STC10825-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10825-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02843-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ignacio Taboada Mendoza y Bienvenida Morris Vivero contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo y el Juzgado Primero Civil Laboral del Circuito de Corozal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de pertenencia n\u00b0. 2012-00284. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, obrando por conducto de apoderado, acuden al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al \u00abdebido proceso [y] acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2. Dicen que residen en el inmueble ubicado en la carrera 12 n\u00famero 22-49, barrio Plaza de la Cruz del municipio de Ovejas (Sucre), sobre el cual \u00abvienen ejerciendo la posesi\u00f3n\u2026 desde el a\u00f1o 1990\u00bb. <\/p>\n
Comentan que, \u00abpese a lo anterior\u2026 Ram\u00f3n del Cristo Gonz\u00e1lez Mora\u00bb promovi\u00f3 el proceso de pertenencia referenciado precedentemente contra las Empresas de Tabacos de Bol\u00edvar Ltda., cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al entonces Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Corozal (actualmente Juzgado Primero Civil Laboral del Circuito de aquella poblaci\u00f3n), despacho que profiri\u00f3 sentencia el 22 de mayo de 2018 de la cual desconocen su contenido, pues ni siquiera fueron vinculados a dicha actuaci\u00f3n, pese al inter\u00e9s que les asist\u00eda en su resultado. <\/p>\n
De lo recopilado en primera instancia se puede extractar que el aludido fallo desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda, siendo apelado por la demandada y confirmado el 14 de octubre de 2020 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo. <\/p>\n
3. Los actores hacen recaer la presunta lesi\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales en que \u00abno fueron integrados como parte procesal\u2026 no se les hizo traslado de la demanda y sus anexos\u2026 Ram\u00f3n del Cristo Gonz\u00e1lez Mora\u2026 no procedi\u00f3 a instalar en el predio la valla informativa obligatoria de que trata el numeral 7 del art\u00edculo 375 del C.G.P\u2026 no [se les] design\u00f3 curador ad litem\u2026 no se realiz\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial correspondiente\u00bb, en suma, las autoridades judiciales convocadas desconocieron \u00ablas instrucciones [sic] para el desarrollo de los litigios sobre pertenencia\u2026 entregadas por las normas procesales\u00bb con lo que se les cercen\u00f3 la posibilidad de defender sus intereses en el referido pleito, configur\u00e1ndose as\u00ed un \u00abdefecto sustantivo de procedibilidad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Por conducto de una de sus magistradas, el Tribunal Superior de Sincelejo confirm\u00f3 que el 14 de octubre de 2020 resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n formulado por el demandante en el proceso objeto de censura contra la sentencia desestimatoria de primer grado, decisi\u00f3n frente a la cual \u00abla parte interesada no interpuso recurso alguno\u00bb por lo que la actuaci\u00f3n fue retornada al juzgado de origen; asimismo, manifest\u00f3 atenerse a lo que se llegare a resolver. <\/p>\n
2. La titular de la c\u00e9lula judicial convocada asegur\u00f3 que \u00ablas etapas procesales que componen a esta clase de procesos fueron agotadas bajo estricto rigor procesal, d\u00e1ndole la oportunidad a la parte demandada para que ejerciera su defensa hasta el punto que se denotan que en la contestaci\u00f3n de la demanda se presentaron excepciones las cuales tuvieron al momento de fallar vocaci\u00f3n de prosperidad\u00bb. <\/p>\n
3. Por conducto de apoderada, Ram\u00f3n del Cristo Gonz\u00e1lez Mora se\u00f1al\u00f3 que la demanda de pertenencia que formul\u00f3 versaba sobre \u00abun predio y linderos diferentes a los de los accionantes\u00bb raz\u00f3n por la cual no fueron vinculados a dicho tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 de forma oportuna y, de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron, dentro del proceso de pertenencia 2012-00284, las garant\u00edas denunciadas por los accionantes al no integrarlos al pleito pese al supuesto inter\u00e9s que les asist\u00eda en su resultado, habida cuenta de la supuesta posesi\u00f3n que ejercen sobre el bien a usucapir. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
Descendiendo al asunto objeto de estudio, como el cuestionamiento descansa sobre las presuntas irregularidades acaecidas en el proceso de pertenencia promovido por Ram\u00f3n Gonz\u00e1lez Mora contra las Empresas de Tabacos de Bol\u00edvar Ltda., debe entenderse que las mismas se consumaron con la emisi\u00f3n de la sentencia de segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Sincelejo que confirm\u00f3 la desestimatoria emanada del entonces Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Corozal por ser el \u00faltimo acto procesal que podr\u00eda considerarse por la parte como an\u00f3malo, de all\u00ed que sea a partir de aquel momento desde donde deba comenzar a contabilizarse el plazo prudencial referido precedentemente. <\/p>\n
En tal sentido, es claro que los accionantes tardaron en acudir a este remedio constitucional en atenci\u00f3n a que el aludido fallo data del 14 de octubre del 2020, mientras que el resguardo fue incoado, de acuerdo con el acta de reparto anexa, el pasado 15 de julio; es decir, transcurridos nueve meses desde su proferimiento. <\/p>\n
Y es que, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los presuntos afectados con las actuaciones que consideran vulneradoras de sus derechos fundamentales, debieron acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones y actuaciones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una determinaci\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; sin embargo, en este caso, los actores nada dijeron para tratar de justificar la tardanza en promover el resguardo, al tiempo que no se evidencian situaciones ajenas a su voluntad que indiquen que estuvieron en imposibilidad de acudir tempranamente a la acci\u00f3n de tutela, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda es criterio suficiente que conduce indefectiblemente a la desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica, motivo por el cual no es indispensable efectuar an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas que, sin duda, est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n de la anterior materia. <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n final \u2013 de la subsidiariedad <\/p>\n
Ahora bien, aun cuando se hiciera abstracci\u00f3n de lo dicho en precedencia, en cuanto al incumplimiento del presupuesto de la inmediatez que le es connatural a la acci\u00f3n de tutela, para la Corte la presente salvaguarda tampoco tendr\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad por cuanto desatiende el postulado de la subsidiariedad, entendido como la necesidad de agotar, previo a la interposici\u00f3n del resguardo, todos los medios ordinarios de defensa ordinarios. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto este instrumento, dada su naturaleza excepcional, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir a este remedio procesal, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01, reiterada en STC4972-2019, 24 abr.). <\/p>\n
En el presente asunto, es claro que Ignacio Taboada Mendoza y Bienvenida Morris Vivero cuentan con herramientas procesales para procurar la satisfacci\u00f3n de sus s\u00faplicas pues, ciertamente, en ellos subsiste la posibilidad de formular la respectiva demanda de pertenencia habida consideraci\u00f3n que tanto la promovida por Ram\u00f3n del Cristo Gonz\u00e1lez Mora, como la de reconvenci\u00f3n impetrada por la Empresa de Tabacos de Bol\u00edvar Ltda. no prosperaron; de manera que es el referido instrumento la v\u00eda id\u00f3nea para obtener la protecci\u00f3n solicitada y no la acci\u00f3n supralegal que no fue concebida para zanjar situaciones que son del resorte de otras autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el agotamiento de los medios ordinarios como requisito para acudir a esta v\u00eda, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone la negativa del amparo porque (i) los gestores tardaron en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, sin que se advierta una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza y (ii) asimismo, aquellos cuentan con otras v\u00edas para hacer valer sus reclamos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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