STC10820-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10820-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02825-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Rafael Guillermo Nieto Ortiz contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villa del Rosario y los intervinientes en el juicio ejecutivo radicado n\u00ba 2017-00434. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, vivienda y vida digna, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relata que el 22 de enero de 2020, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Villa del Rosario, en cumplimiento de comisi\u00f3n ordenada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga, adelant\u00f3 diligencia de secuestro del inmueble \u00abidentificado con matr\u00edcula\u2026 260-23317\u00bb, decretado en el juicio ejecutivo promovido por Jhonny Alvernia Vergel contra Jorge Nieto Ortiz y Carmen Yolanda Ortiz Ortega (rad. 2017-434). <\/p>\n
Expone que en dicho procedimiento se present\u00f3 y ejerci\u00f3 oposici\u00f3n alegando ser poseedor del predio, para lo cual exhibi\u00f3 contrato promesa de compraventa del 11 de enero de 2013, negocio jur\u00eddico del que deriva su se\u00f1or\u00edo. <\/p>\n
Indica que el juez comisionado acept\u00f3 a tr\u00e1mite la oposici\u00f3n, dispuso el env\u00edo al comitente y declar\u00f3 legalmente secuestrado el bien. Agrega que, la parte interesada \u00abno realiz\u00f3 la insistencia al juez comisionado para que se llevara a cabo la misma\u00bb. <\/p>\n
Destaca que el juzgado de conocimiento, luego del decreto y pr\u00e1ctica de pruebas correspondientes, el 29 de octubre de 2020 neg\u00f3 la oposici\u00f3n, decisi\u00f3n que ratific\u00f3 el Tribunal Superior mediante prove\u00eddo del 21 de mayo de 2021. <\/p>\n
Acusa las anteriores determinaciones de incurrir en v\u00eda de hecho por \u00abdefecto procedimental absoluto y desconocimiento de precedente\u00bb. Al respecto, sostiene que los juzgadores de instancia interpretaron \u00aberr\u00f3neamente\u00bb el numeral 7\u00ba del canon 309 del estatuto adjetivo, pues destaca que, a quien le correspond\u00eda resolver la oposici\u00f3n planteada era al juez comisionado y no al comitente. Arguye que existe un precedente de tutela de esta Corporaci\u00f3n en la que se precisa que, en esas diligencias cuando se presenta oposici\u00f3n, lo que habilita al juez de comitente para resolverla es que \u00abel interesado insista en el secuestro\u00bb (STC16133-2018). <\/p>\n
As\u00ed, alega que, \u00aben los casos que las partes no insistan o presenten recursos contra la decisi\u00f3n tomada en la diligencia, esta toma firmeza y el comitente no debe crear oportunidades procesales ya que esto har\u00eda perder la naturaleza de la comisi\u00f3n y por ende vulnerar\u00eda el debido proceso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene \u00abrevocar las decisiones en los autos emanados por el Juez Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil Familia, Magistrado Ram\u00f3n Alberto Figueroa Acosta, y que por ende se deje en firma la decisi\u00f3n del juez comisionado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Dado el traslado de la demanda a los accionados, estos guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas al denegar la oposici\u00f3n presentada por el ac\u00e1 accionante a la diligencia de secuestro del inmueble del cual alega posesi\u00f3n, medida cautelar decretada en el juicio ejecutivo (radicado n\u00ba 2017-00434), incurriendo en v\u00eda de hecho, supuestamente, por \u00abdefecto procedimental y desconocimiento de precedente\u00bb, y por disponer \u2013 el juzgado comisionado \u2013 el env\u00edo de la oposici\u00f3n formulada al juez comitente para su resoluci\u00f3n. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los prove\u00eddos de primera y segunda instancia que negaron la oposici\u00f3n presentada contra la diligencia de secuestro del inmueble comprometido en el coercitivo en cuesti\u00f3n, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 21 de mayo de 2021 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil Familia, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. La providencia atacada. <\/p>\n
Realizado el examen pertinente a los argumentos de la queja y a las piezas procesales allegadas, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, desde ya la Sala indica que no observa la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales suplicados, tras advertir que la actuaci\u00f3n reprochada y en concreto la determinaci\u00f3n que resolvi\u00f3 negativamente la oposici\u00f3n impetrada se aprecia, prima facie, razonable. <\/p>\n
En efecto, all\u00ed, el tribunal accionado (en sala unitaria), relacion\u00f3 lo acontecido en el procedimiento recriminado; aclar\u00f3 que el juez comisionado dispuso el env\u00edo de la oposici\u00f3n al comitente, y declar\u00f3 legalmente secuestrado el bien. <\/p>\n
Explic\u00f3 que los argumentos del opositor para demostrar su posesi\u00f3n se fundaron en las pruebas que aport\u00f3, como el contrato de promesa de compraventa, los recibos de pago de impuestos y servicios p\u00fablicos, la tenencia de un canino en el lugar y la residencia en el inmueble, as\u00ed como de la declaraci\u00f3n de varios vecinos. Resalt\u00f3 adem\u00e1s que, la parte ejecutante rebati\u00f3 la oposici\u00f3n indicando que el material probatorio era escaso para demostrar la calidad alegada. <\/p>\n
De esa manera, al descender al sublite, y tras retomar el referido contrato de promesa de compraventa dedujo que, dicho documento, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) por s\u00ed solo no demuestra la posesi\u00f3n alegada por el opositor. Es prueba de la celebraci\u00f3n de un negocio jur\u00eddico y de las acciones que tiene a su alcance para reclamar el derecho all\u00ed incorporado; a guisa de ejemplo la resoluci\u00f3n del contrato, pues para la hora de ahora no se ha cumplido con lo pactado en la medida que los titulares del derecho real de dominio siguen siendo los promitentes vendedores; o su aniquilaci\u00f3n por nulidad absoluta por no comprender todos los requisitos previstos en el art\u00edculo 1611 del C.C., modificado por el art\u00edculo 89 de la Ley 153 de 1887, pero en forma alguna logra acreditar la condici\u00f3n que exhibe el opositor, aun cuando el contrato reza que a su firma se realizar\u00eda la entrega material y efectiva del bien\u00bb. <\/p>\n
En lo atinente, cit\u00f3 jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n (SC12323-2015) que precis\u00f3 que \u00ab(\u2026) por regla general, quien obrando como propietario pleno celebra promesa de contrato en esas condiciones, sigue conservando el derecho de dominio; apenas contrae obligaci\u00f3n de hacer, esto es, la de celebrar el contrato prometido, pero no ejecuta la tradici\u00f3n, tampoco la promesa envuelve la ejecuci\u00f3n de una obligaci\u00f3n de dar el derecho de dominio, simplemente apareja la de celebrar el contrato; apenas entrega la tenencia m\u00e1s no la posesi\u00f3n de quien es due\u00f1o (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sobre dicha prueba, a\u00f1adi\u00f3 que, eventualmente, podr\u00eda acreditar la posesi\u00f3n del opositor \u00ab(\u2026) si se hubiese acompa\u00f1ado de medios de convicci\u00f3n contundentes. En su lugar, RAFAEL GUILLERMO NIETO ORT\u00cdZ alleg\u00f3 copias digitalizadas de los comprobantes de egreso que prueban el pago de las cuotas pactadas en el contrato de promesa de compraventa, pero no acreditan el uso del bien con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o. Aport\u00f3 las copias del pago del impuesto predial correspondiente a los a\u00f1os 2007 a 2017; 2018; y 2019, documentos que no prueban su se\u00f1or\u00edo, pues no hay constancia que d\u00e9 fe de que fue el quien los pag\u00f3, si lo hizo en nombre propio o por cuenta de un tercero, el proceso no lo sabe\u00bb. <\/p>\n
Del interrogatorio que rindi\u00f3 el opositor ante el juez de conocimiento, dilucid\u00f3 que, aunque aqu\u00e9l manifest\u00f3 que es quien realiza las reparaciones a la casa, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no alleg\u00f3 prueba de dichas gestiones, el proceso se encuentra ayuno de prueba en ese sentido, pues el interesado no aport\u00f3 recibos del pago de materiales o de la mano de obra, fotograf\u00edas de los cambios realizados en el lugar, nada, solo su dicho. Para abundar m\u00e1s ni siquiera en su declaraci\u00f3n refiere qu\u00e9 maestro de obra o que ingeniero le hizo tales reformas si fue que acudi\u00f3 a alg\u00fan profesional en construcci\u00f3n. Afirm\u00f3 que recibe las notificaciones que llegan a la casa, que sus pertenencias est\u00e1n all\u00ed depositadas, que el habita el inmueble con su mascota, que paga los servicios p\u00fablicos domiciliarios, pero estos actos no demuestran el animus y corpus que se requiere para tenerlo por poseedor pues son hechos que puede desplegar un tenedor, un inquilino, un administrador, un comodatario. No hay un solo hecho que permita concluir que su estancia en ese lugar se desarrolla en calidad de se\u00f1or y due\u00f1o y no en otra, eso no fue probado\u00bb. <\/p>\n
Y acot\u00f3 que, como lo advirti\u00f3 el a quo \u00ab(\u2026) se extra\u00f1a la prueba testimonial en el presente tr\u00e1mite. Ciertamente la Ley no impone una tarifa probatoria para demostrar la posesi\u00f3n, pero la prueba testimonial en casos como el que aqu\u00ed se estila es id\u00f3nea para acreditar tal condici\u00f3n como se extrae de la lectura del numeral 2 del art\u00edculo 309 del C. G. del P., sin embargo, el opositor no se sirvi\u00f3 de ella\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, apunt\u00f3 que, el recurrente con insistencia asever\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la posesi\u00f3n alegada es de tal entidad que fue aceptada por el Juez Comisionado en la diligencia de secuestro y que en tal virtud debe ser ratificada por el Juez del proceso. Ese argumento no logra derribar la decisi\u00f3n atacada por la pot\u00edsima raz\u00f3n que para lograr la admisi\u00f3n de la oposici\u00f3n al secuestro solo es necesario exhibir una prueba si quiera sumaria de esa calidad, escenario distinto al tr\u00e1mite incidental que curs\u00f3 ante la insistencia del ejecutante, en el que su posesi\u00f3n fue rebatida resultando vencido, como se dijo, ante la orfandad de prueba que demuestre que es el poseedor del bien perseguido en el proceso. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que a voces del art\u00edculo 167 del C. G. del P. incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen, de all\u00ed que la oposici\u00f3n formulada no resulte pr\u00f3spera, pues it\u00e9rese, los medios de convicci\u00f3n aportados por el actor no develan m\u00e1s que la celebraci\u00f3n de un contrato de promesa de compraventa sobre el bien y el cumplimiento de las obligaciones all\u00ed adquiridas como lo es el pago del precio, aunado a que los actos en los que se sustentan sus s\u00faplicas; pago de servicios; impuestos; habitaci\u00f3n del inmueble; y la recepci\u00f3n de la correspondencia no demuestran por si solos la posesi\u00f3n de quien los ejecuta, pues pueden ser desplegados por terceros en virtud de un contrato de comodato, arrendamiento, administraci\u00f3n, entre otros\u00bb. <\/p>\n
Visto lo anterior, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no se evidencia desfasada o caprichosa, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
En todo caso, resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela cuando el prop\u00f3sito que se revela del accionante es el de recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador cuestionado una espec\u00edfica interpretaci\u00f3n o enfoque del contexto f\u00e1ctico-jur\u00eddico puesto en conocimiento o de la normativa aplicable. <\/p>\n
En tal sentido, se ha indicado: <\/p>\n
\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n (\u2026) m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015, STC1496-2016). <\/p>\n
Ahora, el que el precursor del auxilio disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en este evento. En lo concerniente, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Al respecto tambi\u00e9n se ha puntualizado de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
5. Precisi\u00f3n adicional \u2013 Subsidiariedad. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los reproches efectuados por el querellante en el escrito de tutela, referentes a una supuesta falta de competencia del funcionario comitente para resolver la oposici\u00f3n, el ataque no cumple con el mencionado requisito de procedibilidad en la modalidad de incuria, dado que en la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 frente a la decisi\u00f3n del a-quo que neg\u00f3 la oposici\u00f3n se circunscribi\u00f3 a recalcar la pertinencia de las pruebas que alleg\u00f3, todas ellas dirigidas a demostrar la calidad de poseedor del inmueble. <\/p>\n
Entonces, aunque hizo uso del medio de impugnaci\u00f3n ordinario previsto para controvertir la decisi\u00f3n que le fue desfavorable, el argumento que ahora invoca no fue materia de esa sustentaci\u00f3n, de ah\u00ed que no pueda hacerse extensivo ese reclamo al juez constitucional, el que no estar\u00eda llamado a auscultar un planteamiento que no se hizo por los cauces normales del proceso cuestionado, se reitera, al no ser expuesto de manera concreta en la \u00abalzada\u00bb. Sobre el particular ha precisado esta Sala que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es ante el juez constitucional sino ante el de conocimiento, donde deben plantearse los recursos y acciones previstas en el ordenamiento legal, y que el desaprovechamiento de los mismos se refleja no s\u00f3lo en que se deje de hacer uso de ellos, sino en el de omitir los fundados argumentos. <\/p>\n
Pretender que por esta v\u00eda se acojan motivos ajenos a la discusi\u00f3n procesal que se resuelve en las instancias, implica la desnaturalizaci\u00f3n de esta importante herramienta constitucional, en tanto el juez de tutela no puede inmiscuirse en las decisiones que fueron proferidas bajo los supuestos f\u00e1cticos y de derecho debatidos al interior del proceso de conocimiento\u00bb (CSJ STC4511-2017, 29 mar. 2017, rad. 00097-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De manera que, propiciar un debate distinto al desarrollado en el escenario judicial, contrar\u00eda el car\u00e1cter subsidiario y residual que gobierna esta senda excepcional, motivo adicional para declarar la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
6. Conclusiones. <\/p>\n
6.1. La decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda, adem\u00e1s, porque lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la magistratura accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
6.2. El interesado obr\u00f3 con incuria porque no aleg\u00f3 la supuesta falta de competencia del comitente para resolver la oposici\u00f3n al apelar la providencia de primer grado que la resolvi\u00f3. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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