STC10566-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10566-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2021-00218-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de 22 de junio de 2021 dictado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por H\u00e9ctor Faruk Beltr\u00e1n Vel\u00e1squez contra el Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00abpropiedad privada\u00bb, defensa y \u00abacceso material a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 \u00abdecretar la nulidad de las providencias proferidas [el] 26 de marzo y 4 de mayo de 2021\u00bb y, en consecuencia, se ordene a la sede judicial acusada \u00abdecida la alzada\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Hilda Cristancho Jim\u00e9nez promovi\u00f3 acci\u00f3n reivindicatoria contra H\u00e9ctor Faruk Beltr\u00e1n Vel\u00e1squez, que fue declarada pr\u00f3spera con sentencia dictada en audiencia del 8 de octubre de 2020, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandado en esa misma diligencia. <\/p>\n
2.2. Remitido el expediente al superior, a trav\u00e9s de auto del 9 de noviembre de la anualidad pasada, el juzgado querellado admiti\u00f3 la alzada y dispuso imprimirle el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, con providencia del 26 de marzo de 2021, se declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n, determinaci\u00f3n que censur\u00f3 en reposici\u00f3n el impugnante, recurso que fue desestimado con auto del 4 de mayo de los corrientes. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que al interponer \u00aboralmente\u00bb la apelaci\u00f3n, \u00abformul\u00f3 los reparos que ten\u00eda contra el fallo y, adem\u00e1s, sustent\u00f3, de manera\u2026 suficiente la alzada\u00bb, inconformidades que adicion\u00f3, por escrito, el 14 de octubre de 2020; que no hizo uso de la oportunidad consagrada en el art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020, toda vez que \u00abconsider\u00f3 que ya estaban\u2026 debidamente sustentados los argumentos en que fundaba la alzada\u00bb, por lo que no debi\u00f3 declararse desierto su recurso. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1 precis\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho alguno del accionante, en tanto que, la declaratoria de desierta del recurso de apelaci\u00f3n se dio con sujeci\u00f3n a lo dispuesto en los art\u00edculos 322 y 327 del C.G.P y 14 del Decreto 806 de 2020, dando cuenta que, la sustentaci\u00f3n del recurso debe realizarse ante el Juez de segunda instancia\u00bb, conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia SU-418 de 2019. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Suesca remiti\u00f3 copias de la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo concedi\u00f3 el resguardo, al concluir que la decisi\u00f3n cuestionada \u00abse desliga del que es ahora el precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Civil en la materia [STC5497-2021]\u00bb, comoquiera que el fallador acusado declar\u00f3 desierta la alzada, \u00absin considerar\u2026 que el apelante formul\u00f3 los reparos contra la sentencia impugnada en la audiencia en que se emiti\u00f3 el fallo y que los complement\u00f3 por escrito dentro de los 3 d\u00edas siguientes a dicho acto y que en ellos hay sustento de las inconformidades del recurrente\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El despacho judicial accionado resalt\u00f3 que \u00abprofiri\u00f3 las decisiones que son objeto de tutela, con estricto apego a la normatividad vigente y en cumplimiento del precedente judicial que constituye la sentencia SU-418-19, pues al ser una Sentencia de Unificaci\u00f3n de un \u00f3rgano de cierre como lo es la Corte Constitucional se torna vinculante\u00bb; y que no puede predicarse, como lo expres\u00f3 el fallador de primer grado, que desconoci\u00f3 el precedente contenido en la sentencia CSJ STC5497-2021, comoquiera que dicha sentencia fue dictada con posterioridad al proferimiento de las providencia cuestionadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, anticipa la Sala la procedencia del resguardo deprecado, pues, en verdad, con la criticada determinaci\u00f3n de dar por desierta la apelaci\u00f3n formulada por el accionante, la autoridad cuestionada incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar una nueva sustentaci\u00f3n a pesar de que hab\u00eda atendido esa carga ante el a quo. <\/p>\n
3.1. Lo primero que debe se\u00f1alar la Corte es que el tr\u00e1mite de la alzada en cuesti\u00f3n, desde el mismo momento en que fue propuesta en la audiencia de 8 de octubre de 2020, en la cual el a quo dict\u00f3 su sentencia, estuvo gobernada de forma integral por las reglas establecidas en el Decreto 806 de ese a\u00f1o -pues \u00e9ste entr\u00f3 en vigencia el 4 de junio de 2020- que no por las contempladas en el C\u00f3digo General del Proceso, siendo relevante indicar que aqu\u00e9l, en su canon 14, claramente consagra que \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Por ese rumbo, oportuno es anotar que con la norma referida a espacio se busc\u00f3 hacer frente a las m\u00faltiples dificultades que para la tramitaci\u00f3n de asuntos a cargo de la administraci\u00f3n de justicia trajo la Covid-19, variando lo consignado en el actual estatuto adjetivo civil con el fin de, seg\u00fan las consideraciones vertidas en dicho Decreto, regular \u00abla segunda instancia en materia civil y familia para que esta se pueda tramitar\u2026 sin que tenga que adelantarse la audiencia para la sustentaci\u00f3n del recurso, y por el contrario la sustentaci\u00f3n, su traslado y sentencia se har\u00e1 a trav\u00e9s de documentos aportados por medios electr\u00f3nicos\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
Con ello, sin duda, se retom\u00f3 la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado art\u00edculo 14 del nov\u00edsimo Decreto 806, ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
En consonancia, precisamente reconociendo tal regreso a lo escritural, la Corte Constitucional para declarar exequible el mentado precepto 14 del citado Decreto expuso que \u00e9ste modific\u00f3 \u00ablos actos procesales de la segunda instancia\u2026, privilegiando lo escrito sobre lo oral en esta etapa del proceso\u00bb; luego, dijo que algunos de los intervinientes en ese tr\u00e1mite de control de constitucionalidad solicitaron su inexequibilidad aduciendo afectaci\u00f3n de los principios de oralidad e inmediaci\u00f3n; y despu\u00e9s consign\u00f3: <\/p>\n
325. Para resolver el problema jur\u00eddico, primero, se definir\u00e1 el alcance del principio de oralidad en materia procesal; y a partir de estas consideraciones se determinar\u00e1 si las disposiciones estudiadas afectan el derecho al debido proceso. <\/p>\n
326. El principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia. La LEAJ introdujo la oralidad como principio de la administraci\u00f3n de justicia. La Corte Constitucional ha se\u00f1alado que \u201c[l]a implementaci\u00f3n de la oralidad constituye un mecanismo razonablemente encaminado al logro de la pretendida celeridad en la administraci\u00f3n de justicia, favoreciendo la inmediaci\u00f3n, acercando el juez a las partes y generando condiciones que propicien la simplificaci\u00f3n de los procedimientos\u201d. No obstante, dada su naturaleza de principio, la misma LEAJ admite que la ley prevea excepciones a la aplicaci\u00f3n de la oralidad en cada proceso judicial. En tal sentido, la Corte Constitucional ha indicado que la oralidad es un principio procesal cuyo alcance puede ser definido por el legislador atendiendo a razones de conveniencia o necesidad. <\/p>\n
327\u2026 Por lo dem\u00e1s, la Sala advierte que la afectaci\u00f3n del principio de inmediaci\u00f3n de la prueba que reprochan algunos intervinientes es apenas aparente, toda vez que los art\u00edculos 14\u00ba y 15\u00ba sub judice prescriben que las audiencias en segunda instancia en las que se deba practicar pruebas ser\u00e1n celebradas de acuerdo con las normas procedimentales ordinarias, de manera que esta medida no sacrifica, ni siquiera en grado leve, ninguna garant\u00eda inherente al derecho de contradicci\u00f3n y defensa. En este escenario, resulta innecesario aplicar el test de proporcionalidad a las medidas estudiadas. <\/p>\n
328. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las disposiciones examinadas no vulneran los derechos al debido proceso o al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en tanto (i) limitan la aplicaci\u00f3n de un principio de rango legal que no constituye un par\u00e1metro de constitucionalidad, y (ii) no afectan en manera alguna la inmediaci\u00f3n de la prueba en tanto aplican a los tr\u00e1mites de segunda instancia en los que no procede la pr\u00e1ctica de pruebas (CC C-420\/20). <\/p>\n
3.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador de primera instancia, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con antelaci\u00f3n a su inicio. <\/p>\n
En ese sentido, en pasada ocasi\u00f3n, de cara a un asunto en el cual, bajo la vigencia del anterior estatuto procesal civil, la apelaci\u00f3n se sustent\u00f3 \u00abprematuramente\u00bb ante el a-quo al momento de interponerla, esta Sala dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
\u2026es preciso referirse\u2026 a la oportunidad con que se sustent\u00f3 la alzada\u2026, aspecto sobre el que la inteligencia del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, indica que se puede hacer \u201ca m\u00e1s tardar\u201d dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, es decir, es v\u00e1lido en cualquier momento anterior, como ac\u00e1 sucedi\u00f3, al interponer el recurso. <\/p>\n
En un caso similar, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3: \u201cRelativamente al cuestionamiento de la actora en torno a la \u2018extemporaneidad\u2019 de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, basta se\u00f1alar que la reforma introducida por la Ley 794 de 2003 al art\u00edculo 352 del estatuto procesal civil, no indica que deba sustentarse, como lo entendi\u00f3 la peticionaria, dentro de los \u2018tres d\u00edas siguientes a la admisi\u00f3n del recurso\u2019, sino que debe hacerse \u2018a m\u00e1s tardar\u2019 dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360 ib\u00eddem; es decir, que en trat\u00e1ndose de apelaci\u00f3n de sentencia, en aplicaci\u00f3n de la \u00faltima norma citada, el t\u00e9rmino vencer\u00eda concluidos los cinco d\u00edas para alegar en segunda instancia, sin que, por lo dem\u00e1s, sea necesario que el juzgador de segundo grado \u2018ponga en conocimiento\u2019 de la parte contraria las alegaciones del impugnante, pues el escrito se agrega al expediente y queda a disposici\u00f3n \u2018de la parte contraria por tres d\u00edas\u2019 (art\u00edculo 359 ib\u00eddem)\u201d (sentencia de 12 de junio de 2008, expediente 00095-01, ratificada el 21 de agosto de 2012, exp. 01621-00) (CSJ STC, 5 dic. 2012, rad. 2012-00819-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, m\u00e1s recientemente, en un asunto en el que se disert\u00f3, espec\u00edficamente, respecto a las diferencias latentes en el tr\u00e1mite de la alzada en la escrituralidad validada por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil en contraposici\u00f3n con la oralidad que gobierna el C\u00f3digo General del Proceso, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente caso, en tanto que, como qued\u00f3 dicho, lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, por lo menos en cuanto al decurso y definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n en materia civil y de familia, es el retorno al mentado sistema escritural; esta Corte sostuvo que: <\/p>\n
\u2026En ambas legislaciones (C\u00f3digo de Procedimiento Civil y C\u00f3digo General del Proceso) se tipifica la \u201cdeserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u201d, s\u00f3lo que no necesariamente los supuestos que dan lugar a ella en una y otra reglamentaci\u00f3n son concordantes. En lo que ahora capta la atenci\u00f3n, es preciso advertir que el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del Decreto 1400 de 1970 indicaba que el <\/p>\n
\u201capelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el Juez o Tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto. Para la sustentaci\u00f3n del recurso, ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia\u201d. <\/p>\n
En cambio, el art\u00edculo 327 de la Ley 1564 de 2012 dispone que ejecutoriado \u201cel auto que admite la apelaci\u00f3n, el Juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026) El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. <\/p>\n
Una de las notables divergencias que de all\u00ed brotan estriba en que, en el pasado r\u00e9gimen la \u201csustentaci\u00f3n\u201d no constaba de un \u00fanico momento para desarrollarse, sino que el inconforme pod\u00eda hacerlo en cualquiera de las instancias desde que interpon\u00eda la opugnaci\u00f3n hasta que transcurrieran los 5 d\u00edas que ordenaba el canon 360 ej\u00fasdem, lo que constitu\u00eda el l\u00edmite. Mientras que en la hora actual esa fase es de obligado agotamiento en la diligencia del art. 327 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, ni antes ni despu\u00e9s, eso s\u00ed, previa precisi\u00f3n de los reparos concretos que se le hacen a la decisi\u00f3n, ante el a quo. <\/p>\n
De modo que, en resumen, la \u201cdeserci\u00f3n\u201d en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil estaba permitida cuando el discrepante desaprovechaba las varias oportunidades en que ha debido exponer los motivos de oposici\u00f3n, y en el C\u00f3digo General del Proceso lo est\u00e1 siempre que no concurra al \u201cacto\u201d concebido para ese designio, o asiste pero no \u201cdesarrolla los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. Luego, aunque aparentemente puedan evidenciar algunas similitudes, los tratamientos en ambos sistemas no son iguales. <\/p>\n
La predominancia de la escrituralidad que hasta hace poco imper\u00f3, y la de oralidad que empieza a hacerlo, es pieza toral cuando de averiguar el funcionamiento del \u201ctr\u00e1mite de apelaci\u00f3n de sentencias\u201d se trata. Y no es para menos, porque como antes ten\u00eda mayor valor lo documentado, ese era el canal que utilizaban los \u201crecurrentes\u201d para comunicar la r\u00e9plica frente a una providencia que les desfavorec\u00eda y, por ello, estaban autorizados para hacerlo en alguno de los varios instantes prenotados, y la cuesti\u00f3n no ten\u00eda mayores implicaciones (daba igual sustentar ante el a quo o ante el ad quem), lo que en los tiempos que corren no se mira con la misma lupa porque claramente la incursi\u00f3n de la prevalencia de la palabra hablada supone que sea \u00e9ste nuevo m\u00e9todo el que deba emplearse para el referido fin (sustentar), labor\u00edo que implica concentrar todas las intervenciones (apelante, no apelante y fallador) en un solo \u201cacto\u201d; de all\u00ed que la mentada \u201cdiligencia\u201d de \u201csustentaci\u00f3n y fallo\u201d sea la \u00fanica oportunidad para lograrlo, tal como mayoritariamente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n1 (se destac\u00f3 – CSJ STC3969-2018, 21 mar., rad. 2018-00668-00). <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema oral que gobierna tal estatuto, sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida cuando en el rito respectivo prevalece lo escritural. <\/p>\n
3.3. Siguiendo, en lo relativo al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto la jurisprudencia constitucional ha indicado que: <\/p>\n
\u2026puede estructurarse\u2026 cuando \u201c\u2026un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u201d; es decir: <\/p>\n
\u201cel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales\u201d (CC T-352\/12). <\/p>\n
3.4. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, el 26 de marzo de estas calendas el estrado convocado declar\u00f3 desierta la alzada propuesta por el promotor, por cuanto aquel no alleg\u00f3 ninguna sustentaci\u00f3n en el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020, decisi\u00f3n que mantuvo el 4 de mayo de los corrientes. <\/p>\n
En ese \u00faltimo prove\u00eddo, para desechar la alegaci\u00f3n de la recurrente, seg\u00fan la cual la sustentaci\u00f3n de la alzada se cumpli\u00f3 al interponerla, adujo la sede judicial acusada: <\/p>\n
De conformidad con el art\u00edculo 322 del C.G.P en concordancia con el art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020 el recurso de apelaci\u00f3n en contra de sentencias tiene tres momentos procesales, el primero de ellos se relaciona con la interposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n el cual se har\u00e1 de forma verbal inmediatamente despu\u00e9s de proferida la sentencia si esta se efectu\u00f3 en la audiencia, o dentro de los tres d\u00edas siguientes si fue proferida fuera de audiencia. <\/p>\n
El segundo momento procesal ocurre con la precisi\u00f3n de los reparos concretos, al momento de interponer el recurso el apelante formulara los reparos concretos lo cual har\u00e1 en la audiencia si la decisi\u00f3n fue proferida en la misma, o dentro de los tres d\u00edas siguientes si fue dictada fuera de audiencia efectuados los reparos el juez que profiri\u00f3 la sentencia determinara la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta si el mismo fue interpuesto en debida forma y dentro del t\u00e9rmino. <\/p>\n
El tercer momento del recurso de apelaci\u00f3n se efect\u00faa ante el juez de segunda instancia, quien una vez recibido el expediente se procede a realizar el examen preliminar de que trata el art\u00edculo 325 del C.G.P y se determinar\u00e1 si se acredita el cumplimiento de los requisitos para la concesi\u00f3n del recurso para su admisi\u00f3n, en caso contrario lo inadmitir\u00e1 y se devolver\u00e1 el expediente al juez de primera instancia. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
\u2026, es pertinente se\u00f1alar que con la entrada en vigencia del decreto 806 de 2020 esto es a partir del 04 de junio de 2020 se modific\u00f3 el tr\u00e1mite de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n en lo atinente a la forma de sustentar y decidir el recurso, el cual ya no ser\u00e1 de forma oral en audiencia, sino por escrito dentro de los cinco d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que lo admite. <\/p>\n
En s\u00edntesis, el recurso de apelaci\u00f3n tiene tres estadios procesales el primero se relaciona con la interposici\u00f3n del recurso, el segundo con formulaci\u00f3n de los reparos concretos, lo cual se har\u00e1 ante el Juez de primera instancia, y el tercero concierne a la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n el cual debe realizarse ante el juez de segunda instancia. <\/p>\n
Ahora el tr\u00e1mite de la sustentaci\u00f3n depende si la decisi\u00f3n atacada fue proferida en vigencia del decreto 806 de 2020, caso en el cual la sustentaci\u00f3n se har\u00e1 por escrito y no en audiencia. <\/p>\n
Para el caso concreto, el recurrente esgrime sus argumentos al se\u00f1alar que sustento en debida forma el recurso de apelaci\u00f3n al haber formulado los reparos en audiencia de fecha 08 de octubre de 2020, los cuales fueron adicionados en documento que fue allegado al correo electr\u00f3nico del Juzgado Promiscuo Municipal de Suesca, trae a colaci\u00f3n jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia indicando que la sustentaci\u00f3n es suficiente cuando se han formulado los reparos y con base en ellos puede el juez de segunda instancia decidir, pues con ello se privilegia el derecho sustancial sobre el formal. <\/p>\n
Es necesario precisarle al recurrente que anteriormente exist\u00eda una discusi\u00f3n con respecto a la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n en el sentido de si esta deb\u00eda efectuarse ante el juez de segunda instancia o bastaba con los reparos efectuados ante el a quo. <\/p>\n
Sin embargo, esta decisi\u00f3n fue zanjada con la sentencia SU- 418 de 2019 M.P LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ, justamente porque exist\u00edan posiciones disimiles en la jurisdicci\u00f3n civil que conduc\u00eda a decisiones contradictorias lo cual va en contrav\u00eda del derecho a la igualdad, en esa oportunidad la Corte Constitucional se\u00f1alo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la Sala Plena empieza por advertir que en el presente asunto se ha planteado una controversia en torno a la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, espec\u00edficamente, al momento en que debe entenderse debidamente sustentado el recurso de apelaci\u00f3n de una sentencia por parte del recurrente y a los casos en los que cabe predicar la declaratoria de desierto del mismo por no comparecencia a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo se\u00f1alada en el art\u00edculo 327 del mismo ordenamiento procesal. <\/p>\n
En consecuencia, para garantizar el derecho a la igualdad y la respuesta uniforme del ordenamiento jur\u00eddico, el juez de tutela debe decantarse por la interpretaci\u00f3n que surge de las disposiciones aplicables. De acuerdo con esa metodolog\u00eda de interpretaci\u00f3n, el recurso de apelaci\u00f3n debe sustentarse ante el superior en la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, y el efecto de no hacerlo as\u00ed es la declaratoria de desierto del recurso. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del recurso de apelaci\u00f3n, el mismo puede ser declarado desierto en dos momentos y por dos autoridades distintas: Por el juez de primera instancia al resolver sobre la concesi\u00f3n del recurso, cuando en la oportunidad prevista, no se allegue una breve explicaci\u00f3n sobre las razones del reparo a la decisi\u00f3n. Y por el juez de segunda instancia, en la audiencia de juzgamiento, cuando no se haga la sustentaci\u00f3n del recurso, a partir de los reparos presentados ante el juez inferior.\u201d <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el apelante debe sustentar el recurso ante el ad quem, luego entonces, no se puede equiparar la sustentaci\u00f3n del recurso con la formulaci\u00f3n de los reparos concretos pues son dos aspectos distintos que se efect\u00faan en etapas diferentes. <\/p>\n
Para el caso bajo estudio, se observa que el apelante no sustento el recurso en la oportunidad y momento procesal se\u00f1alado en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 <\/p>\n
3.5. As\u00ed las cosas, basta confrontar los anteriores planteamientos del juzgado atacado con los derroteros expuestos en precedencia para establecer la incursi\u00f3n en el defecto anunciado, porque al margen de que el apelante dejara de sustentar su alzada dentro del traslado corrido en segunda instancia para tal efecto, como all\u00ed acaeci\u00f3, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n dispuesta se mostraba inviable porque cumpli\u00f3 con tal carga ante el a-quo. <\/p>\n
De all\u00ed que el proceder reprochado a la sede judicial enjuiciada, injustificadamente, impidi\u00f3 que el quejoso obtuviera la definici\u00f3n de fondo de su alzada, al concluir, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 14 del Decreto 806 de 2020 -bajo cuya egida se produjo la actuaci\u00f3n reprochada-, que era inviable tener por cumplida esa carga cuando la sustentaci\u00f3n se presenta ante el a quo que no frente al ad quem, a lo cual arrib\u00f3, adem\u00e1s, bajo una aplicaci\u00f3n errada de los derroteros fijados por la Corte Constitucional en providencia SU418-19, pues \u00e9sta no se aven\u00eda al caso, porque se ocup\u00f3 de analizar las reglas fijadas en el C\u00f3digo General del Proceso bajo el sistema de la oralidad -que no del escritural al que corresponde el caso aqu\u00ed auscultado-. <\/p>\n
4. Con apoyo en lo anterior, en relaci\u00f3n con este tema espec\u00edfico, esto es, lo tocante con los casos en que todo el tr\u00e1mite de la alzada se surti\u00f3 bajo la egida del Decreto 806 de 2020, es decir, aqu\u00e9llos que no tienen relaci\u00f3n alguna con el tr\u00e1nsito legislativo del C\u00f3digo General del Proceso a aquella disposici\u00f3n, surge necesario se\u00f1alar que la Sala recogi\u00f3 la postura inserta, entre otros, en fallo STC3472-2021 (7 abr., rad. 2021-00837-00), as\u00ed como todos los dem\u00e1s que le eran contrarios, acogiendo mayoritariamente el criterio aqu\u00ed condensado, mediante providencia del 20 de mayo de los corrientes (STC5630-2021). <\/p>\n
As\u00ed pues, el criterio actual de la Sala se condensa en que: <\/p>\n
\u2026 en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, si desde el umbral de la interposici\u00f3n de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que est\u00e1 en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, de lo contrario, si los reproches realizados apenas son enunciativos, desde luego, el juez deber\u00e1 ordenar el agotamiento de esa formalidad, conforme lo previsto en la normatividad se\u00f1alada. (CSJ STC5499-2021, reiterada en CSJ STC8661-2021). <\/p>\n
5. Lo considerado impone respaldar el fallo de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Salvamento de Voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Salvamento de Voto <\/p>\n
1\u0002 \u00abVer STC2423-2018 y sus salvamentos de votos, seg\u00fan los cuales puede resultar atendible la sustentaci\u00f3n realizada ante el a quo, en algunos supuestos\u00bb. <\/p>\n
9 <\/p>\n
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STC10566-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC10566-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2021-00218-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo de 22 de junio de 2021 dictado por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56471","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56471","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56471"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56471\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56471"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56471"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56471"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}