el contrato de transacci\u00f3n de fecha 17 de abril del 2017\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo que Ramiro Rafael Lozada Manotas inco\u00f3 contra la accionante, desde el 1\u00ba de agosto de 2016 se dict\u00f3 sentencia en la cual se declararon infundadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por \u00e9sta y se orden\u00f3 seguir adelante el cobro, y surtidas las dem\u00e1s etapas de rigor, el 10 de mayo de 2021 se celebr\u00f3 el remate de un predio de propiedad de la ejecutada, diligencia en la cual, al hallar insatisfechos los presupuestos del canon 161 del C\u00f3digo General del Proceso, no se accedi\u00f3 a la solicitud de suspensi\u00f3n por prejudicialidad que ella plante\u00f3 aduciendo que est\u00e1 en curso la denuncia penal que por falsedad ideol\u00f3gica instaur\u00f3 contra su acreedor porque \u00e9ste s\u00f3lo le prest\u00f3 5 millones, de los cuales ella le pag\u00f3 2 y le est\u00e1 cobrando 260; audiencia en la que, por dem\u00e1s, se mantuvo esa decisi\u00f3n al desatar la reposici\u00f3n propuesta por la deudora y, finalmente, se adjudic\u00f3 el bien al ejecutante. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela la accionante critic\u00f3 que para resolver su petici\u00f3n de suspensi\u00f3n por prejudicialidad no se dio traslado previo de la misma al ejecutante ni se ofici\u00f3 a la Fiscal\u00eda, como ella lo requiri\u00f3, adem\u00e1s, no se tuvieron en cuenta las pruebas recaudadas, lo que le acarre\u00f3 perder su vivienda. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que tambi\u00e9n present\u00f3 solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por transacci\u00f3n, pero la misma no fue atendida por el fallador. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Trece Civil del Circuito de Barranquilla pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite porque la accionante critic\u00f3 actuaciones posteriores a la emisi\u00f3n de la sentencia en la que, el 1\u00ba de agosto de 2016, orden\u00f3 continuar el cobro, actuaci\u00f3n luego de la cual ese despacho remiti\u00f3 el asunto a los juzgados de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 46 Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de la capital atlanticense se\u00f1al\u00f3 que \u00aba la fecha se encuentra en etapa de indagaci\u00f3n\u00bb y a su cargo la denuncia que formul\u00f3 la tutelante contra Ramiro Rafael Lozada Manotas, por los punibles de falsedad ideol\u00f3gica en documento privado y fraude procesal. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas e indic\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno de la accionada (sic)\u00bb, por lo que no deb\u00eda dispensarse la salvaguarda. <\/p>\n
4. Iv\u00e1n Dar\u00edo Estrada Tirado se\u00f1al\u00f3 conocer a Ramiro Rafael Lozada Manotas, que el 19 de mayo de 2014 \u00e9ste le prest\u00f3 a la accionante la suma de $5\u2019000.000 y que \u00e9l, el 17 de abril de 2017, como deudor solidario de la quejosa, suscribi\u00f3 un contrato de transacci\u00f3n con aqu\u00e9l, en el cual pactaron que \u00e9l cancelar\u00eda esa suma. <\/p>\n
5. Darleys P\u00e9rez Garc\u00e9s, quien adujo ser \u00abapoderada del se\u00f1or Ramiro Lozada\u00bb, inform\u00f3 que \u00abtanto [su] mandante como [ella]\u2026 tuvieron y tienen conocimiento de la acci\u00f3n de tutela, del fallo de primera instancia y del auto que orden\u00f3 la nulidad, sin embargo, [se abstuvieron]\u2026 de contestar[la]\u2026 por las mismas razones que el despacho de primera instancia la neg\u00f3, por su improcedencia, pues\u2026 Ana Cecilia\u2026 pretende por este v\u00eda subsidiaria lograr lo que teniendo la oportunidad procesal no realiz\u00f3\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando a Ramiro Rafael Lozada Manotas, de acuerdo a lo ordenado por esta Sala en auto del pasado 25 de junio, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n i) por insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad, en cuanto a la falta de traslado de la petici\u00f3n de prejudicialidad y la omisi\u00f3n de oficiar a la Fiscal\u00eda, porque esos motivos de inconformidad no fueron expuestos ante el Juzgado al recurrir el despacho adverso de la solicitud; ii) al encontrar razonable esta decisi\u00f3n porque el estrado accionado \u00abs\u00ed valor\u00f3 cada uno de los supuestos se\u00f1alados tanto en su solicitud como en su recurso, as\u00ed como la prueba adosada al mismo, determinando que la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad era extempor\u00e1nea a la luz del art\u00edculo 161 de nuestro estatuto procesal civil [por ya existir sentencia], y consider\u00f3 que el contrato de transacci\u00f3n aportado tampoco var\u00eda tal circunstancia, por no haber sido solicitada la terminaci\u00f3n del proceso como establece el mencionado c\u00f3digo, criterio que, con independencia que se comparta o no, resulta acorde con nuestra legislaci\u00f3n\u00bb; y iii) al hallar presurosa su formulaci\u00f3n \u00aben lo atinente a la p\u00e9rdida de su vivienda producto del remate [a] cuya suspensi\u00f3n no se accedi\u00f3 por la tutelada, \u2026debido a que a\u00fan se encuentra pendiente de impartirse la aprobaci\u00f3n del mismo, toda vez que seg\u00fan acot\u00f3 la juez accionada y as\u00ed se desprende del expediente, la aqu\u00ed actora solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por transacci\u00f3n, lo que a la fecha a\u00fan no ha sido resuelto, por lo que tal situaci\u00f3n a\u00fan resulta hipot\u00e9tica\u00bb. <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante aduciendo que, contrario a lo sostenido por el a-quo constitucional, el 10 de mayo de 2021, a las 4:11 P.M., mediante correo electr\u00f3nico, solicit\u00f3 \u00abla terminaci\u00f3n del proceso por transacci\u00f3n, \u2026antes de finalizar la audiencia de remate que termin[\u00f3] a las 4:25 P.M.\u00bb, por lo cual \u00abest[\u00e1] demostrado que las peticiones se hicieron pero que no fueron resueltas por el juzgado accionado\u00bb; y a\u00f1adi\u00f3 que \u00abRamiro Rafael Lozada Manotas, guard[\u00f3] silencio ante esta acci\u00f3n de tutela, [con lo que] t\u00e1citamente est\u00e1 aceptando [sus] hechos y fundamentos\u00bb, aunado a que era \u00absu deber legal\u2026 aportar tambi\u00e9n el contrato de transacci\u00f3n y no continuar con el proceso ejecutivo\u2026 para hacer incurrir en error al despacho\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. En lo tocante con que antes de resolver la petici\u00f3n de suspensi\u00f3n por prejudicialidad presentada por la tutelante no se dio traslado de la misma al ejecutante ni se ofici\u00f3 a la Fiscal\u00eda, como ella lo requiri\u00f3, el resguardo era inviable porque, efectivamente, esos reparos no se formularon al recurrir el despacho adverso de la referida solicitud de suspensi\u00f3n, en la diligencia adelantada el 10 de mayo de 2021. <\/p>\n
En tal virtud, muy a pesar de las alegaciones de la reclamante, fue por su propia incuria que el fallador acusado no se ocup\u00f3 de tal aspecto al resolver su censura horizontal en tal audiencia. <\/p>\n
Entonces, si la promotora del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy canon 117 del C\u00f3digo General del Proceso] -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
2.2. Por otro lado, no lucen arbitrarias la decisi\u00f3n de no acceder a la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad y su ratificaci\u00f3n, adoptadas en la diligencia celebrada el pasado 10 de mayo, porque al margen de los otros argumentos que all\u00ed esboz\u00f3 el juzgador acusado, lo cierto es que, como acertadamente lo se\u00f1al\u00f3, ese pedimento era inviable porque \u00abno existe\u2026 ninguna evidencia remitida por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n acerca de la existencia de un proceso penal, no basta con una simple denuncia o el anuncio de que est\u00e1 cursando una investigaci\u00f3n preliminar\u2026, ya que sabido es que el proceso penal se configura o se inicia con la acusaci\u00f3n, con la formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n; luego, entonces, al no existir evidencia en el expediente acerca de la formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n en contra del aqu\u00ed demandante, este despacho no puede hacer nada sobre ese particular y, en todo caso, se requerir\u00eda que la Fiscal\u00eda\u2026 hiciera la solicitud pertinente para que este despacho se pronunciara sobre ella, en el evento de existir formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, la Sala concluye que la mentada determinaci\u00f3n no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional, m\u00e1xime cuando en este tr\u00e1mite supralegal el ente fiscal valid\u00f3 lo anterior al manifestar que el caso al que dio lugar la denuncia de la quejosa contin\u00faa \u00aben etapa de indagaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Frente al particular se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
2.3. En punto a la solicitud de terminaci\u00f3n del juicio por transacci\u00f3n, si bien la misma no se resolvi\u00f3 en la audiencia en que se celebr\u00f3 la subasta, lo cierto es que se despach\u00f3 desfavorablemente con auto del pasado 5 de agosto, misma data en la cual se aprob\u00f3 el remate, esto es, con posterioridad a la interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela e, incluso, del fallo que la desat\u00f3 en primer grado, lo que denota la prematuridad con la que se instaur\u00f3 el reclamo constitucional, sumado a que del contenido de esos prove\u00eddos no puede ocuparse esta Corporaci\u00f3n, porque constituyen \u00abhechos nuevos\u00bb, en la medida en que para cuando se plante\u00f3 la salvaguarda eran inexistentes, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida en este tr\u00e1mite, de donde un pronunciamiento de la Corte al respecto implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de todos los aqu\u00ed intervinientes, aunado a que el registro de gesti\u00f3n judicial da cuenta de la formulaci\u00f3n de un recurso de reposici\u00f3n al respecto, el cual est\u00e1 en tr\u00e1mite. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha indicado que: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC 15 mar. 2011, rad. 00003-01, ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800) (CSJ STC6999-2016, 27 may., rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
2.4. Finalmente, basta se\u00f1alar que a pesar del silencio guardado por Lozada Manotas frente a la solicitud de protecci\u00f3n, al recaer la situaci\u00f3n denunciada sobre la actuaci\u00f3n surtida en el juicio fustigado, para establecer su veracidad bastaba con verificar el expediente respectivo, como en efecto se produjo, de donde aquel comportamiento de la persona natural accionada, no impon\u00eda, sin m\u00e1s, la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n rogada, como err\u00f3neamente parece entenderlo la opugnante. <\/p>\n
3. Las razones anteriormente consignadas imponen respaldar la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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