STC10673-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC10673-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-00036-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 28 de enero de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida por Santiago Arango Cort\u00e9s contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al Juzgado Veintis\u00e9is Laboral del Circuito de la misma ciudad y a las partes e intervinientes del proceso ordinario laboral objeto de debate. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y la defensa, as\u00ed como a \u00abrecibir el pago por el trabajo realizado por el trabajador [\u2026] y al derecho al patrimonio obtenido legalmente y no reconocido por la sociedad demandada [\u2026]\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 5 de junio de 2015, el actor promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral en contra de la sociedad Promotora La Alborada S.A., en reestructuraci\u00f3n, con el fin de que se declarara que entre las partes existi\u00f3 \u00abun contrato de trabajo ordinario desde el 25 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013, que el mismo no cumpl\u00eda con las condiciones de un contrato de prestaci\u00f3n de servicios, y por ello corresponde la liquidaci\u00f3n y pago de cesant\u00edas, intereses de cesant\u00edas, las prestaciones legales correspondientes y los aportes al sistema de seguridad social\u00bb; igualmente, pidi\u00f3 que se estableciera \u00abla existencia de un contrato de trabajo bajo la modalidad de salario integral del 31 de mayo de 2013 al 31 de enero de 2015, en el cual se estipul\u00f3 un salario variable constituido por un salario b\u00e1sico y las comisiones de ventas las cuales no fueron debidamente liquidadas\u00bb. <\/p>\n
A su vez, solicit\u00f3 que \u00abse declare, tal como se estipula en los dos contratos que, para efectos de la liquidaci\u00f3n de las comisiones de ventas, se entiende por venta realizada aquella en la que la entidad haya recibido los pagos correspondientes\u00bb, siendo \u00abel tope de comisiones de $180.000.000 anualmente\u00bb y que su \u00ab\u00faltimo salario promedio mensual fue de $43.135.898\u00bb, por lo que se deb\u00eda disponer que \u00abla liquidaci\u00f3n final del contrato de trabajo fue incorrecta\u00bb. <\/p>\n
2.2. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Veintis\u00e9is Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, despacho que, por sentencia del 23 de noviembre de 2016, resolvi\u00f3 absolver a la accionada y condenar en costas al demandante. <\/p>\n
2.3. Apelada dicha determinaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por providencia del 22 de agosto de 2017, la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.4. Por tanto, formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n que fue resuelto desfavorablemente por la Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, en sentencia SL3951-2020 del 29 de septiembre de 2020, notificada por edicto del 20 de octubre de esa anualidad. <\/p>\n
2.5. En relaci\u00f3n con lo anterior, el tutelante advirti\u00f3 que la Sala especializada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, \u00abal haber desconocido gran parte del acervo probatorio arrimado al proceso\u00bb, dado no tuvo en cuenta que labor\u00f3 desde el d\u00eda 25 de junio de 2012 hasta el 31 de mayo de 2013 bajo un supuesto y mal denominado contrato de prestaci\u00f3n de servicios, el cual no fue debidamente liquidado por la sociedad demandada como contrato realidad. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que prueba de que dicho contrato no era de prestaci\u00f3n de servicios la constitu\u00eda \u00abla firma a partir del 1 de junio de 2013 de un contrato de trabajo con las mismas obligaciones y condiciones, entre ellas el reconocimiento de una bonificaci\u00f3n de \u00e9xito que correspond\u00eda al 50% de una Acci\u00f3n del Mesa de Yeguas Country Club\u00bb, entre otras, que no se tuvieron en cuenta; adem\u00e1s, enfatiz\u00f3 que cumpli\u00f3 con todas sus obligaciones durante su vinculaci\u00f3n laboral con la entonces demandada y para ello relacion\u00f3 las metas econ\u00f3micas, en especial, \u00abla venta de 18 multivillas o apartamentos mediante el mecanismo de Fiducia, que fue constituida dentro de su gesti\u00f3n [\u2026]\u00bb, sin que le fueran reconocidas las comisiones respectivas, raz\u00f3n por la cual \u00abla base salarial de liquidaci\u00f3n fue incorrecta y procede el pago de las sanciones correspondientes\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, inst\u00f3 que se ampararan las garant\u00edas fundamentales reclamadas y se ordenara a \u00abla Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n No 4, a REVISAR y MODIFICAR la decisi\u00f3n proferida de no casar la sentencia de acuerdo a all\u00ed solicitado, pues al no haber casado la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en su sala laboral, desconociendo las pretensiones de la demanda, pues: 1) No reconoci\u00f3 las obligaciones originadas en el primer contrato de trabajo, al negar el pago de las comisiones que me correspond\u00edan como trabajador a la finalizaci\u00f3n del contrato de trabajo, 2) A mi derecho al reajuste de la liquidaci\u00f3n final del contrato, debiendo contemplar las comisiones debidamente causadas como factor salarial, Todo ello de conformidad con el acervo probatorio aportado al proceso [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL VINCULADO <\/p>\n
El Juzgado Veintis\u00e9is Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que su actuar \u00abfue basado en el estudio del material probatorio allegado al expediente, sin que se pueda observar la violaci\u00f3n a que alude la parte petente en la acci\u00f3n que nos ocupa y menos a\u00fan no se configura ninguna de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u00bb. Agreg\u00f3 que lo pretendido por la parte actora era \u00ab[\u2026] una nueva oportunidad para controvertir la sentencia emitida, situaci\u00f3n que no tiene cabida ante la Ley y menos a\u00fan puede comprenderse que sea esta la utilizaci\u00f3n que el legislador consider\u00f3 para la acci\u00f3n constitucional consagrada en el Decreto 2591 de 1991\u00bb, dado que aquella \u00abno est\u00e1 prevista ni consagrada para buscar que se ampl\u00ede el t\u00e9rmino de los recursos a los que deben acudir las partes o lo que es lo mismo ir en desmedro de la ejecutoria de las decisiones judiciales\u00bb, raz\u00f3n por la que solicit\u00f3 despachar negativamente el amparo. <\/p>\n
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III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Penal de esta Corte neg\u00f3 la salvaguarda impetrada, al considerar que \u00abEl razonamiento de la mencionada Corporaci\u00f3n no puede controvertirse en el marco de la acci\u00f3n de tutela, cuando de manera alguna se percibe ileg\u00edtimo o caprichoso. Entendiendo, como se debe, que la misma no es una herramienta jur\u00eddica adicional, que en este evento se convertir\u00eda pr\u00e1cticamente en una tercera instancia, no es adecuado plantear por esta senda la incursi\u00f3n en causales de procedibilidad, originadas en la supuesta arbitrariedad en la interpretaci\u00f3n de las reglas aplicables al asunto, valoraciones probatorias o en el aislamiento a los lineamientos jurisprudenciales sobre el caso debatido\u00bb. <\/p>\n
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III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la parte accionante, quien insisti\u00f3 en los argumentos que dieron origen a la presente acci\u00f3n constitucional y enfatiz\u00f3 en que \u00abno se tuvo en cuenta el razonamiento hecho en el escrito de tutela respecto a las pruebas [\u2026]\u00bb que, a su juicio, \u00abfueron indebidamente valoradas por la [\u2026] sala laboral de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
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III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el reclamante cuestiona el fallo SL3951-2020, dictado por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de Casaci\u00f3n Laboral y, en esa medida, pretende que se le ordene \u00abREVISAR y MODIFICAR la decisi\u00f3n proferida de no casar la sentencia (\u2026) proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en su sala laboral\u00bb. <\/p>\n
2. Pronto advierte esta Sala que la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, por cuanto la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, como entrar\u00e1 a analizarse. <\/p>\n
3. En efecto, del escrutinio del decurso procesal se evidencia que, al resolver el recurso extraordinario de Casaci\u00f3n, la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia expres\u00f3 los motivos por los cuales arribaba a la determinaci\u00f3n de no casar el fallo emitido el 22 de agosto de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Para ello, comenz\u00f3 por se\u00f1alar que el recurso extraordinario no era \u00abtercera instancia ni admite argumentos formulados como alegatos dentro de \u00e9sta, todo lo cual ha sostenido de forma reiterada esta Corporaci\u00f3n\u00bb y, bajo esa l\u00ednea, afirm\u00f3 que \u00abla sustentaci\u00f3n de los cargos se asemeja m\u00e1s a un alegato propio de las instancias respectivas que a una argumentaci\u00f3n adecuada y concisa donde la censura cumpla con la obligaci\u00f3n de demostrar de forma clara y coherente los eventuales yerros en que, a su juicio, incurri\u00f3 el Tribunal al adoptar la decisi\u00f3n impugnada\u00bb. <\/p>\n
No obstante, estableci\u00f3 que el problema jur\u00eddico planteado en los primeros cuatro cargos se circunscrib\u00eda a determinar \u00absi result\u00f3 equivocado el Tribunal cuando declar\u00f3 que por el per\u00edodo comprendido entre el 25 de junio de 2012 y el 31 de mayo de 2013 no existi\u00f3 una relaci\u00f3n de trabajo\u00bb y destac\u00f3 que \u00abla tesis de la que se parti\u00f3 el reconocimiento de un servicio personal por parte del actor en beneficio de la pasiva, en el per\u00edodo del 25 de junio de 2012 al 31 de mayo de 2013 no fue subordinado estando regido por un contrato de prestaci\u00f3n de servicios aut\u00f3nomo e independiente. All\u00ed es donde concentra la censura su ataque, espec\u00edficamente en se\u00f1alar que se desestim\u00f3 el influjo de la presunci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 24 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo\u00bb, frente a lo cual indic\u00f3 que el Tribunal \u00abno dej\u00f3 de aplicar la citada presunci\u00f3n de existencia del contrato de trabajo, sino que la encontr\u00f3 desvirtuada\u00bb, lo que conllev\u00f3 a que \u00ablas pruebas que se refieren a la existencia misma del servicio del demandante resultan intrascendentes para el an\u00e1lisis propuesto por el recurrente, pues \u00e9ste no se controvirti\u00f3\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el material probatorio, consistente en \u00abel contrato de prestaci\u00f3n de servicios suscrito por las partes el 25 de junio de 2012, las certificaciones de pago, el contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido y su liquidaci\u00f3n, as\u00ed como las manifestaciones que sobre este aspecto se hicieron tanto en la demanda como en su contestaci\u00f3n\u00bb consider\u00f3 que no demostraba nada diferente a que, \u00abefectivamente, hubo un servicio personal\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, en cuanto a las \u00abcondiciones materiales de las labores que el Tribunal tuvo por aut\u00f3nomas\u00bb, sostuvo que \u00ablo que advierte la Sala de lo dicho por el representante de la pasiva en el interrogatorio de parte, en nada verdaderamente se aleja de la conclusi\u00f3n del Tribunal que encontr\u00f3 demostrada la prestaci\u00f3n del servicio, pero de forma insubordinada en el primer per\u00edodo\u00bb. Al respecto, puntualmente indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abPara la Corte, aun a pesar de la complejidad del an\u00e1lisis y vista la actividad altamente calificada que desarrollaba el actor, no advierte que exista un error protuberante en la valoraci\u00f3n del interrogatorio de parte de la pasiva, comoquiera que ninguna de las respuestas aportadas por el representante del demandado resulta verdaderamente constitutiva de una relaci\u00f3n laboral. <\/p>\n
Vale la pena destacar que las condiciones de prestaci\u00f3n de servicios en la forma como fue narrada por el demandante no dejan de ser las propias de una relaci\u00f3n civil de asesoramiento o gesti\u00f3n profesional y de relacionamiento social de alto nivel, como sucede en el presente caso. <\/p>\n
Lo que concluy\u00f3 el Tribunal precisamente fue que la prestaci\u00f3n del servicio s\u00ed existi\u00f3, pero se desarroll\u00f3 de forma aut\u00f3noma dadas las condiciones especiales del demandante. Adem\u00e1s, la conclusi\u00f3n es l\u00f3gica dada la manera como se dio el relacionamiento entre las partes en raz\u00f3n, como se dijo, de sus capacidades y cualificaciones, lo que es un asunto no menor al momento de analizar si es procedente la declaraci\u00f3n de la existencia de un contrato de trabajo. <\/p>\n
En efecto, importa recordar que el juez de segunda instancia no hizo caso omiso de la prueba de las dos formas contractuales sucesivas, e incluso, de que en la liquidaci\u00f3n del tiempo de servicio completo fue incluido dentro de la tasaci\u00f3n de una indemnizaci\u00f3n por despido. Lo que precis\u00f3, fue que en una y otra contrataci\u00f3n el mismo demandante por su experticia y formaci\u00f3n tuvo un protagonismo tal en el dise\u00f1o de los contratos de los que iba a hacer parte, que incluso fungiendo como trabajador, su gesti\u00f3n estuvo materialmente ajena a la dependencia que se predica de tal clase de relacionamiento. <\/p>\n
Dicho de otra forma, lo que encontr\u00f3 probado el Tribunal y que no se muestra protuberantemente equivocado tomando en consideraci\u00f3n el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la entidad, fue que las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que el demandante actu\u00f3 al servicio de la demandada, a pesar de las formas contractuales, no estuvieron enteramente rodeadas de la subordinaci\u00f3n que predic\u00f3, menos a\u00fan, en el primero de los per\u00edodos de servicios. <\/p>\n
Sobre este particular importa precisar por la Sala que el principio de la primac\u00eda de la realidad sobre las formalidades de manera general encuentra su finalidad primordialmente en la protecci\u00f3n de los derechos de los trabajadores exalt\u00e1ndolos por encima del rigorismo formal cuando han tenido ocurrencia en la realidad (CSJ SL13834-2017, CSJ SL14152-2017, CSJ SL13518-2017, CSJ SL13444-2017; CSJ SL15213-2017 y CSJ SL13241-2017). Sin embargo, su utilidad no se agota exclusivamente en la declaraci\u00f3n de existencia de una relaci\u00f3n de trabajo ni su resultado conduce siempre de forma indefectible a su reconocimiento, puesto que lo que en estricto rigor importa corresponde a que se adec\u00fae la realidad a las formas jur\u00eddicas de la manera m\u00e1s transparente. <\/p>\n
De los elementos valorados, estim\u00f3 que, aunque \u00abpodr\u00eda ser un indicio de la existencia de una relaci\u00f3n de trabajo, [\u2026]\u00bb, lo cierto era que \u00abno es demostraci\u00f3n necesaria de la misma, menos si ello se analiza en funci\u00f3n de las dem\u00e1s pruebas del expediente, incluyendo pruebas testimoniales que no son h\u00e1biles en la sede extraordinaria con base en la restricci\u00f3n estipulada en el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 16 de 1968\u00bb, por lo cual, \u00ablo que verdaderamente prueban es la existencia de una prestaci\u00f3n personal de un servicio gobernadas bajo dos esquemas contractuales distintos y ambos leg\u00edtimos a la luz de la realidad de las circunstancias\u00bb. Precis\u00f3, adicionalmente, que en el interrogatorio de parte no se encontr\u00f3 afirmaci\u00f3n alguna que favoreciera a la contraparte, \u00aben los t\u00e9rminos del art\u00edculo 195 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -hoy, art\u00edculo 191 del C\u00f3digo General del Proceso- menos aun a la luz de la literalidad de las pretensiones y los hechos de la demanda\u00bb, lo que llevaba a concluir que la decisi\u00f3n del juez plural estaba ajustada a derecho. <\/p>\n
Ahora, en lo atinente a los cargos quinto y sexto, relacionados con el posible yerro del Tribunal al establecer que \u00abno hubo saldos insolutos de salarios, comisiones por ventas o acreencias laborales a la finalizaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral que s\u00ed existi\u00f3 entre las partes a partir del 1\u00ba de junio de 2013 y hasta el 31 de enero de 2015 dado que no fueron demostrados\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que, luego de analizar la literalidad de la cl\u00e1usula 4\u00ba del contrato de trabajo que uni\u00f3 a las partes desde el 1\u00ba de junio de 2013 y que se tuvo por cierta, era evidente que las caracter\u00edsticas que hac\u00edan viable el pago de las comisiones se concretaban en que: <\/p>\n
\u00ab(i) existieran ventas de la sociedad por proyectos inmobiliarios propios, ya fuera por \u2018unidades de vivienda del Conjunto Recreacional Campestre Mesa de Yeguas\u2019 o acciones de Mesa de Yeguas Country Club; (ii) el monto de la comisi\u00f3n ser\u00eda el 0.9% de las \u2018ventas totales\u2019 de la sociedad, con un tope de $180.000.000 al a\u00f1o y pagadero \u2018[\u2026] en la misma oportunidad que se realicen los pagos que peri\u00f3dicamente efect\u00faen los compradores\u2019; (iii) las ventas totales sobre las que se calcular\u00eda la comisi\u00f3n respectiva, corresponder\u00edan a las ventas en las que \u2018[\u2026] se haya firmado la promesa de venta\u2019; (iv) en el evento en que no se formalizara aun la escritura p\u00fablica de venta correspondiente, el valor de la comisi\u00f3n se entender\u00eda hecho a t\u00edtulo de anticipo, que se compensar\u00eda con las comisiones \u2018[\u2026] de la siguiente unidad de vivienda que se venda\u2019; y (v) las comisiones s\u00f3lo se pagar\u00edan cuando los ingresos por las ventas estuvieran verificados dentro de la contabilidad de la empresa\u00bb. <\/p>\n
Bajo el anterior contexto, resalt\u00f3 que \u00abel elemento que requer\u00eda haber demostrado en las instancias el actor para acreditar su derecho a percibir las comisiones reclamadas era, como m\u00ednimo, la escritura p\u00fablica de promesa de compraventa por cada uno de los inmuebles en cuya venta hubiere invariablemente participado de forma exclusiva, as\u00ed como el registro contable espec\u00edfico en el que se verificara el ingreso del dinero a la sociedad por parte de los compradores intermediados\u00bb, pues no era suficiente con el solo hecho de verificar pagos a favor de la sociedad demandada \u00abpor unidades de vivienda o un listado de quienes estuvieron interesados y participaron de los negocios inmobiliarios como se advierte de las dem\u00e1s probanzas que la censura enumer\u00f3 como mal valoradas por el fallador, dado que el pacto entre las partes impon\u00eda como requisito formal la citada existencia de una promesa de compraventa como condicionante del nacimiento del derecho a la comisi\u00f3n referida, todo lo cual estaba cobijado bajo la autonom\u00eda de la voluntad de los contratantes\u00bb. <\/p>\n
Por lo expuesto, concluy\u00f3 que \u00abla valoraci\u00f3n probatoria no pod\u00eda exceder el texto del contrato para flexibilizar las circunstancias en que se deber\u00edan pagar las mencionadas comisiones tomando \u00fanicamente como referencia los pagos que hicieron algunos interesados en los proyectos inmobiliarios promovidos por la sociedad demandada, de los cuales, seg\u00fan se desprende de las constancias de pago y el mismo interrogatorio de parte del representante, hasta el a\u00f1o 2017 \u2013dos a\u00f1os despu\u00e9s de la cesaci\u00f3n del v\u00ednculo contractual con el actor-, aun hab\u00edan personas depositando dineros pero sin contar con la formalizaci\u00f3n de escrituras p\u00fablicas\u00bb; adem\u00e1s, resalt\u00f3 que \u00abla precisi\u00f3n y exactitud de los c\u00e1lculos pretendidos no pod\u00edan delegarse en el fallador que interpretara las ambig\u00fcedades de lo liquidado y menos a\u00fan era permisible que existieran reticencias o confusiones en las explicaciones, las cuales no por ser abundantes habr\u00edan de conducir a ser di\u00e1fanas o evidentes\u00bb. <\/p>\n
4. De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior, am\u00e9n que aquella fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las probanzas allegadas al plenario, la normatividad que gobierna el asunto y de un an\u00e1lisis jurisprudencial en torno al tema debatido, todo lo cual llev\u00f3 a la Sala a concluir que no se hab\u00edan acreditado, con lo allegado al proceso, las condiciones alegadas para declarar la existencia del contrato laboral pretendida ni que se hubieran dejado de cancelar las comisiones reclamadas, hermen\u00e9utica plausible que no impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En definitiva, se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la Corporaci\u00f3n accionada- en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de manera que el funcionario constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de autoridad de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. M\u00e1xime, cuando se observa que la decisi\u00f3n adoptada no muestra vulneraci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01) reiterada en STC7495-2020 17 sep, Rad. 2020-00255-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01), reiterada en STC7348-2020. 14 sep, Rad. 2020-00485-01). <\/p>\n
Desde luego, en este escenario, tampoco es posible devolvernos a la reconstrucci\u00f3n de las probanzas del caso concreto. En efecto, \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00). <\/p>\n
En el sub examine, no es posible realizar un nuevo an\u00e1lisis de las pruebas allegadas al plenario, como se reclama, m\u00e1xime teniendo en cuenta que, como se dijo atr\u00e1s, la decisi\u00f3n cuestionada se encuentra motivada razonadamente, con base en los elementos de juicio considerados. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha establecido que <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026) al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u2018\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u2019\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2012, rad. 2012-00245-01; reiterado en STC. 14 sep. 2020, Rad. 2020-00458-01). <\/p>\n
5. De acuerdo con la explicado en precedencia, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10673-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS STC10673-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-00036-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de agosto dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 28 de enero de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56480","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56480","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56480"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56480\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56480"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56480"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56480"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}