STC10846-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-01027-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 4 de agosto de 2020, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscales \u2013 UGPP contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad accionante, actuando a trav\u00e9s de su Directora Jur\u00eddica (E), reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia, \u00absostenibilidad financiera del sistema pensional\u00bb, entre otros, supuestamente vulnerados por la autoridad convocada en un juicio laboral (SL5638-2019, rad. 68546). <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que Alberto Javier Peralta Barros present\u00f3 demanda contra la Corporaci\u00f3n El\u00e9ctrica de la Costa Atl\u00e1ntica \u2013Corelca S.A. ESP y otros para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1 de la Ley 33 de 1985, por el monto de 75% del promedio actualizado de salarios devengados en los \u00faltimos 12 meses a partir del 29 de julio de 2007, petitum que fue desestimado en ambas instancias. <\/p>\n
Inconforme, el all\u00ed gestor recurri\u00f3 en sede extraordinaria y la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 infirm\u00f3 la resoluci\u00f3n desfavorable del a quem para, en su lugar, acceder al pedimento y condenar a la UGPP a pagar el capital constitutivo del c\u00e1lculo actuarial que realice el extinto Instituto de Seguros Sociales, correspondiente a las sumas adeudadas por los factores salariales que integran la base de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n y los cuales fueron dejados de cotizar durante el periodo del 26 de julio de 1976 al 6 de septiembre de 1996. <\/p>\n
En ese orden, recalc\u00f3 que \u00abla UGPP no es la entidad competente para ello, en raz\u00f3n a que se desconoce de manera absoluta las funciones asignadas en el Decreto 130 del 30 de enero de 2014, que de manera taxativa se\u00f1al\u00f3 que la Unidad solo asumi\u00f3 de Corelca la administraci\u00f3n de n\u00f3mina de los pensionados, m\u00e1s no el reconocimiento y menos pago de emolumentos prestacionales derivados de omisiones prestacionales de la extinta Corelca\u00bb y que \u00abla entidad encargada del pago de las sumas reconocidas en el fallo laboral, conforme al par\u00e1grafo del art\u00edculo 20 del Decreto 3000 de 2011 y el par\u00e1grafo del art\u00edculo 1 y el art\u00edculo 3 del Decreto 130 de 2014, estar\u00e1n a cargo de la Naci\u00f3n \u2013 Ministerio de Minas y Energ\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, enfatiz\u00f3 en que \u00abal no tener la UGPP legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva para cumplir la orden judicial controvertida y no contar con los recursos destinados por CORELCA para ello hace que la orden conlleve una grave afectaci\u00f3n del derecho al debido proceso en sus modalidades de contradicci\u00f3n y defensa, no solo del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA sino hoy de la UNIDAD como sucesora procesal de CORELCA quien est\u00e1 imposibilitada para dar cumplimiento a las \u00f3rdenes judiciales hoy controvertidas, haciendo procedente esta acci\u00f3n constitucional para poner fin a estas irregularidades\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, adujo que \u00abante la seria irregularidad descrita, el recurso extraordinario de revisi\u00f3n no es el medio eficaz para evitar la consumaci\u00f3n del perjuicio irremediable que se ocasiona en este caso, por dos razones: i.- porque no admite medidas provisionales, gener\u00e1ndose que aun cuando se interponga, ii.- se debe cumplir las \u00f3rdenes judiciales del 04 de diciembre de 2019, sin que seamos competentes para ello y menos contar con recursos econ\u00f3micos para su pago\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3, en resumen, dejar sin efectos la decisi\u00f3n confutada y que, como consecuencia, \u00abse ORDENE a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N LABORAL SALA DE DESCONGESTI\u00d3N No. 3, dictar nueva sentencia ajustada a derecho, esto NO casando las sentencias del Juzgado Cuarto de Descongesti\u00f3n Laboral del Circuito de Barranquilla, en sentencia dictada el 28 de junio de 2012 y el fallo de segunda instancia Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, sentencia el 28 de febrero de 2013, que negaron las pretensiones del demandante\u00bb. <\/p>\n
De forma subsidiaria, requiri\u00f3 que \u00absean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales deprecados por la UGPP y vulnerados por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N LABORAL SALA DE DESCONGESTI\u00d3N NO. 3 en sentencia del 04 de diciembre de 2019\u00bb y, de esta manera, \u00abse SUSPENDA de manera transitoria la sentencia de casaci\u00f3n del del 04 de diciembre de 2019 (\u2026), hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que se iniciar\u00eda en virtud de su orden tutelar\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
De acuerdo con el compendio realizado en primera instancia, se tienen las siguientes: <\/p>\n
\u00abLa Sala de Descongesti\u00f3n 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia indic\u00f3 que la providencia no es arbitraria ni caprichosa, pues resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n con base en la normatividad y la jurisprudencia de esa sala especializada. Aport\u00f3 copia de la decisi\u00f3n censurada. <\/p>\n
El Juzgado 4\u00ba Laboral del Circuito de Barranquilla inform\u00f3 que verificada la base de datos no hall\u00f3 el radicado del proceso objeto de litigio, pero que, pudo constatar la remisi\u00f3n del expediente al hom\u00f3logo 6\u00ba Laboral de esa ciudad por reasignaci\u00f3n de procesos. En virtud de ello, comunic\u00f3 la vinculaci\u00f3n a ese juzgado. <\/p>\n
A su turno, el Juzgado 6\u00ba Laboral del Circuito de Barranquilla se abstuvo de pronunciarse frente a los hechos y pretensiones de la acci\u00f3n \u201cpor no tener acceso a las actuaciones surtidas ni haber fungido como juez dentro de las diligencias\u201d. <\/p>\n
Por su parte, la Generadora y Comercializadora de Energ\u00eda del Caribe -GELCA S.A ESP- hizo un recuento de las actuaciones y pretensiones formuladas por el accionante en el proceso ordinario laboral en el que fue llamado como litisconsorte necesario. Indic\u00f3 que se opuso a la prosperidad de la demanda pues si bien es cierto el convenio aludido por la parte actora es vigente, el mismo no es aplicable al caso concreto debido a que la sustituci\u00f3n patronal a trav\u00e9s del convenio no impon\u00eda asumir las obligaciones pensionales. Anot\u00f3 que la Generadora de Energ\u00eda del Caribe result\u00f3 absuelta en el fallo de casaci\u00f3n censurado, por tanto, no tiene inter\u00e9s jur\u00eddico en la presente acci\u00f3n. Ello, por cuanto el accionante no acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio inminente que haga necesaria la intervenci\u00f3n del juez de tutela para la inmediata protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad que alega vulnerados HENRY GUTI\u00c9RREZ, lo que permite diferir el resultado al momento del fallo luego de surtirse el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
Con todo, anot\u00f3 que el accionante pretend\u00eda la condena al empleador o a su sustituto por el incumplimiento de los deberes de cotizaci\u00f3n, de pagar el mayor valor que resultare entre la pensi\u00f3n otorgada por el ISS y la que le hubiere correspondido con base en las reales cotizaciones realizadas o certificadas, no un doble cubrimiento pensional. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda 26 Judicial II Delegada para el Trabajo y la Seguridad Social se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n por el incumplimiento de los requisitos espec\u00edficos de procedencia. Puntualiz\u00f3 que la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral se bas\u00f3 en un an\u00e1lisis serio y razonable de las pruebas allegadas al proceso, teniendo en cuenta el precedente jurisprudencial y legal. <\/p>\n
La Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.- Fiduagraria-, relat\u00f3 su relaci\u00f3n con CORELCA S.A. ESP que se limita al contrato de fiducia mercantil de administraci\u00f3n y pagos 073-2013 con el objeto de constituir un patrimonio aut\u00f3nomo de remanentes activos. Seguidamente, se\u00f1al\u00f3 que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, por consiguiente, solicita se niegue la acci\u00f3n y se desvincule del tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el resguardo, porque \u00aba trav\u00e9s del Acto Legislativo 01 de 2005 se adicion\u00f3 un inciso al art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, acorde con el cual se impuso al legislador la creaci\u00f3n de un procedimiento breve para la revisi\u00f3n de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales v\u00e1lidamente celebrados. En cumplimiento de lo anterior, los art\u00edculos 20 de la Ley 797 de 2003 y 30 a 34 de la Ley 712 de 2001 disponen que el recurso de revisi\u00f3n relacionado con el reconocimiento de sumas peri\u00f3dicas a cargo del Tesoro P\u00fablico o de fondos de naturaleza p\u00fablica, debe presentarse dentro de los 5 a\u00f1os siguientes a la ejecutoria de la providencia que declara el derecho. En ese orden, es manifiesto que la parte actora a\u00fan puede hacer uso del mencionado medio de defensa de sus derechos, pero tampoco lo ha hecho a la fecha, con lo cual se refuerza la improcedencia de la protecci\u00f3n demandada\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, se\u00f1al\u00f3 que, adem\u00e1s, \u00ablos razonamientos planteados en la decisi\u00f3n cuestionada se ofrecen ajustados a derecho, pues se encuentran fundamentados en las disposiciones legales y la jurisprudencia sobre la materia. El contraste de ese marco jur\u00eddico con el caso concreto permite a la Sala alcanzar la misma conclusi\u00f3n\u00bb, aunado a que se \u00abconden\u00f3 a la UGPP \u201csucesora procesal de CORELCA S.A. ESP\u201d, a pagar al ISS el capital que debe integrar el IBC de la prestaci\u00f3n, cuyas cotizaciones se efectuaron de forma deficitaria a Alberto Peralta durante el tiempo en que prest\u00f3 sus servicios a CORELCA S.A., sin que dicha carga sea incomprensible como lo plantea la parte actora, pues en la demanda reconoce que \u201cse expidi\u00f3 el Decreto 3000 de 2011, donde en su art\u00edculo 1 se asign\u00f3 la competencia a la UGPP a partir del 1 de febrero de 2014 para asumir la funci\u00f3n pensional de la Corporaci\u00f3n El\u00e9ctrica de la Costa Atl\u00e1ntica S.A. E.S.P. (Corelca) en Liquidaci\u00f3n, la defensa judicial de los procesos pensionales asociados a esta, as\u00ed como la administraci\u00f3n de la n\u00f3mina de los pensionados y se determin\u00f3 que el pago de las mesadas pensionales ser\u00e1 realizado a trav\u00e9s del Fondo de Pensiones P\u00fablicas del Nivel Nacional (Fopep)\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La entidad censora recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abel juez de primera instancia no entendi\u00f3 el problema jur\u00eddico que se le puso de presente en la demanda de tutela pues como as\u00ed se indic\u00f3 en ella la Unidad inco\u00f3 la misma por la FALTA DE COMPETENCIA DE LA UGPP para pagar las sumas de dinero que se deriven del c\u00e1lculo actuarial que Colpensiones debe hacer en este caso por cotizaciones deficitarias por el periodo 26 de julio de 1976 hasta el 6 de septiembre de 1996, originada de los conceptos salariales no tenidos en cuenta por el empleador del se\u00f1or ALBERTO PERALTA BARROS y que deb\u00edan integrar el IBC de su pensi\u00f3n, m\u00e1s NUNCA se le indic\u00f3 que la irregularidad en el fallo cuestionado radicaba en que el causante no ten\u00eda derecho a esas cotizaciones\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral de la referencia (SL5638-2019, rad. 68546), por casar el fallo desestimatorio del ad quem, supuestamente en desmedro de las prerrogativas fundamentales de la UGPP, por no ser la llamada al pago de las acreencias reconocidas. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3. Del caso concreto. La acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
3.1. Revisados los planteamientos de la UGPP de cara a las pruebas recaudadas y la determinaci\u00f3n confutada, observa la Corte que las discrepancias tra\u00eddas en esta oportunidad son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por la entidad quejosa es anteponer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica a la de la autoridad accionada y atacar, por esta senda, una decisi\u00f3n que le fue adversa, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n tuitiva pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional no solo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del juez, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En el presente caso, la parte accionante si bien endilga a las decisi\u00f3n que cuestiona defectos (i) procedimental absoluto \u2013por las supuesta falta de integraci\u00f3n correcta del contradictorio, la carencia de legitimaci\u00f3n por pasiva en cabeza de la UGPP y la imposibilidad de \u00abasumir funciones expresamente asignadas a otra entidad\u00bb\u2013 y (ii) sustantivo \u2013por, presuntamente, desconocer en qu\u00e9 consisten las cotizaciones deficitarias, cu\u00e1l es la autoridad competente para cubrir ese rubro y la diferencia entre el c\u00e1lculo por las citadas cotizaciones y el generado con los reconocimientos pensionales\u2013, no expresa con suficiencia en qu\u00e9 consistieron, sino que enfila su disertaci\u00f3n a insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo al interior del proceso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
De esta manera, se colige que la intenci\u00f3n de la entidad querellante es imponer su apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico sobre el criterio de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n encartada, lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una nueva revisi\u00f3n de instancia, en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la tem\u00e1tica, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto la configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha destacado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Lo anterior por cuanto, como tiene dicho esta Corte, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
3.2. De otra parte, se precisa que, si en criterio de la gestora persisten las eventuales irregularidades denunciadas en esta sede \u2013y en caso de que se acrediten los requisitos para ello\u2013, tal como lo afirm\u00f3 en el escrito introductor y conforme reliev\u00f3 el a quo constitucional1, conserva la posibilidad de ejercitar el medio de defensa pertinente en procura de la salvaguarda que solicita a trav\u00e9s del amparo. <\/p>\n
3.3. Por lo dem\u00e1s, tampoco es viable conceder la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dado que la Corte no encuentra que se hayan esbozado y menos probado las exigencias que hagan posible el auxilio en tales condiciones, pues, para tal evento, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01), y porque \u00abesta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesi\u00f3n constitucional\u00bb (CC SU-111\/97). <\/p>\n
Al respecto, cabe recordar que la simple afirmaci\u00f3n del hipot\u00e9tico acaecimiento del citado menoscabo es insuficiente para justificar la procedencia de la protecci\u00f3n deprecada, aunado a que, auscultada la sentencia SU-427 de 2016, tra\u00edda a colaci\u00f3n, no se evidencia identidad estricta con el caso analizado, teniendo en cuenta que, en esa decisi\u00f3n, la Corte Constitucional estableci\u00f3 la legitimaci\u00f3n de la UGPP para presentar el recurso de revisi\u00f3n (en virtud del art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003) y la procedencia del amparo cuando se acredite que la pensi\u00f3n fue adquirida con abuso del derecho o sin el cumplimiento de requisitos legales2, mientras que la discusi\u00f3n aqu\u00ed planteada se circunscribe a la competencia o no de la entidad convocante para realizar dicho pago. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por las puntuales razones precedentes, la impugnaci\u00f3n no est\u00e1 llamada a prosperar, pues lo pretendido por el extremo demandante resulta improcedente, habida cuenta que desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional y la naturaleza residual de este mecanismo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 La Sala de Casaci\u00f3n Penal, en primera instancia, refiri\u00f3 que \u00ablos art\u00edculos 20 de la Ley 797 de 2003 y 30 a 34 de la Ley 712 de 2001 disponen que el recurso de revisi\u00f3n relacionado con el reconocimiento de sumas peri\u00f3dicas a cargo del Tesoro P\u00fablico o de fondos de naturaleza p\u00fablica, debe presentarse dentro de los 5 a\u00f1os siguientes a la ejecutoria de la providencia que declara el derecho. En ese orden, es manifiesto que la parte actora a\u00fan puede hacer uso del mencionado medio de defensa de sus derechos, pero tampoco lo ha hecho a la fecha, con lo cual se refuerza la improcedencia de la protecci\u00f3n demandada\u00bb (f. 10). <\/p>\n
2\u0002 Es oportuno precisar que all\u00ed se fij\u00f3 como una de las reglas la siguiente: \u00ab(b) Ante la existencia de dicho recurso de revisi\u00f3n, en principio, las acciones de tutela interpuestas por la UGPP contra providencias judiciales en las que presuntamente se incurri\u00f3 en un abuso del derecho en el reconocimiento y\/o liquidaci\u00f3n de una prestaci\u00f3n peri\u00f3dica son improcedentes, salvo en aquellos casos en los que de manera palmaria se evidencie la ocurrencia de dicha irregularidad\u00bb (se destaca). <\/p>\n
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STC10846-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2020-01027-01 (Aprobado en Sala de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 4 de agosto de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56520","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56520","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56520"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56520\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56520"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56520"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56520"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}