STC10570-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10570-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00791-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de julio de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Tel\u00e9sforo Gualteros Rozo contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las parte e intervinientes del juicio a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, en el marco de la causa penal que se adelanta en su contra por el punible de actos sexuales abusivos con menor de catorce a\u00f1os, radicado bajo el consecutivo n.\u00ba 2012-01349-01. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, resolver el recurso de alzada, \u00abya que a la fecha llevo m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os y diez (10) meses, desde el fallo de primera instancia y por tal motivo considero que el tiempo es prudente y razonable para realizarla y ser juzgado de acuerdo al estado de derecho sin dilaciones y en un plazo razonable\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que se encuentra privado de la libertad desde el 16 de enero de 2013 en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario EPMSC; que el 8 de abril siguiente, el Juzgado Segundo con Funci\u00f3n de Conocimiento de esa localidad lo conden\u00f3 a la pena principal de 178 meses de prisi\u00f3n, y a la accesoria consistente en la inhabilitaci\u00f3n en el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo interregno, siendo negados los subrogados penales. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que, en su oportunidad, su abogado defensor recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n esa decisi\u00f3n, y pese a que desde el 6 de mayo de 2014 ese asunto se encuentra al Despacho del magistrado para resolver, la autoridad encartada no se ha pronunciado sobre el particular, transcurriendo m\u00e1s de cinco a\u00f1os, \u00ablapso a todas luces, no razonable y por lo mismo vulneratorio de las garant\u00edas del debido proceso por el excesivo plazo transcurrido para la definici\u00f3n de la segunda instancia\u00bb, raz\u00f3n por la cual considera viable la intervenci\u00f3n del juez de tutela, en aras de la protecci\u00f3n constitucional aqu\u00ed reclamada. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) La Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio inform\u00f3, que asumi\u00f3 el conocimiento \u00abdel proceso radicado 50001 60 00 567 2012 01349 01, adelantado contra Tel\u00e9sforo Gualteros Rozo, por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 a\u00f1os en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, a efecto de conocer del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la defensa contra la sentencia emitida el ocho (8) de abril de dos mil catorce (2014), por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio\u00bb, e incluso, desde el 3 de septiembre de 2019 recibi\u00f3 una solicitud del quejoso en la que pide impartir celeridad al asunto; oportunidad en la que \u00abse le inform\u00f3 la grave situaci\u00f3n que atraviesa el despacho por la ostensible carga laboral que soporta y que se tratar\u00eda de evacuar el asunto con prontitud\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que \u00abel despacho se encontraba ostensiblemente congestionado\u00bb, pese a \u00abtener el mayor \u00edndice de egresos a nivel nacional en los a\u00f1os 2018 y 2019 y superar ampliamente la capacidad de respuesta establecida para los despachos judiciales de la misma categor\u00eda, tengo en total cuatrocientos setenta y siete (477) actuaciones para decidir en segunda instancia, sin incluir las acciones constitucionales pendientes de resolver en este momento, en especial, por razones de salud y vida digna de las personas privadas de la libertad en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Villavicencio y Acac\u00edas\u00bb; que \u00abel hecho de que no hubiese resuelto la alzada en este evento no obedece a falta de diligencia u omisi\u00f3n frente a mis deberes, sino a la congesti\u00f3n anteriormente descrita\u00bb. <\/p>\n
b.) La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n precis\u00f3, que \u00absi bien es cierto el plazo que ha corrido resulta desproporcionado y por fuera de lo razonable, para desatar la alzada, esa causa no permite responsabilizar a quienes representan la instituci\u00f3n, y amparar por el incumplimiento de deberes constitucionales y legales en sede de tutela el derecho del accionante; solicitando de manera respetuosa se oficie al Consejo Seccional de la Judicatura para que se tomen medidas al respecto\u00bb. <\/p>\n
c.) La Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico del Consejo Superior de la Judicatura, tras explicar las funciones a su cargo, inform\u00f3 que a partir del a\u00f1o 2017 y mediante \u00aba. Acuerdo PCSJA17-10677 de 2017 dispuso que la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio ser\u00e1 descongestionada en 178 procesos para fallo de Ley 600 de 2000 en segunda instancia. b. Acuerdo PCSJA18-11097 de 2018 dispuso crear transitoriamente a partir del 1.\u00b0de octubre y hasta el 14 de diciembre de 2018, en la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio un (1) cargo de auxiliar judicial grado 1 en cada uno de los despachos de magistrado. c. Acuerdo PCSJA19-11192 de 2019 dispuso crear con car\u00e1cter transitorio, a partir del 1.\u00b0 de febrero al 30 de junio de 2019, un (1) cargo de auxiliar judicial grado 1 para para el despacho 001 de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio. d. Acuerdo PCSJA19-11322 de 2019 dispuso prorrogar el cargo transitorio creado mediante Acuerdo PCSJA19-11192 de 2019 para el despacho 001 de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, hasta el 13 de diciembre de 2019. e. Acuerdo PCSJA20-11486 de 2020 dispuso crearcon (sic) car\u00e1cter transitorio, a partir del 3 de febrero al 30 de junio de 2020, un (1) cargo de auxiliar judicial grado 1 para para el despacho 001 de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio. f. Acuerdo PCSJA20-11578 de 2020 dispuso prorrogar el cargo transitorio creado mediante Acuerdo PCSJA20-11486 de 2020 para el despacho 001 de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, hasta el 11 de diciembre de 2020\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3, que pese a la reducci\u00f3n de recursos asignados por el Gobierno, privilegi\u00f3 la creaci\u00f3n de cargos de manera transitoria aquellos despachos judiciales que presenten alto nivel de inventarios y mayor egreso efectivo, para adoptar decisiones en los casos identificados como m\u00e1s urgentes, encontr\u00e1ndose en esa situaci\u00f3n el despacho 001 de la Sala Penal, a cargo de la Dra. Patricia Rodr\u00edguez Torres\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 el amparo invocado, por considerar que conforme a las prerrogativas de la Corte Constitucional (T-173\/1993), es imperioso colegir que \u00ablos principios de celeridad, eficiencia y efectividad deben orientar el curso de toda actuaci\u00f3n procesal, so pena de que su desconocimiento injustificado devenga en una clara afectaci\u00f3n al derecho en la modalidad de acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb; sin embargo, \u00abesa prerrogativa implica un deber correlativo del Estado de promover las condiciones para que el acceso de los particulares a la administraci\u00f3n de justicia sea efectivo, comprometi\u00e9ndose a hacer realidad los fines que le asigna la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que verificado el sistema de consulta judicial, el asunto bajo estudio \u00abfue repartido al Despacho de la magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio el 6 de mayo del 2014, e ingres\u00f3 para fallo el 4 de abril de 2018, sin que a la fecha se haya resuelto el asunto. No obstante, pese a que ha transcurrido un per\u00edodo de m\u00e1s de seis a\u00f1os, la intervenci\u00f3n del despacho accionado permite establecer que la tardanza en resolver el asunto obedece a la alta carga laboral que afronta esa Corporaci\u00f3n, y en concreto el despacho de la magistrada convocada, que seg\u00fan dijo, en la actualidad cuenta con 477 actuaciones para resolver en segundo grado, sin enlistar las acciones constitucionales. Lo anterior, como consecuencia de que deben decidir las segundas instancias de m\u00e1s de 100 juzgados que hacen parte de ese Distrito Judicial\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 adem\u00e1s, que pese a los recurrentes requerimientos realizados por la autoridad judicial con destino al Consejo Superior de la Judicatura e incluso coadyuvadas por la Corporaci\u00f3n en pleno, ninguna respuesta se ha obtenido al respecto, situaci\u00f3n que \u00abpermite colegir que la congesti\u00f3n judicial que afronta la convocada, hace parte de un problema estructural y multicausal que aqueja al sistema judicial colombiano, como es bien sabido, pero que al parecer reviste unas caracter\u00edsticas de urgencia y gravedad en el Distrito Judicial de Villavicencio\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, exhort\u00f3 \u00aba la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para que conforme a sus competencias, priorice la adopci\u00f3n de medidas verdaderamente efectivas en aras de superar la congesti\u00f3n judicial que aqueja a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio. Ya sea a trav\u00e9s de la implementaci\u00f3n de medidas de descongesti\u00f3n, la creaci\u00f3n de nuevos cargos, o cualquier otra que tenga la capacidad de ayudar a superar la situaci\u00f3n referida. Lo anterior, en el marco del plan nacional de descongesti\u00f3n de que trata el art\u00edculo 63 de la Ley 270 de 1996, modificado por el art\u00edculo 15 de la Ley 1285 de 2009\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por la Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico del Consejo Superior de la Judicatura, al considerar, en s\u00edntesis, que al exhortarlo se desconoci\u00f3 \u00abel esfuerzo que ha realizado la Corporaci\u00f3n en la adopci\u00f3n de las medidas de descongesti\u00f3n a su alcance, para la agilizaci\u00f3n de los procesos en la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, atendiendo la restricci\u00f3n presupuestal que afecta el sector justicia y, adem\u00e1s, se pas\u00f3 por alto que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para gestionar la creaci\u00f3n de medidas de descongesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura del ciudadano Tel\u00e9sforo Gualteros Rozo se enfila, puntualmente, en la tardanza en que ha incurrido la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio en resolver la apelaci\u00f3n interpuesta por su defensor contra la sentencia del 8 de abril de 2014, dentro del procedimiento judicial seguido en su contra, y donde result\u00f3 condenado en primera instancia. <\/p>\n
3. Revisadas las documentales allegadas y los informes presentados dentro de las diligencias, se encuentran demostrados los siguientes hechos, a saber: <\/p>\n
3.1. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio, mediante sentencia del 8 de abril de 2014, declar\u00f3 penalmente responsable al aqu\u00ed interesado por el delito de actos sexuales abusivos con menor de catorce a\u00f1os, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo agravado, imponi\u00e9ndole la pena principal de 14 a\u00f1os y 11 meses de prisi\u00f3n, y, la pena accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo t\u00e9rmino. <\/p>\n
3.2. Contra esa determinaci\u00f3n, el defensor p\u00fablico del condenado interpuso recurso de apelaci\u00f3n, cuyo reparto fue asignado el 4 mayo de 2014 a la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio. <\/p>\n
3.3. As\u00ed mismo, conforme se desprende de la consulta de procesos judiciales Siglo XXI, el 5 de febrero de 2018 el asunto fue remitido al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio en aras de resolver sobre la solicitud de sustituci\u00f3n de medida de aseguramiento. <\/p>\n
3.4. Una vez regres\u00f3 el expediente, ingres\u00f3 al Despacho del magistrado sustanciador el 4 de abril de 2018 para proveer sobre la alzada. <\/p>\n
4. Pues bien, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y a los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, surge patente para la Sala la procedencia del amparo, comoquiera que la magistratura querellada no ha adelantado en debida forma el asunto sometido a su escrutinio, omisi\u00f3n que claramente constituye una causal de procedencia del amparo que amerita su correcci\u00f3n a trav\u00e9s de este mecanismo expedito, por contrariar la prerrogativa al debido proceso del actor constitucional. <\/p>\n
Sin que se desconozca la situaci\u00f3n de congesti\u00f3n judicial por la que atraviesan la mayor\u00eda de los despachos judiciales en el pa\u00eds, es claro que resulta inexcusable que la Sala Penal convocada a la fecha de radicaci\u00f3n del resguardo no haya definido el litigio sometido a su consideraci\u00f3n, pese a que desde el 4 de mayo de 2014 le fue repartido para resolver la apelaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia condenatoria de primera instancia dictada en contra del gestor del amparo, transcurriendo as\u00ed cerca de 6 a\u00f1os sin lograr que se agotara la instancia, pese a que tal y como lo ha considerado el M\u00e1ximo Tribunal de lo Constitucional, \u00abtrat\u00e1ndose de solicitudes de car\u00e1cter jurisdiccional, la omisi\u00f3n de respuesta es constitutiva de vulneraci\u00f3n del debido proceso y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, salvo que la dilaci\u00f3n o mora est\u00e9 justificada. En esa medida, se reiter\u00f3 que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, \u201cse presenta una mora judicial injustificada si la misma: (i) es fruto de un incumplimiento de los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley para adelantar alguna actuaci\u00f3n judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique la tardanza como lo es la congesti\u00f3n judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la misma es imputable a la falta de cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial.\u201d\u00bb (CC SU 048\/2021). <\/p>\n
Ante tal situaci\u00f3n, no resultan admisibles los argumentos elevados por la Sala querellada, encaminados a justificar la tardanza advertida, so pretexto de encontrarse superada \u00abampliamente la capacidad de respuesta establecida para los despachos judiciales de la misma categor\u00eda, tengo en total cuatrocientos setenta y siete (477) actuaciones para decidir en segunda instancia, sin incluir las acciones constitucionales pendientes de resolver en este momento, en especial, por razones de salud y vida digna de las personas privadas de la libertad en los establecimientos penitenciarios y carcelarios de Villavicencio y Acac\u00edas\u00bb, aunado a que ha enviado un sinn\u00famero de comunicaciones al Consejo Superior de la Judicatura en aras de conjurar dicha situaci\u00f3n, e incluso que ha \u00abestructurado un esquema de trabajo que permita superar la congesti\u00f3n\u00bb; en tanto que, m\u00e1s all\u00e1 de la situaci\u00f3n estructural de congesti\u00f3n que afronta la Rama Judicial, contexto que es p\u00fablicamente conocido, lo cierto es que, el retardo advertido luce bastante desproporcionado, pues como se dijo, han transcurrido un poco m\u00e1s de cinco a\u00f1os sin pronunciamiento alguno, situaci\u00f3n que redunda en el quebrantamiento de las garant\u00edas superiores del debido proceso del pretensor. <\/p>\n
Sobre lo primero, esto es, lo relacionado con los requerimientos elevados ante el Consejo Superior de la Judicatura, que seg\u00fan su criterio, no ha sido debidamente atendidos, debe decirse que al margen de que la Sala proh\u00edje las medidas que desde all\u00ed se han adoptado para mitigar dicha situaci\u00f3n, lo cierto es que, en todo caso, las mismas han existido desde 2017 hasta diciembre de 2020; y, frente a lo segundo, esto es, que cuenta con un plan de trabajo que incluso implica la realizaci\u00f3n de actividades en horarios no laborales, no existe probanza alguna que d\u00e9 fuerza a esa afirmaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Por otra parte, aunque no se pasa por alto que \u00abla falta de cumplimiento estricto de los t\u00e9rminos procesales por parte de los funcionarios judiciales no genera, per se, violaci\u00f3n del derecho fundamental del debido proceso\u00bb1, lo cierto es que, conforme se advirti\u00f3 en precedencia, en el caso bajo estudio, dado el ampl\u00edsimo interregno transcurrido no es admisible tolerar la tan advertida tardanza en el proferimiento de la decisi\u00f3n echada de menos por el querellante, m\u00e1xime cuando ni siquiera se inform\u00f3 sobre alg\u00fan tipo de complejidad en el asunto que impidiera resolver el mismo en un plazo razonable, siendo oportuno recordar que \u00abuna decisi\u00f3n tard\u00eda comporta en s\u00ed misma una injusticia\u00bb (CC T-190\/95). <\/p>\n
6. Finalmente, frente al exhort\u00f3 realizado por el a quo constitucional a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para que en el marco de sus competencias \u00abpriorice la adopci\u00f3n de medidas verdaderamente efectivas en aras de superar la congesti\u00f3n judicial que aqueja a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio\u00bb, no se advierte un desbordamiento en las facultades concedidas al juez de tutela, que en s\u00ed mismo desconozcan \u00ablas gestiones realizadas\u00bb por esa entidad en el \u00abfortalecimiento de la planta de personal de los despachos de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio\u00bb; por el contrario, esa invitaci\u00f3n luce como una medida adecuada para propender por un acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia en un t\u00e9rmino razonable, por lo que dicho ruego no ser\u00e1 objeto de modificaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
7. En conclusi\u00f3n, se revocar\u00e1 el numeral primero de la sentencia cuestionada para conceder el amparo deprecado, y que la Corporaci\u00f3n criticada resuelva el recurso vertical objeto de cuestionamiento. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, REVOCA el numeral primero de la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, y en su lugar, CONCEDE el amparo solicitado a Tel\u00e9sforo Gualteros Rozo, en consecuencia, se dispone: <\/p>\n
ORDENAR a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, que dentro del t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, resuelva la alzada interpuesta por la defensa del se\u00f1or Gualteros Rozo contra la sentencia proferida el 8 de abril de 2014 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa ciudad, en la causa radicada bajo el consecutivo n.\u00ba 2012-01349-01. <\/p>\n
COMUN\u00cdQUESE telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Sentencia T-1227 de 2001. <\/p>\n
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