STC10833-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10833-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2021-00222-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 14 julio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por Jos\u00e9 Antonio Cruz contra el Juzgado Civil del Circuito del L\u00edbano. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los intervinientes en el proceso 2010-0009-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial acusada, en el juicio reivindicatorio con radicaci\u00f3n 2010-00009. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, sostuvo que la se\u00f1ora Ana Rosa Roa de Angee interpuso una demanda ordinaria, que conoci\u00f3 el Juzgado accionando, para que se declarara que era \u00abcopropietaria de pleno dominio (\u2026) y sin restricci\u00f3n alguna del inmueble finca rural compuesta por dos lotes de terreno que est\u00e1n unidos, formando un solo globo de terreno, finca conocida con el nombre de CIRCACIA en la fracci\u00f3n del Para\u00edso, jurisdicci\u00f3n del L\u00edbano\u00bb. <\/p>\n
En dicho proceso se profiri\u00f3 sentencia de primera instancia el 25 de julio de 2011, en la que se declar\u00f3 que pertenec\u00eda \u00abel derecho de dominio pleno y absoluto a la comunidad integrada por Ana Rosa Roa, Dioselina Roa y Jos\u00e9 An\u00edbal Roa el inmueble rural denominado Circasia compuesto por dos lotes de terreno, en el paraje del Para\u00edso, jurisdicci\u00f3n del L\u00edbano\u00bb, y se orden\u00f3, entre otros, \u00abal demandado Jos\u00e9 Antonio Cruz a restituir a la parte demandante, el inmueble indicado en el hecho primero de la demanda\u00bb, previo el pago a su favor de $60.761.100, por concepto de mejoras. Se dispuso, adem\u00e1s, que el citado se\u00f1or deb\u00eda pagar a la demandante los frutos causados hasta la entrega del bien. <\/p>\n
Apelado el fallo, fue modificado por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 24 de febrero de 2012, declarando que correspond\u00eda a \u00abAna Rosa Roa de Angee, la tercera parte del derecho de dominio del predio \u2018Circasia\u2019 de la verdad \u2018El Para\u00edso\u2019 de L\u00edbano (\u2026) con la matr\u00edcula inmobiliaria 364-0011-091\u00bb y ordenando a Jos\u00e9 Antonio Cruz restituirle la cuota parte reconocida y pagarle los frutos causados. Igualmente, se reconocieron las mejoras a favor de Jos\u00e9 Antonio Cruz, por $20.287.033.30. <\/p>\n
El ac\u00e1 accionante se\u00f1al\u00f3 que, ejecutoriada la sentencia, la demandante no cumpli\u00f3 con la carga de pagar las mejoras y a\u00f1adi\u00f3 que, de acuerdo con un memorial allegado en octubre de 2020, la se\u00f1ora Ana Rosa Roa de Angee falleci\u00f3 el 27 de septiembre de 2013, siendo sus herederos Olga Roc\u00edo, Miryam, Luz Stella, Benjam\u00edn, Gabriel, Jorge Alberto y Javier Alfonso Angee Roa a quienes se les adjudic\u00f3, en sucesi\u00f3n de la causante, la cuota parte del predio Circasia \u00abinscrita el d\u00eda 25 de septiembre de 2018\u00bb, por lo que solicitaron ser reconocidos como sucesores procesales y la entrega de la propiedad, para lo cual consignaron, en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales del Juzgado Civil del Circuito de L\u00edbano, $26.344.000, en cumplimiento de lo ordenado en el fallo de segunda instancia, por concepto de mejoras. <\/p>\n
Mediante auto del 9 de octubre de 2020, el Juzgado accionado reconoci\u00f3 la calidad de sucesores procesales a los herederos de la causante, actuaci\u00f3n que, en su opini\u00f3n, result\u00f3 \u00abtotalmente improcedente\u00bb, por ser un proceso terminado; luego, en providencia del 26 de noviembre de 2020 (notificada al actor el 11 de diciembre de 2020), se orden\u00f3 a Jos\u00e9 Antonio Cruz la entrega del bien a los herederos de la causante Roa de Angee, conforme a lo dispuesto en la sentencia del 24 de febrero de 2012. <\/p>\n
El actor adujo que, posteriormente1, solicit\u00f3 al Juzgado suspender la orden de entrega, \u00abpor no existir claridad respecto a su competencia para conocer del proceso 2010-00009 despu\u00e9s de tanto tiempo transcurrido de estar ejecutoriada la sentencia de segunda instancia y por el paso del tiempo haberse configurado el desistimiento t\u00e1cito debido a la absoluta inactividad no solo de la causante sino de sus herederos y adem\u00e1s en su defecto la caducidad de una acci\u00f3n ejecutiva para obtener el cumplimiento del fallo de fecha 24 de febrero de 2012\u00bb. <\/p>\n
Y que, frente a lo anterior, el Despacho convocado profiri\u00f3 un auto el 26 de enero de 2021, en el que manifest\u00f3 que conservaba la competencia para continuar con el proceso y ordenar la entrega del bien, la cual pod\u00eda ser solicitada por el interesado, incluso, nueve a\u00f1os despu\u00e9s, siempre que realizara el pago de las mejoras, de acuerdo con lo dispuesto por los art\u00edculos 310 y 339 del C.G. del P., sin pronunciarse sobre lo indicado en el art\u00edculo 317 del mismo estatuto; por tanto, neg\u00f3 la solicitud de suspensi\u00f3n de la entrega y libr\u00f3 despacho comisorio para el efecto. <\/p>\n
Asegur\u00f3 el tutelante que no era aplicable el art\u00edculo 310 del C.G. del P., en tanto la sentencia de segunda instancia \u00abno concedi\u00f3 el derecho de retenci\u00f3n al demandado, todo lo contrario, la orden de entrega fue perentoria: entregar la cuota parte del bien dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia\u00bb y, si en gracia de discusi\u00f3n existiera el derecho de retenci\u00f3n, \u00abestar\u00edamos frente al arbitrio de la persona obligada a pagar las mejores (sic) en cuanto al t\u00e9rmino de tiempo para cumplir con lo ordenado en una sentencia\u00bb. <\/p>\n
Contra dicha decisi\u00f3n present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n y, una vez concedido, fue inadmiti\u00f3 por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 28 de mayo de 2021, por improcedente. <\/p>\n
Argument\u00f3 que \u00abLos yerros del juzgado accionado son de car\u00e1cter org\u00e1nico y procedimental ya que por una parte, (\u2026) perdi\u00f3 por el paso del tiempo la competencia para conocer en el a\u00f1o 2020 de un proceso terminado en el a\u00f1o 2012 y, por otra parte, en dicho proceso omiti\u00f3 dar aplicaci\u00f3n a normas procedimentales que es bien conocido son de orden p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
Al no cancelarse la suma, por concepto mejoras, por parte de la demandante dentro de los diez d\u00edas ordenados en la sentencia, no se cumpli\u00f3 con la carga procesal impuesta y, por tanto, el juez debi\u00f3 declarar el desistimiento t\u00e1cito, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 346 del C.P.C., vigente para ese momento. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la demandante desaprovech\u00f3 la oportunidad de exigir, en el mismo proceso y a trav\u00e9s de la acci\u00f3n ejecutiva, el cumplimiento de la sentencia en los 60 d\u00edas siguientes, o mediante una acci\u00f3n independiente en los 5 a\u00f1os posteriores, luego de la ejecutoria del fallo. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, \u00abDecretar la nulidad de todas las actuaciones realizadas por el Juzgado Civil del circuito de L\u00edbano en el proceso reivindicatorio radicado 2010-0009 a partir del d\u00eda 29 de febrero de 2012\u00bb y \u00abOrdenar al despacho accionado acatar lo ordenado por el art\u00edculo 346 del C.P.C. o en su defecto del art\u00edculo 317 del C.G del P. por desistimiento t\u00e1cito de la demandante\u00bb. <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito del L\u00edbano (Tolima) manifest\u00f3 que, con la actuaci\u00f3n acusada, se limit\u00f3 a dar cumplimiento al fallo proferido el 24 de febrero de 2012. En tal sentido, una vez los herederos de la demandante Ana Rosa Roa de Angee presentaron la liquidaci\u00f3n de las mejoras, se dispuso el traslado al demandado Jos\u00e9 Antonio Cruz, quien, en el t\u00e9rmino legal, no la objet\u00f3 y, por tanto, los demandantes procedieron a realizar la consignaci\u00f3n, \u00abdineros que le fueron entregados el d\u00eda 18 de diciembre de 2020, seg\u00fan consta en el proceso (fol. 55 del cuaderno de mejoras), y por auto del 26 de enero de 2020, se comision\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal \u2013Reparto- para la entrega a al (sic) demandante de la cuota parte de derecho de dominio sobre el predio \u2018CIRCASIA\u2019 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Consider\u00f3 que, como no existi\u00f3 ning\u00fan vicio que hiciera procedente la acci\u00f3n de tutela, se deb\u00edan denegar las pretensiones. <\/p>\n
2. La se\u00f1ora Olga Roc\u00edo Angee Roa, interviniente en el proceso reivindicatorio, indic\u00f3 que el desistimiento t\u00e1cito era una figura que pretend\u00eda castigar la inactividad procesal, pero no operaba de forma autom\u00e1tica o de pleno derecho, sino que \u00abera menester un requerimiento previo del juez en el que ordenara cumplir la carga procesal correspondiente dentro de los treinta d\u00edas siguientes (\u2026)\u00bb, actuaci\u00f3n que no se adelant\u00f3 y tampoco fue advertida al Juzgado por el accionante. <\/p>\n
Argument\u00f3 que, con la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, se derog\u00f3 el art\u00edculo 346 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil a partir del 1 de octubre de 2012, por disposici\u00f3n de su art\u00edculo 626, a lo cual se sum\u00f3 que con el fallecimiento de la demandante, el 27 de septiembre de 2013, qued\u00f3 suspendida su carga procesal hasta que finalizara la sucesi\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de su cuota parte, esto es, el 8 de mayo de 2018 (sentencia que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n), pues con anterioridad dicha obligaci\u00f3n no le era exigible a sus herederos. En ese orden, a partir de ese momento corr\u00eda el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 317 del C. G. del P. -ahora vigente-, dentro del cual se pagaron las mejoras reconocidas. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que el fallo de segunda instancia mantuvo inc\u00f3lume el numeral 6 de la sentencia proferida por el a quo, en el que se reconoci\u00f3 el derecho de retenci\u00f3n sobre el bien, \u00abmismo que hasta la fecha sigue detentando sin que se haya efectuado hasta ahora la diligencia de entrega, que tendr\u00e1 lugar el pr\u00f3ximo 9 de septiembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, destac\u00f3 que, si la finalidad de la tutela era la declaratoria de nulidad, esta se encuentra proscrita, al haber actuado con posterioridad a que se configurara. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, en raz\u00f3n a que \u00abla vulneraci\u00f3n alegada a su criterio se configur\u00f3 a la partir del momento en que, luego de dos (2) a\u00f1os a partir del 12 de marzo de 2012, fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia sin actividad alguna en el proceso, el Juzgado Civil del Circuito del L\u00edbano no decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito del proceso en los t\u00e9rminos dispuestos en el art\u00edculo 346 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil o art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, circunstancia que conlleva la trasgresi\u00f3n del principio de inmediatez\u00bb, pues, al 12 de marzo de 2014, se cumplieron esos dos a\u00f1os, y la acci\u00f3n constitucional se interpuso el 30 de junio de 2021. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que tampoco se cumpl\u00eda con el principio de subsidiariedad, en tanto la aplicaci\u00f3n de la mencionada figura no s\u00f3lo opera de oficio, sino tambi\u00e9n a petici\u00f3n de parte, conforme lo dispone el numeral 2 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que no pod\u00eda acudir a la acci\u00f3n de tutela siete a\u00f1os despu\u00e9s solicitando una nulidad que no se promovi\u00f3 ante el juez de conocimiento. <\/p>\n
En cuanto al auto del 9 de octubre de 2020, precis\u00f3 que no se cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez y tampoco se agotaron los recursos procedentes. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el promotor, quien se\u00f1al\u00f3 que el accionado, \u00abde forma totalmente improcedente decret(o) una sucesi\u00f3n procesal en el a\u00f1o 2020 dentro de un proceso que se encontraba con sentencia debidamente ejecutoriada en el a\u00f1o 2012\u00bb; en tal medida, ese era el debate y no si el accionado debi\u00f3 decretar el desistimiento o si correspondi\u00f3 solicitarlo al demandado. <\/p>\n
En cuanto a la inmediatez, sostuvo que el fallo impugnado indic\u00f3 erradamente que la vulneraci\u00f3n se configur\u00f3 en el a\u00f1o 2012, pues \u00ablo que se indic\u00f3 en el escrito de demanda fue el hecho absolutamente innegable que el Juez de primera instancia no pod\u00eda revivir un proceso que se hallaba con sentencia en firme a partir del a\u00f1o 2012 y que si se hubiese cumplido con las normas procedimentales el despacho estaba obligado a decretar la terminaci\u00f3n del proceso declarando el desistimiento t\u00e1cito\u00bb. Asegur\u00f3 que, el 16 de diciembre de 2020, solicit\u00f3 al accionado la suspensi\u00f3n de la entrega y, una vez negada, se interpusieron los recursos procedentes, por lo que su ruego se encontraba dentro de la inmediatez requerida y cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que la vulneraci\u00f3n al debido proceso alegada en el escrito de tutela no se centr\u00f3 en la omisi\u00f3n de \u00abdecretar como estaba obligado el desistimiento t\u00e1cito\u00bb, aspecto que se devel\u00f3 \u00abpara ilustrar el asunto. Pero, no fue en absoluto para solicitar la protecci\u00f3n frente a una omisi\u00f3n del a\u00f1o 2012\u00bb, ya que \u00abLa acci\u00f3n de amparo se concentra en el hecho que el despacho en octubre de 2020 reconoci\u00f3 sucesi\u00f3n procesal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende que se ampare su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por el Juzgado Civil del Circuito del L\u00edbano (Tolima), con ocasi\u00f3n de las actuaciones surtidas en el proceso reivindicatorio 2010-00009 con posterioridad a la sentencia de segunda instancia, en tanto, luego de 9 a\u00f1os de quedar ejecutoriado dicho fallo, mediante auto del 9 de octubre de 2020, se reconoci\u00f3 la sucesi\u00f3n procesal de los herederos de la all\u00e1 demandante Ana Rosa Roa de Angee, desatendiendo la configuraci\u00f3n del desistimiento t\u00e1cito que omiti\u00f3 declarar el Juzgado convocado. <\/p>\n
2. Pronto advierte esta Sala que la decisi\u00f3n cuestionada habr\u00e1 de ser confirmada, por los motivos que pasan a exponerse. <\/p>\n
2.1. La parte actora pidi\u00f3 la \u00abnulidad\u00bb de todo lo actuado desde el 29 de febrero de 2012, cuando qued\u00f3 ejecutoriada la sentencia de segunda instancia; sin embargo, del escrito de tutela y de la impugnaci\u00f3n del fallo constitucional de primera instancia, se desprende que las irregularidades que motivaron este ruego se remontan a lo ordenado en el auto del 9 de octubre de 20202, mediante el cual el Juzgado Civil del Circuito del L\u00edbano consider\u00f3 a Olga Roc\u00edo, Miryam, Luz Stella, Benjam\u00edn, Gabriel, Jorge Alberto y Javier Alfonso Angee Roa \u00abcomo herederos y sucesores procesales de la extinta ANA ROSA ANGEE conforme los registros civiles adjuntados al presente escrito\u00bb, pues, en su opini\u00f3n, fue una actuaci\u00f3n \u00abtotalmente improcedente\u00bb, al ser un proceso terminado hace varios a\u00f1os. <\/p>\n
En ese orden y teniendo en cuenta que la providencia cuestionada se notific\u00f3 por estado el 13 de octubre de 2020, sin que se presentaran recursos en su contra, es claro que la acci\u00f3n constitucional frente a tal decisi\u00f3n no cumple con el requisito general de la inmediatez, identificado por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para su procedencia, si se tiene en cuenta que, entre el momento en que se profiri\u00f3 la determinaci\u00f3n atacada y el de interposici\u00f3n del presente amparo -30 de junio de 2021-, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, t\u00e9rmino superior al previsto para invocar la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2.2. En torno al citado principio ha de precisarse que, pese a no existir un plazo de caducidad propiamente dicho para instaurar la protecci\u00f3n constitucional, s\u00ed se impone promoverla dentro de un t\u00e9rmino razonablemente prudencial a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales de la persona. Lo dicho cobra relevancia sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha reiterado: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021). <\/p>\n
Cabe resaltar que dicho requisito puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad del accionante para impetrar la s\u00faplica, como la interdicci\u00f3n, la incapacidad f\u00edsica, la minor\u00eda de edad, entre otras, nada de lo cual se acredit\u00f3 en el sub examine. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia CC T-033\/2010 estableci\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
En el presente asunto, el actor no acredit\u00f3 justificaci\u00f3n alguna que le hubiere impedido acudir en tiempo ante el juez constitucional. <\/p>\n
Sumado a ello, el citado \u00f3rgano constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb3. <\/p>\n
2.3. Adem\u00e1s, el tutelante no interpuso recurso alguno contra el auto del 9 de octubre de 2020, que reconoci\u00f3 como sucesores procesales a los herederos de la se\u00f1ora Ana Rosa Roa de Angee, circunstancia que permite evidenciar, igualmente, que no se cumpli\u00f3 con el presupuesto de la subsidiariedad y, por tanto, es claro para la Sala que el ac\u00e1 accionante desperdici\u00f3 la oportunidad procesal con miras a confutar la determinaci\u00f3n adoptada, incuria que, desde luego, desnaturaliza la finalidad de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En ese sentido, ha destacado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
3. Ahora bien, en cuanto a la solicitud de dar aplicaci\u00f3n a la figura del desistimiento t\u00e1cito, una vez establecido por el Juez a quo constitucional que tampoco se cumpl\u00eda con el requisito de inmediatez respecto de esta pretensi\u00f3n, en consideraci\u00f3n a que la omisi\u00f3n endilgada al accionado, para decretarla de oficio, acaeci\u00f3 dos a\u00f1os despu\u00e9s de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, t\u00e9rmino dentro del cual el promotor no la solicit\u00f3 ni acudi\u00f3 a esta senda sin justificaci\u00f3n alguna, el gestor aclar\u00f3, en el escrito de impugnaci\u00f3n, que la declaratoria del desistimiento t\u00e1cito o su improcedencia no era el objeto del presente ruego constitucional, dado que \u00abLa acci\u00f3n de amparo se concentra en el hecho que el despacho en octubre de 2020 reconoci\u00f3 sucesi\u00f3n procesal en el a\u00f1o 2020 a los herederos de la demandante en su momento dentro del proceso 2010-0009\u00bb. <\/p>\n
En el mismo sentido, el impugnante mencion\u00f3 que el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, en su fallo, \u00abse sustrajo de analizar el eje central del asunto como lo es que un Juez de la Rep\u00fablica de forma totalmente improcedente decrete una sucesi\u00f3n procesal en el a\u00f1o 2020 dentro de un proceso que se encontraba con sentencia debidamente ejecutoriada en el a\u00f1o 2012\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, habi\u00e9ndose evacuado lo relativo al auto del 9 de octubre de 2020 en precedencia, no se hace necesario un pronunciamiento adicional al respecto. <\/p>\n
4. En consecuencia, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, en cuanto neg\u00f3 el amparo, con base en las consideraciones esbozadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 El 16 de diciembre de 2020, de acuerdo al expediente 2010-00009. <\/p>\n
2\u0002 Carpeta Apelaci\u00f3n, archivo tr\u00e1mite de solicitud, folio 13, expediente 2010-00009-00. <\/p>\n
3\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC10833-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC10833-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2021-00222-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 14 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56508","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56508","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56508"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56508\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56508"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56508"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56508"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}