STC10806-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10806-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2021-01259-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia dictada el 29 de junio de 2021, por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la tutela incoada por Juan de Jes\u00fas M\u00e9ndez Casta\u00f1eda contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Treinta y Dos Civil Municipal, ambos de esta ciudad; con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario adelantado por Yesid Eduardo T\u00e9llez Restrepo al aqu\u00ed actor. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas constitucionales al debido proceso y defensa, entre otras, presuntamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
Aduce el quejoso que, en el Juzgado Treinta y Dos Civil Municipal de Bogot\u00e1, se tramita el juicio materia de este amparo, asunto en el cual solicit\u00f3 la invalidez de todo lo actuado, por cuanto fue notificado de la demanda mediante \u201c(\u2026) aviso (\u2026) enviad[o] a la Diagonal 115A # 70B \u2013 51 de [esta ciudad]\u201d, lugar donde \u201cno resid[e] ni labor[a]\u201d. <\/p>\n
Asevera que el 19 de noviembre de 2019, el referido despacho \u201cneg\u00f3\u201d la nulidad requerida por encontrarse \u201csaneada\u201d, decisi\u00f3n ratificada por el estrado del circuito convocado, el 18 de diciembre de 2020. <\/p>\n
Arguye que los tutelados incurrieron en \u201cv\u00eda de hecho\u201d, pues <\/p>\n
\u201c(\u2026) prob\u00f3 fehacientemente [su] lugar de notificaci\u00f3n, que es la anotada en la escritura de hipoteca dada en garant\u00eda de pago (\u2026) donde indic\u00f3 que la direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n judicial es en la calle 8 N\u00b0 69F-07 apt. 201 de la ciudad de Bogot\u00e1, y no la que escogi\u00f3 de manera caprichosa (\u2026) la parte demandante (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Afirma que, actu\u00f3 con la confianza de estar notificado de manera personal desde el 4 de junio de 2019, cuando acudi\u00f3 a la secretar\u00eda del juzgado municipal fustigado y \u201ctuv[o] acceso al expediente\u201d; no obstante, ese despacho en auto de 20 de ese mes y a\u00f1o declar\u00f3 extempor\u00e1nea la contestaci\u00f3n de la demanda realizada dentro del litigio subex\u00e1mine. <\/p>\n
3. Suplica, en concreto, \u201cpermitir el tr\u00e1mite del incidente de nulidad\u201d por \u00e9l deprecado. <\/p>\n
1.1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 copia de la decisi\u00f3n emitida por ese despacho dentro del litigio sublite. <\/p>\n
2. El estrado municipal criticado se opuso al ruego resaltando la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda, tras indicar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l 18 de junio de 2019, [el] apoderado del se\u00f1or M\u00e9ndez Casta\u00f1eda present\u00f3 la contestaci\u00f3n (\u2026), d\u00eda en el que tambi\u00e9n, mediante consulta del expediente, pudo advertir que la parte demandante el cinco del mismo mes y a\u00f1o alleg\u00f3 las constancias de notificaci\u00f3n por aviso realizada desde el 23 de mayo de 2019 de manera positiva, en la misma direcci\u00f3n donde previamente se entreg\u00f3 el citatorio y, de no estar de acuerdo con tales diligencias que podr\u00edan redundar en su contra, [pudo] invocar la nulidad de las mismas. <\/p>\n
\u201cEl expediente ingres\u00f3 al despacho el 19 de junio de 2019 y, al d\u00eda siguiente, se expidi\u00f3 auto que otorg\u00f3 validez a la notificaci\u00f3n por aviso y que tuvo por extempor\u00e1nea la contestaci\u00f3n (\u2026), una decisi\u00f3n que no se impugn\u00f3 y, en consecuencia, se permiti\u00f3 su ejecutoria, tal y como se puso de presente al momento de resolver la nulidad por indebida notificaci\u00f3n propuesta hasta el tres de julio del mismo a\u00f1o\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Conforme a lo antedicho, es evidente que el se\u00f1or Juan de Jes\u00fas no actu\u00f3 con la debida diligencia para la defensa de sus intereses propios. Ello significa que el uso actual de la acci\u00f3n de tutela no se ajusta a los requisitos de residualidad y subsidiaridad que la rigen. Tambi\u00e9n implica que el asunto no ostenta verdadera relevancia constitucional por cuanto por su descuido fue que se tuvo por saneada la eventual nulidad en su notificaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La inco\u00f3 el gestor, insistiendo en la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas supralegales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Juan de Jes\u00fas M\u00e9ndez Casta\u00f1eda censura, puntualmente, el prove\u00eddo de 18 de diciembre de 2020, mediante el cual el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la nulidad invocada por el quejoso, referente a su indebida notificaci\u00f3n del litigio bajo estudio. <\/p>\n
2. Se advierte el fracaso del resguardo porque ninguna arbitrariedad se encuentra en la providencia atacada, por cuanto, para adoptar tal decisi\u00f3n, el referido despacho se apoy\u00f3 en la ley y en lo ocurrido en el decurso. Sobre ello, expres\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]e encuentra que el a-quo dispuso negar el incidente de nulidad, por cuanto se demostr\u00f3 con el recaudo probatorio y el recuento de las actuaciones procesales que, la parte pasiva habiendo tenido la oportunidad de formular la nulidad por indebida notificaci\u00f3n, no lo hizo, en esa medida debe tenerse por subsanada la nulidad conforme el numeral 1 del art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d. <\/p>\n
\u201c[E]st\u00e1 definida de manera contundente que la nulidad formulada se sane\u00f3, pues no se interpuso una vez se actu\u00f3 en el proceso, sino luego de que se rechazaran por extempor\u00e1neas las excepciones formuladas con la contestaci\u00f3n de la demanda; conforme lo anterior, el juzgado encuentra que el fundamento jur\u00eddico para negar la nulidad formulada es el correcto y evidentemente la parte pasiva actu\u00f3 inicialmente en el expediente sin formular la nulidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se establece, el despacho acusado no pod\u00eda desconocer las actuaciones surtidas en el litigio. Ciertamente, si M\u00e9ndez Casta\u00f1eda, en la primera oportunidad para actuar en el proceso, tuvo acceso al expediente y contest\u00f3 la demanda compulsiva1, previo a invocar la nulidad materia de censura, resultaba evidente la subsanaci\u00f3n de cualquier vicio aducido en torno al enteramiento de ese litigio, tal como lo acot\u00f3 la autoridad denunciada. <\/p>\n
Al punto, esta Corporaci\u00f3n ha enfatizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) A prop\u00f3sito del \u00absaneamiento\u00bb por la referida causa, que es uno de los principios orientadores de la figura abordada, esta Corporaci\u00f3n en STC18651-2017 reiter\u00f3 que \u00absi el petente de la nulidad no la propuso en su primera intervenci\u00f3n sino que actu\u00f3 sin proponerla, con tal conducta la sane\u00f3 y por ello no puede alegarla posteriormente (\u2026)\u201d (negrillas propias). <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que es inviable otorgar la protecci\u00f3n tuitiva porque no se observa \u00abun error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo (STC8733-2017) (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Igualmente, sobre la tem\u00e1tica materia de controversia, la Sala adoctrin\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Seg\u00fan el principio de convalidaci\u00f3n que rige en el derecho procesal civil, por regla general, todas las irregularidades procesales (inclusive las nulidades) se convalidan por el consentimiento de las partes: \u2018si el acto procesal nulo no es impugnado legalmente, queda revalidado por la aquiescencia t\u00e1cita o expresa de la parte que sufre lesi\u00f3n por la nulidad. (\u2026) De lo anterior se infiere que las nulidades de los actos procesales, por regla general no son absolutas, ya que pueden quedar revalidadas en la forma supradicha (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tal principio se expresa en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso que \u2018agotada cada etapa del proceso el juez deber\u00e1 realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podr\u00e1n alegar en las etapas siguientes\u2026\u2019); en el Par\u00e1grafo del art\u00edculo 133 \u2018las dem\u00e1s irregularidades del proceso se tendr\u00e1n por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este c\u00f3digo establece\u2019; en el inciso segundo del art\u00edculo 135 \u2018no podr\u00e1 alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omiti\u00f3 alegarla como excepci\u00f3n previa si tuvo la oportunidad para hacerlo, ni quien despu\u00e9s de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla\u2019; y, principalmente, en el art\u00edculo 136 ib\u00eddem \u2018la nulidad se considerar\u00e1 saneada en los siguientes casos: 1. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla; 2. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla la convalid\u00f3 en forma expresa antes de haber sido renovada la actuaci\u00f3n anulada; 3. Cuando se origine en la interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso y no se alegue dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la fecha en que haya cesado la causa; 4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Como insanables, el estatuto procesal s\u00f3lo contempla \u2018proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia\u2019 (art\u00edculo 136, Par\u00e1grafo). Todos los dem\u00e1s vicios procesales se convalidan o sanean de la manera prevista en el art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
3. La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
4. Ahora, respecto de la censura elevada por el actor frente al auto de 20 de junio de 2019, mediante el cual el juzgado municipal fustigado declar\u00f3 extempor\u00e1nea la contestaci\u00f3n de la demanda incoada en el decurso sublite, el auxilio tampoco sale avante por carecer del requisito de inmediatez, pues, entre la presentaci\u00f3n del resguardo, esto es, el 17 de junio de 2021, y la mencionada providencia, ha transcurrido m\u00e1s de un (1) a\u00f1o, tiempo que supera el plazo de seis (6) meses establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Por tanto, si el petente se demor\u00f3 en incoar el amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la autoridad convocada y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Conforme a los argumentos expuestos, se ratificar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante telegrama o por mensaje de datos a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Revisadas las pruebas aportadas a esta senda se observa que el actor contest\u00f3 la demanda el 18 de junio de 2019, cuando el aviso de notificaci\u00f3n se encontraba anexado al expediente desde el 5 de ese mes y a\u00f1o; sin embargo, solo propuso la comentada nulidad hasta el 3 de julio siguiente, luego de haberse declarado extempor\u00e1nea la r\u00e9plica efectuada frente al libelo introductor. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC926-2020, de 5 de febrero de 2010, exp. 11001-02-03-000-2020-00242-00. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC2623-2020, de 11 de marzo de 2020, exp. 11001-02-03-000-2020-00688-00. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
5\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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