STC10581-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
STC10581-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01172-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Luc\u00eda Rosero Rosero contra la Sala Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Cali, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S., las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora del amparo reclama por intermedio de mandatario judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a \u00abla presunci\u00f3n de inocencia\u00bb, a \u00abla buena fe\u00bb, y, a \u00abla propiedad\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, dentro del proceso de extinci\u00f3n del derecho de dominio seguido en su contra, identificado con el radicado No. 2016-00040-01. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, se realice \u00abla revisi\u00f3n de las sentencias proferidas por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Cali y el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 D.C. Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio, de fechas 15 de marzo de 2017 y 24 de julio de 2020 respectivamente, dentro del [precitado juicio]\u00bb, y en consecuencia, ordenar a dicha Colegiatura \u00abrevo[car] la sentencia de primera y segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reparos aduce, en lo esencial, que le fue transmitido mediante sucesi\u00f3n el \u00ablocal No. 6 del Centro Comercial Taindala\u00bb de la ciudad de Pasto, el cual arrend\u00f3 el 15 de agosto de 2013 a Carlos Alberto Vallejo Barahona, Jes\u00fas Zen\u00f3n Rojas Rodr\u00edguez y Deivy Fernando Ruiz Lazzo, y, en condici\u00f3n de codeudora suscribi\u00f3 el contrato Piedad Rojas Rodr\u00edguez, inmueble que fue destinado para prestar el servicio t\u00e9cnico de reparaci\u00f3n de celulares, sin que percibiera ninguna irregularidad en el desarrollo de tal actividad. <\/p>\n
Narra que al inmueble se presentaron funcionarios de la polic\u00eda judicial a practicar un allanamiento y registro, por lo que pidi\u00f3 a los arrendatarios que le restituyeran el bien, m\u00e1s a\u00fan porque \u00e9stos eran investigados por la Fiscal\u00eda 13 Seccional Delegada para los Juzgados Penales de Pasto por el supuesto delito de receptaci\u00f3n de equipos celulares hurtados; no obstante, por solicitud de la prenombrada autoridad, se orden\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n y la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal contra el arrendatario Jes\u00fas Zen\u00f3n Rojas Rodr\u00edguez. <\/p>\n
Sostiene que el referido proceso para la extinci\u00f3n de su derecho de dominio sobre el mentado bien inici\u00f3 con ocasi\u00f3n de los hechos delictivos de que fue se\u00f1alado Jes\u00fas Zen\u00f3n Rojas Rodr\u00edguez, de manera que al precluir la investigaci\u00f3n penal contra \u00e9ste, similar consecuencia debi\u00f3 tener aquel decurso, pero en vez de ello, se le endilg\u00f3 responsabilidad por \u00abla supuesta conducta omisiva frente al deber de cuidado, uso y destino del inmueble de su propiedad\u00bb. <\/p>\n
Finalmente segura, que el Juzgado Primero Penal Especializado en Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio de Cali y la Sala de la misma especialidad del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, respectivamente, en ambas instancias procesales ordenaron la extinci\u00f3n del dominio sobre el local, sin tener en cuenta la buena fe con que actu\u00f3, ya que verific\u00f3 la destinaci\u00f3n del inmueble hasta donde su condici\u00f3n de arrendadora se lo permit\u00eda, sin que pudiera verificar minuciosamente las actividades all\u00ed realizadas, que en apariencia eran l\u00edcitas, circunstancias que, en su criterio, justifican la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) El Procurador 60 Judicial II Penal de Cali indic\u00f3, que la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio es \u00abdistinta y aut\u00f3noma de la penal, as\u00ed como de cualquier otra, e independiente de toda declaratoria de responsabilidad\u00bb, por lo que no ten\u00eda injerencia en ese asunto como terminara el proceso penal seguido contra Jes\u00fas Zen\u00f3n Rojas Rodr\u00edguez. <\/p>\n
b.) La Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por intermedio del Magistrado que conoci\u00f3 del asunto, refiri\u00f3 que la tutela era utilizada como herramienta para abrir una tercera instancia, y se remiti\u00f3 a los motivos que expuso en el fallo de segunda instancia criticado. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que las figuras del derecho penal como la presunci\u00f3n de inocencia son ajenas a la acci\u00f3n de extinci\u00f3n del derecho dominio, ya que seg\u00fan la Corte Constitucional, dicho tr\u00e1mite est\u00e1 dotado \u00abde una particular naturaleza, porque su caracter\u00edstica es constitucional, p\u00fablica, jurisdiccional, aut\u00f3noma, directa y expresamente regulada por el constituyente y relacionada con el r\u00e9gimen constitucional del derecho de propiedad e independiente de tanto del iu puniendi del estado y del derecho civil; ni mucho menos aplicar por v\u00eda de analog\u00eda las resultas de preclusi\u00f3n en materia penal para archivar el proceso de extinci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
c.) La titular del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n del Dominio de Cali advirti\u00f3, que en el decurso cuestionado se respetaron todas las garant\u00edas de los intervinientes, y que la aqu\u00ed interesada, con su conducta omisiva, indirectamente permiti\u00f3 la destinaci\u00f3n il\u00edcita de su inmueble al no verificar que se utilizar para una funci\u00f3n constitucionalmente permitida, en cambio se constat\u00f3 dentro del proceso, que el bien generaba un nexo causal entre el lugar de las capturas en flagrancia y la incautaci\u00f3n de unos equipos celulares hurtados, lo que permiti\u00f3 colegir que era utilizado en el hecho delictivo. <\/p>\n
d.) El Director Jur\u00eddico del Ministerio de Justicia y del Derecho precis\u00f3 que a pesar de que interviene en procesos como el criticado, no tiene poder de decisi\u00f3n dentro del mismo, por lo que pidi\u00f3 se niegue la protecci\u00f3n o en su defecto se desvincule al a cartera del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
e.) La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. \u2013SAE, manifest\u00f3 por intermedio de apoderado judicial, que lo fallado dentro del proceso del ep\u00edgrafe se encuentra en firme e hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, lo que conlleva la improcedencia del amparo solicitado, ya que el mismo no est\u00e1 instituido para suplir las instancias judiciales, sin que por dem\u00e1s, con la tutela se acredite la causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte neg\u00f3 la salvaguarda implorada, porque \u00abde la lectura de la decisi\u00f3n dictada por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, con facilidad se puede apreciar que, contrario al parecer de la demandante, se resolvi\u00f3 el asunto sometido a su consideraci\u00f3n de manera razonada, todo conforme al pormenorizado an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n y normatividad aplicable\u00bb, toda vez que en esa determinaci\u00f3n se \u00abdeja claro que la investigaci\u00f3n penal es distinta dela acci\u00f3n de dominio, la cual, como se ha dicho, tiene un car\u00e1cter patrimonial, aut\u00f3nomo e independiente seg\u00fan lo consagra el art\u00edculo 18 de la Ley 1708 de 2014 y lo ha recabado la jurisprudencia constitucional, de ah\u00ed que nada interesa que la persona que fue inicialmente investigada por el delito de receptaci\u00f3n hubiese sido finalmente favorecida con la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n, porque, como bien lo refiri\u00f3 la decisi\u00f3n que es objeto de debate, la actuaci\u00f3n se centr\u00f3 en la causal de procedencia de la acci\u00f3n enunciada en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 16 \u00eddem, es decir, que los bienes se hayan empleado en el desarrollo de actividades y, en esa medida a los afectados les correspond\u00eda demostrar la licitud de los elementos incautados o que los bienes no fueron utilizados para la pr\u00e1ctica de actividades delictivas\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la gestora, insistiendo en que si bien la acci\u00f3n de extinci\u00f3n del derecho de dominio es aut\u00f3noma de la penal, tuvieron las mismas causas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. En este asunto, la ciudadana Rosero Rosero cuestiona, a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, la decisi\u00f3n del 24 de julio de 2020 de la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que confirm\u00f3 \u00edntegramente lo fallado el 15 de marzo de 2017 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Cali, de declarar extinto dicho derecho que ostentaba aqu\u00e9lla sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 240-191426 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Pasto, pues seg\u00fan su dicho, lo decidido desconoci\u00f3 que se declar\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n penal en que result\u00f3 involucrado dicho bien, por lo que similar destino debi\u00f3 correr el mentado proceso de extinci\u00f3n del derecho de dominio, y as\u00ed mismo, que su actuar al arrendarlo fue de buena fe y diligente hasta donde le era posible. <\/p>\n
3. No obstante, de la revisi\u00f3n del escrito inicial y sus anexos, anticipa la Sala que la decisi\u00f3n constitucional de primer grado debe ser confirmada, debido a la improcedencia de la protecci\u00f3n solicitada, porque la determinaci\u00f3n proferida por la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio accionada, data del 24 de julio de 2020, mientras que se acudi\u00f3 al amparo s\u00f3lo hasta el 4 de junio del presente a\u00f1o, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan la protecci\u00f3n tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurrieron m\u00e1s de diez (10) meses desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que se cuestiona, sin que la aqu\u00ed inconforme solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con tal determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ STC142-2021). <\/p>\n
4. Por otra parte, y sin perjuicio de lo anterior, una vez revisado el prove\u00eddo de segunda instancia objeto de reparo constitucional, \u00fanico sobre el que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis porque cerr\u00f3 el proceso cuestionado, constata la Corte que no obedeci\u00f3 al subjetivo designio de la autoridad cognoscente del asunto, ya que la Colegiatura accionada, al estudiar la inconformidad expuesta por la gestora dentro del proceso cuestionado, y reiterada en este escenario, consider\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio se traduce en una restricci\u00f3n leg\u00edtima a la propiedad, que ha sido definida como una instituci\u00f3n aut\u00f3noma, de estirpe constitucional, de car\u00e1cter patrimonial, que faculta al Estado, mediante un proceso judicial ajeno al procedimiento penal ordinario, bajo el plexo de garant\u00edas procesales para despojar a los ciudadanos de la titularidad de la propiedad privada; es por ello que este derecho se constituy\u00f3 en una instituci\u00f3n jur\u00eddica reconocida y protegida por el ente estatal, pero su ileg\u00edtima destinaci\u00f3n vicia el t\u00edtulo originario del bien (\u2026) As\u00ed, se declarara la ilegalidad de la captura, se formulara acusaci\u00f3n, se precluyera la investigaci\u00f3n, se decretara o no la responsabilidad en la jurisdicci\u00f3n penal, este procedimiento es ajeno al mismo y no son excluyentes, porque tienen finalidades diferentes, tal como la jurisprudencia lo ha precisado y en esa medida, que se decrete o no la preclusi\u00f3n, es un aspecto que no tiene cabida en la valoraci\u00f3n probatoria, por eso el fallo confutado se concentr\u00f3 en la causal de procedencia de esta acci\u00f3n , teniendo en cuenta que los afectados bajo el principio de la carga din\u00e1mica de la prueba ten\u00edan la oportunidad de demostrar que los elementos incautados en sus propiedades eran de il\u00edcita procedencia y que sus bienes no fueron utilizados como instrumento para la realizaci\u00f3n de actividades delictivas. <\/p>\n
Ello por cuanto las autoridades competentes presentaron pruebas que orientan sobre la realizaci\u00f3n de actividades il\u00edcitas, en esa medida las personas id\u00f3neas para desvirtuarlas eran los titulares del derecho de dominio; as\u00ed finalmente no hayan sido declarados responsables, ni su comportamiento tipificado como delito en el \u00e1mbito penal, los hechos g\u00e9nesis de esta acci\u00f3n, surgieron de las denuncias de ciudadanos que optaron por ocultar su identidad y activaron el trabajo investigativo de la autoridad policiva, el cual se extendi\u00f3 a varios inmuebles y permiti\u00f3 adelantar los allanamientos en curso de los cuales se incautaron elementos de los cuales, los propietarios no justificaron su il\u00edcita tenencia ni procedencia y conforme a la informaci\u00f3n del sistema de registro de terminales m\u00f3viles IMEI Colombia, algunos equipos celulares se reportaron como hurtados y dicha situaci\u00f3n f\u00e1ctica no ha cambiado ni se ha desvirtuado\u00bb. <\/p>\n
5. Las precitadas consideraciones dejan en evidencia, a diferencia de lo considerado por la gestora del amparo, que la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Domino se soport\u00f3 en el an\u00e1lisis de las pruebas y el razonable entendimiento de la normatividad sustancial aplicable al caso concreto, por lo que el mero disentimiento con esa interpretaci\u00f3n normativa realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto, ya que, como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, la autoridad jurisdiccional criticada expuso de manera fundada los motivos por los cuales la suerte que corri\u00f3 la investigaci\u00f3n penal seguida por los hechos en que result\u00f3 involucrado el inmueble objeto de la extinci\u00f3n de dominio, ninguna injerencia ten\u00edan en \u00e9ste decurso, donde debi\u00f3 ejercerse la defensa de manera independiente a lo ocurrido en aquel tr\u00e1mite, postura que, m\u00e1s all\u00e1 de lo debatible que pudiera resultar, no merece reproche en este escenario, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, de modo que, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039-2021). <\/p>\n
6. De este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10581-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO STC10581-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01172-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de junio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56474","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56474","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56474"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56474\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56474"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56474"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56474"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}