STC10827-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10827-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02893-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Oscar Herrera Heredia frente a la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados Primero, Tercero y Octavo Civiles Municipales de aquella urbe, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades jurisdiccionales convocadas, al haberle negado la culminaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n con garant\u00eda real que en su contra adelanta RF Encore S.AS., como cesionario del Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A., radicado No. 2002-00005-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando a la Sala de Decisi\u00f3n Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta, que \u00abdesate el recurso de su competencia conforme al inciso 2\u00ba del art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999 y a los precedentes jurisprudenciales citados, no s\u00f3lo en el sentido de ser un deber de la ejecutante allegar la demanda con la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, sino que para aplicar la excepci\u00f3n y no dar por terminado el proceso hipotecario, debe estar probado que al deudor inexorablemente le ser\u00e1 rematado el bien en otro ejecutivo que est\u00e1 sentenciado y eficazmente adelantado\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de tal pretensi\u00f3n aduce, en s\u00edntesis, que en la referida ejecuci\u00f3n, el 24 de febrero de 2020 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de C\u00facuta rechaz\u00f3 la nulidad del proceso que pidi\u00f3 \u00aben raz\u00f3n de no haber sido reliquidado, ni reestructurado el cr\u00e9dito, omisi\u00f3n que genera ausencia de t\u00edtulo ejecutivo complejo, a la luz de la Ley 546\/1999 y la sentencia SU-813\/07\u00bb, decisi\u00f3n tomada por encontrarse configurada la excepci\u00f3n jurisprudencial de \u00abexistencia de remanente contra el ejecutado\u00bb. <\/p>\n
Narra que apel\u00f3 lo resuelto, pero fue confirmado el 4 de mayo pasado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta, \u00abbajo la tesis de existencia de otro proceso ejecutivo por obligaci\u00f3n diferente y no obstante se reestructurara, dedujo m\u00e1s no prob\u00f3 [que carece] de capacidad financiera para asumir la obligaci\u00f3n\u00bb, lo cual afirm\u00f3 esa autoridad con base en la consulta del sistema de informaci\u00f3n Siglo XXI, que reflej\u00f3 vigente dicha cautela decretada por el Juzgado Primero Civil Municipal de C\u00facuta, adem\u00e1s de que exist\u00eda otra ejecuci\u00f3n en su contra seguida ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de la misma ciudad. <\/p>\n
Sostiene que debi\u00f3 entonces probarse en el juicio criticado que \u00abno pod\u00eda pagar ni los remanentes de los otros procesos o que fuera inviable la reestructuraci\u00f3n total de [sus] obligaciones\u00bb, de manera que, de cesar la persecuci\u00f3n a su inmueble, quedar\u00eda en peligro por cuenta de los otros cobros, lo cual no ocurre en su caso, porque el proceso ejecutivo que en su contra adelanta Vicente Corzo Madariaga ante el Juzgado Primero Civil Municipal de C\u00facuta, radicado No. 2002-00703, no puede conducir a que pierda su vivienda, ya que la demanda no le ha sido notificada y puede operar la prescripci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, adem\u00e1s del desistimiento t\u00e1cito de juicio, situaci\u00f3n que de forma similar, asegura, se presenta con el proceso ejecutivo tramitado en su contra por Gerardo Palacios ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de la misma localidad, radicado No. 2004-00493-00. <\/p>\n
Asevera que las autoridades accionadas debieron analizar las prenotadas particulares de los otros cobros coercitivos en su contra, y no quedarse con la simple constataci\u00f3n objetiva de la existencia del embargo de remantes, \u00absin verificar aspectos de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n o desistimiento t\u00e1cito que en ambos casos opera\u00bb, circunstancias que, asegura, lesionan sus prerrogativas superiores. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 17 de agosto de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, por intermedio de la Magistrada que resolvi\u00f3 la alzada cuestionada, manifest\u00f3 atenerse a lo considerado en esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
b. El apoderado especial del Banco Scotiabank Colpatria S.A. se\u00f1al\u00f3, que entre la fecha de solicitud de la protecci\u00f3n y la de expedici\u00f3n de la Ley 546 de 1999, han transcurrido \u00abmucho m\u00e1s de 10 a\u00f1os\u00bb, lo que impone negar la protecci\u00f3n. <\/p>\n
c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que en cuanto a ellos pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar, que en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, sin duda, que la censura est\u00e1 encaminada contra el prove\u00eddo proferido el 4 de mayo de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta, que cerr\u00f3 el debate planteado al \u00abCONFIRMAR\u00bb la providencia del 24 de febrero del 2020, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma localidad, resolvi\u00f3 \u00abrechazar de plano la solicitud de nulidad interpuesta contra el auto del 31 de enero de 2002\u00bb, con que se libr\u00f3 mandamiento de pago en contra de \u00d3scar Herrera Heredia, aqu\u00ed interesado, dentro el proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que RF Encore S.AS., como cesionario del Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A., adelanta en su contra, pues en su sentir, en la anterior decisi\u00f3n se desconocieron las previsiones de la Ley 546 de 1999, en punto de la necesidad de reestructurar la obligaci\u00f3n perseguida. <\/p>\n
3. De entrada, es necesario para la Sala precisar, que trat\u00e1ndose del derecho a la reestructuraci\u00f3n de los cr\u00e9ditos de vivienda bajo el amparo de la Ley 546 de 1999, se considerado de tiempo atr\u00e1s, que <\/p>\n
\u00ab[Del] art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, se extrae el deber ineludible para las entidades financieras, de reliquidar y reestructurar los cr\u00e9ditos de vivienda en UPAC, vigentes al 31 de diciembre de 1999 (\u2026) cuya recuperaci\u00f3n pretend\u00edan ante los estrados judiciales, pues, para esa fecha todos ellos quedaron con la posibilidad de replantear la forma de pago, de acuerdo con las condiciones econ\u00f3micas de los propietarios que estaban en peligro de perder su lugar de habitaci\u00f3n. <\/p>\n
El incumplimiento de esa carga, en consecuencia, se constituye en un obst\u00e1culo insalvable para el inicio y el impulso de los procesos hipotecarios estrictamente relacionados con cr\u00e9ditos de vivienda inicialmente concedidos en UPAC, por formar parte de un t\u00edtulo ejecutivo complejo cuya acreditaci\u00f3n se hace imprescindible, para obtener la orden de apremio en caso de mora de los deudores o si, llevado a cabo ese trabajo, es manifiesta la imposibilidad de satisfacci\u00f3n de \u00e9stos con sus actuales ingresos. <\/p>\n
Si tal falencia no es advertida al momento de librar mandamiento de pago, exige un pronunciamiento de los falladores a petici\u00f3n de parte o por v\u00eda del examen oficioso de los instrumentos representativos del cr\u00e9dito cobrado, a\u00fan en segunda instancia, por tratarse de un t\u00f3pico relacionado con la exigibilidad de las obligaciones hipotecarias que llevan inmersos los elevados derechos a la vivienda digna e igualdad entre los deudores de ese sistema. <\/p>\n
Por ende, si se desatiende esa labor inquisitiva de revisar la suficiencia de los documentos allegados como base de recaudo, por mandato excepcional que emana de la normatividad expedida para conjurar una crisis social, como excepci\u00f3n al principio dispositivo que rige la alzada, se incurre en una v\u00eda de hecho que es susceptible de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Pasar por alto tal proceder, como si la mera culminaci\u00f3n de los hipotecarios de cr\u00e9ditos en UPAC relacionados con unidades habitacionales individuales fuera suficiente, ser\u00eda desconocer los efectos protectores de la Ley de Vivienda, diluidos con el agotamiento parcial de los ordenamientos del par\u00e1grafo tercero del art\u00edculo 42. <\/p>\n
Tal etapa, esto es, poner fin a un proceso hipotecario sin que mediara pago, s\u00f3lo constitu\u00eda un paso para normalizar la situaci\u00f3n de los deudores, que se complementar\u00eda, indiscutiblemente, con la posibilidad cierta de revisar de consuno entre acreedor y deudor como se diferir\u00edan los saldos pendientes. <\/p>\n
Bajo este entendido, al no analizar los juzgadores a ciencia y paciencia si en los nuevos cobros de cr\u00e9ditos de vivienda, cuyos deudores fueron beneficiados con el respiro que les confiri\u00f3 la ley mediante el cese de la ejecuci\u00f3n, se satisficieron a cabalidad cada uno los condicionamientos que habilitaban ese posterior reclamo coercitivo de las entidades financieras, se desvirt\u00faa el prop\u00f3sito que inspir\u00f3 dicha regulaci\u00f3n. <\/p>\n
Esto por cuanto en estos especiales casos, a diferencia de cualquier recaudaci\u00f3n compulsiva, no se trata de verificar el incumplimiento de una obligaci\u00f3n en los plazos inicialmente pactados, conforme aparece en el t\u00edtulo, sino la materializaci\u00f3n de la imposibilidad para los demandados de solventar un cr\u00e9dito con el cual buscaron, antes que incrementar su patrimonio, solucionar una necesidad b\u00e1sica de orden superior. <\/p>\n
Por esto, es labor irrenunciable del fallador escudri\u00f1ar si quien est\u00e1 en riesgo de perder su vivienda cont\u00f3 con la oportunidad de replantear las condiciones de pago, mediante la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, pues, s\u00f3lo en caso de una dificultad manifiesta en asumir el total de la deuda o ante el quebrantamiento de las nuevas estipulaciones convenidas, estar\u00eda habilitado el camino para pedir la venta forzada del inmueble, m\u00e1xime en aquellos casos en que se cuestiona, directa o indirectamente, la suficiencia del t\u00edtulo base de recaudo\u00bb (ver recientemente, entre otras, en STC331-2019). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, la Corte ha advertido que \u00abla ejecuci\u00f3n no finaliza con la ejecutoria de la sentencia, debido a que despu\u00e9s del fallo siguen cursando actuaciones en busca de su realizaci\u00f3n y del cumplimiento del objeto del juicio, consistente en la efectividad de la garant\u00eda para satisfacer el cr\u00e9dito cobrado, antes de la almoneda, y mientras ello ocurre, como ha advertido la jurisprudencia, (\u2026) e[s] viable resolver de fondo la petici\u00f3n\u00bb (resalta la Sala, CSJ STC-8059-2015), por lo que es deber de los jueces, incluidos los de ejecuci\u00f3n, revisar si junto con el t\u00edtulo base de recaudo la parte ejecutante ha adosado los soportes pertinentes para acreditar la tan nombrada reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n, pues, como lo ha dicho esta Sala, esos documentos \u00abconforman un t\u00edtulo ejecutivo complejo y, por ende, la ausencia de alguno de estos no permit[e] continuar con la ejecuci\u00f3n\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
4. Por otra parte, esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar, que cuando se trate de procesos ejecutivos por cr\u00e9ditos de vivienda, deber\u00e1n cumplirse los siguientes requisitos para poder acceder al amparo: (i) que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado; (ii) que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto censurado, ejerci\u00e9ndose los mecanismos de defensa procedentes; y, (iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, conforme a lo previsto en la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
Lo anterior en aplicaci\u00f3n a lo previsto en la Sentencia SU-813 de 2007, donde la Corte Constitucional indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abLos jueces que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a cr\u00e9ditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deber\u00e1n seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) \u00e9sta haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo. <\/p>\n
En efecto, esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica en precisar que trat\u00e1ndose del cobro ejecutivo de una obligaci\u00f3n contra\u00edda antes del 31 de diciembre de 1999, en UPAC e incluso en pesos con capitalizaci\u00f3n de intereses, para la adquisici\u00f3n de vivienda, que no ha sido reestructurada en los t\u00e9rminos de la Ley 546 de 1999, es deber de los operadores judiciales atender la solicitud del deudor tendiente a que se cumpla esta exigencia, pues tal olvido resta exigibilidad a la obligaci\u00f3n\u00bb (resalta la Sala). <\/p>\n
5. Bajo este panorama, revisados los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos por el Tribunal accionado en la decisi\u00f3n cuestionada, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto lo determinado no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca el impulsor de la queja constitucional. <\/p>\n
Se observa en dicho prove\u00eddo, que la decisi\u00f3n de la Colegiatura accionada de confirmar lo resuelto por el a quo, consistente en rechazar la nulidad por falta de reestructuraci\u00f3n peticionada por el aqu\u00ed interesado, obedeci\u00f3 a que, seg\u00fan se extra\u00eda de varios precedentes jurisprudenciales de las Altas Cortes emitidos sobre el particular, deb\u00eda estar acreditado en el proceso que la obligaci\u00f3n perseguida estaba reestructurada, para as\u00ed quedar habilitado su cobro judicial, ya que \u00abel documento que sirvi\u00f3 de base a la ejecuci\u00f3n que lo es el pagar\u00e9 No. 4000601361 (folio 25 Cdno. F\u00edsico), en su encabezamiento este instrumento cambiario indica que se trata de un cr\u00e9dito otorgado en moneda corriente (en pesos), y en sus apartes hace alusi\u00f3n a que la suma de $32\u2019700.000,00 M\/cte. que se entreg\u00f3 al demandado en calidad de \u201cmutuo con intereses\u201d y que tiene como destino la adquisici\u00f3n de vivienda, tiene capitalizaci\u00f3n de intereses. <\/p>\n
En efecto. La anotada suma deb\u00eda ser pagada por el aqu\u00ed demandado en un per\u00edodo de 180 \u201ccuotas mensuales consecutivas\u201d, siendo la primera para el d\u00eda 5 de diciembre de 1998. Tales instalamentos \u201cincluyen capital e\/o intereses durante el plazo a la tasa del DTF m\u00e1s 9% trimestre anticipado\u201d y son \u201cliquidados sobre los saldos insolutos\u201d; es decir, se encuentra atado a los movimientos de la tasa variable que padezca la DTF en el mercado o lo que es lo mismo capitaliza intereses. <\/p>\n
Justamente, la carta de aprobaci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario otorgado al se\u00f1or Herrera Heredia, en el \u00edtem 3\u00b0 precisa que el \u201csistema de amortizaci\u00f3n\u201d de este cr\u00e9dito es: \u201c\u2026cuota fija con incremento anual aproximado de la misma del 100% del IPC m\u00e1s la variaci\u00f3n del DTF. El incremento de la cuota de acuerdo con su elecci\u00f3n, se efectuar\u00e1 en el mes de Enero (sic), de cada a\u00f1o de vigencia del cr\u00e9dito\u201d (folio 18 Cdno. f\u00edsico). <\/p>\n
Como puede verse, raz\u00f3n le asiste al recurrente, e incluso a la juez a quo, en pregonar que a la presente obligaci\u00f3n le son aplicables los beneficios de la Ley 546 de 1999 y las directrices consignadas en la jurisprudencia constitucional y recogidas fundamentalmente en la sentencia SU-813 2007. Es m\u00e1s, de ello da cuenta el ejecutante al momento de promover la acci\u00f3n coercitiva, toda vez que alleg\u00f3 la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, lo que traduce que convirti\u00f3 a UVR la obligaci\u00f3n para as\u00ed proscribir la tasa de la DTF. Sin embargo, en el plenario no se alleg\u00f3 ni acredit\u00f3 el cumplimiento de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, lo que de suyo tornar\u00eda incompleto el t\u00edtulo base del recaudo ejecutivo, ya que es un requisito sine quo non para que se pueda promover demanda ejecutiva con t\u00edtulo hipotecario con base en obligaciones otorgadas para vivienda bajo el sistema al que se viene haciendo referencia. Por manera que, a simple vista, la ausencia de esa prerrogativa desterrar\u00eda la firmeza del mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
No obstante, ante la presencia de embargo de remanente, el juzgado de conocimiento declina esa aspiraci\u00f3n del demandado. En otras palabras, ante la existencia de un embargo de remanente consider\u00f3 que el deudor no tiene capacidad de pago y, por ah\u00ed, no es factible dar por terminada la acci\u00f3n compulsiva. <\/p>\n
La precitada conclusi\u00f3n la soport\u00f3 el Tribunal en un reiterado pronunciamiento emitidos por esta Corte, para en seguida se\u00f1alar que, \u00abentonces, por esa senda, debe decirse que en este caso, ciertamente a folio 48 del cuaderno f\u00edsico milita el oficio No. 1823 del 19 de noviembre de 2002 expedido por el Juzgado 1\u00b0 Civil Municipal de C\u00facuta mediante el cual se comunica que, con ocasi\u00f3n al proceso seguido por Vicente Corzo Madariaga, se \u201cdecret\u00f3 el embargo del remanente de lo que llegare a quedar al liquidar el Proceso Ejecutivo 0005-02\u201d, esto es, en la presente acci\u00f3n compulsiva; comunicaci\u00f3n que caus\u00f3 eco al interior de este proceso, pues mediante auto del 28 de los mismos mes y a\u00f1o precitados, el a quo toma \u201cnota del contenido\u201d del mismo (folio 49 Cdno. f\u00edsico), situaci\u00f3n que, revisado el expediente h\u00edbrido, se encuentra vigente\u00bb. <\/p>\n
Pese a lo anterior, \u00abadoptando una conducta proactiva para develar la capacidad econ\u00f3mica del demandado, menester es tener en cuenta que, auscultado el Sistema de Informaci\u00f3n Judicial Colombiano \u2013 Siglo XXI, se observa que esa acci\u00f3n compulsiva se encuentra vigente. Es m\u00e1s, no es la \u00fanica ejecuci\u00f3n que se sigue en contra del aqu\u00ed demandado, toda vez que, ante el Juzgado 8\u00b0 Civil Municipal de C\u00facuta, el acreedor Gerardo Palacios Gonz\u00e1lez, bajo el radicado No. 54001-4003-008-2004-00493-00, tambi\u00e9n ejecuta al aqu\u00ed demandado y este juicio est\u00e1 en curso. <\/p>\n
Como puede verse, las acciones compulsivas acabadas de rese\u00f1ar tienen m\u00e1s de 15 a\u00f1os, se encuentran activas y, especialmente, una de ellas graba la presente acci\u00f3n ejecutiva hipotecaria, todo lo cual es altamente significativo de la incapacidad de pago del demandado, por lo que, como tambi\u00e9n lo tiene puntualizado el Tribunal de Casaci\u00f3n, \u201cla eventual terminaci\u00f3n del juicio hipotecario en nada contribuir\u00eda a salvaguardar el predio de los ejecutados, dado el embargo de remanentes decretado respecto de es[t]e juicio\u201d <\/p>\n
De ah\u00ed que finalmente resolviera \u00abque la aspiraci\u00f3n del demandado de que se d\u00e9 por terminado el proceso por la falta de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n no se abre paso, imponi\u00e9ndose la confirmaci\u00f3n del auto objeto de embate\u00bb. <\/p>\n
6. Antes de registrada esta decisi\u00f3n, el accionante alleg\u00f3 mediante correo electr\u00f3nico copia de un auto del Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad de C\u00facuta, sin fecha ni firma del juez verificables en la imagen, emitido dentro del proceso ejecutivo 2002-00703-00, donde se resolvi\u00f3 \u00abdecretar la terminaci\u00f3n del presente asunto por desistimiento t\u00e1cito\u00bb y \u00abordenar el levantamiento de las medidas cautelares y la entrega de t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial, a quien corresponda, en caso de existir remanentes, p\u00f3ngase a disposici\u00f3n de la respectiva autoridad\u00bb; as\u00ed mismo, alleg\u00f3 imagen el auto de 23 de julio de 2021 del Juzgado Tercero Civil Municipal de la misma ciudad, sin n\u00famero de radicado verificable en la imagen, donde se resuelve \u00abdar por terminado el presente proceso por desistimiento t\u00e1cito (\u2026) levantar el embargo del inmueble de propiedad del demandado\u00bb, refiri\u00e9ndose a la ejecuci\u00f3n seguida contra \u00e9ste por la Cooperativa M\u00e9dica del Valle y de Profesionales de Colombia \u00abCoomeva\u00bb; finalmente, aunque en el escrito que acompa\u00f1a a los precitados documentos se enlist\u00f3 similar decisi\u00f3n tomada por el Juzgado Octavo Civil Municipal de la misma urbe dentro del proceso ejecutivo seguido en contra del inconforme por Gerardo Palacios Gonz\u00e1lez, radicado No. 2004-00493, no se adjunt\u00f3 la respectiva decisi\u00f3n. <\/p>\n
7. Bajo las anteriores premisas, no se encuentra acreditada la vulneraci\u00f3n alegada por el accionante, si se tiene en cuenta que la decisi\u00f3n emitida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de C\u00facuta se ci\u00f1\u00f3 a la jurisprudencia que esta Sala, junto con la que la Corte Constitucional ha emitido sobre el deber de \u00abreestructurar\u00bb el cr\u00e9dito de vivienda adquirido antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999, como requisito para adelantar y proseguir con el cobro coercitivo, salvo eventos como la constataci\u00f3n de que el deudor no tiene la capacidad de pago para asumir la reestructuraci\u00f3n de su deuda. <\/p>\n
A ese respecto, t\u00e9ngase en cuenta que \u00abno es exigible el t\u00edtulo valor trat\u00e1ndose de procesos coercitivos hipotecarios que versen sobre cr\u00e9ditos pactados en UPAC, o que a\u00fan pactados en pesos lleven impl\u00edcito el componente DTF, cuando no se acredita la reestructuraci\u00f3n plurimencionada\u00bb (ver en CSJ STC17824-2017). <\/p>\n
\u00ab[E]n trat\u00e1ndose de cr\u00e9ditos de vivienda, el art\u00edculo 20 de la Ley 546 de 1999 consagr\u00f3 la mencionada figura [reestructuraci\u00f3n], que se traduce en el acuerdo jur\u00eddico entre el deudor y el acreedor, que tiene como objeto y efecto mejorar las condiciones de pago del deudor, mediante el cual se modifique o se d\u00e9 una nueva estructura crediticia a las operaciones de cr\u00e9dito otorgadas, con el fin de recuperar los recursos. <\/p>\n
Ahora bien, el mencionado art\u00edculo 20 declarado exequible de forma condicionada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-990 de 2000, establece la reestructuraci\u00f3n de cr\u00e9ditos de vivienda a largo plazo, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Durante el primer mes de cada a\u00f1o calendario, los establecimientos de cr\u00e9dito enviar\u00e1n a todos sus deudores de cr\u00e9ditos individuales hipotecarios para vivienda una informaci\u00f3n clara y comprensible, que incluya como m\u00ednimo una proyecci\u00f3n de los que ser\u00edan los intereses a pagar en el pr\u00f3ximo a\u00f1o y los que se cobrar\u00e1n con las cuotas mensuales en el mismo per\u00edodo, todo ello de conformidad con las instrucciones que anualmente imparta la Superintendencia Bancaria. <\/p>\n
Dicha proyecci\u00f3n se acompa\u00f1ar\u00e1 de los supuestos que se tuvieron en cuenta para efectuarla y en ella se indicar\u00e1 de manera expresa, que los cambios en tales supuestos, implicar\u00e1n necesariamente modificaciones en los montos proyectados. Con base en dicha informaci\u00f3n los deudores podr\u00e1n solicitar a los establecimientos de cr\u00e9dito acreedores, durante los dos primeros meses de cada a\u00f1o calendario, la reestructuraci\u00f3n de sus cr\u00e9ditos para ajustar el plan de amortizaci\u00f3n a su real capacidad de pago, pudi\u00e9ndose de ser necesario, ampliar el plazo inicialmente previsto para su cancelaci\u00f3n total\u00bb. (Subraya fuera de texto original). <\/p>\n
En desarrollo de esta disposici\u00f3n la Superintendencia Bancaria en el cap\u00edtulo IV, t\u00edtulo III, numeral 12 de la Circular Externa 85 de diciembre de 2000, se\u00f1al\u00f3 que \u00abLa reestructuraci\u00f3n de un cr\u00e9dito de conformidad con el numeral 12 del cap\u00edtulo II de la Circular B\u00e1sica Contable y Financiera, se define como, el negocio jur\u00eddico de cualquier clase, que tenga como objeto o efecto modificar cualquiera de las condiciones originalmente pactadas en beneficio el deudor\u00bb (reiterada en STC2252-2020). <\/p>\n
Sin embargo, t\u00e9ngase en cuenta que en la sentencia SU-787 de 2012 la Corte Constitucional tambi\u00e9n consider\u00f3 que no era posible finiquitar la ejecuci\u00f3n hipotecaria cuando en contra del deudor existieren otros cobros judiciales, a saber: \u00ab[C]uando cumplidas las anteriores condiciones se advierta por el juez, o que existen otros procesos ejecutivos en curso contra el deudor, por obligaciones diferentes, o que no obstante la reestructuraci\u00f3n, el deudor carece de la capacidad financiera para asumir la obligaci\u00f3n, se except\u00faa el mandato de dar por terminado el proceso, el cual continuar\u00e1, en el estado en el que se encontraba, por el saldo insoluto de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
8. Ahora, de la lectura detenida de la providencia criticada se advierte, que el Tribunal cuestionado apuntal\u00f3 la negativa de la invalidez invocada en la excepci\u00f3n mencionada, al considerar que en el proceso del ep\u00edgrafe el 28 de noviembre de 2002 se atendi\u00f3 el embargo de remantes decretado por Juzgado Primero Civil Municipal de C\u00facuta dentro de la ejecuci\u00f3n seguida por Vicente Corzo Madariaga contra el aqu\u00ed accionante, y en ejercicio de la labor proactiva que ha exigido la jurisprudencia al juez constitucional para poder negar la terminaci\u00f3n del proceso por falta de capacidad de pago del deudor, revis\u00f3 el Sistema de Informaci\u00f3n Judicial Siglo XXI y encontr\u00f3 que ese cobro judicial estaba vigente; y adem\u00e1s, que tambi\u00e9n cursa contra \u00e9ste otro juicio coercitivo seguido por Gerardo Palacios Gonz\u00e1les ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de la misma ciudad, identificado con el consecutivo No. 2004-00493; luego en ese orden, entonces, se itera, no se vulneraron los derechos superiores del gestor del amparo, all\u00e1 ejecutado. <\/p>\n
9. As\u00ed las cosas, como la sola divergencia conceptual expuesta por el aqu\u00ed inconforme, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta al criterio jurisprudencial imperante, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues, como lo ha se\u00f1alado invariablemente la Sala de tiempo atr\u00e1s, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC1162-2021). <\/p>\n
10. Sin perjuicio de lo anterior, se pudo observar durante este tr\u00e1mite, que al parecer la situaci\u00f3n del aqu\u00ed interesado que evidenci\u00f3 la Colegiatura accionada al momento de emitir la decisi\u00f3n acabada de analizar, pudo haber cambiado, seg\u00fan la documentaci\u00f3n aportada por \u00e9ste al presente decurso a fin de demostrar que los cobros judiciales seguidos en su contra ya no est\u00e1n vigentes; empero, al observarse que lo arrimado es apenas un principio de prueba que ni siquiera ha podido ser objeto de controversia, y al no evidenciarse inminente la causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable con lo expuesto en la tutela, considera la Corte que le corresponde al juez natural del asunto constatar plenamente esa eventual situaci\u00f3n, previa solicitud debidamente sustentada del interesado, y a trav\u00e9s de una labor proactiva que permita despejar cualquier duda sobre el particular, no estando de m\u00e1s precisar que, el fracaso de la solicitud de terminaci\u00f3n del cobro judicial por falta del requisito de la reestructuraci\u00f3n, no impide que, de cambiar las circunstancias que justificaron esa decisi\u00f3n, se insista en lo pedido, por estar en entredicho los derechos fundamentales que justifican dicho mecanismo de renegociaci\u00f3n. <\/p>\n
11. En consecuencia, al no estar demostrado el yerro enrostrado a la Colegiatura accionada cuando profiri\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada en este tr\u00e1mite, se impone el fracaso de la protecci\u00f3n excepcional pretendida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Con Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10827-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC10827-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02893-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Oscar […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56503","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56503","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56503"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56503\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56503"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56503"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56503"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}