STC10559-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10559-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-01133-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 17 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Julio C\u00e9sar Achinte Narv\u00e1ez contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado Veintitr\u00e9s Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso criticado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa t\u00e9cnica, que dice vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se disponga \u00abdecretar la nulidad del proceso, la sentencia de segunda instancia, proferida por el H. Tribunal Superior de Cali\u2026 que confirm\u00f3 la sentencia del Juzgado, que [lo] conden\u00f3 a la pena de 72 meses de prisi\u00f3n, con flagrante violaci\u00f3n de los art\u00edculos 457 de la Ley 906 de 2004\u00bb, lo que lo \u00abperjudic[\u00f3] de manera ostensible por haber desconocido totalmente el derecho fundamental del debido proceso, afectando totalmente y de forma sustancial la estructura del Proceso que se sigui\u00f3 en [su] contra\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro de un juicio penal adelantado en contra de Julio C\u00e9sar Achinte Narv\u00e1ez por la comisi\u00f3n del delito de violencia intrafamiliar, el Juzgado Veintitr\u00e9s Penal Municipal de Conocimiento de Cali profiri\u00f3 sentencia el 3 de agosto de 2020, en la que lo conden\u00f3 a la pena de 72 meses de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n que, tras ser apelada, fue confirmada por el Tribunal Superior del mismo lugar en fallo de 9 de noviembre de 2020. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que inexplicablemente su defensor desisti\u00f3 de su declaraci\u00f3n, pese a que era necesaria para aportar luces a la investigaci\u00f3n, pues cuando lleg\u00f3 a la casa el d\u00eda de los hechos su compa\u00f1era no estaba, hab\u00eda ingerido licor y la hija de aquella no estuvo presente cuando hablaron ni intervino, adem\u00e1s que su compa\u00f1era lo agredi\u00f3 con una plancha. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que fue condenado \u00fanicamente con las declaraciones de un polic\u00eda al que no le constaba nada, una profesional m\u00e9dica que no presenci\u00f3 los hechos y de la descendiente de su compa\u00f1era, sin que se recopilaran otros medios de convicci\u00f3n o existiera uno contundente que demostrara su responsabilidad penal. <\/p>\n
2.4 Adujo que su compa\u00f1era no interpuso denuncia penal en su contra; que no se demostraron antecedentes en 17 a\u00f1os de convivencia; que se incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho; que se desconocieron aspectos de su declaraci\u00f3n, pues \u00e9l fue agredido; y que la adecuaci\u00f3n t\u00edpica no fue correcta. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que su defensa t\u00e9cnica fue deficiente; que se debe declarar la nulidad de la actuaci\u00f3n desde el escrito de acusaci\u00f3n; que su abogado no dialog\u00f3 con la Fiscal\u00eda en aras de lograr una salida favorable, como un preacuerdo; que no se le brindaron garant\u00edas procesales; y que se desconoci\u00f3 la ley. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali inform\u00f3 que el 9 de noviembre de 2020 profiri\u00f3 sentencia de segunda instancia, en la que confirm\u00f3 la condenatoria emitida por el a-quo. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 116 Local de Dagua -Valle refiri\u00f3 que no advert\u00eda transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales del promotor, quien estuvo asistido de un profesional del derecho; y que la condena se fund\u00f3 en las pruebas practicadas en el juicio oral, las cuales fueron valoradas en su conjunto. <\/p>\n
3. El Juzgado Veintitr\u00e9s Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento de Cali realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y se\u00f1al\u00f3 que no hab\u00eda conculcado garant\u00eda esencial alguna; que se convoc\u00f3 al gestor a cada una de las diligencias programadas; y que la sentencia dictada fue confirmada en segunda instancia. <\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que no se advert\u00eda la vulneraci\u00f3n de los derechos del accionante; que en el proceso cont\u00f3 con las oportunidades para proponer sus inconformidades, incluso a trav\u00e9s del recurso de casaci\u00f3n, del que no hizo uso, sin que sea admisible que ahora postule su posici\u00f3n; y que no era factible revivir etapas procesales. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y aduciendo que no se apreciaron las pruebas de forma individual ni en conjunto; y que se desconocieron las directrices del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, as\u00ed como las reglas de interpretaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el peticionario no interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, con miras a cuestionar los aspectos que ahora expone concretamente, los relacionados con la supuesta indebida valoraci\u00f3n probatoria, desaprovechando as\u00ed la oportunidad para plantear los reparos por los que ahora se queja. <\/p>\n
Ciertamente, esta acci\u00f3n excepcional no es el mecanismo adecuado para elucidar aspectos como los planteados por el promotor del resguardo, cuando no se agotaron los instrumentos id\u00f3neos para ello, destacando que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas oportunidades para que expongan en el marco del proceso y ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que los mismos puedan ser soslayados so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos, esta Corte consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026el quejoso tambi\u00e9n tuvo la oportunidad de impetrar dicho medio extraordinario y no lo hizo, con lo que desperdici\u00f3 la oportunidad de obtener su revisi\u00f3n ante el \u00f3rgano m\u00e1ximo de la justicia ordinaria y mostr\u00f3 conformidad o desinter\u00e9s frente a la condena impuesta en segunda instancia\u2026 el accionante debi\u00f3 acudir al medio de defensa previsto en la ley penal para cuestionar el veredicto del Tribunal, habida cuenta que\u2026 no es viable acudir a esta v\u00eda especial de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, luego de desperdiciar los instrumentos procesales establecidos por el legislador\u2026 Por tal motivo, la petici\u00f3n efectuada resulta improcedente (CSJ STC, 19 ag. 2011, rad. 01590-01; reiterada en STC10865-2014, 14 ag. 2014, rad. 2014-01231-01; y STC5078-2015, 29 abr. 2015, rad. 2015-00280-01). <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, en lo atinente a las supuestas anomal\u00edas en las que incurri\u00f3 la defensa del promotor, se advierte que la supuesta negligencia de la misma: <\/p>\n
\u2026no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma y no al juez acusado, dado que (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (CSJ STC 18 may. 2009, rad. 00508 -01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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