STC10850-2021 <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC10850-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02880-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata la tutela que Evelio Orozco Roa le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y al Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de esa misma ciudad, extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2013-00141. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb por \u00ab(\u2026) HABERSE GENERADO UNA INDEBIDA MOTIVACI\u00d3N DE LA SENTENCIA QUE CONLLEVAR\u00cdA A UNA V\u00cdA DE HECHO (\u2026), al haberse denegado la suspensi\u00f3n condicional de la pena y\/o en su defecto la prisi\u00f3n domiciliaria\u00bb. <\/p>\n
En compendi\u00f3, adujo que el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Ibagu\u00e9, tras hallarlo responsable de los delitos de peculado por apropiaci\u00f3n en concurso homog\u00e9neo y sucesivo le impuso una pena de 59 meses y 12 d\u00edas de prisi\u00f3n y multa de $99.000.000, as\u00ed como la accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por id\u00e9ntico tiempo y le neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria (19 jul. 2018). <\/p>\n
Sostuvo que la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 modific\u00f3 dicho veredicto para, en su lugar, \u00abcondenarlo a 36 meses de prisi\u00f3n y multa de 60 millones de pesos como coautores responsables del punible de peculado por apropiaci\u00f3n. As\u00ed mismo, modific\u00f3 el numeral tercero de la parte resolutiva e imponer la pena accesoria de inhabilitaci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas en 36 meses\u00bb (17 feb. 2020), determinaci\u00f3n recurrida en casaci\u00f3n, pero inadmitida en prove\u00eddo de 27 de enero de 2021 (AP 284). <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abla falta de motivaci\u00f3n de los falladores de 1\u00aa y 2\u00aa instancia en los fallos condenatorios va en contrav\u00eda de la normatividad pues se ha violado el derecho al debido proceso por lo que pone en entre dicho la correcta aplicaci\u00f3n de las leyes para el caso en concreto y decidiendo la aplicabilidad de las Leyes 1453 de 2011 y la 1709 de 2014, cuando est\u00e1n a\u00fan no hab\u00edan nacido a la vida jur\u00eddica al momento de la comisi\u00f3n del hecho generador del delito del que fue acusado el ac\u00e1 acci\u00f3nate\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal manifest\u00f3 que \u00abpese a asegurar en su escrito que acudi\u00f3 a la acci\u00f3n constitucional dentro de un t\u00e9rmino razonable, lo cierto es que no es as\u00ed, pues la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n promovida por su defensor en contra del fallo de segunda instancia, el 27 de enero de 2021, esto es, hace m\u00e1s de seis meses. (\u2026) Adicionalmente, los cuestionamientos que en sede extraordinaria se realizaron desatendieron la t\u00e9cnica propia de la casaci\u00f3n y quebrantaron el principio de correcci\u00f3n material, tal como lo consign\u00f3 la Corte en el prove\u00eddo del 27 de enero de 2021\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y la Fiscal\u00eda 52 de la Unidad de Vida defendieron la legalidad de lo rituado y el primero remiti\u00f3 \u00ablink de acceso a la causa 2013 -00141. <\/p>\n
El Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de esa localidad arguy\u00f3 que \u00abde lo actuado no se deriva vulneraci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales del accionante, por lo que respetuosamente solicito se nieguen las pretensiones elevadas por el actor dentro de este tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda 22 adscrita a la Unidad de Administraci\u00f3n P\u00fablica de la Seccional Tolima indic\u00f3 no haber adelantado indagaci\u00f3n, investigaci\u00f3n o juicio en contra de Evelio Orozco bajo el procedimiento de la ley 906 de 2004; la 50 Seccional de la misma Unidad en Ibagu\u00e9 inform\u00f3 que \u00ab(\u2026) en las funciones de Fiscal Seccional que se me han asignado, no ha me ha correspondido conocer carga laboral de LEY 600\/2000, razones suficientes que me imposibilitan hacer pronunciamiento alguno frente a los hechos denunciados por el se\u00f1or OROZCO ROA, en las que presuntamente se habr\u00edan vulnerado sus derechos\u00bb, y la Fiscal\u00eda 12 Seccional Unidad de Descongesti\u00f3n dijo que en \u00abel sistema de informaci\u00f3n misional SIJUF por nombre del denunciante EVELIO OROZCO ROA, figura una investigaci\u00f3n bajo el radicado 235394 \u2013 Inactiva \u2013 en este despacho Fiscal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se anuncia la inviabilidad del ruego superlativo, porque si bien es cierto el gestor cuestiona las sentencias de 19 de julio de 2018 y 17 de febrero de 2020 que lo condenaron por el punible de \u00abpeculado por apropiaci\u00f3n\u00bb, no es menos cierto que contra la \u00faltima providencia interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue \u00abinadmitido\u00bb el 27 de enero \u00faltimo, por falta de t\u00e9cnica en su formulaci\u00f3n. <\/p>\n
Para llegar a dicha decisi\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, delanteramente esboz\u00f3, que <\/p>\n
\u00abAqu\u00ed, no basta citar los elementos de prueba sobre los que recay\u00f3 el error, hay que se\u00f1alar de qu\u00e9 manera el fallador tergivers\u00f3 o desfigur\u00f3 el hecho que ellos revelan. (\u2026) En todos los eventos le asiste la obligaci\u00f3n de hacer manifiesta la trascendencia del desacierto judicial, es decir, c\u00f3mo, de no haberse presentado el mismo las conclusiones de la sentencia habr\u00edan sido totalmente diferentes y favorable al sujeto que representa\u00bb. <\/p>\n
Y, a partir de dicho raciocinio, afirm\u00f3 que <\/p>\n
\u00abEn el ac\u00e1pite inicial, el memorialista incurri\u00f3 en imprecisiones que denotan fragilidades en su discurso. Registr\u00f3 la Ley 906 de 2004 como aplicable en esta ocasi\u00f3n, cuando es claro que la actuaci\u00f3n se rigi\u00f3 por la Ley 600 de 2000, por lo que eran sus disposiciones las que ha debido observar para la sustentaci\u00f3n adecuada de la demanda. M\u00e1s adelante, al particularizar la autoridad que profiri\u00f3 la determinaci\u00f3n recurrida, se\u00f1al\u00f3 a la Sala de Adolescentes, pese a que la providencia fue emitida por la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9; y, a lo largo de su exposici\u00f3n, utiliz\u00f3 inadecuadamente el vocablo \u201ca quo\u201d para referirse al fallador de segundo grado, con lo cual inadvirti\u00f3 que en el \u00e1mbito jur\u00eddico ese t\u00e9rmino se emplea para identificar al juez que conoci\u00f3 en la instancia inferior, que en este caso ser\u00eda el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Ibagu\u00e9, no el colegiado, en tanto la casaci\u00f3n no constituye una tercera instancia. <\/p>\n
Finalmente, concluy\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el letrado desatendi\u00f3 los requerimientos se\u00f1alados por la jurisprudencia para una adecuada censura por esa v\u00eda, pues no indic\u00f3 cu\u00e1l fue el sentido equ\u00edvoco que el juzgador le confiri\u00f3 a la norma o cu\u00e1l el efecto contrario que le dio a su real contenido. Su planteamiento, bastante confuso, no pretende otra cosa que intentar una mezcla indebida de disposiciones e incluir en ellas hip\u00f3tesis inexistentes. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala en STC083-2021 (21 en.) resalt\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEs pertinente indicar que el referido remedio extraordinario impone al libelista cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Significa lo anterior, que el desaprovechamiento de esa herramienta por \u00abfalta de t\u00e9cnica\u00bb traslada al impulsor las resultas adversas que dicha conducta conlleva. <\/p>\n
2.- Son estas razones las que conllevan el fracaso del socorro instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA el amparo instado por Evelio Orozco Roa. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s \u00e1gil a los interesados y, de no impugnarse el fallo, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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