STC10807-2021 <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10807-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15693-22-08-000-2021-00099-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddase la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 29 de junio de 2021, proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, dentro de la salvaguarda promovida por Blanca Nancy Vergara Esp\u00edndola al Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de R\u00edo, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo iniciado por Luis Antonio Su\u00e1rez G\u00f3mez contra Pedro Miguel Alquichibes y la aqu\u00ed petente, con radicado n\u00b0. 2013-0042. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del extenso y confuso escrito inicial, se coligen, en s\u00edntesis, los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
La actora reprocha que, al interior del aludido coercitivo, \u201chubo un exceso de medidas cautelares\u201d, decretadas mediante auto de 12 de junio de 2013 por cuant\u00eda superior a $1.000.000.000, aun cuando el mandamiento de pago se libr\u00f3 por $100.000.000, el 11 de del mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
Afirma que los bienes objeto de dichas medidas no fueron debidamente secuestrados ni avaluados, pues el juez cuestionado no efectu\u00f3 control de legalidad frente a esas actuaciones. <\/p>\n
Asimismo, cuestiona la aprobaci\u00f3n de la diligencia de remate, se\u00f1alando que el funcionario judicial <\/p>\n
\u201c(\u2026) orden[\u00f3] entregar 15.7 hect\u00e1reas del predio denominado el porvenir a sabiendas que solo fueron secuestradas quince (15) hect\u00e1reas setecientos (700) metros2 [sic] y avaluadas trece (13) hect\u00e1reas cinco mil (5000) metros2 [sic] no aclara que los cultivos existentes en los predios no son rematados ni adjudicados lo mismo la casa y trapiche (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, anular los siguientes actos procesales: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [i] DILIGENCIA DE SECUESTRO. Folio 57 y 58 del Cuaderno \u2013 2 medidas cautelares; [ii] Aval\u00faos. folios 270 al 315 C-4; [iii] Remate. adjudicaci\u00f3n. a folios 331, 332 C-4; [iv] Registro del auto de adjudicaci\u00f3n. [v] Acto escritural. Escritura p\u00fablica no 14 de 16 de 2018 ordenar a la notar\u00eda \u00fanica de PAZ DE RIO Boyac\u00e1 (sic); [vi] Acto procesal de entrega de los bienes folio 366 C-4; [vii] Todos los autos donde el se\u00f1or juez le imparte aprobaci\u00f3n a todo lo anterior sin ning\u00fan control de legalidad (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El titular del despacho accionado se opuso a la prosperidad del amparo, se\u00f1alando que no re\u00fane los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, pues las actuaciones cuestionadas datan de hace varios a\u00f1os y las mismas no fueron controvertidas al interior del proceso. <\/p>\n
2. El registrador de Instrumentos P\u00fablicos Seccional V\u00e9lez \u2013Santander-, refiri\u00f3 que el juzgado convocado identific\u00f3 plenamente el predio objeto de remate, raz\u00f3n por la cual dio cabal cumplimiento a lo ordenado por esa autoridad. <\/p>\n
3. Pedro Miguel Alquichides Cadena manifest\u00f3 coadyuvar las pretensiones de la gestora, indicando que el funcionario confutado no efectu\u00f3 un debido control de legalidad a las distintas etapas del compulsivo. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio, por inobservancia del requisito de subsidiariedad. Al respecto, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los demandados fueron notificados del mandamiento de pago de 12 de junio de 2013 sin que hicieran uso oportuno del derecho de defensa por lo que, vencido el t\u00e9rmino para proponer excepciones, se dispuso por el juzgado seguir adelante la ejecuci\u00f3n, se practic\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y se aprob\u00f3 por auto de 19 de marzo de 2014. <\/p>\n
\u201cPosteriormente se han practicado actualizaciones a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y dispuesto el remate del inmueble embargado, secuestrado y avaluado, sin que hasta el momento haya sido rematado, estando liquidado por \u00faltima vez el cr\u00e9dito en $262\u2019262.461,oo aprobado por auto de 14 de septiembre de 2017. <\/p>\n
\u201cLa demandada ha formulado una serie de recursos, pero en la mayor\u00eda de los casos han sido extempor\u00e1neos, o han sido rechazados. <\/p>\n
\u201cComo puede establecerse, el proceso no ha terminado, teniendo la accionante recursos procesales para defender sus presuntos derechos violados o amenazados, sin embargo, como se observa, las decisiones del accionado Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de R\u00edo han sido notificadas a Blanca Nancy Vergara Esp\u00edndola como a Pedro Miguel Alquichibes en legal forma, en el caso del mandamiento de pago, la decisi\u00f3n del seguir adelante la ejecuci\u00f3n y la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, a pesar de haberse dictado con el cumplimiento de los requisitos legales y notificado en la forma como lo establece la ley, las partes no mostraron inter\u00e9s alguno, por lo que se ejecutoriaron y produjeron los efectos procesales del caso, de tal manera que los demandados, pretendiendo desconocer la preclusi\u00f3n de las etapas procesales intenten invalidarlas a trav\u00e9s de este mecanismo constitucional, que a todas luces es improcedente, m\u00e1xime cuando oteado el expediente, esas decisiones se ajustaron estrictamente a le ley procesal civil aplicable (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 la tutelante, insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito inicial. Precis\u00f3 que los actos procesales por ella cuestionados con la demanda de amparo <\/p>\n
\u201c(\u2026) fueron[:] secuestro, aval\u00faos, publicaciones, remate y adjudicaci\u00f3n, registro y entrega de los bienes, por falta de control de legalidad por parte del se\u00f1or Juez Promiscuo Civil del Circuito de Paz de Rio Boyac\u00e1 y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de V\u00e9lez Santander (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La actora pretende que, a trav\u00e9s de este mecanismo de protecci\u00f3n, se dejen sin efectos las diligencias de secuestro, aval\u00fao, remate, adjudicaci\u00f3n y entrega de los bienes cautelados en el compulsivo referenciado; pues, supuestamente, el juez no ejerci\u00f3 el control de legalidad correspondiente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Revisadas las pruebas aqu\u00ed adosadas, se observa que, en lo atinente a los predios Porvenir y San Antonio, identificados con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0324-37027 y 324-43297, respectivamente, en prove\u00eddo de 18 de enero de 2018, se imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n al remate de los mismos, llevado a cabo el 18 de diciembre de 2017, siendo adjudicados al ejecutante y entregados a \u00e9ste el 28 de agosto de 2018. <\/p>\n
Por lo antelado, se colige que, frente a esta \u00faltima diligencia y las dem\u00e1s surtidas respecto de dichos inmuebles, el amparo deviene impr\u00f3spero por inobservancia del requisito de inmediatez, pues, desde la enunciada entrega -28 de agosto de 2018- a la interposici\u00f3n de este ruego -4 de junio de 2021-, transcurrieron casi tres (3) a\u00f1os, sin evidenciarse circunstancias que justifiquen la inactividad de la interesada. <\/p>\n
Ese lapso que supera, holgadamente, el plazo de seis (6) meses adoptado por esta Sala como razonable para reclamar el resguardo de sus derechos. <\/p>\n
Sobre este aspecto la Corte, reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Por tanto, si la petente se demor\u00f3 en incoar el amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible al juzgado convocado y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En lo atinente al predio La Esmeralda, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 324-9763, se observa que \u00e9ste se encuentra embargado y secuestrado; no obstante, aunque respecto del mismo se practic\u00f3 la diligencia de remate el 22 de mayo de 2019, fue declarada desierta por falta de postor. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se advierte el fracaso del reparo en torno a las diligencias practicadas sobre dicho inmueble, dado el car\u00e1cter eminentemente subsidiario de este auxilio, pues frente a los tr\u00e1mites a\u00fan pendientes de surtirse, la gestora conserva instrumentos legales para salvaguardar sus garant\u00edas; por ejemplo, puede allegar la actualizaci\u00f3n del aval\u00fao del predio objeto de almoneda, refutar las medidas cautelares practicadas y exponer los motivos por los cuales estima que no debe procederse a la adjudicaci\u00f3n del bien a trav\u00e9s de subasta, entre otros. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la posibilidad del ejecutado de presentar la actualizaci\u00f3n del aval\u00fao, esta Corte ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [M]ientras no se haya surtido el remate, ante las variadas circunstancias que potencialmente podr\u00edan prolongar la duraci\u00f3n de un pleito y con ello afectar el aval\u00fao del bien, las partes tienen la posibilidad de actualizar su valor atendiendo las previsiones descritas en la norma. Es m\u00e1s, en caso de que ninguna lo haga, la reiterada jurisprudencia ha recordado que el juez, como director del proceso, debe velar porque al realizar la venta forzada, no se sacrifique el derecho sustancial y con ello las prerrogativas fundamentales de alguno de los contendientes, habida cuenta que el precio debe ser lo m\u00e1s cercano posible al real, y para ello el m\u00e9todo a emplear debe ser el m\u00e1s id\u00f3neo (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Sobre el punto, es del caso advertir que esta Sala ha avalado el decreto de nuevos aval\u00faos \u201c(\u2026) ante una duda sobre el precio real del objeto a subastar, [pues] es menester esclarecerla antes de proseguir con tan definitivo paso (\u2026)\u201d3; de igual modo, se ha resaltado, <\/p>\n
\u201c(\u2026) en la b\u00fasqueda del aval\u00fao id\u00f3neo del bien objeto de remate, \u00abno son s\u00f3lo los derechos patrimoniales del acreedor los que est\u00e1n en juego y deben ser protegidos, ya que tambi\u00e9n merecen protecci\u00f3n los derechos del demandado, pues el hecho de que sea deudor y deba ser ejecutado por su incumplimiento no es una patente que conduzca al desconocimiento de sus garant\u00edas o que autorice entrar a saco roto en su patrimonio, con tal de llevar a cumplido efecto la ejecuci\u00f3n\u00bb, y porque con ello \u00abal deudor le asiste la tranquilidad de pagar en la mayor medida posible y a\u00fan de poner a salvo otros bienes y recursos o de no comprometerlos en demas\u00eda. Pero tambi\u00e9n puede acontecer que el valor del inmueble rematado satisfaga lo adeudado, incluso de manera amplia, en cuyo caso el deudor tiene el derecho a liberarse de su obligaci\u00f3n y a conservar el remanente que, sin lugar a dudas, le pertenece\u00bb (CC T-531\/10) (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
Por tanto, la demanda de amparo desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia prevista en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, por cuanto la petente pretende un pronunciamiento de esta especial jurisdicci\u00f3n, sobre aspectos que deben ser solucionados por el funcionario competente; los cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual y extraordinaria. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados, incluido Colombia9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
5. De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00 <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC de 4 de febrero de 2021. exp. 2020-00328-01 <\/p>\n
3\u0002 CSJ. Sentencia STC4861-2017, 5 abr. 2017, rad. 00028-01 <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC de STC11355-2017 de 2 de agosto de 2017, exp. 11001-22-03-000-2017-01255-01 <\/p>\n
5\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
6\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC10807-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC10807-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15693-22-08-000-2021-00099-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddase la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 29 de junio de 2021, proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56483","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56483","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56483"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56483\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56483"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56483"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56483"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}