STC10840-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC10840-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2021-00254-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 12 de julio de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha Luc\u00eda G\u00f3mez Franco contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1. Al tr\u00e1mite fue vinculada Bancolombia S.A., que fungi\u00f3 como demandante en el proceso de radicado 2019-00233. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada en el tr\u00e1mite del referido proceso. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 22 de mayo de 2019, en el Juzgado Segundo Civil de Circuito de Fusagasug\u00e1, fue repartida la demanda de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado de Bancolombia S.A. contra Martha Luc\u00eda G\u00f3mez Franco, \u00abpor mora en el pago de los c\u00e1nones o renta pactada\u00bb (Fls. 54 a 57 \u201801ProcesoDeRestituci\u00f3n\u2019 pdf.). <\/p>\n
2.2. El 29 de julio de ese mismo a\u00f1o se admiti\u00f3 la demanda y se orden\u00f3 correr traslado al extremo pasivo (Fl. 60 \u201801ProcesoDeRestituci\u00f3n\u2019 pdf.). <\/p>\n
2.3. El 21 de octubre siguiente, la se\u00f1ora Marta Luc\u00eda G\u00f3mez Franco acudi\u00f3 a la secretar\u00eda del despacho convocado y se notific\u00f3 personalmente \u00abdel auto admisorio de la demanda de fecha veintinueve (29) de julio de dos mil diecinueve (2019), haci\u00e9ndole entrega formal de copias de la demanda y anexos (\u2026)\u00bb (Fl. 70 \u201801ProcesoDeRestituci\u00f3n\u2019 pdf.). <\/p>\n
2.4. El 20 de noviembre de la misma anualidad, a trav\u00e9s de apoderado, la accionada contest\u00f3 la demanda y propuso las excepciones de \u00abpago (\u2026) Improcedencia de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tenencia (\u2026) \u00c1nimo de pagar-Voluntad para acuerdo de pago (\u2026) mejoras\u00bb (Fls. 73 a 78 \u201801ProcesoDeRestituci\u00f3n\u2019 pdf.). <\/p>\n
2.5. El 10 de marzo de 2020, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1 tuvo por contestada la demanda oportunamente, decret\u00f3 pruebas y fij\u00f3 fecha para llevar a cabo la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso (Fls. 98 a 99 \u201801ProcesoDeRestituci\u00f3n\u2019 pdf.). <\/p>\n
2.7. El 11 de mayo de 2021, en la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, el Juzgado censurado dict\u00f3 sentencia y declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas por la demandada y \u00ablegalmente terminado el Contrato de Arrendamiento Financiero Leasing (\u2026) celebrado entre (\u2026) Bancolombia S.A., como arrendadora y Martha Luc\u00eda G\u00f3mez Franco, como arrendataria del inmueble\u00bb. En consecuencia, orden\u00f3 \u00abla restituci\u00f3n del referido inmueble\u00bb (Fls. 1 a 2 \u2018Aud. Art. 373 CGP Verbal 2019-153\u2019 pdf.). <\/p>\n
3. La tutelante reproch\u00f3 que, \u00abEn la contestaci\u00f3n de la demanda se presentaron excepciones de fondo que pon\u00edan en entredicho la reclamaci\u00f3n judicial, los argumentos jam\u00e1s fueron analizados. Por tal motivo considero que la conducta asumida por las autoridades judiciales accionadas, en especial por el Juzgado Segundo Civil del Circuito incurri\u00f3 en los siguientes errores: (i) aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, (defecto sustantivo); (ii) no tuvo en cuenta el material probatorio aportado para corroborar la naturaleza jur\u00eddica del contrato financiero de leasing en clara diferenciaci\u00f3n de un contrato de arrendamiento de inmueble (defecto f\u00e1ctico); y, (iii) no se tuvieron en cuenta las excepciones a la aplicaci\u00f3n de la referida norma procesal, resueltas por la Corte Constitucional por v\u00eda de algunos pronunciamientos de tutela\u00bb. <\/p>\n
4. En consecuencia, pidi\u00f3 (i) dejar sin efecto todo lo actuado \u00aba partir del auto proferido el d\u00eda 29 de Julio de 2019 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1 Cundinamarca\u00bb; y (ii) ordenar al Despacho convocado \u00abque al rehacer el tr\u00e1mite del proceso se deber\u00e1 o\u00edrme en calidad de demandada en efecto de garantizar mis derechos fundamentales\u2026\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Bancolombia S.A. consider\u00f3 que ni el Juzgado demandado ni la entidad financiera hab\u00edan vulnerado los derechos fundamentales de la tutelante, quien \u00abcuenta con otros mecanismos jur\u00eddicos para exponer y alegar lo argumentado, el hecho por el cual se muestra inconforme\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasug\u00e1 remiti\u00f3, de manera digital, el expediente objeto de reproche. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo, toda vez que \u00ablo pretendido por la actora es dejar sin efectos todo lo actuado a partir del auto proferido el 29 de julio de 2019 hasta el 10 de marzo de 2020, para que se rehaga el tr\u00e1mite del proceso a fin de ser escuchada en calidad de demandada; en tanto que, la solicitud de amparo fue presentada el 1 de julio 2021, superando con creces el t\u00e9rmino de seis meses que jurisprudencialmente se ha fijado como razonable para acudir a esa senda (\u2026) sin referir circunstancia que justifique ese prologado silencio que mostr\u00f3 su conformidad frente al tema\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la providencia que puso fin al conflicto resalt\u00f3 que \u00abel Juez cuestionado justific\u00f3 su decisi\u00f3n amparada en las normas y cita jurisprudencial aplicable al caso; por lo cual, no es posible endilgar presuntas vulneraciones por inconformidad de alguno de los extremos del proceso (\u2026) por lo que no tendr\u00eda prosperidad la petici\u00f3n de amparo invocada, llevando as\u00ed a negar el amparo constitucional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la actora, quien insisti\u00f3 en los argumentos que sirvieron como base fundacional de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora censur\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial convocada, en la medida en que no analiz\u00f3 los argumentos de las excepciones de fondo propuestas en la contestaci\u00f3n de la demanda, aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 384 del C.G. del P. y no tuvo en cuenta las pruebas aportadas al proceso. <\/p>\n
2. Pronto advierte esta Sala que la decisi\u00f3n del a quo habr\u00e1 de ser confirmada, por cuanto la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, en la medida en que no se evidencian los hechos vulneradores a los que hizo alusi\u00f3n la promotora en la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3. En efecto, la Sala considera, contrario a lo manifestado por la quejosa, que el Juzgado demandado analiz\u00f3 lo pertinente y esboz\u00f3 los argumentos por los cuales declaraba no probadas las excepciones, independientemente de que la postura sea o no compartida. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) revisadas las pruebas aportadas, dichos extractos bancarios, obs\u00e9rvese que la demandada expresamente reconoce que efectivamente se encontraba en mora de los pagos de las cuotas del canon de arrendamiento para con la entidad bancaria demandante, sin embargo, alega que en el transcurso del a\u00f1o 2019 realiz\u00f3 una serie de consignaciones a su cuenta de ahorros de los cuales les fueron hechos d\u00e9bitos autom\u00e1ticos por Bancolombia S.A., pagos que ascendieron a la suma de $23.026.030 quedando presuntamente al d\u00eda la obligaci\u00f3n con la parte actora mediante el referido contrato de leasing habitacional. <\/p>\n
Ahora era carga de la parte demandada, demostrar su pago efectivo, bien sea fuera a trav\u00e9s de la daci\u00f3n del dinero en el monto indicado, el monto a que se obligara, o bien aportando los medios probatorios suficientes y estructurados que dieran cuenta del pago completo de las cuotas atrasadas a favor de la parte actora. Sin embargo, encuentra el juzgado que tal carga probatoria no fue cumplida cabalmente, por el extremo pasivo, toda vez que las pruebas que fueron aportadas al expediente no se observa que las cuotas a que se oblig\u00f3 pagar la demandada hubieran sido pagadas en su totalidad, es m\u00e1s, de los extractos que allegara la parte demandante, seg\u00fan se le orden\u00f3 en audiencia anterior, el resumen de la deuda, se observa un saldo que adeuda en la actualidad la parte demandada, por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, adem\u00e1s, que los dineros consignados por la demandada, el d\u00e9bito que realizaba la entidad bancaria en su momento, acontec\u00eda por dos o m\u00e1s cuotas causadas y en mora, sin que se pudiera constatar si efectivamente a la fecha de la \u00faltima consignaci\u00f3n que refiri\u00f3 la parte demandada, esto es, el d\u00eda 13 de noviembre de 2019, por la suma de cinco millones de pesos, de los cuales se debitaron autom\u00e1ticamente $4.934.684 a la demandada, no se pudo constatar que para dicha fecha se encontraba al d\u00eda en el pago de la obligaci\u00f3n por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento. No siendo entonces pruebas de inexorable demostraci\u00f3n o que le brinden elementos de prueba al juzgado sobre el presunto pago y que la demandada se encontrara al d\u00eda en la cancelaci\u00f3n de los c\u00e1nones arrendados. Por el contrario, se itera que, incluso, con la documental allegada incluso antes de esta audiencia, se constata la efectiva mora que presenta la demandada en el pago de c\u00e1nones de arrendamiento, seg\u00fan lo certifica la misma entidad financiera demandante. <\/p>\n
Se constata entonces, en efecto, la mora de la demandada en el pago de m\u00faltiples cuotas en el canon de arrendamiento en que se oblig\u00f3 tal y como lo describi\u00f3 la entidad financiera demandante en el texto de la demanda, incluso deudas muy por encima de lo esbozado en los hechos de la demanda, seg\u00fan pruebas documentales allegadas antes de que se surtiera esta audiencia al expediente. <\/p>\n
Por lo anterior, y como quiera que no medi\u00f3 prueba contundente que advirtiera el pago efectivo de las sumas reclamadas y menos que pudiesen desvirtuar las pretensiones de la parte actora, al juzgado no le queda otro camino que ordenar la terminaci\u00f3n del contrato de leasing habitacional objeto del presente proceso y la respectiva restituci\u00f3n del inmueble trabado en la presente Litis\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, analiz\u00f3 las excepciones formuladas por la demandada y se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abSe tiene que la parte demandada, como se indic\u00f3, propuso las excepciones denominadas, \u00e1nimo de pagar, la cual se debe declarar no probada como quiera que, revisado el expediente, no obra acuerdo alguno o documental de pago, que expidiera la entidad bancaria demandante, que indique que a la fecha la demandada se encuentra al d\u00eda de sus obligaciones respecto de las cuotas por c\u00e1nones de arrendamiento adeudados, y a que se oblig\u00f3 seg\u00fan el referido contrato de leasing. <\/p>\n
Aduce igualmente, la aqu\u00ed demandada a trav\u00e9s de su apoderada, que de ordenarse la restituci\u00f3n del inmueble objeto del litigio, esta deber\u00e1 darse de manera parcial toda vez que la demandada suscribi\u00f3 un contrato de venta de dicho bien, con el se\u00f1or Luis Fernando Mu\u00f1oz Serna, por la suma de $400.000.000, de los cuales se indica cancel\u00f3 la mitad y por el 50% restante que suscribi\u00f3 contrato de leasing habitacional con la entidad financiera ahora demandante. Pues bien, de lo observado en la promesa de compraventa (\u2026) se constata que es una promesa de contrato en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1611 del c\u00f3digo civil, que generar\u00eda obligaciones de hacer. Entre los contratantes se observa del texto de dicho contrato, que los contratantes fueron como promitente vendedor el se\u00f1or Luis Fernando Mu\u00f1oz Serna, y como prometiente compradora la se\u00f1ora Martha Luc\u00eda G\u00f3mez Franco, aqu\u00ed demandada, sin que en dicho precontrato interviniera la entidad financiera aqu\u00ed demandante, como promitente vendedor. Adem\u00e1s esa promesa de contrato entre dichas personas naturales, solo generaba obligaciones entre los contratantes y el referido se\u00f1or Luis Fernando Mu\u00f1oz Serna, no ha sido parte dentro del presente proceso, de restituci\u00f3n inmueble arrendado. Adem\u00e1s, de la revisi\u00f3n de la escritura p\u00fablica (\u2026) se colige que dicho contrato de compraventa se suscribi\u00f3 ante el se\u00f1or Luis Fernando Mu\u00f1oz Serna como vendedor y la entidad financiera como compradora (\u2026) sin que en dicho acto escriturario se dejara redactado en ning\u00fan lado que hubiera actuado la aqu\u00ed demandada, como copropietaria como lo aduce su misma apoderada en los alegatos de conclusi\u00f3n presentados en esta audiencia, nada se habl\u00f3 sobre el supuesto pago de pagar $400.000.000 por el referido bien, y que la demandada hubiera fungido como parte compradora de dicho acto escriturario, al menos del 50% de ese bien, como lo indica la parte demandada a trav\u00e9s de su apoderado judicial, lo cual deja sin elementos de prueba lo planteado por la parte demandada a trav\u00e9s de su apoderado judicial en la exceptiva que denomin\u00f3 improcedencia de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tenencia. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 en estos alegatos la apoderada de la parte demandada que su prohijada estaba en posesi\u00f3n del bien desde el mes de noviembre del 2015, y que a este proceso se le ha dado un tr\u00e1mite diferente, lo cual no se demuestra con las pruebas aportadas y practicadas en este proceso, por cuanto el contrato de arrendamiento al que se hizo referencia, es muy claro frente a las obligaciones mutuas de las partes, ante la mora que incurri\u00f3 la demandada del canon de arrendamiento en los t\u00e9rminos antes referidos, por tanto, el juzgado no encuentra sustento en los dicho por la parte demandada, en el sentido que a este proceso se le haya dado un tr\u00e1mite diferente, el tr\u00e1mite que se le dio el consagrado en el art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, y se us\u00f3 bajo el proceso de \u00fanica instancia por cuanto la causal que se aleg\u00f3 en la demanda por la mora en el pago de c\u00e1nones de arrendamiento, por cuanto queda realmente sin sustento probatorio, lo advertido por el apoderado de la parte demandada, en el sentido de que su prohijada fuera copropietaria del referido bien, se insiste en dicho acto escriturario s\u00f3lo obra como propietaria la entidad financiera aqu\u00ed demandante y no la demandada. Tan as\u00ed es que la propia demandada se oblig\u00f3 al firmar el contrato de arrendamiento, el contrato de leasing, sin hacer ning\u00fan tipo de salvedad al respecto que antes hubiera suscrito una promesa de compraventa, o que esta le hubiera sido incumplida, si nada de ello est\u00e1 demostrado dentro del presente proceso. <\/p>\n
Motivo por el cual deben ser declarado no probados dichos medios exceptivos, al igual que las mejoras que alega la parte demandada en su escrito de contestaci\u00f3n en tanto ninguna prueba obra en el expediente sobre aquellas\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior se vislumbra que el Despacho convocado se pronunci\u00f3 sobre las excepciones y las pruebas aportadas al proceso, y motiv\u00f3 su postura frente a la situaci\u00f3n objeto de debate, seg\u00fan las distintas alegaciones de las partes y las actuaciones procesales, todo lo cual lo llev\u00f3 a concluir que las pretensiones de la demanda deb\u00edan prosperar, pues se demostr\u00f3 en el proceso de marras que la ac\u00e1 accionante no pag\u00f3 la totalidad de los c\u00e1nones de arrendamiento adeudados a la entidad bancaria. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, en el sub judice, lo que se observa es una disparidad de criterios entre lo considerado por el estrado judicial accionado \u2013en desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de modo que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
En asuntos similares, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 0002-01). <\/p>\n
En t\u00e9rminos similares, esta Sala ha se\u00f1alado, en reiterada y profusa jurisprudencia, que <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026) al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u2018\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u2019\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2012, rad. 2012-00245-01; reiterado en STC. 14 sep. 2020, Rad. 2020-00458-01). <\/p>\n
Adicionalmente, resulta necesario resaltar que, frente a la valoraci\u00f3n probatoria surtida en el curso de un juicio por el juez de conocimiento, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u2019\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, el 7 oct. 2015, rad. 2336-00 y STC4937-2016 21 abr. 2016 rad. 2016-00057-01). <\/p>\n
Es precisamente la valoraci\u00f3n en conjunto de las pruebas y del an\u00e1lisis cr\u00edtico que de ellas se haga lo que permite elaborar razonamientos que, en tanto no se sean ostensibles y flagrantemente il\u00f3gicos, no pueden ser desvirtuados a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, pues esta no es una instancia para reabrir ese debate probatorio y hacer uno nuevo. <\/p>\n
5. En ese orden de ideas, la decisi\u00f3n objeto de reclamo habr\u00e1 de ser confirmada, pero por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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