STC10558-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10558-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2021-00435-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 21 de julio de 2021 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Robinson Le\u00f3n Torres, quien aduce actuar en nombre de Martha Jannette D\u00edaz Wandurraga, contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, quien aduce actuar en nombre de Martha Jannette D\u00edaz Wandurraga, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y defensa, presuntamente conculcado por la autoridad acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al estrado encausado \u00abdecretar la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de sucesi\u00f3n de los causantes Luis Carlos Mu\u00f1oz Cueto e Hilda Buelvas de Mu\u00f1oz, que tiene radicado 2017-00090-00 desde el auto que fija fecha para inventarios y aval\u00faos inclusive, y que por obvias razones se dejen sin efecto todas las actuaciones surtidas\u2026 en adelante por violaci\u00f3n al debido proceso, y derecho de contradicci\u00f3n y defensa de [su] prohijado\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. El 23 de marzo de 2017 el Juzgado Primero de Familia de Barranquilla apertur\u00f3 el proceso de sucesi\u00f3n intestada de los causantes Luis Carlos Mu\u00f1oz Cueto e Hilda Buelvas de Mu\u00f1oz, asunto donde, refiere al actor, funge \u00abcomo apoderado del se\u00f1or Luis Carlos Mu\u00f1oz Buelvas por poder que [le] otorgara su guardadora quien es su esposa, la se\u00f1ora Martha Jannette D\u00edaz Wandurraga\u00bb. <\/p>\n
2.2. Refiri\u00f3 el promotor que \u00abtodo el tr\u00e1mite procesal se llev\u00f3 sin inconvenientes hasta la celebraci\u00f3n de la diligencia de inventarios y aval\u00faos\u00bb, habida cuenta de que \u00e9sta se cit\u00f3 para el 15 de febrero de 2017, cuando en realidad se adelant\u00f3 el 15 de febrero de 2018, raz\u00f3n por la que no pudo participar en la misma; de ah\u00ed que dicha diligencia est\u00e9 viciada de nulidad. <\/p>\n
2.3. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 23 de octubre de 2019 se aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n; determinaci\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin ning\u00fan reparo; luego, previa solicitud de parte, el 5 diciembre siguiente, el despacho \u00abdej\u00f3 sin efecto la sentencia\u00bb, ordenando rehacer el trabajo de partici\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El 25 de junio de 2021, el Juzgado al efectuar un control de legalidad pretendido por una de las partes, declar\u00f3 \u00abla nulidad de todo lo actuado\u2026 con posterioridad al 29 de octubre de 2019, fecha en la que qued\u00f3 ejecutoriada la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n, y desde la cual quedaba sin competencia esta c\u00e9lula judicial para decidir cuestiones de fondo que no se hubieren controvertido oportunamente dentro de este\u00bb, dejando en firme dicha providencia, esto, en la medida en que conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 285 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ablas sentencias no son reformables por el juez que la pronunci\u00f3\u00bb; de ah\u00ed que, no hab\u00eda lugar a dejar sin efecto la misma y ordenar a rehacer el trabajo de partici\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, deduce, tanto el trabajo de partici\u00f3n, as\u00ed como la sentencia que lo aprob\u00f3 \u00abest\u00e1n llenas de yerros\u00bb, toda vez que \u00abse presentaron unos pasivos que jam\u00e1s debi\u00f3 aceptar el despacho\u00bb, raz\u00f3n por la que la sentencia est\u00e1 viciada y, en esa medida, lo procedente era volver al trabajo de partici\u00f3n. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Familia de Barranquilla relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio de sucesi\u00f3n criticado; manifest\u00f3 que no ha vulnerado las prerrogativas invocadas, por lo que pidi\u00f3 desestimar la solicitud de amparo; remiti\u00f3 copia escaneada de piezas procesales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 50 Judicial II para la defensa de la Infancia, Adolescencia y la Familia, indic\u00f3 que la salvaguarda incumple los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, pues, de un lado, el prove\u00eddo que cit\u00f3 a la diligencia de inventarios y aval\u00faos data de 2018, as\u00ed como la sentencia que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n, que fue proferida el 23 de octubre de 2019; y, por otra parte, porque en su momento pudo formular incidente de nulidad; destacando que la decisi\u00f3n de 21 de junio de 2021 no puede revivir las oportunidades precluidas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencia m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo neg\u00f3 el resguardo implorado, al encontrar insatisfechos los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, pues, de un lado, la irregularidad en la fecha de citaci\u00f3n de la diligencia de inventarios y aval\u00faos, data de 2018, as\u00ed como la sentencia que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n, que fue proferida el 23 de octubre de 2019; y, por otra parte, porque contra dicho fallo no se formul\u00f3 ning\u00fan reparo, sumado a que, contra la diligencia de inventarios y aval\u00faos no se formul\u00f3 incidente de nulidad. <\/p>\n
Destac\u00f3 que con la providencia de 21 de junio de 2021 no se puede revivir oportunidades procesales dejadas de utilizar \u00abtoda vez que este prove\u00eddo no tiene la virtualidad de habilitar oportunidades precluidas, m\u00e1xime que el juzgador por v\u00eda de control de legalidad declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso con posterioridad al 29 de octubre de 2019, fecha en la que qued\u00f3 ejecutoriada la sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n y desde la cual quedaba sin competencia dicho Despacho para decidir cuestiones de fondo que no se hubieren controvertido oportunamente dentro del litigio\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, y la solicitud de amparo cumpla con el presupuesto de la inmediatez en su interposici\u00f3n. <\/p>\n
2. Examinada la documental allegada al tr\u00e1mite tuitivo, relativa a las actuaciones surtidas en el proceso de sucesi\u00f3n intestada de los causantes Luis Carlos Mu\u00f1oz Cueto e Hilda Buelvas de Mu\u00f1oz, se advierte que el gestor del resguardo no ostenta la calidad de parte dentro de ese juicio, por lo que no puede incoar esta salvaguarda aduciendo la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas, pues s\u00f3lo a sus poderdantes en ese asunto se le podr\u00eda quebrantar los derechos invocados. El hecho de ser el apoderado de los contendientes, no lo convierte en titular de privilegio ius fundamental alguno derivado de esa actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Aunado a que el gestor no acompa\u00f1\u00f3 a la petici\u00f3n de resguardo el poder especial conferido por sus representados para iniciar esta acci\u00f3n, tampoco adujo ser su agente oficioso, indicando las razones por las cuales el supuesto agenciado no pod\u00eda incoar personalmente la solicitud de amparo. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala siguiendo la doctrina constitucional ha sostenido: <\/p>\n
\u2026ciertamente, aunque el art\u00edculo 10 del decreto 2591 de 1991, establece que \u00abcualquier persona\u00bb puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u00abvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u00bb, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [precepto] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u00abvulnerados o amenazados\u00bb aquellos\u2026 <\/p>\n
\u2026en punto del tema, la jurisprudencia, en reiteradas decisiones ha sostenido que la precitada norma \u00abdispuso cuatro v\u00edas procesales para que el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados interponga acci\u00f3n de tutela: <\/p>\n
\u2026(i) Por s\u00ed mismo, pues no se requiere abogado; (ii) A trav\u00e9s de representante legal en el caso de menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas; (iii) Por intermedio de un abogado titulado con poder expreso, si as\u00ed se desea; y (iv) Mediante agente oficioso, es decir, por un tercero indeterminado sin necesidad de poder, \u00abcuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u00bb. Agrega que en este caso se debe manifestar tal situaci\u00f3n en la solicitud de tutela, esto es, se debe poner de presente que se act\u00faa en calidad de agente oficioso y cu\u00e1les son las circunstancias que hacen que el titular de los derechos est\u00e9 imposibilitado para interponer la acci\u00f3n\u2026\u00bb -negrillas fuera de texto- (CSJ STC, 13 dic. 2011, rad. 2011-00284-02; reiterada en CSJ, 10 jun. 2016, rad. 2016-00786-01). <\/p>\n
De suerte que, si el accionante no cuenta con legitimaci\u00f3n en la causa para activar este medio excepcional de defensa, no es posible entrar a auscultar la legalidad de las actuaciones emitidas en el proceso judicial en el que, como ya qued\u00f3 dicho, el quejoso no era parte sino apoderado judicial, reiterando que al presente tr\u00e1mite constitucional no arrim\u00f3 poder especial alguno que lo legitimara para incoarlo en nombre de uno de los herederos reconocido. <\/p>\n
3. Basta lo dicho para respaldar el fallo de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed consignadas, que no por las del a-quo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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