STC10560-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10560-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2021-00800-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de julio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Maritza Elizabeth Gandara Fern\u00e1ndez contra los Juzgados Veinte Civil del Circuito de esta ciudad y Primero Civil Municipal de Madrid, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes de los procesos criticados. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, m\u00ednimo vital, trabajo y vivienda digna, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se \u00abdeclare la nulidad del fallo proferido por el juez civil municipal\u2026 de fecha 26 de marzo de 2021\u00bb, as\u00ed como \u00abdel auto de 5 de septiembre que devolvi\u00f3 el proceso de restituci\u00f3n\u2026\u00bb; adem\u00e1s que se le ordene al estrado del circuito acusado \u00abincluir dentro del tr\u00e1mite de insolvencia a Davivienda como acreedor por el leasing habitacional\u2026 y en consecuencia recibir el proceso No. 2019-229 que cursaba en el juzgado civil de Madrid\u00bb; y que se tenga \u00aben cuenta lo que\u2026 dice el art\u00edculo 18 de la Ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Maritza Elizabeth Gandara Fern\u00e1ndez present\u00f3 solicitud de insolvencia de persona natural comerciante, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el que la admiti\u00f3 el 30 de enero de 2019. <\/p>\n
2.2. Mediante oficio de 21 de agosto de 2019, el Juzgado Primero Civil Municipal de Madrid remiti\u00f3 el proceso verbal sumario promovido por Davivienda en contra de Maritza Elizabeth Gandara Fern\u00e1ndez al Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogot\u00e1, \u00faltimo que en auto de 5 de septiembre siguiente lo devolvi\u00f3 al despacho de origen porque no se acredit\u00f3 que la insolventada desarrollara all\u00ed su objeto social. <\/p>\n
2.3. Gandara Fern\u00e1ndez pidi\u00f3 tener en cuenta la acreencia del leasing y que se deprecara la remisi\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n, por lo que el referido estrado del circuito en auto de 19 de marzo de 2021 la requiri\u00f3 para que acreditara los requisitos del art\u00edculo 22 de la Ley 1116 de 2006; y en prove\u00eddo de 28 de abril de 2021 dispuso que se estuviera a lo resuelto en el auto de 23 de septiembre de 2019, por el cual reconoci\u00f3 a Davivienda como acreedor quirografario, y neg\u00f3 la solicitud de requerir el expediente mencionado. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 la accionante que, por muchas razones, entre ellas, el Covid, se vio en problemas econ\u00f3micos que la llevaron a presentar solicitud de insolvencia de persona natural comerciante, solicitud admitida el 30 de enero de 2019 por el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogot\u00e1; y que el Banco Davivienda inici\u00f3 un proceso de restituci\u00f3n de inmueble dado en leasing, demanda radicada el 13 de febrero y admitida el 27 de febrero de 2019. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que el expediente de la mencionada restituci\u00f3n fue remitido al de insolvencia, empero, el estrado que conoce de este \u00faltimo, no lo acept\u00f3 y dispuso la devoluci\u00f3n al juzgado de origen, dejando de lado lo dispuesto en el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
2.6. Adujo que se acerc\u00f3 en enero del 2020 al despacho municipal a notificarse personalmente, en donde pidi\u00f3 se revocara dicha decisi\u00f3n, pues la solicitud de insolvencia fue admitida antes de la radicaci\u00f3n de la demanda de restituci\u00f3n, fecha en la que ejerc\u00eda sus actividades de comercio en ese inmueble; y que prob\u00f3 con la inscripci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio que traslad\u00f3 el domicilio principal de su empresa a su hogar, lo que se volvi\u00f3 definitivo por el Covid-19. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que en un acto dilatorio, el Juzgado Veinte Civil del Circuito accionado deprec\u00f3 la referida prueba, por lo que el estrado municipal profiri\u00f3 sentencia en donde orden\u00f3 la entrega del inmueble al Banco Davivienda, pese a las innumerables solicitudes y aclaraciones que efectu\u00f3 en ambos despachos; que por la pandemia no pod\u00eda dejar su hogar y su empresa, \u00fanico sustento con el que cuenta para su mantenimiento y pago de obligaciones, pues de lo contrario tendr\u00eda que ir a liquidaci\u00f3n y a la ruina absoluta. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que no se cumpl\u00edan con los presupuestos de procedencia del resguardo, pues no se elev\u00f3 ning\u00fan reparo frente al prove\u00eddo de 5 de septiembre de 2019 y dej\u00f3 transcurrir un t\u00e9rmino superior a 18 meses para acudir al resguardo; que si bien se demor\u00f3 en proferir el auto de 18 de marzo de 2021, ello obedeci\u00f3 a los cierres causados por la pandemia y la congesti\u00f3n judicial, temas que se han venido superando; que requiri\u00f3 a la quejosa para que acreditara el cumplimiento de los requisitos previstos en el art\u00edculo 22 de la Ley 1116 de 2006, pero guard\u00f3 silencio, acudiendo directamente al juez constitucional y desatendiendo el principio de subsidiariedad; que la acreencia derivada del leasing habitacional ya hab\u00eda sido incorporada en el tr\u00e1mite de insolvencia desde el 23 de septiembre de 2019; que pese a que la sentencia se dispuso la restituci\u00f3n del inmueble, no exist\u00eda fecha para la diligencia de entrega, ni se acredit\u00f3 que ante el juez all\u00ed cognoscente solicitara adecuar el tr\u00e1mite, atendiendo la modificaci\u00f3n introducida por el registro p\u00fablico frente al asiento principal de los negocios, por lo que tampoco se configuraba un perjuicio irremediable; y que el 27 de abril de 2021 ingres\u00f3 el proceso al despacho a fin de revisar de fondo la petici\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil Municipal de Madrid remiti\u00f3 copia del proceso all\u00ed tramitado. <\/p>\n
3. El Banco Davivienda SA refiri\u00f3 que promovi\u00f3 juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, el que finaliz\u00f3 con sentencia de 5 de abril de 2021, en la que se accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda; que no se evidenciaba afectaci\u00f3n a derecho fundamental alguno sino desacuerdo con las posturas establecidas, no cuestionadas dentro de la oportunidad procesal, por lo que no se observaba el requisito de subsidiariedad; que tampoco evidenciaba defecto alguno, pues el Juzgado Veinte Civil del Circuito acusado indic\u00f3 de manera motivada la raz\u00f3n por la cual decidi\u00f3 no incluir el proceso de restituci\u00f3n; que el fallo proferido en el proceso de restituci\u00f3n se sustent\u00f3 en debida forma; y que la tutela no era una tercera instancia. <\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que la accionante no cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, pues no hab\u00eda planteado la nulidad de las actuaciones ante los funcionarios convocados; que no ejerci\u00f3 ning\u00fan mecanismo de defensa frente al auto de 5 de septiembre de 2019, mediante la que se dispuso la devoluci\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n, ni tampoco observaba el presupuesto de la inmediatez; que en la providencia de 19 de marzo de 2021 el juez del concurso la requiri\u00f3 con miras a que acreditara el acatamiento de los requisitos del art\u00edculo 22 de la Ley 1116 de 2006, por lo que la apoderada de la actora envi\u00f3 un escrito; que en prove\u00eddo de 28 de abril de los corrientes le orden\u00f3 estarse a lo dispuesto el 23 de septiembre de 2019, con el que se reconoci\u00f3 a Davivienda como acreedor quirografario respecto de las obligaciones adeudadas, as\u00ed como deneg\u00f3 la petici\u00f3n de remisi\u00f3n del expediente de restituci\u00f3n, \u00faltima decisi\u00f3n que tampoco cuestion\u00f3; y que no se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que no se examin\u00f3 el proceso de insolvencia; que no se recurri\u00f3 el prove\u00eddo de 5 de septiembre de 2019, pues su apoderada se encontraba hospitalizada desde el 26 de agosto al 8 de septiembre; que su abogada le indic\u00f3 que al percatarse de dicha decisi\u00f3n, su auxiliar se comunic\u00f3 con el Banco Davivienda, \u00faltimo que interpuso recurso pero no se tuvo en cuenta; que el estrado municipal acusado no valor\u00f3 su defensa; que se dejaron de lado los principios del r\u00e9gimen de insolvencia; que siempre hab\u00eda desarrollado su objeto social en el inmueble objeto de restituci\u00f3n, \u00absolo que por tiempo, lugar y modo no se hab\u00eda podido inscribir en la C\u00e1mara de Comercio\u2026\u00bb; y que s\u00ed aport\u00f3 lo solicitado en el auto de 19 de marzo de los corrientes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre el prove\u00eddo criticado de 5 de septiembre de 2019; y la interposici\u00f3n de la tutela el 20 de abril de 2021, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que fuera demostrado ning\u00fan motivo que justifique esa tardanza. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026 si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. Ahora bien, se advierte que la promotora desaprovech\u00f3 los mecanismos ordinarios de defensa judicial que tuvo a su alcance para exponer las inconformidades que ahora plantea, pues guard\u00f3 silencio frente a los prove\u00eddos de 5 de septiembre de 2019 y 28 de abril de 2021, sin que sean de recibo los argumentos planteados para superar dicho presupuesto, pues precisamente los mecanismos de defensa fueron previstos por el legislador como instrumentos de salvaguarda de las garant\u00edas que le asisten a los interesados, sin que se pusieran de presente las situaciones que ahora plantea ante el fallador de conocimiento. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la promotora del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01, STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
4. Finalmente, es de advertirse, que teniendo en cuenta lo atr\u00e1s rese\u00f1ado, la ejecutoria del auto de 5 de septiembre de 2019, con el que se fij\u00f3 la competencia del proceso de restituci\u00f3n en el estrado municipal, no pod\u00eda ser desconocido por la accionante aduciendo cuestionar la sentencia all\u00ed emitida, en tanto que lo relativo al llamado a definir el caso era aspecto zanjado desde aquella data. <\/p>\n
5. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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