STC10836-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10836-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02896-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Francisco Castilla Gonz\u00e1lez y Yolanda Rueda Ramos contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena y el Juzgado Tercero de la misma especialidad de Valledupar; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el juicio n\u00ba 2018-00030. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, los actores reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos \u00abal debido proceso, vida, trabajo, m\u00ednimo vital y dignidad\u00bb, los cuales estiman trasgredidos con el auto de 11 de mayo de 2021, mediante el cual el fallador a quo convocado program\u00f3, para el 17 de agosto del a\u00f1o en curso, la diligencia de entrega en que deber\u00e1n restituir el predio sobre el que versa ese litigio, pese a que hasta la fecha no se les ha hecho entrega del \u00abinmueble equivalente\u00bb que el tribunal orden\u00f3 en su favor, dada su condici\u00f3n de segundos ocupantes. <\/p>\n
Agregaron que, en virtud de dicha omisi\u00f3n, el fallador de la causa los favoreci\u00f3 con un \u00abauxilio temporal de arriendo\u00bb, lo cual resulta insuficiente, dado que \u00abson personas que cuentan con poco ganado vacuno y siembras de los cuales derivan su sustento econ\u00f3mico, por lo que si los obliga a mudarse a la cabecera municipal, estos podr\u00e1n tener un techo, pero no tendr\u00e1n como realizar el pago de servicios p\u00fablicos, alimenticios, medicinales y dem\u00e1s, colocando as\u00ed en riesgo la salud y vida de los acciones, debido a que en una casa dentro de un municipio no cuentan con el espacio suficiente para realizar su actividad laboral y tener la manera econ\u00f3mica de cubrir necesidades b\u00e1sicas\u00bb. <\/p>\n
2. Piden, en consecuencia, que se ordene suspender el desalojo, hasta que se les haga entrega del \u00abinmueble equivalente\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar hizo un recuento de lo acontecido en el juicio que concierne a este tr\u00e1mite; defendi\u00f3 la legalidad de sus actuaciones en esa actuaci\u00f3n y enfatiz\u00f3 que la audiencia programada para el 17 de agosto fue suspendida dada la interposici\u00f3n de esta solicitud de amparo. <\/p>\n
2. La magistratura accionada manifest\u00f3 que ella no ha trasgredido ninguna de las garant\u00edas fundamentales invocadas por los querellantes y que \u00abes el Fondo de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras Cesar, el encargado de cumplir con las medidas de segundo ocupantes otorgadas en favor de los actores, y adem\u00e1s de otorgar junto con el juez especializado comisionado para la entrega, las medidas transitorias para evitar el desalojo forzoso de los tutelantes\u00bb. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas recalc\u00f3 que el proceso de compra y adjudicaci\u00f3n del \u00abinmueble equivalente\u00bb est\u00e1 en marcha actualmente y que \u00abel pago de las medidas temporales se realizar\u00e1 una vez se surta la entrega material del precio objeto de restituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. La Procuradora 22 de Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar pidi\u00f3 desestimar el amparo por no satisfacerse el presupuesto de subsidiariedad que lo informa, en la medida que los actores pueden formular sus pretensiones directamente ante los falladores de conocimiento del juicio de restituci\u00f3n de tierras. <\/p>\n
5. La Agencia Nacional de Miner\u00eda dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por no haber tenido ninguna injerencia en el proferimiento de las decisiones judiciales que censuran los accionantes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el sustrato f\u00e1ctico de la demanda de tutela involucra una vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas all\u00ed invocadas que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones de naturaleza judicial, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa, se configura la segunda modalidad, dado que los accionantes no acreditaron que, antes de acudir a este excepcional mecanismo de protecci\u00f3n, hubieran reclamado ante el fallador de primera instancia la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega que aqu\u00ed pretenden, ni tampoco que hubieran planteado ante ese mismo juzgador los reparos que aqu\u00ed esgrimieron en cuanto a la insuficiencia del \u00abauxilio temporal de arriendo\u00bb que se reconoci\u00f3 en su favor mientras se les hace entrega del \u00abinmueble equivalente\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese contexto, no se le puede atribuir a dicho funcionario una conducta negligente o abusiva cuando ni siquiera ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre los hechos de la solicitud de amparo. <\/p>\n
Sobre el tema, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00abla protecci\u00f3n reclamada no puede salir exitosa porque, en las copias allegadas con esta acci\u00f3n no se encuentra ninguna prueba distinta de la afirmaci\u00f3n de la demandante que indique a la Sala que la petente haya elevado ante el accionado petici\u00f3n en el sentido pretendido y que ahora alega por esta v\u00eda subsidiaria, que permita endilgar a la entidad demandada una acci\u00f3n u omisi\u00f3n vulneratoria de los derechos que reclama\u2026 Expone la peticionaria unos hechos hu\u00e9rfanos de toda prueba, sobre los que no se concede el amparo\u2026, es decir, la interesada accion\u00f3 en tutela, sin haber hecho ninguna gesti\u00f3n ante la entidad demandada y ciertamente que la falta de petici\u00f3n directa ante \u00e9sta no le ha permitido pronunciarse concretamente sobre el asunto por cuya defensa se propende\u2026\u00bb (CSJ. STC de 13 de feb. de 2013, exp. 00193-01, reiterada en STC14200 de 15 oct. de 2015). <\/p>\n
En esta medida, les corresponder\u00e1 a los querellantes comparecer ante las autoridades cuestionadas para realizar las peticiones que estimen pertinentes y ejercer los mecanismos de contradicci\u00f3n frente a las decisiones que no compartan, ya que no es viable acudir al juez de tutela para que sustituya la actividad de las autoridades judiciales, cuando estas son las legalmente habilitadas para desatar la controversia puesta a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
4. La inviabilidad del amparo porque no se acredit\u00f3 un perjuicio irremediable. <\/p>\n
El requisito de procedibilidad de la tutela al que se ha hecho alusi\u00f3n \u2013 subsidiariedad – no se revierte a\u00fan bajo el argumento de un eventual \u00abperjuicio irremediable\u00bb, ya que no se prob\u00f3 una circunstancia de urgencia o peligro que amerite acceder al amparo, a\u00fan en forma transitoria; por el contrario, los promotores cuentan con un fallo de restituci\u00f3n de tierras que reconoci\u00f3 su calidad de \u00absegundos ocupantes\u00bb y est\u00e1n a la espera de las medidas de atenci\u00f3n que les fueron reconocidas. <\/p>\n
En este sentido ha dicho la jurisprudencia que \u00ab(\u2026) no es posible recurrir al amparo sin acreditar un perjuicio irremediable que autorice su utilizaci\u00f3n de manera transitoria, y en el caso, la accionante no demostr\u00f3 un da\u00f1o \u00abgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilite al tutelante para ejercer el mecanismo excepcional\u00bb (CSJ. STC 14 dic. 2011, reiterada en STC1806 de feb. 18 de 2016). <\/p>\n
5. Improcedencia de la tutela para obtener la suspensi\u00f3n de diligencias judiciales. <\/p>\n
Adicionalmente, la orden de entrega del inmueble se produjo luego de agotadas todas las etapas legales dentro del tr\u00e1mite especial de restituci\u00f3n de tierras, sobre lo cual se ha dicho que este tipo de diligencias: \u00ab(\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales (\u2026) De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ, STC, 29 nov. 2006, citada en STC7665 de 9 jun. 2016). <\/p>\n
En tal medida, resulta claro que en esta oportunidad no puede ser acogida la petici\u00f3n que elevaron los accionantes con miras a que se suspenda la diligencia de entrega, debido a que, seg\u00fan lo tiene precisado esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2009, exp. 1496-01, citada en STC9158 de 7 jul. 2016). <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se desestimar\u00e1 la solicitud de amparo, por cuanto no se verifica el presupuesto de subsidiariedad y tambi\u00e9n en consideraci\u00f3n a la improcedencia de este mecanismo para suspender diligencias judiciales. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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