STC10832-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10832-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02892-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Lorenza Jim\u00e9nez Calder\u00f3n contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de la misma localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n\u00ba 1999-00538. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, la querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, vivienda digna, e igualdad, supuestamente conculcadas por las autoridades convocadas, en virtud del hipotecario n\u00ba 1999-00538. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del extenso escrito inicial, se extractan como hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del presente auxilio los siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Corporaci\u00f3n Colmena promovi\u00f3 el referido juicio contra Mar\u00eda Lorenza Jim\u00e9nez Calder\u00f3n, asunto que se tramita actualmente ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de esta capital. <\/p>\n
2. Mar\u00eda Lorenza Jim\u00e9nez Calder\u00f3n, acude en tutela cuestionando, en general todas las actuaciones surtidas en dicho tr\u00e1mite, y particularmente aquellas que resolvieron desfavorablemente las m\u00faltiples solicitudes de terminaci\u00f3n del proceso por \u00abfalta de reestructuraci\u00f3n\u00bb, concretamente el prove\u00eddo de 10 de febrero de 2021, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en sede de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Considera la gestora que \u00ab(\u2026) el cr\u00e9dito aprobado y desembolsado por el hoy Banco BSC S.A., que [fue] en UPAC para REMODELACI\u00d3N DE VIVIENDA, con base en las comunicaciones de la entidad, de fechas 11 DIC.\/2015 \/(\u2026) es beneficiario del art\u00edculo 42 Ley 546 de 1999\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Pretende que a trav\u00e9s de este particular mecanismo se ordene \u00abla TERMINACI\u00d3N del proceso ejecutivo, por haberse expedido mandamiento de pago de forma ileg\u00edtima, sin efectuarse REESTRUCTURACI\u00d3N NI RELIQUIDACI\u00d3N, como lo admite el apoderado del banco (\u2026) se implemente el CONTROL OFICIO de CONVENCIONALIDAD es decir, la CONVENCI\u00d3N AMERICANA DE DD.HH\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Banco Caja Social se opuso a la prosperidad del auxilio, manifestando que la accionante no demostr\u00f3 el perjuicio irremediable que aparentemente busca evitar, y tampoco acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos que reclama. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, indic\u00f3 que aunque, inicialmente, conoci\u00f3 del ejecutivo que origina el reclamo, el 10 de diciembre de 2013 remiti\u00f3 las diligencias ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de este lugar, con ocasi\u00f3n de la directriz impartida por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PSAA13- 9984 de 2013. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La titular del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, defendi\u00f3 su proceder, e hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en virtud del precitado juicio, destacando que han sido m\u00faltiples las ocasiones en las que Mar\u00eda Lorenza Jim\u00e9nez Calder\u00f3n ha formulado incidentes de nulidad argumentando la ausencia de reestructuraci\u00f3n, el \u00faltimo de estos fue propuesto el 15 de mayo de 2019, resuelto desfavorablemente el 18 de noviembre de esa anualidad, y confirmado en segunda instancia el 10 de febrero de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Superintendencia Financiera de Colombia inform\u00f3 que \u00abexisten tres quejas relacionadas con los mismos hechos de la tutela, y a cada una de esas quejas se la he dado la respuesta correspondiente, radicadas bajo los n\u00fameros 2015104364, 2015117837 y 2021132425\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3, que no ha vulnerado las garant\u00edas esenciales que reclama la accionante, por lo que solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite aduciendo falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 transgredi\u00f3 las garant\u00edas invocadas por la convocante, al dictar, en sede de apelaci\u00f3n, el prove\u00eddo de 10 de febrero de 2021, por medio del cual refrend\u00f3 la negativa de terminaci\u00f3n del proceso por \u00abausencia de reestructuraci\u00f3n\u00bb invocado en virtud del litigio n\u00ba 1999-00538. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, en la medida en que, si bien el reclamo involucra la providencia dictada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad el 18 de noviembre de 2019, fue la dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en la informaci\u00f3n y piezas procesales adosadas al expediente, establece la Sala que habr\u00e1 de declararse la improcedencia del auxilio por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
3.1. Razonabilidad de la providencia acusada. <\/p>\n
Al examinar el prove\u00eddo sometido a escrutinio de esta Corte emitido el 10 de febrero de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que confirm\u00f3 el auto de 18 de noviembre de 2019, por medio del cual el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad despach\u00f3 desfavorablemente el incidente de nulidad propuesto por Mar\u00eda Lorenza Jim\u00e9nez Calder\u00f3n, por la supuesta ausencia de reestructuraci\u00f3n del credito, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n denunciada por la querellante, en raz\u00f3n a que la referida providencia se ajust\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable. <\/p>\n
En efecto, la magistratura acusada fue enf\u00e1tica en se\u00f1alar las razones, por las cuales en ese asunto no era susceptible de aplicaci\u00f3n la Ley 546 de 1999, relievando que \u00ab(\u2026) aun cuando el cr\u00e9dito que se cobra en este juicio pudiera haberse otorgado en un principio en UPAC y despu\u00e9s desembolsado en PESOS, que para su amortizaci\u00f3n se concediera un plazo de 144 meses, que la tasa de inter\u00e9s estuviera atada a la DTF y con capitalizaci\u00f3n de intereses, ello no es suficiente para hacerse beneficiario de los reconocimientos previstos en la ley 546 e 1999, habida cuenta que no son las condiciones de los cr\u00e9ditos las que determinan su naturaleza, sino la destinaci\u00f3n que se d\u00e9 a los dineros\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, precis\u00f3 que \u00abla Corte Constitucional ha sido reiterativa en cuanto a la aplicaci\u00f3n de las prerrogativas que en favor de los deudores de vivienda dispuso la ley 546 de 1999, insistiendo dicha Corporaci\u00f3n en que: \u201cpara proceder a la aplicaci\u00f3n de dichos beneficios, el texto de la Ley se\u00f1ala en sus art\u00edculos 40, 41, y 42, mediante los cuales se regul\u00f3 lo concerniente a la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de transici\u00f3n descrito, que estas medidas se aplicar\u00e1n \u00fanicamente a los cr\u00e9ditos que hubieren sido otorgados para financiar la adquisici\u00f3n de vivienda individual a largo plazo, que cumplan con las condiciones que la propia Ley exige\u00bb (Negrillas en texto). <\/p>\n
Indic\u00f3, que \u00ab(\u2026) del an\u00e1lisis del material probatorio obrante en esta tramitaci\u00f3n (\u2026) no se atisba certificaci\u00f3n o referencia alguna que haga alusi\u00f3n a que se trata de un cr\u00e9dito de vivienda, sin que pueda inferirse esa naturaleza por las simples condiciones del cr\u00e9dito, ni siquiera pueden considerarse que los documentos que como medios nuevos se agregaron con la alzada contienen una confesi\u00f3n al respecto, habida cuenta que la proveniente de la entidad es inequ\u00edvoca al relatar que el cr\u00e9dito que finalmente le fue desembolsado a la demandada fue en la modalidad de \u201cMegacr\u00e9dito\u201d y la Superintendencia aunque dice que \u201cadquiri\u00f3 un cr\u00e9dito de vivienda\u201d ello no es vinculante, pues a rengl\u00f3n seguido reitera acorde con la entidad financiera que \u201cdespu\u00e9s fue desembolsado un cr\u00e9dito denominado Megacr\u00e9dito bajo la modalidad comercial\u201d, lo que hace inaplicable la ley de vivienda\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3, que \u00ab(\u2026) es pasible colegir que si la ejecutada no recibi\u00f3 por parte de la Corporaci\u00f3n crediticia un cr\u00e9dito para adquisici\u00f3n de vivienda a largo plazo, sino uno en modalidad de \u201cMegacr\u00e9dito\u201d de alcance \u201ccomercial\u201d no pod\u00eda \u00e9sta ser beneficiada de la reliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n ordenada por la ley 546 de 1999, y en ese orden, la ejecuci\u00f3n que se adelanta en su contra no requer\u00eda como requisito forzoso la realizaci\u00f3n de la reestructuraci\u00f3n para su exigibilidad, y consecuentemente ning\u00fan vicio es predecible en su desarrollo derivado de este, que imponga la invalidez o terminaci\u00f3n de esta\u00bb. <\/p>\n
Frente a lo expuesto, cabe se\u00f1alar que, aunque se discrepe de lo resuelto, no por ello se abre camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues no basta una resoluci\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que esta se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 2016, rad. 00077-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
Observa la Corte que las discrepancias tra\u00eddas por la gestora, son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por la demandada en el hipotecario que origina el reclamo, es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de la referida autoridad y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que result\u00f3, adversa a sus intereses, finalidad que es ajena a la acci\u00f3n tuitiva pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del ejercicio de la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Sobre la posibilidad de conceder el auxilio bajo esta modalidad la Corte no encuentra que se hubiere acreditado la configuraci\u00f3n de las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone denegar el resguardo implorado puesto que esta excepcional senda constitucional no ha sido erigida como instancia adicional para reabrir debates legalmente concluidos, y porque no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVE <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
7 <\/p>\n
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