STC10603-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2021-01366-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 13 de julio de 2021 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Juan Carlos Ardila Chac\u00f3n contra la Delegatura para Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. De conformidad con las pruebas arrimadas al plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El accionante present\u00f3 demanda en contra de las sociedades Mayax S.A.S. -En liquidaci\u00f3n-, la Empresa para el Desarrollo Social y Econ\u00f3mico Dansgold S.A.S. y los se\u00f1ores Fabio Augusto Santos Rodr\u00edguez, Giovanni H. Leal Ruiz, Luis Enrique Correa Jaimes, V\u00edctor Manuel Su\u00e1rez Ravelo y Luz Dana Leal Ruiz. <\/p>\n
En particular, pretendi\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab1. Que se tengan por probados los hechos en que incurrieron los gerentes de MAYASS.A.S. y DANSGOLD SAS., hermanos GIOVANNI H. LEAL RUIZ Y LUZ DANA LEAL RUIZ, hechos que se consideran fraudulentos en contra de la ley y del acreedor demandante por haberse hipotecado y dado en pago por MAYAX SAS., a favor de la empresa DANSGOLD SAS., los bienes que se relacionan en las escrituras n.\u00ba 1204 y 1303 [\u2026] <\/p>\n
\u201d2. Que se declare la nulidad absoluta y se dejen sin efectos jur\u00eddicos en su integridad, los actos celebrados por los Gerentes y Representantes legales de la Sociedades MAYAX SAS., GIOVANNI H. LEAL RUIZ y LUZ DANA LEAL RUIZ DE DANSGOLD SAS., la hipoteca abierta sin l\u00edmite de cuant\u00eda del inmueble [\u2026] y la Daci\u00f3n en pago realizada el 8 de abril de 2016, en la escritura No. 1303 [\u2026] que fueron entregados y transferidos, por un valor inferior al real que aparece en libros, a un menor valor del precio real de compra, a un menor valor catastral, a un menor valor del precio comercial del mercado, por no corresponder con la verdad y en fraude a la ley. <\/p>\n
3. Con fundamento en lo expresado anteriormente, igualmente se solicita se declare la nulidad de las decisiones tomadas y aprobadas por la Junta Directiva de MAYAX SAS., en las reuniones del 28 y 31 de Marzo del 2016, actas Nos. 34 y 35, que autorizaron a su Gerente y Representante legal de MAYAX SAS., a constituir en favor de DANSGOLD SAS., Hipoteca Abierta sin l\u00edmite de cuant\u00eda y Daci\u00f3n en Pago, en detrimento del acreedor, en los C.G.P. <\/p>\n
4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene que los bienes [\u2026], dados en Daci\u00f3n en pago y transferidos a la empresa DANSGOLD S.A.S. el d\u00eda 8 de abril del 2016, en la escritura 1303 de la Notaria Segunda de B\/manga y el inmueble de la calle 51 No. 18\u2014 65, gravado con hipoteca abierta sin l\u00edmite de cuant\u00eda el d\u00eda 4 de Abril de 2016, en la escritura 1204 de la Notaria Segunda de B\/manga, a favor de DANSGOLD SAS., regresen a su estado anterior, al patrimonio de MAYAX S.A.S. EN LIQUIDACION, para el pago de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Se declare que los demandados GIOVANNO H. LEAL RUIZ, Ex-Representante legal de MAYAX SAS, LUZ DANA LEAL RUIZ, Representante legal de DANSGOLD SAS., y los se\u00f1ores accionistas de MAYAX SAS., FABIO A. SANTOS RODRIGUEZ, Presidente de la Junta Directiva de MAYAX SAS., LUIS E. CORREA JAIMES, secretario de la Junta Directiva de MAYAX SAS., VICTOR M SUAREZ. RAVELO, miembro de la Junta Directiva de MAYAX SAS., Y LUZ DANA LEAL RUIZ accionista de DANSGOLD SAS., son responsables por haber participado, permitido y facilitado los actos defraudatorios cuya nulidad se depreca y respondan por los perjuicios causados al demandante. <\/p>\n
6. Como consecuencia de la anterior declaraci\u00f3n, se condene a GIOVANNI H. LEAL RUIZ, ex Representante legal de MAYAX SAS, LUZ DANA LEAL RUIZ Representante legal de DANSGOLD SAS., y los se\u00f1ores accionistas de MAYAX SAS., FABIO A. SANTOS RODRIGUEZ, Presidente de la Junta Directiva de MAYAX SAS., LUIS E. CORREA JAIMES secretario de la Junta Directiva de MAYAX SAS., VICTOR M SUAREZ. RAVELO, miembro de la Junta Directiva de MAYAX SAS., y LUZ DANA LEAL RUIZ, accionista de DANSGOLD SAS., a pagar al se\u00f1or JUAN CARLOS ARDILA CHAC\u00d3N, el valor de las obligaciones que se encuentran liquidadas en los juzgados Primero Civil de Ejecuci\u00f3n Municipal de Bucaramanga [\u2026]. <\/p>\n
7. Que se declare la desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica de las dos Sociedades demandadas, por haber sido utilizadas en fraude a la ley y en perjuicio de terceros. <\/p>\n
8. Que se condene en costas a todos los demandados. <\/p>\n
9. Las dem\u00e1s que Considere el despacho\u00bb1. <\/p>\n
2.2. Tras ser notificados los demandados y una vez estos hubiesen contestado oportunamente la demanda, el promotor radic\u00f3 el 03 de noviembre del 2020 escrito mediante el cual descorri\u00f3 el traslado de las excepciones2. Aunado a ello, solicit\u00f3 \u00abla intervenci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades para que entre a pronunciarse en relaci\u00f3n con la existencia de conflicto de inter\u00e9s que se presenta en la presente demanda por los actos celebrados en las escrituras Nos. 1204 y 1303 del 4 y 8 de Abril de 2016 (\u2026) que realizaron los actos sin contar con la autorizaci\u00f3n expresa del m\u00e1ximo \u00f3rgano social que los regula (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.3. Agotado el tr\u00e1mite de instancia, el 14 de abril del 2021, el Superintendente Delegado para Asuntos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades dict\u00f3 sentencia en la que desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda3. <\/p>\n
2.4. El actor sostiene que la autoridad judicial incurri\u00f3 en un defecto sustantivo al haber interpretado indebidamente el art\u00edculo 2 de la Ley 50 de 1936. En particular, sostuvo que \u00abel se\u00f1or superintendente no tuvo en cuenta que La declaratoria de nulidad absoluta no siempre deviene de un objeto o causa il\u00edcita, como se incurre en el conflicto de inter\u00e9s, aqu\u00ed el juez sanciona la conducta por haberse omitido el requisito que exige someter a consideraci\u00f3n del m\u00e1ximo \u00f3rgano social, toda la informaci\u00f3n que fuera relevante para la toma de la decisi\u00f3n como lo establece el reglado art. 23 de la Ley 222 de 1995 en su numeral 7\u00b0 (\u2026) y de no cumplirse con este requisito el representante legal que est\u00e1 en conflicto de inter\u00e9s debe abstenerse de realizar actos\u00bb. Asever\u00f3 que tal nulidad deber\u00e1 ser declarada de oficio por el juez de conocimiento \u00abaparezca de manifiesto en el acto o contrato, esto es cuando es ostensible, notoria o evidente\u00bb. <\/p>\n
A su turno, se\u00f1al\u00f3 que no se aplic\u00f3 el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 23 de la Ley 222 de 1995, reglamentada en el cap\u00edtulo 3 del T\u00edtulo 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, al omitir \u00abdeclarar la nulidad absoluta y su interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la misma en el conflicto de inter\u00e9s que se presentaba en la demanda que no tuvo en cuenta el se\u00f1or Superintendente en la solicitud hecha de parte o de oficio por el apoderado (\u2026)\u00bb. Sostuvo que la falta de aplicaci\u00f3n de los citados preceptos \u00abobedeci\u00f3 a que el se\u00f1or Superintendente no apreci\u00f3 en su valoraci\u00f3n las pruebas que se arrimaron al proceso, sin reconocer que los \u00fanicos actos cuestionados objetos de fraude fueron los realizados y celebrado en las Escrituras 1204 y 1303 de abril 4 y 8 de abril de 2016 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
A su turno, apuntal\u00f3 \u00abno se puede permitir que estos actos fueron de buena fe por el hecho de haberles colocado al valor menor que figuraban los inmuebles en el predial, el d\u00eda 8 de abril del 2016, valor que no concuerdan (sic) con los que aparecen en los estados financieros de Mayax S.AS\u00bb. Manifest\u00f3 que los hechos de la demanda y las pruebas demostraron que \u00ablo realizado por el gerente de Mayax SAS, debido a que los inmuebles dados en daci\u00f3n en pago por Mayaz SAS, a la empresa Dansgold SAS, los hab\u00eda adquirido Mayas sas en los a\u00f1os 2013 y 2014, por un valor mayor (\u2026) valor muy superior al dado en la Daci\u00f3n en pago (\u2026) desconociendo tambi\u00e9n el se\u00f1or superintendente el valor Comercial que ten\u00edan esos predios en el a\u00f1o 2016, los cuales gozaban de un valor de (\u2026) son muy diferentes al dado en la Daci\u00f3n en pago (\u2026) con base en el aval\u00fao comercial realizado a solicitud del demandante, que no fue desvirtuado por los demandados (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el accionado incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico al pasar por alto que los actos cuestionados fueron celebrados por dos hermanos. Por lo tanto, deb\u00edan obtener la autorizaci\u00f3n de la asamblea de accionistas de Mayax para celebrar los negocios jur\u00eddicos pues se encontraban viciados por conflicto de inter\u00e9s. Cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n de desestimar las actas No. 31 y 39 de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad Mayas S.A.S., en las que se evidencia la ausencia de autorizaci\u00f3n alegada. En vista de tales medios de prueba \u00abel se\u00f1or superintendente en vez de sancionar esta conducta violatoria de ley de no cumplir con lo dispuesto en el numeral 7\u00b0 del art. 23 de la ley 222 de 1995, al no convocar y no obtener la autorizaci\u00f3n expresa de la asamblea de accionistas de Mayax sas, debi\u00f3 declarar la nulidad absoluta de los actos objetos del litigio por el incumplimiento\u00bb. <\/p>\n
Tal omisi\u00f3n, adem\u00e1s, implic\u00f3 un desconocimiento del precedente impuesto por la misma entidad. <\/p>\n
3. Por tal raz\u00f3n, pidi\u00f3 que se ordene \u00aba la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades, que profiera una nueva sentencia de reemplazo, en la cual haga una valoraci\u00f3n adecuada de los actos celebrados por los hermanos GIOVANNI HERALDO LEAL RUIZ Y LUZ DANA LEAL RUIZ (\u2026) por encontrarse inmersos en conflictos de inter\u00e9s y Declare la Nulidad absoluta de los actos por no contar con la debida autorizaci\u00f3n expresa de la Asamblea de Accionistas de la Sociedad Mayax SAS, para la celebraci\u00f3n de los actos, en cumplimiento del imperativo legal previsto del numeral 7\u00b0 del art. 23 de la Ley 222 de 1995, en atenci\u00f3n al art. 2 de la ley 50 de 1936 solicitado de parto o de oficio del precedente judicial (\u2026)\u00bb. Adem\u00e1s, inst\u00f3 a que se ordene a la accionada declare la nulidad absoluta del acto la daci\u00f3n en pago consignada en la escritura 1303 del 8 de abril del 2016 \u00abpor ser celebrados en fraude a la ley en violaci\u00f3n a las normas tributarias y pago de servicios notariales y profiera una nueva sentencia en reemplazo de esta, en atenci\u00f3n al numeral d) del art. 24 del CGP\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Superintendencia de Sociedades asever\u00f3 que no se present\u00f3 v\u00eda de hecho por defecto sustancial comoquiera que \u00abla demanda y sus pretensiones buscaban establecer la participaci\u00f3n de las personas naturales demandadas en un fraude de tipo societario, por la utilizaci\u00f3n indebida de la figura societaria de las compa\u00f1\u00edas demandadas, acci\u00f3n diferente de la declaraci\u00f3n de nulidad por violaci\u00f3n a las reglas de conflictos de inter\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que las pretensiones de la demanda \u00abpersiguen la desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica de las sociedades demandadas y la declaratoria de nulidad de unas operaciones consideradas por el demandante como fraudulentas. Todo ello, en el marco de la acci\u00f3n de la desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica prevista en el art\u00edculo 42 de la Ley 1258 de 2008\u00bb. Por tanto, lo sometido a consideraci\u00f3n del despacho \u00abno est\u00e1 dirigida a determinar la violaci\u00f3n al r\u00e9gimen de deberes de los administradores por la celebraci\u00f3n de operaciones en conflicto de inter\u00e9s, ni tampoco a declarar la nulidad de dichas operaciones por la infracci\u00f3n del deber previsto en el numeral 7 del art\u00edculo 23 de la Ley 222 de 1995\u00bb. As\u00ed las cosas, a juicio del accionado, \u00abLo que debi\u00f3 haber hecho, en ese momento, debi\u00f3 haber sido la presentaci\u00f3n de una nueva demanda para analizar esta situaci\u00f3n, pero no lo hizo\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, explic\u00f3 que \u00abno es viable aplicar la nulidad oficiosa de que trata el art\u00edculo 2 de la Ley 50 de 1936 respecto de la celebraci\u00f3n de operaciones en conflicto de inter\u00e9s. Lo anterior, en atenci\u00f3n a que dicha nulidad no se deriva del mismo acto o contrato, como lo exige la jurisprudencia, sino de circunstancias diferentes al margen de \u00e9ste, las cu\u00e1les deben ser objeto de verificaci\u00f3n dentro del proceso a trav\u00e9s de otros elementos de prueba\u00bb. Tal afirmaci\u00f3n se encuentra fundamentada, a su turno, en jurisprudencia de esta alta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
En tal sentido, destac\u00f3 que s\u00ed apreci\u00f3 la totalidad de las pruebas obrantes en el expediente. Sin embargo \u00ablas apreci\u00f3 en el marco de la acci\u00f3n de la desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica, que fue la acci\u00f3n presentada por el demandante dentro del proceso verbal sumario 2020-800-00006. La cual, como se ha dicho en m\u00faltiples oportunidades exige una alt\u00edsima carga probatoria, en atenci\u00f3n a que conlleva una de las sanciones m\u00e1s dr\u00e1sticas previstas en el ordenamiento societario colombiano, vale decir, el desconocimiento del beneficio de limitaci\u00f3n de responsabilidad o de personificaci\u00f3n jur\u00eddica independiente de una sociedad\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, apunt\u00f3 que no era obligaci\u00f3n aplicar el precedente horizontal citado, habida cuenta de que \u00abel objeto del litigio era, establecer si las personas naturales demandadas perpetraron actos fraudulentos, mediante la utilizaci\u00f3n indebida de la figura societaria de Mayax S.A.S. en Liquidaci\u00f3n y de Empresa para el Desarrollo Social y Econ\u00f3mico Dansgold S.A.S., que justificara la desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica de dichas sociedades y la nulidad de los actos defraudatorios controvertidos\u00bb. Ahora bien, en cuanto a las providencias relacionadas con la declaratoria de oficio de la nulidad por conflicto de inter\u00e9s \u00abpuede verse en la sentencia como se parti\u00f3 de la posici\u00f3n jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, como siempre se ha hecho en el pasado, para se\u00f1alar que no era viable la declaraci\u00f3n oficiosa de la nulidad en este asunto\u00bb. <\/p>\n
2. Fabio Augusto Rodr\u00edguez Santos asegur\u00f3 que \u00abno era necesaria de forma expl\u00edcita la autorizaci\u00f3n de la asamblea de accionistas de MAYAX SAS y en el caso de serlo, se sab\u00eda por parte de los accionistas, por parte de la junta se socios y por la junta directiva, que se estaba facultando al representante legar para hacer todo lo necesario y posible por cumplir con las obligaciones contra\u00eddas por terceros en contra de MAYAX S.A.S. lo cual se prob\u00f3 en el proceso mediante las pruebas documentales aportadas y por los interrogatorios de parque se surti\u00f3 el Superintendente Delegado\u00bb. <\/p>\n
Evidenci\u00f3 que \u00abrespecto de todos los actos de la junta directiva, reuniones, decisiones, se cumplieron con los requisitos legales del c\u00f3digo de comercio, siempre bajo el principio de publicidad tanto en tus actas como en la notificaci\u00f3n de sus reuniones o cualquier otra actividad llevando a registro aquellos actos que se exige hacerlo, siendo ponible a terceros sin que en su momento de haya presentado por parte de alguna persona procesos o tramites tendientes a pedir la nulidad de esas actas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 el resguardo. Para ello, sostuvo que la decisi\u00f3n cuestionada \u00abno es producto del capricho o la arbitrariedad del operador judicial, como tampoco lo es de una valoraci\u00f3n irrazonable de las normas, la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica presentada o las pruebas obrantes en el proceso\u00bb. <\/p>\n
En efecto, se evidencia que \u00abfrente a los reproches esgrimidos por la parte accionante en cuanto a que la actuaci\u00f3n del operador judicial desconoce el derecho sustancial y el hecho que le correspond\u00eda declarar de oficio la nulidad de la constituci\u00f3n de hipoteca y la daci\u00f3n en pago, se observa que el juzgador [no] procedi\u00f3 de forma arbitraria o manifiestamente contraria a los postulados normativos aplicables al asunto, en la medida que su interpretaci\u00f3n de las normas que regulan la demanda de desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica, no luce arbitraria ni manifiestamente contraria a las prescripciones constitucionales, ello teniendo en cuenta, por una parte, que se trata de una acci\u00f3n diferente de la declaraci\u00f3n de nulidad por violaci\u00f3n a las reglas de conflictos de inter\u00e9s, que tan solo en la contestaci\u00f3n del traslado de las excepciones propuestas vino a solicitarse\u00bb. Adem\u00e1s, emerge que este \u00abofreci\u00f3 las razones por las cuales no era viable aplicar la nulidad oficiosa de que trata el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 50 de 1936, dado que el vicio nulitivo no se deriva del mismo acto o contrato, como lo exige la jurisprudencia, sino de circunstancias diferentes al margen de \u00e9ste, las cu\u00e1les deben ser objeto de verificaci\u00f3n dentro del proceso a trav\u00e9s de otros elementos de prueba\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que \u00abse puede aducir frente a lo anterior la existencia de una v\u00eda de hecho en la actuaci\u00f3n reprochada, pues se reitera, la determinaci\u00f3n del operador judicial no resulta manifiestamente contraria a la ley y se encuentra en el marco de su autonom\u00eda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el apoderado de la accionante, quien \u00fanicamente manifest\u00f3 impugnar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, pretende el gestor sean amparados sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de las supuestas v\u00edas de hecho incurridas por la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades en la sentencia proferida el 14 de abril del 2021. <\/p>\n
2.- Pronto advierte esta Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, el prove\u00eddo de la autoridad accionada habr\u00e1 de ser confirmado. En efecto, se considera que la resoluci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia, independientemente de que sea o no compartida. <\/p>\n
3.- Sea lo primero indicar que el actor cuestiona \u00fanicamente la decisi\u00f3n en cuanto a que deneg\u00f3 la solicitud elevada en el documento mediante el cual descorri\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito, a saber, \u00abla intervenci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades para que entre a pronunciarse en relaci\u00f3n con la existencia de conflicto de inter\u00e9s que se presenta en la presente demanda por los actos celebrados en las escrituras Nos. 1204 y 1303 del 4 y 8 de Abril de 2016 (\u2026) que realizaron los actos sin contar con la autorizaci\u00f3n expresa del m\u00e1ximo \u00f3rgano social que los regula (\u2026)\u00bb. Tal proceder, a juicio del impugnante, es constitutivo de yerros sustanciales, f\u00e1cticos y por desconocimiento del precedente, e implican una clara vulneraci\u00f3n del \u00abnumeral 7\u00b0 del art. 23 de la Ley 222 de 1995, en atenci\u00f3n al art. 2 de la ley 50 de 1936\u00bb. <\/p>\n
4.- Pues bien, sobre el particular, la Superintendencia de Sociedades expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que se habr\u00eda paso a negar la nulidad de oficio deprecada por la presunta incursi\u00f3n en conflicto de inter\u00e9s al momento de celebrar los actos jur\u00eddicos cuestionados. <\/p>\n
Para el efecto4, comenz\u00f3 por traer de presente que en las pretensiones de la demanda \u00abno se solicit\u00f3 la declaratoria de nulidad de las operaciones controvertidas por la violaci\u00f3n al r\u00e9gimen de conflictos de inter\u00e9s previsto en el numeral 7mo del art\u00edculo 23 de la Ley 222 de 1995\u00bb. Por el contrario, tal pedimento se efectu\u00f3 al momento de descorrer el traslado de excepciones, en el que pidi\u00f3 que de oficio se decretara tal nulidad. <\/p>\n
Por ende, \u00abno es posible acceder a la declaratoria de nulidad absoluta de los actos controvertidos de forma oficiosa, pues tal y como lo ha se\u00f1alado la Corte Suprema de Justicia: \u201ctrat\u00e1ndose de la nulidad absoluta de un acto o contrato, su reconocimiento oficioso solo procede si el motivo aparece de manifiesto en el acto o contrato, como lo indica el art\u00edculo 2 de la Ley 50 de 1936. En caso contrario, es decir, cuando la causal de nulidad se construya al margen del acto o contrato, \u00f3sea mediante el auxilio de otras pruebas, su prosperidad procesal pende de la alegaci\u00f3n de la parte interesada, bien para que el juez se pronuncie expresamente en la sentencia sobre la anomal\u00eda, con todas las consecuencias que le son propias, siempre que en el proceso sean parte quienes lo fueron en el acto o contrato, o para que, en caso contrario, solo de cabida a la declaraci\u00f3n de la excepci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Bajo tales consideraciones, para el despacho \u00abla sanci\u00f3n invocada se habr\u00eda generado al margen del contrato en s\u00ed mismo, pues el eventual vicio habr\u00eda devenido de circunstancias diferentes, a objeto de verificaci\u00f3n, por elementos de pruebas distintos al negocio jur\u00eddico\u00bb. As\u00ed, evidenci\u00f3 que para entrar a declarar si hay lugar a la nulidad absoluta de las operaciones celebradas en conflicto de inter\u00e9s \u00abes necesario verificar, en primer lugar, si en cabeza del representante legal que celebr\u00f3 el contrato existen intereses contrapuestos. En segundo lugar, si dicho administrador obtuvo o no la autorizaci\u00f3n especial del m\u00e1ximo \u00f3rgano social de que trata el numeral 7 del art\u00edculo 23 de la Ley 222 de 1995. Y, de haberse autorizado, es necesario verificar si la operaci\u00f3n perjudic\u00f3 o no los intereses de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
5.- De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior am\u00e9n que aquella fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas, la normativa que regula el tema y la demanda con la que se inici\u00f3 el proceso de conocimiento en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, ha dicho esta Sala sobre la nulidad absoluta de los actos jur\u00eddicos lo siguiente: <\/p>\n
\u00abLa invalidez del negocio jur\u00eddico proyectada en la nulidad absoluta y relativa, rectius, anulabilidad, ostenta tipicidad legal r\u00edgida (pas de nullit\u00e9 sans texte), presupone texto, norma o precepto legal previo y expreso, al corresponder exclusivamente a la ley establecer su disciplina, causas y efectos; exige declaraci\u00f3n judicial previo proceso con comparecencia de los contratantes y sujeci\u00f3n a las garant\u00edas constitucionales, en especial, el debido proceso; entra\u00f1a, la terminaci\u00f3n del acto y su restituci\u00f3n al statu quo ante si es total o, s\u00f3lo de la parte afectada cuando es parcial, como si el negocio jur\u00eddico no se hubiere celebrado, excepto aquellos efectos no susceptibles de deshacer por su naturaleza, l\u00f3gica o consumici\u00f3n o, si afecta el n\u00facleo estructural o existencial del contrato (esentialia negotia); admite saneamiento, ratificaci\u00f3n o convalidaci\u00f3n, salvo norma legal expresa en contrario; puede oponerse por excepci\u00f3n o ejercerse como acci\u00f3n; la legitimaci\u00f3n para incoarla est\u00e1 reservada a la parte o sujeto contractual, pero la absoluta debe declararse ex officio \u201ccuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato\u201d y podr\u00e1 invocarse por todo el que tenga inter\u00e9s en ello, el Ministerio P\u00fablico o quien \u201cacredite un inter\u00e9s directo para pedir que se declare la nulidad absoluta\u201d (cas. civ. sentencias de 7 de febrero de 2008, exp. 2001-06915-01 y 1\u00ba de julio de 2008, ex. 2001-00803-01)\u00bb (Resaltado propio. Sentencia del 06 de marzo del 2012, exp. 2001-00026-01). <\/p>\n
Por el contrario, los argumentos con los cuales el accionante recrimina la actuaci\u00f3n tienen como sustento un disentimiento subjetivo frente a las consideraciones en que la Superintendencia se bas\u00f3 para resolver la controversia. Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, para esta Sala: <\/p>\n
De no ser as\u00ed, la tutela se convertir\u00eda en un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo con el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y de permitir la concentraci\u00f3n en la jurisdicci\u00f3n constitucional de todas ellas, capaz de rebozar el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n
6.- En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folio 13 del PDF \u00ab2020-06-000200-000\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-14 del PDF \u00ab2020-06-006668-000\u00bb y \u00ab2020-06-006669-000\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 PDF \u00ab2021-01-141314-000\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 A partir del minuto 4:06:20 del audio \u00ab20208006aud14abril2021\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC10603-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2021-01366-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., veinte (20) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 13 de julio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56476","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56476","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56476"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56476\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56476"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56476"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56476"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}