STC10565-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10565-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N.\u00b0 05001-22-10-000-2021-00203-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de julio de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Edilia del Socorro Escobar V\u00e9lez contra el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Envigado, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
1. La accionante reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con las actuaciones desplegadas al interior del proceso verbal de petici\u00f3n de herencia que promovi\u00f3 contra los herederos determinados e indeterminados de Alfredo Escobar Gonz\u00e1lez, identificado con el radicado 2015-00300-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando al Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Envigado, \u00abconsiderar nuevamente el decreto probatorio profiriendo una decisi\u00f3n con sujeci\u00f3n al debido proceso, a la normatividad procesal imperante, al precedente judicial y acatando la orden proferida por el Tribunal Superior de Medell\u00edn Sala de Familia, mediante auto No. 9990 del 30 de enero de 2020\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que es hija extramatrimonial del causante Alfredo Escobar Gonz\u00e1lez, conforme consta en el respectivo registro civil de nacimiento, raz\u00f3n por la cual, es la \u00ab\u00fanica heredera universal\u00bb de \u00e9ste, pero el prenombrado otorg\u00f3 testamento mediante Escritura P\u00fabica No. 442 de 3 de marzo de 2011 de la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Itag\u00fc\u00ed, donde dispuso de sus bienes a favor de otras personas, quienes, sin citarla, adelantaron la sucesi\u00f3n ante en la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo de La Estrella, protocoliz\u00e1ndola en la Escritura P\u00fablica No. 690 del 26 de septiembre del a\u00f1o 2013, motivo por el cual promovi\u00f3 el referido juicio de petici\u00f3n de herencia, donde los demandados presentaron demanda en reconvenci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de su filiaci\u00f3n con el se\u00f1or Escobar Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
Sostiene que el 30 de enero de 2020, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn declar\u00f3 la nulidad de todo lo tramitado en la demanda de reconvenci\u00f3n, \u00abal considerar que no era posible acumular la petici\u00f3n de herencia con la impugnaci\u00f3n de paternidad\u00bb; no obstante, dentro de las excepciones de fondo que su contraparte propuso a lo perseguido en el juicio de petici\u00f3n de herencia, incluy\u00f3 las de \u00abnulidad del reconocimiento o deficiencia en la prueba de la calidad de heredera que invoca la demandante; fraude procesal por ocultamiento malicioso por parte de Edilia del Socorro Escobar V\u00e9lez durante 47 a\u00f1os de la Escritura P\u00fablica No. 4970 del 30 de octubre de 1967 de la Notar\u00eda Quinta de Medell\u00edn y de fallos judiciales; Impugnaci\u00f3n o inexistencia de paternidad del difunto Alfredo Escobar Gonz\u00e1lez para con la demandante Edilia del Socorro; Simulaci\u00f3n o falsedad ideol\u00f3gica del registro civil de nacimiento de Edilia del Socorro Escobar V\u00e9lez; e Inexistencia e ilegitimidad de la paternidad del difunto Alfredo Escobar Gonz\u00e1lez para con Edilia del Socorro Escobar V\u00e9lez\u00bb, por lo cual, asevera, al buscarse con dichas defensas lo mismo que con la demanda en reconvenci\u00f3n, declarada improcedente por el Tribunal, \u00abno resulta plausible ni procesalmente t\u00e9cnico, intentar el desconocimiento de [su] estado civil (\u2026) mediante el proceso en curso de petici\u00f3n de herencia, toda vez que si no es posible hacerlo por la v\u00eda de la acci\u00f3n de reconvenci\u00f3n, menos a\u00fan deber\u00eda serlo a trav\u00e9s de los medios exceptivos al contestar la demanda\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que en otro proceso tramitado en su contra para la cancelaci\u00f3n de su registro civil de nacimiento, identificado con el consecutivo No. 2015-00162, el Tribunal Superior de Medell\u00edn resolvi\u00f3 en sentencia del 20 de octubre de 2017 revocar el fallo de 3 de febrero de ese mismo a\u00f1o del Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Itag\u00fc\u00ed, para en su lugar, no acceder las pretensiones de la demanda, bajo el argumento que la v\u00eda para controvertir el reconocimiento del hijo extramatrimonial es la impugnaci\u00f3n de la filiaci\u00f3n. <\/p>\n
Explica que pese a lo expuesto, en la audiencia inicial del 30 de junio de 2021 realizada dentro del referido asunto, la juzgadora \u00abdesatendi\u00f3 la orden dictada por el Tribunal Superior de Medell\u00edn el 30 de enero de 2020, habida consideraci\u00f3n que continu\u00f3 tramitando en el proceso, la impugnaci\u00f3n de [su] paternidad, ya no por la v\u00eda de la acci\u00f3n de reconvenci\u00f3n sino por la v\u00eda de la excepci\u00f3n\u00bb, toda vez que decret\u00f3 de oficio se le practicara la prueba con marcadores de ADN, cuando ello tiene lugar en ese tipo de proceso, decisi\u00f3n que atac\u00f3 mediante el recurso de reposici\u00f3n, pero el mecanismo fue rechazado por improcedente. <\/p>\n
Finalmente agrega, que en la demanda pidi\u00f3 como prueba un dictamen pericial para determinar el valor de los frutos producidos o que hubieran haber producido los bienes sucesorales, el cual, si bien fue decretado, se le orden\u00f3 allegarlo dentro de los 10 d\u00edas siguientes, decisi\u00f3n que solicit\u00f3 reponer para que el juzgado designara un perito por estar ella amparada de pobreza, pero fue mantenida, pasando por alto los beneficios que su condici\u00f3n procesal conlleva, bajo el argumento que debe ser ella quien aporte el medio de convicci\u00f3n por haberlo solicitado, y porque no cuenta con lista de auxiliares de la justicia para la respectiva designaci\u00f3n; y, de otro lado, en la misma audiencia decret\u00f3 como prueba un dictamen pericial solicitado por la parte demandada \u00abtendiente a restar validez a la Escritura P\u00fablica de Reconocimiento, cuando reitero, esa no es la v\u00eda para impugnar la paternidad (\u2026) adem\u00e1s de que no se ventila en el proceso de petici\u00f3n de herencia asunto alguno relativo a [su] filiaci\u00f3n\u00bb, situaciones por las que, en su criterio, se justifica la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) La titular del Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Envigado, tras hacer un recuento de las principales actuaciones procesales surtidas dentro del referido juicio, puntualiz\u00f3 que all\u00ed los demandados presentaron como excepci\u00f3n de fondo la impugnaci\u00f3n de la paternidad y la falta de legitimaci\u00f3n en la causa de la demandante, aqu\u00ed accionante, con fundamento en que \u00e9sta no es hija del causante. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el 30 de enero de 2020 el Tribunal Superior de Medell\u00edn, al resolver una apelaci\u00f3n interpuesta por los demandados, consider\u00f3 que la demanda en reconvenci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de la paternidad no proced\u00eda, por lo que se continu\u00f3 \u00fanicamente con el tr\u00e1mite principal de petici\u00f3n de herencia, decisi\u00f3n \u00e9sta que los demandados atacaron mediante tutela, conocida por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de Corte Suprema de Justicia, que en sentencia del 4 de junio de 2020 (STC3598) neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, porque a\u00fan estaban pendientes de decisi\u00f3n las excepciones con que se persigue lo mismo que en la demanda en reconvenci\u00f3n, decisi\u00f3n impugnada y confirmada el 29 de julio de esa misma anualidad por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Precis\u00f3 que esas decisiones fueron el fundamento para proceder en la audiencia inicial conforme a los art\u00edculos 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso, y con el fin de resolver sobre las excepciones propuestas, se decret\u00f3 de oficio la prueba de ADN sobre la aqu\u00ed interesada. <\/p>\n
b.) El curador ad litem designado dentro del decurso cuestionado para representar a los herederos indeterminados de la demandada Blanca Cecilia Fern\u00e1ndez indic\u00f3 que no le constan los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, porque cuando acudi\u00f3 al tr\u00e1mite ya estaba avanzado. <\/p>\n
c.) Mar\u00eda Patricia, M\u00f3nica Mar\u00eda, Liliana Mar\u00eda, Mar\u00eda Cecilia, Gloria In\u00e9s, Carlos Mario y Alejandro Restrepo Escobar, Mar\u00eda Lilia del Socorro Viveros Escobar, Luz Marina Garc\u00e9s de Restrepo, Luz Estella y \u00c1ngela Mar\u00eda Gonz\u00e1lez Escobar, \u00c1ngela Mar\u00eda, Mauricio, Hernando Alonso y Mar\u00eda Isabel Escobar Viveros y Catalina \u00c1lvarez Escobar, todos a trav\u00e9s de mandatario judicial, manifestaron que las Salas de Casaci\u00f3n Laboral y Civil de la Corte Suprema de Justicia, al resolver la tutela que interpusieron como intervinientes dentro del proceso cuestionado, trazaron los lineamientos que el juez del precitado asunto debe desarrollar en el juicio, por lo cual pidieron se deniegue la protecci\u00f3n y en su lugar se condene a la accionante al pago de costas, por interponer una acci\u00f3n temeraria. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn, tras hacer un recuento de las principales etapas procesales agotadas dentro proceso criticado, consider\u00f3 que el amparo no tiene lugar \u00abfrente a la pretensi\u00f3n relacionada con el decret\u00f3 de la prueba de ADN en el proceso de acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia porque la Jueza Segunda de Familia de Oralidad de Envigado, Antioquia, no incurri\u00f3 en las acciones y omisiones que la accionante se\u00f1al\u00f3 como vulneradora de su derecho fundamental al debido proceso\u00bb, ya que \u00abla prueba de ADN decretada de oficio por la jueza accionada con la finalidad de resolver las excepciones de m\u00e9rito, obedeci\u00f3 a lo expresado por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia en la providencia STC3598 de junio 4 de 2020, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona, al decidir la acci\u00f3n de tutela interpuesta por [los demandados dentro del referido asunto], (\u2026) con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cpetici\u00f3n de herencia\u201d adelantado por Edilia del Socorro Escobar V\u00e9lez,\u00bb y tras citar apartes de esa decisi\u00f3n coligi\u00f3, que \u00abcontrariamente a lo afirmado por la accionante que la actuaci\u00f3n de la funcionaria objeto de censura no es caprichosa, irrazonable o arbitraria, por tanto, no incurri\u00f3 en vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso\u00bb <\/p>\n
De otro lado, frente a la inconformidad de la accionante porque se le impuso allegar el dictamen pericial que solicit\u00f3 como prueba en la demanda, constat\u00f3 que \u00abproferida la decisi\u00f3n aludida el apoderado de la demandante interrumpi\u00f3 a la titular del despacho para manifestarle que su representada ten\u00eda amparo de pobreza y que ella no podr\u00eda presentar el dictamen si no se nombra un perito y la jueza a quo le explic\u00f3 \u201clo que pasa doctor es que actualmente no hay peritos para realizar ese tipo de dict\u00e1menes precisamente porque la ley procesal dice que esos dict\u00e1menes deber ser aportados por las partes, entonces no hay peritos para el efecto, no tenemos lista de auxiliares de la justicia para eso, entonces es deber de las partes aportar esos dict\u00e1menes periciales\u201d. Por lo que el apoderado de la accionante le solicit\u00f3 ampliar el t\u00e9rmino y la funcionaria accedi\u00f3 ampli\u00e1ndolo a 30 d\u00edas y \u00e9ste le indic\u00f3 \u201cListo su se\u00f1or\u00eda, acogemos esos 30 d\u00edas, much\u00edsimas gracias\u201d, lo que significa que estuvo de acuerdo y lo cierto es que contra dicha providencia la interesada no interpuso el recurso previsto en la ley -art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso para defender sus derechos, en consecuencia, su omisi\u00f3n no puede servir de pretexto para invocar la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que indic\u00f3 en el escrito de tutela, por lo que el amparo constitucional resulta improcedente en este aspecto\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por la promotora, insistiendo en similares motivos a los que expuso en su escrito inicial, haciendo \u00e9nfasis en que el juzgado accionado se apart\u00f3 de la \u00abdoctrina probable\u00bb aplicable al caso, ya que no es posible tramitar como excepci\u00f3n la impugnaci\u00f3n de la paternidad de un hijo extramatrimonial reconocido por el padre, por no permitirlo las precisas normas que regulan el evento, as\u00ed como la jurisprudencia emitida sobre el particular. <\/p>\n
De otro lado indic\u00f3, que acept\u00f3 el plazo adicional que el juzgado convocado le confiri\u00f3 para aportar la prueba pericial, porque dicha autoridad lo hizo \u00abincurrir en error\u00bb al argumentar en su decisi\u00f3n en que no exist\u00eda lista de auxiliares de la justicia para nombrar un perito. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Ha reiterado esta Corporaci\u00f3n que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en los procesos para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, en virtud precisamente del principio de autonom\u00eda que le otorga la Constituci\u00f3n a las autoridades judiciales. Sin embargo, en el evento en que el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado ha hecho uso de los medios de protecci\u00f3n judicial a su alcance, y no cuenta con ninguno otro que le permita conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio se observa, que la se\u00f1ora Edilia del Socorro se duele, concretamente, de las decisiones proferidas en el curso de la audiencia inicial del 30 de junio del a\u00f1o que avanza por el Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Envigado, a trav\u00e9s de las cuales i) decret\u00f3 de oficio la prueba de marcadores de ADN entre ella y el causante Jos\u00e9 Alfredo Escobar Gonz\u00e1lez, y, ii) le orden\u00f3 allegar al proceso una prueba pericial que solicito con la demanda, lo anterior, en el marco del proceso verbal de petici\u00f3n de herencia que aquella promovi\u00f3 contra los legatarios testamentarios y herederos determinados de Jos\u00e9 Alfredo Escobar Gonz\u00e1lez, pues seg\u00fan su dicho, la primera determinaci\u00f3n busca sustentar la impugnaci\u00f3n de paternidad alegada como excepci\u00f3n, pese a que ese tr\u00e1mite es improcedente dentro del precitado juicio, y, la segunda pas\u00f3 por alto que est\u00e1 amparada de pobreza. <\/p>\n
3. De cara a la primera queja, se constata que en la audiencia inicial antes se\u00f1alada, el estrado convocado resolvi\u00f3: \u00abteniendo en consideraci\u00f3n lo decidido por la honorable Corte Constitucional (sic) en sede de tutela, en el fallo proferido el veintinueve (29) de julio de dos mil veinte (2020) M.P. Omar \u00c1ngel Mej\u00eda Amador, STL5103-2020, Radicaci\u00f3n No. 89439 Acta 27, y de conformidad con el art\u00edculo 169 y 170 del estatuto procesal, con el fin de resolver las excepciones de m\u00e9rito propuestas por los demandados, se decreta la prueba de ADN entre la demandante Edilia del Socorro Escobar V\u00e9lez y el extinto Alfredo o Jos\u00e9 Alfredo Escobar Gonz\u00e1lez, quien en vida se identific\u00f3 con c\u00e9dula (\u2026)\u00bb. La decisi\u00f3n fue atacada por el gestor mediante reposici\u00f3n, pero el mecanismo fue \u00abrechazado de plano por improcedente, acorte con lo establecido en el art\u00edculo 169 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos por el Juzgado accionado al decretar la precitada prueba de oficio, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca la impulsora de la queja constitucional, en tanto dicha autoridad juzg\u00f3 indispensable el aludido decreto, para poder resolver sobre las excepciones de m\u00e9rito propuestas dentro del asunto, lo cual acompasa con lo exigido en los art\u00edculos 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la decisi\u00f3n resulta acorde con lo considerado por esta Sala en la sentencia de tutela del 4 de junio de 2020 (STC 3598) emitida a instancias del amparo que los demandados dentro del referido proceso presentaron contra el Juzgado aqu\u00ed accionado, porque entre varias inconformidades, en auto del 30 de enero de 2020 el Tribunal Superior de Medell\u00edn declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en la demanda en reconvenci\u00f3n para impugnaci\u00f3n de paternidad que promovieron dentro del asunto del ep\u00edgrafe. <\/p>\n
En esa oportunidad, esta Sala, sin entrar a definir si en la precitada determinaci\u00f3n el Tribunal Superior de Medell\u00edn incurri\u00f3 en alguna de las causales de procedencia del amparo contra decisi\u00f3n judicial, neg\u00f3 la protecci\u00f3n porque \u00ablos aspectos que impulsan a los actores a hacer uso de este ruego se encuentran todav\u00eda a la espera de ser solucionados en la decisi\u00f3n que el juzgado de conocimiento adopte como resoluci\u00f3n del pleito subex\u00e1mine, pues (\u2026) En la sentencia de instancia, se deber\u00e1 estudiar el aspecto concerniente a la \u201cimpugnaci\u00f3n de la paternidad\u201d alegada por los gestores, pues aqu\u00e9llos invocaron la excepci\u00f3n contemplada en el inciso final del art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil1, la cual fue puesta en conocimiento de su contraparte. <\/p>\n
Por tanto, aunque el tribunal haya declarado la nulidad de las actuaciones adelantadas con ocasi\u00f3n de la demanda de reconvenci\u00f3n impetrada en el asunto bajo estudio, orientada tambi\u00e9n a lograr la \u201cimpugnaci\u00f3n de la paternidad\u201d, lo cierto es, el referido medio exceptivo tiene la misma finalidad perseguida en la petici\u00f3n mutua\u201d, esto es, esclarecer si la all\u00ed accionante, en verdad, ostenta la calidad de hija del causante Alfredo Escobar Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
La excepci\u00f3n contemplada en el citado art\u00edculo 219, tiene su efectividad tanto en la impugnaci\u00f3n de la paternidad matrimonial, como en la extramatrimonial, por consiguiente, su aplicaci\u00f3n en el asunto sublite, resulta totalmente pertinente. Al respecto, esta Sala adoctrin\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o olvida esta Colegiatura que el canon en comento est\u00e1 contenido en las normas que regulan la impugnaci\u00f3n de la paternidad matrimonial, lo que podr\u00eda hacer pensar que no resulta aplicable en trat\u00e1ndose de la impugnaci\u00f3n extramatrimonial, cuya regulaci\u00f3n est\u00e1 contenida en el art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil, conforme la remisi\u00f3n normativa que efect\u00faa el art\u00edculo 5\u00ba de la ley 75 de 1968\u201d. <\/p>\n
\u201cSin embargo, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, no se advierte la existencia de una raz\u00f3n que amerite el establecimiento de un trato diferenciado de dicha \u00edndole, seg\u00fan el cual s\u00f3lo en trat\u00e1ndose de la paternidad matrimonial, es viable cuestionar la condici\u00f3n de hijo de quien disputa los derechos derivados de una determinada herencia\u201d. <\/p>\n
\u201cPor tanto, si no existe una disposici\u00f3n normativa que proh\u00edba a los demandados proponer la impugnaci\u00f3n de la paternidad extramatrimonial como excepci\u00f3n, una restricci\u00f3n como la invocada por el Tribunal deja al descubierto la trasgresi\u00f3n del derecho de defensa de los convocados al proceso (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Incluso, la verdad material sobre el parentesco de la demandante con el causante saldr\u00e1 a flote con la resoluci\u00f3n de la mentada excepci\u00f3n, por cuanto el juez de la causa deber\u00e1 ordenar, para ello, la pr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica contemplada en la Ley 721 de 20013. <\/p>\n
Sobre ese t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [T]rat\u00e1ndose de un compromiso con el hallazgo de la verdad, puesto que el proceso judicial no se justifica sino en tanto sea un instrumento para su verificaci\u00f3n, porque \u00e9sta en s\u00ed constituye un argumento de justicia, los argumentos de desidia de las partes no pueden dar al traste con lo que en definitiva es un poder-deber del juez, quien, como bien se sabe, dej\u00f3 de ser un espectador del proceso para convertirse en su gran director, y a su vez, promotor de decisiones justas\u00bb (Sent. de 7 de marzo de 1997. Cfme: cas. civ. de 25 de febrero de 2002; exp.: 6623). Al fin y al cabo, con s\u00f3lida raz\u00f3n, \u00abla justicia no puede volverle la espalda al establecimiento de la verdad material enfrente de los intereses en pugna, asumiendo una posici\u00f3n eminentemente pasiva\u00bb (G.J. t. CXCII, p\u00e1g. 233. Cfme: cas. civ. de 24 de noviembre de 1999; exp. : 5339), m\u00e1s propia de un proceder desidioso, muy otro del que debe observar todo servidor p\u00fablico, incluido el administrador de justicia, claro est\u00e1, quien tiene un elevado compromiso con la colectividad toda. (CSJ SC 28 jun 2005, rad. 7901)\u201d\u00bb <\/p>\n
En igual sentido, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3 en su decisi\u00f3n del 29 de julio de 2020 (STL5103), con que resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n presentada contra la anterior determinaci\u00f3n, que \u00aben el fallo de primer grado se habr\u00e1 de analizar lo relacionado con la impugnaci\u00f3n de la paternidad pretendida por los tutelistas, pues pese a que se declar\u00f3 la nulidad de las actuaciones al interior de la demanda de reconvenci\u00f3n, lo cierto es que al haber invocado la excepci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil, tal mecanismo permite establecer si la se\u00f1ora Edilia del Socorro Escobar V\u00e9lez es hija del fallecido Alfredo Escobar Gonz\u00e1lez; por otra parte, en cuanto a la deficiencia alegada respecto del documento con el que prueba la se\u00f1ora Edilia del Socorro Escobar V\u00e9lez tener la calidad de heredera, es menester indicar que tal aspecto debe ser controvertido y resuelto en el proceso, por lo que, al no haberse agotado la totalidad de los medios ordinarios no le es posible al juez constitucional suplir ni desplazar la actividad judicial que por disposici\u00f3n legal le es asignada al juez natural\u00bb.. <\/p>\n
4. De este modo, a diferencia de lo considerado por la accionante, no cabe duda que la decisi\u00f3n emitida por Juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Envigado, se soport\u00f3 en el razonable entendimiento de las normas procesales y sustanciales aplicables al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa realizada por esa autoridad, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que como como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, dicha autoridad juzg\u00f3 indispensable para decidir sobre la impugnaci\u00f3n de paternidad alegada como excepci\u00f3n dentro del referido juicio, decretar la prueba de marcadores gen\u00e9ticos de ADN entre la aqu\u00ed accionante, all\u00e1 demandante, y el causante Alfredo Escobar Gonz\u00e1lez, conforme para estos casos se impone \u00aba\u00fan de oficio\u00bb, al tenor del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, conclusi\u00f3n que respald\u00f3 adem\u00e1s en lo considerado en los citados fallos de tutela, donde se enfatiz\u00f3 que esa discusi\u00f3n sobre la filiaci\u00f3n de aquella correspond\u00eda evacuarla en el fallo que se emitiera en el referido proceso de petici\u00f3n de herencia, por haber sido suscitada en las excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, como la sola divergencia conceptual expuesta por la aqu\u00ed inconforme, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues, como lo ha se\u00f1alado invariablemente la Sala de tiempo atr\u00e1s, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC1162-2021). <\/p>\n
6. En cuanto al segundo motivo de inconformidad expuesto por la accionante, atinente a que no hab\u00eda lugar a que el Juzgado de Familia accionado le ordenara allegar el dictamen pericial que solicit\u00f3 como prueba en la demanda, por estar beneficiada con amparo de pobreza, constata la Sala que contra la determinaci\u00f3n \u00e9sta no interpuso el recurso de reposici\u00f3n, conforme lo posibilita el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, omisi\u00f3n que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cierra la puerta para discutir lo decidido ante el juez constitucional, por verificarse incumplido el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad que caracteriza a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Se ha insistido en que este tr\u00e1mite especial\u00edsimo no est\u00e1 estatuido para proveer soluci\u00f3n a una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque el interesado no utiliz\u00f3 las herramientas que contempla la normatividad adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley, que el quejoso ha desaprovechado debido a su incuria, postura sobre la cual la Sala ha reiterado, que \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC306-2021). <\/p>\n
7. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 219. \u201cLos herederos podr\u00e1n impugnar la paternidad o la maternidad desde el momento en que conocieron del fallecimiento del padre o la madre o con posterioridad a esta; o desde el momento en que conocieron del nacimiento del hijo, de lo contrario el t\u00e9rmino para impugnar ser\u00e1 de 140 d\u00edas. Pero cesar\u00e1 este derecho si el padre o la madre hubieren reconocido expresamente al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento p\u00fablico\u201d. <\/p>\n
\u201cSi los interesados hubieren entrado en posesi\u00f3n efectiva de los bienes sin contradicci\u00f3n del pretendido hijo, podr\u00e1n oponerle la excepci\u00f3n en cualquier tiempo que \u00e9l o sus herederos le disputaren sus derechos\u201d (negrillas propias). <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC de 27 de septiembre de 2017, rad. 2017-01812-00 <\/p>\n
3\u0002 ART\u00cdCULO 1o. El art\u00edculo 7o. de la Ley 75 de 1968, quedar\u00e1 as\u00ed: \u201cEn todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, el juez, de oficio, ordenar\u00e1 la pr\u00e1ctica de los ex\u00e1menes que cient\u00edficamente determinen \u00edndice de probabilidad superior al 99.9%\u201d. <\/p>\n
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STC10565-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC10565-2021 Radicaci\u00f3n N.\u00b0 05001-22-10-000-2021-00203-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56470","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56470","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56470"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56470\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56470"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56470"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56470"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}