STC10860-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10860-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02692-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito de Santander Ltda -Financiera Comultrasan- contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes e interesados en el proceso ejecutivo de radicado 2015-00176-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora, a trav\u00e9s de apoderada judicial, procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la causa referida. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. La tutelante inici\u00f3 proceso ejecutivo en contra de Paula Ortiz de Duran, con el fin de que se librara \u00abmandamiento ejecutivo de pago\u00bb por la suma de \u00ab$91.797.325 correspondiente al saldo de capital adeudado, contenida y representada en el pagar\u00e9 n\u00famero 022-0065-02189243\u00bb1. <\/p>\n
2.2. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Sal Gil2, quien, en auto del 7 de diciembre de 2015, resolvi\u00f3 \u00ablibrar mandamiento ejecutivo\u00bb en contra de la ejecutada3. Sin embargo, el 16 de junio de 2016, declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado, por cuanto \u00ablibr\u00f3 mandamiento de pago en contra de una persona fallecida, hip\u00f3tesis consagrada en [el art\u00edculo 141-1 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil] raz\u00f3n por la cual al haberse constatado que la demandada PAULA ORTIZ DE DURAN, falleci\u00f3 el 22 de septiembre de 2015, lo l\u00f3gico y razonable es que todo [\u2026] quede sin ning\u00fan valor\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, orden\u00f3 a \u00abla parte actora que aduce la demanda teniendo en cuenta lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 89 del C. de P. C., y 1434 del C\u00f3digo Civil, precisando el nombre de los herederos de la se\u00f1ora PAULA ORTIZ DE DURAN, sus direcciones y allegando la prueba civil de parentesco que une a estos con la cujus [\u2026]\u00bb4. <\/p>\n
2.3. En efecto, el extremo activo present\u00f3 nueva demanda5. En virtud de esta, el funcionario judicial dispuso el 30 de junio de 2016, la notificaci\u00f3n de \u00abla existencia del t\u00edtulo ejecutivo (Pagar\u00e9 No. 0220065002189243 y Escritura P\u00fablica de hipoteca 2387 del 21 de octubre de 2013\u00bb a los herederos Sandra, Dora Jasmin y Carlos Edinson Duran Ortiz6, los cuales fueron emplazados conforme al numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 318 del C. P. C. <\/p>\n
2.4. El 31 de agosto siguiente, el Juzgado requiri\u00f3 a \u00abla parte demandante para que d\u00e9 cumplimiento a la subsiguiente etapa en [ese] proceso [\u2026], esto es, para que realice las diligencias tendientes a la notificaci\u00f3n de la existencia del t\u00edtulo ejecutivo a los herederos\u00bb referidos7. Actuaci\u00f3n que fue cumplida por el interesado, por lo que el 10 de noviembre de ese mismo a\u00f1o, el despacho design\u00f3 curadores ad litem para Dora Jasm\u00edn y Carlos Eduardo Duran Ortiz8. <\/p>\n
2.5. Efectuado lo anterior, la autoridad referida en auto de 4 de abril de 2017, libr\u00f3 mandamiento ejecutivo en contra de los herederos determinados. Adem\u00e1s, orden\u00f3 la notificaci\u00f3n de ese prove\u00eddo \u00aben la forma prevista en el art\u00edculo 505 del C.P.C., inform\u00e1ndole del t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas que goza para ejercer su derecho a la defensa o proponer excepciones\u00bb9. <\/p>\n
2.6. La curadora ad litem de los herederos indeterminados, present\u00f3 excepci\u00f3n de m\u00e9rito consistente \u00abEN LA PRESCRIPCI\u00d3N DE LA ACCI\u00d3N CAMBIARIA DEL T\u00cdTULO VALOR (PAGAR\u00c9)\u00bb, por cuanto desde la \u00abfecha de la exigibilidad de la obligaci\u00f3n, esto es desde la fecha en que la entidad bancaria declar\u00f3 exigible la obligaci\u00f3n el d\u00eda 20 de septiembre de 2015 han transcurrido m\u00e1s de tres a\u00f1os, configur\u00e1ndose la NO interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino legal se\u00f1alado en el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso [\u2026]\u00bb10. <\/p>\n
2.7. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, en audiencia del 28 de mayo de 2019, el Juez determin\u00f3 declarar \u00abprobada la excepci\u00f3n de \u201cPrescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria\u201d del t\u00edtulo valor pagar\u00e9, propuesta por la parte demandada\u00bb. Asimismo, deneg\u00f3 \u00ablas pretensiones de ejecuci\u00f3n de la obligaci\u00f3n contenida en el pagar\u00e9 No. 022-0065-02189243 [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la sociedad actora interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue concedido en el efecto suspensivo11. No obstante, el Tribunal querellado en prove\u00eddo del 6 de mayo de 2021, decidi\u00f3 \u00abconfirmar la sentencia de primera instancia, proferida el 28 de mayo de 2019 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil\u00bb12. <\/p>\n
2.8. As\u00ed las cosas, la promotora, por v\u00eda de tutela, expresa que \u00abdentro del sub judice, se observan diferentes falencias de aplicaci\u00f3n de las normas, falta de aplicaci\u00f3n de otras y una indebida valoraci\u00f3n de pruebas como medio para sustentar la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal; como el asunto de marras estriba en un solo problema jur\u00eddico, el cual se centra en determinar si existi\u00f3 o no prescripci\u00f3n del pagar\u00e9 No 022006502189243\u00bb. <\/p>\n
Resalta que el despacho soslay\u00f3 que \u00abnos encontramos ante una obligaci\u00f3n constituida por hipoteca la cual est\u00e1 garantizado el pagare n\u00famero No 022006502189243, sin que por el hecho de garantizar el pr\u00e9stamo de mutuo a trav\u00e9s de un t\u00edtulo valor pagar\u00e9, se considere que nos encontramos ante los presupuestos exigidos para este derecho cartular cambiario, sino los t\u00e9rminos a que se deben hacer alusi\u00f3n, ser\u00e1n los consagrados en el art\u00edculo 2535\u00bb y 2536 del C\u00f3digo Civil, que establece que \u00abla acci\u00f3n ejecutiva se prescribe por cinco (5) a\u00f1os. Y la ordinaria por diez (10)\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, se\u00f1ala que la \u00abacci\u00f3n ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) a\u00f1os, y convertida en ordinaria durar\u00e1 solamente otros cinco (5)\u00bb. Y una \u00abvez interrumpida o renunciada una prescripci\u00f3n, comenzar\u00e1 a contarse nuevamente el respectivo t\u00e9rmino\u00bb. Por tanto, el \u00abt\u00e9rmino de prescripci\u00f3n para la hipoteca ser\u00e1 de 5 a\u00f1os y no de tres como mal lo interpret\u00f3 tanto el ad quo, como el Tribunal, quienes consideraron que el t\u00edtulo valor pagare est\u00e1 desligado o aut\u00f3nomo de la escritura p\u00fablica 2.387 del 21 de octubre de 2013 la cual le otorg\u00f3 a la fallecida [demandada] un cupo aprobado por [$120.000.000]\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, indica que los t\u00e9rminos de \u00abnotificaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 94 del CGP, frente a los herederos demandados de PAULA ORTIZ DE DURAN [\u2026] quedaron notificados el d\u00eda 22 de noviembre de 2017, con la contestaci\u00f3n de su demanda, esto es, dentro de los tres a\u00f1os siguientes a la exigibilidad del t\u00edtulo valor, para la prescripci\u00f3n trienal que ordena el art\u00edculo 789 del C\u00f3digo de Comercio [\u2026]\u00bb. Por su parte la \u00abvinculaci\u00f3n del litisconsorte necesario se llev\u00f3 a cabo mediante auto de fecha 1 de marzo de 2018, con la citaci\u00f3n a herederos indeterminados representados por curador ad litem, feneciendo el t\u00e9rmino de notificaci\u00f3n hasta el 1 de marzo de 2019; pero quedando notificado el curador ad litem el d\u00eda 12 de diciembre de 2018, esto es, dentro del a\u00f1o que se\u00f1ala el art\u00edculo 94 del CGP\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, insta para que \u00abse deje sin efecto la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil de fecha 28 de mayo de 2019 y segunda instancia proferida por el Tribunal de San Gil Sala Civil de fecha 6 de mayo de 2021\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil remiti\u00f3 el link del expediente virtual del asunto sub judice13. <\/p>\n
2. El Tribunal querellado manifest\u00f3 que \u00abel expediente fue devuelto al Juzgado 1\u00b0 Civil del Circuito del Socorro, el 15 de julio de 2021 con el oficio 304\u00bb, asimismo, adjunt\u00f3 copia de la providencia dictada por esa Sala el 6 de mayo de 202114. <\/p>\n
3. El apoderado de los herederos se\u00f1al\u00f3 que \u00ablas decisiones emitidas tanto por la primera como por la segunda instancia que declararon la operancia de la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n cambiaria promovida, est\u00e1n ajustadas al ordenamiento, sus interpretaciones m\u00e1s que plausibles son acertadas, no se advierten antojadizas, absurdas o arbitrarias que permitan o reclamen la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues no se pierda de vista que la acci\u00f3n de tutela no es una tercera instancia sino es el remedio para espec\u00edficos asuntos en los que la decisi\u00f3n censurada se torne ilegal y cuya interpretaci\u00f3n efectuada por los operadores para concluir los hechos jur\u00eddicamente relevantes soporte de la aplicaci\u00f3n de las normas que definieron el caso [\u2026]\u00bb15. <\/p>\n
4. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente asunto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por la sociedad promotora con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 6 de mayo de 2021, que confirm\u00f3 declarar probada la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria del t\u00edtulo valor. Ello pues, a su juicio, se incurri\u00f3 en los defectos sustantivo y f\u00e1ctico toda vez que se debi\u00f3 aplicar lo consagrado en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, por cuanto se trataba de un proceso ejecutivo con garant\u00eda inmobiliaria. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, el amparo impetrado habr\u00e1 de ser denegado. En efecto, se considera que la resoluci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga el apremiante resguardo, independientemente de que sea o no compartido. <\/p>\n
3. Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n accionada, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n, expres\u00f3 los motivos por los cuales decidi\u00f3 confirmar la providencia del a quo. <\/p>\n
Para ello, de entrada aclar\u00f3 frente a la prescripci\u00f3n de t\u00edtulos valores -pagar\u00e9- que \u00abopera en tres a\u00f1os, tal como lo consagra el art. 789 del C. de Co. no obstante, la vocaci\u00f3n extintiva de la figura en comento, puede ser renunciada o interrumpida, produci\u00e9ndose \u00e9sta \u00faltima de manera civil con el acto de presentaci\u00f3n de la demanda, siempre que se cumpla con la carga de lograr la notificaci\u00f3n del ejecutado dentro del t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o contado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n del mandamiento ejecutivo por estado o personalmente al ejecutante, conforme lo establece el art. 94 del C.G.P.; y la renuncia de manera expresa o t\u00e1cita, esta \u00faltima, \u201ccuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del due\u00f1o o del acreedor\u2026\u201d. Art- 2514 del C.C.\u00bb. <\/p>\n
Con referencia al caso sub judice, se\u00f1al\u00f3 que para establecer la viabilidad de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n alegada, \u00abcomo primera medida [precis\u00f3] que no obstante estar pactado el pago de la obligaci\u00f3n en cuotas sucesivas, cuyo vencimiento final era 19 de febrero de 2020, el acreedor d\u00e1ndole alcance a lo estipulado en el pagar\u00e9, en el sentido que \u201cautorizamos a la Cooperativa o tenedor legitimo hacer exigible anticipadamente el cumplimiento de la totalidad de la obligaci\u00f3n de manera inmediata o el pago del saldo o saldos insolutos, m\u00e1s los intereses, costas y dem\u00e1s gastos\u201d, decidi\u00f3 demandar la totalidad de la obligaci\u00f3n, es decir, tanto las cuotas vencidas como el saldo insoluto [\u2026] desde el 20 de septiembre de 2015; de donde atendiendo su propia decisi\u00f3n y dada esta particular circunstancia, para todos los efectos legales ha de tenerse como fecha de vencimiento de la obligaci\u00f3n el 20 de septiembre de 2015\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, sostuvo que la notificaci\u00f3n del auto de mandamiento de pago \u2013emitido el 4 de abril de 2017- se produjo el 12 de diciembre de 2018 a la Curadora Ad Litem de los herederos indeterminados de la referida causante, por lo tanto, \u00abes evidente que para esa fecha, el t\u00e9rmino prescriptivo de 3 a\u00f1os se encontraba consumado; sin que la presentaci\u00f3n de la demanda cumplida el 26 de noviembre de 2015 haya producido los efectos de interrupci\u00f3n previstos en el art. 94 del C.G.P., dado que no se cumpli\u00f3 con la carga all\u00ed impuesta\u00bb, concerniente a \u00abnotificar a la totalidad de los herederos de la causante [\u2026], aqu\u00ed ejecutada, dentro del t\u00e9rmino de un a\u00f1o a la fecha de notificaci\u00f3n del auto de apremio al ejecutante\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, lo anterior resulta en ese sentido dado que \u00abcuando se demanda ejecutivamente a los herederos del deudor, se configura un litisconsorcio necesario por pasiva; luego entonces, los recursos y las actuaciones de cada uno favorece a los dem\u00e1s, tal como lo consagra el art. 61 del C.G.P., adem\u00e1s, la decisi\u00f3n que se adopte es vinculante y uniforme frente a todos los interesados\u00bb. <\/p>\n
Dicho lo precedente, referenci\u00f3 que la \u00abmodalidad aceleratoria que fue la que le permiti\u00f3 al acreedor al presentar la demanda el 26 de noviembre de 2015 cobrar la totalidad de la obligaci\u00f3n ($91.797.325) e intereses a partir de la incursi\u00f3n en mora, esto es, el 20 de septiembre de 2015\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, indic\u00f3 en lo tocante con que la obligaci\u00f3n se hizo exigible desde el 20 de septiembre de 2015 y, ese mismo d\u00eda inici\u00f3 la mora de la deudora, es claro que teniendo esa fecha como la del \u00abvencimiento de la obligaci\u00f3n [\u2026] no pod\u00eda luego de que se le propuso la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, pretender restituir el plazo pactado en el t\u00edtulo base de la ejecuci\u00f3n, porque la prerrogativa alusiva a la restituci\u00f3n del vencimiento estipulado, [del art. 69 de la Ley 45 de 1990], requiere el cumplimiento de un requisito sine qua non para operar, cual es que al momento de verificarse la aceleraci\u00f3n, el acreedor exija \u00fanicamente los intereses moratorios sobre las cuotas vencidas\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, puntualiz\u00f3 que el extremo activo al ejecutar la \u00abcl\u00e1usula aceleratoria pactada en el pagar\u00e9 [\u2026], con la demanda presentada en el mes de noviembre de 2015, es evidente que para optar por la restituci\u00f3n del plazo, deb\u00eda haber satisfecho la requisitoria mencionada, es decir, exigir no m\u00e1s que los intereses moratorios y las cuotas vencidas, al momento de interponer la demanda\u00bb. Y dado que as\u00ed no actu\u00f3 la aqu\u00ed tutelante, consider\u00f3 que \u00abprospera la prohibici\u00f3n que al respecto consagra la norma en comento lo que conlleva a ratificar que la ejecutante aceler\u00f3 el plazo total con la presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
4. De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior, am\u00e9n que aquella fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las probanzas allegadas al plenario y de las diligencias surtidas en el tr\u00e1mite del juicio ejecutivo, as\u00ed como de la normatividad procesal y sustancial que gobierna el asunto debatido, hermen\u00e9utica plausible que no impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En un caso de contornos similares, la Sala determin\u00f3 que <\/p>\n
\u00abPor virtud de lo anterior, se descarta la eventualidad de predicar que en la demarcada providencia la Colegiatura acusada hubiera incurrido en una actitud susceptible de ser cuestionada positivamente a trav\u00e9s de esta excepcional herramienta, dado que, seg\u00fan acaba de verse, la misma est\u00e1 soportada en una apreciaci\u00f3n razonable de lo acaecido en el expediente, en armon\u00eda con la normatividad procesal y sustantiva aplicable al tema en discusi\u00f3n, toda vez que, como bien lo detall\u00f3 el Tribunal acusado, para cuando se notific\u00f3 del mandamiento de pago librado el 12 de diciembre de 2016 a la demandada Deicy Bel\u00e9n Montenegro Cifuentes, esto es, el 28 de septiembre de 2018, ya hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino prescriptivo previsto en el art\u00edculo 789 del C\u00f3digo de Comercio, sin que este hubiese sido interrumpido con la notificaci\u00f3n de aquella decisi\u00f3n, toda vez que esta se efectu\u00f3 mucho tiempo despu\u00e9s del a\u00f1o a que alude el canon 94 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que sea de recibo la critica que la accionante le hace a la juez censurada [\u2026], cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en las decisiones cuestionadas se hubiera incurrido en la causal de procedencia del amparo denunciada, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela frente a la misma, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC7700-2020) (CSJ STC8290-2020. Oct. 8 de 2020. Rad. 2020-02577-00). <\/p>\n
T\u00e9ngase presente, como repetidamente lo ha se\u00f1alado la Corte, que el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u00abse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (ver entre otras, CSJ STC1229-2017). <\/p>\n
5. En definitiva, lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la Sala accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante. Por lo cual, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de autoridad de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. M\u00e1xime, cuando se observa que la decisi\u00f3n adoptada no muestra vulneraci\u00f3n alguna de los derechos invocados, pues el Tribunal de instancia se ci\u00f1\u00f3 a lo establecido por los c\u00e1nones 94 del C.G.P. y 789 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC3968-2021. 16 abr, rad. 2021-00239-02). <\/p>\n
6. Por lo razonado en precedencia, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a las partes e interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folios 8 a 11 del archivo PDF \u00ab01. Cuaderno Principal\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folio 4 Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 76 a 77 Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Folios 86 a 87 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Folios 93 a 95 Ib\u00eddem. <\/p>\n
6\u0002 Folio 97 Ib\u00eddem. <\/p>\n
7\u0002 Folio 99 Ib\u00eddem. <\/p>\n
8\u0002 Folios 108 Ib\u00eddem. <\/p>\n
9\u0002 Folios 133 a 135 Ib\u00eddem. <\/p>\n
10\u0002 Folios 244 a 246 Ib\u00eddem. <\/p>\n
11\u0002 Folios 402 a 406 Ib\u00eddem. <\/p>\n
12\u0002 Folios 24 a 37 del archivo PDF \u00ab04. Cuaderno Tribunal\u00bb. <\/p>\n
13\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 13 de agosto de 2021. <\/p>\n
14\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 17 de agosto de 2021. <\/p>\n
15\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 19 de agosto de 2021. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC10860-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC10860-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02692-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Cooperativa de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56534","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56534","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56534"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56534\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56534"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56534"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56534"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}