STC10880-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10880-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00407-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga el pasado 3 de agosto, dentro de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Peggy Covelli Alarc\u00f3n contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando por conducto de apoderado, acudi\u00f3 al presente mecanismo constitucional para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que estima lesionado por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Dijo que promovi\u00f3 un proceso verbal de impugnaci\u00f3n de (i) las decisiones adoptadas por la asamblea general de copropietarios del Conjunto Manzana El Laguito PH, en sesiones celebradas el 18 y 19 de marzo de 2021 y (ii) la decisi\u00f3n del consejo de administraci\u00f3n tomada en reuni\u00f3n ordinaria celebrada el 20 de abril del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Sostuvo que dicha actuaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, despacho que, con auto de 10 de junio siguiente se abstuvo de avocar el conocimiento por considerar que carec\u00eda de competencia y orden\u00f3 su remisi\u00f3n al reparto de los juzgados civiles municipales de Piedecuesta. <\/p>\n
Indic\u00f3 que contra dicha determinaci\u00f3n interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que fueron rechazados de plano mediante providencia de 22 de junio. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que formul\u00f3 reposici\u00f3n y queja, siendo decididos el pasado 21 de julio en el sentido de \u00abno reponer el auto recurrido\u2026 pero adem\u00e1s no concedi\u00f3 [sic] el recurso de queja\u00bb <\/p>\n
3. Estim\u00f3 que el juzgado convocado aplic\u00f3 erradamente los art\u00edculos 17-4 y 390-1 del C\u00f3digo General del Proceso y desconoci\u00f3 la regla de competencia establecida en el canon 20-8 de la referida codificaci\u00f3n. <\/p>\n
Acus\u00f3, entonces, la incursi\u00f3n en un \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb pues las normas en las que se sustent\u00f3 el rechazo de la demanda hacen relaci\u00f3n a conflictos de convivencia y\/o diferencias en el uso de bienes particulares o privados \u00ablo cual nada tiene que ver con las decisiones de la asamblea y del consejo de administraci\u00f3n cuya impugnaci\u00f3n esta reglada en el art\u00edculo 382 del C.G.P. y la competencia funcional para conocer dichas impugnaciones est\u00e1 taxativamente otorgada a los jueces civiles del circuito en el numeral 8 del art\u00edculo 20 del C.G. del Proceso[sic]\u00bb. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, de forma principal, \u00abrevocar el auto impugnado\u2026 y ordenar al Juez Primero (1\u00ba) Civil del Circuito de Bucaramanga asumir la competencia del proceso\u2026 contin\u00fae con el impulso procesal respectivo y adelante las actuaciones pertinentes [sic]\u00bb <\/p>\n
Subsidiariamente impetr\u00f3 \u00abordenar [al despacho convocado] conceder el recurso de queja interpuesto, continuar con el impulso procesal respectivo y adelantar las actuaciones pertinentes [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA AUTORIDAD ACCIONADA <\/p>\n
El titular de la c\u00e9lula judicial convocada se opuso a la prosperidad del resguardo por improcedente habida cuenta que, por una parte, en el auto cuestionado \u00abfueron expuestos los argumentos jur\u00eddicos por los cuales\u2026 dispuso rechazar la demanda\u2026 y orden\u00f3 remitir el expediente a los juzgados civiles municipales de Piedecuesta\u00bb y, por otra, porque \u00abno es el juez de tutela el competente para definir el conocimiento de los asuntos por los jueces ordinarios y est\u00e1 el tutelante alterando el curso ordinario del proceso\u00bb pues \u00aba la fecha el juez civil municipal no se ha declarado incompetente ni ha planteado conflicto negativo de competencia [sic]\u00bb <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Desestim\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada por cuanto \u00ablos argumentos vertidos en la providencia cuestionada, al margen de que se compartan, no resultan arbitrarios o caprichosos, pues obedecieron a la interpretaci\u00f3n del ordenamiento legal vigente, dentro del marco de la autonom\u00eda e independencia judicial\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, adujo que el resguardo se tornaba prematuro toda vez que en el presente caso \u00abno se ha adelantado\u2026 el tr\u00e1mite contemplado en el art\u00edculo 139 del C.G.P.\u00bb pues el juez al que se le ha remitido el asunto \u00aba\u00fan no se ha declarado incompetente ni ha planteado conflicto negativo de competencia\u00bb. <\/p>\n
Y, por \u00faltimo, resalt\u00f3 que ninguna irregularidad se advert\u00eda con el rechazo de los medios de impugnaci\u00f3n formulados por la quejosa frente a la providencia cuestionada porque tal proceder encuentra soporte en el propio art\u00edculo 139 del Estatuto Procedimental el cual indica que \u00abla repulsa de un funcionario para tramitar un asunto por considerarse incompetente no admite recurso alguno\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n reiterando los argumentos plasmados en el libelo genitor a los que agreg\u00f3 que \u00abal interior de la actuaci\u00f3n\u2026 no existe la posibilidad de que el juez civil municipal se declare incompetente, ni plantee un conflicto negativo de competencia en raz\u00f3n a que la remisi\u00f3n del expediente\u2026 la efectu\u00f3 el accionado\u2026 a su inferior funcional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad judicial querellada vulner\u00f3 la garant\u00eda denunciada por la accionante al rechazar la demanda de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea, juntas directivas o de socios por ella promovida contra el Conjunto Manzana El Laguito PH, al aplicar equivocadamente normas que no estaban llamadas a gobernar el asunto. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
2.1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2.2. Aunque los falladores ordinarios tienen libertad discreta y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo, en esos eventos la Sala ha indicado que resulta necesario estudiar de fondo la Salvaguarda si <\/p>\n
\u00ab\u2026existen circunstancias verdaderamente excepcionales que, puntual y casu\u00edsticamente verificadas, posibilitan que s\u00f3lo y \u00fanicamente cuando la decisi\u00f3n cuestionada encierra, per se, una anomal\u00eda en grado tal que el yerro enrostrado luzca bajo cualquier \u00f3ptica inadmisible, por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y \u00abpeligro para los atributos b\u00e1sicos\u00bb, es posible la extraordinaria intervenci\u00f3n del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada, por quien depreca el resguardo, al abandonar las v\u00edas legales con que cuenta para remediar sus males directamente en el proceso\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2014, rad. 00088-00, reiterada en STC9491-2016, 13 jul. 2016, rad. 00035-02, entre otras). <\/p>\n
En suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado. <\/p>\n
2.3. Sobre el defecto sustantivo, se ha dicho que se configura, entre otros supuestos, cuando deja de aplicarse una norma llamada a gobernar el tema o se hace en un sentido manifiestamente contrario a su contenido; al respecto, la Corte Constitucional ha explicado que se incurre en ese error cuando: <\/p>\n
\u00ab(i) la decisi\u00f3n cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, por ejemplo, ora porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada inconstitucional; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constituci\u00f3n le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iii) cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica; (iv) cuando la norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada; o finalmente, (v) en el evento en que, no obstante la norma en cuesti\u00f3n est\u00e1 vigente y es constitucional, no se adec\u00faa a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica a la cual se aplic\u00f3, porque a \u00e9sta, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente se\u00f1alados por el legislador\u00bb (CC T-781\/11). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Como se dijo, la presente queja constitucional est\u00e1 encaminada, concretamente, a remover los efectos de la providencia del pasado 10 de junio a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga rechaz\u00f3, por competencia, la demanda de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea formulada por Peggy Covelli Alarc\u00f3n y orden\u00f3 la remisi\u00f3n del asunto al reparto de los juzgados civiles municipales de Piedecuesta. <\/p>\n
Realizado el an\u00e1lisis pertinente de los argumentos presentados por la gestora, as\u00ed como de la informaci\u00f3n que arrojan las piezas procesales allegadas a la actuaci\u00f3n, la Sala advierte que la decisi\u00f3n atacada por esta v\u00eda excepcional adolece del defecto enunciado precedentemente pues el despacho convocado, para rehusar la competencia, acudi\u00f3 a una disposici\u00f3n que no era la llamada a gobernar la materia. <\/p>\n
En efecto, en el mentado auto el juzgado cognoscente refiri\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(…) revisada la demanda se tiene que la parte actora demanda el acta de la Asamblea de Copropietarios del Conjunto Manzana El Laguito P.H., realizada en reuni\u00f3n ordinaria el d\u00eda 18 de marzo de 2021\u2026 por vulnerar las disposiciones contenidas en la Leu 675 de 2001 y la decisi\u00f3n del Consejo de Administraci\u00f3n en reuni\u00f3n ordinaria del 20 de abril de 2021, que aprueba la elecci\u00f3n de los miembros principales y suplentes. <\/p>\n
Por tanto, se trata de un asunto que gira en torno del r\u00e9gimen de propiedad horizontal, para lo cual el legislador estableci\u00f3 de modo imperativo un tipo de proceso y un juez natural, en concreto el Juez Civil Municipal, en \u00fanica instancia, seg\u00fan lo contemplado en las disposiciones legales anteriormente se\u00f1aladas [arts. 17-4 y 390-1 C.G.P. y arts. 18 y 58 Ley 675 de 2001]. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Es de anotar que, en providencia del 19 de mayo de 2016, proferida por el honorable Tribunal Superior de Bucaramanga\u2026 en un caso similar y en donde se decret\u00f3 la nulidad del proceso, se manifest\u00f3 claramente que los asuntos donde se demanda la nulidad del acta de Asamblea General de Copropietarios, es de conocimiento del Juez Civil Municipal en \u00fanica instancia [sic]\u00bb <\/p>\n
Sin embargo, al revisar el contenido de las pretensiones de la demanda, se aprecia que las mismas no versan sobre la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de la Ley de Propiedad Horizontal (Ley 675 de 2001) o del reglamento de la copropiedad y menos sobre controversias referentes a la convivencia o el uso de bienes privados, sino que giran en torno al contenido del acta en la que se consignaron las decisiones de la asamblea general de copropietarios as\u00ed como la del consejo de administraci\u00f3n adoptada el 20 de abril siguiente, de manera que a trav\u00e9s del referido proceso lo que se persigue es la declaratoria de nulidad o ineficacia de tales instrumentos, luego entonces la norma llamada a gobernar el tema de la competencia no es el art\u00edculo 17-4 del C\u00f3digo General del Proceso ni el 390-1, sino el canon 20-8 \u00eddem que, en su tenor literal, indica: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Los jueces civiles del circuito conocen en primera instancia de los siguientes asuntos: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
8. De la impugnaci\u00f3n de actos de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro \u00f3rgano directivo de personas jur\u00eddicas sometidas al derecho privado, sin perjuicio de la competencia atribuida a las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, esta Corporaci\u00f3n se pronunci\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) basta se\u00f1alar que el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 20 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que los jueces civiles del circuito conoce en primera instancia \u00ab[d]e la impugnaci\u00f3n de actos de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro \u00f3rgano directivo de personas jur\u00eddicas sometidas al derecho privado, sin perjuicio de la competencia atribuida a las autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales\u00bb, norma que no excluye los actos de las asambleas generales de los edificios o conjuntos que se someten al r\u00e9gimen de propiedad horizontal mediante escritura p\u00fablica, que una vez inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, da origen a una persona jur\u00eddica (art. 4\u00ba Ley 1675 de 2001). <\/p>\n
Expresamente, el art\u00edculo 33 de la ley en cita establece que \u00ab[l]a persona jur\u00eddica originada en la constituci\u00f3n de la propiedad horizontal es de naturaleza civil, sin \u00e1nimo de lucro\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, los jueces civiles municipales ser\u00e1n competente para conocer en \u00fanica instancia \u00ab[d]e los conflictos que se presenten entre los copropietarios o tenedores del edificio o conjunto o entre ellos y el administrador, el consejo de administraci\u00f3n, o cualquier otro \u00f3rgano de direcci\u00f3n o control de la persona jur\u00eddica, en raz\u00f3n de la aplicaci\u00f3n o de la interpretaci\u00f3n de la ley y del reglamento de propiedad horizontal\u00bb, de conformidad con lo consagrado en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 17 del C.G.P. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no pueden ser de recibo los argumentos planteados por el despacho accionado que impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, y por tanto, lo consignado impone ratificar el fallo de primer grado que concedi\u00f3 el amparo constitucional a las gestoras\u00bb (CSJ STC11110\/19, ago. 20). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la c\u00e9lula judicial accionada, al rechazar la demanda por considerar que carec\u00eda de competencia funcional para asumir su conocimiento, sin tener en consideraci\u00f3n lo indicado precedentemente, se apoy\u00f3 en una disposici\u00f3n legal que no estaba llamada a gobernar el asunto, por lo que -se itera- incurri\u00f3 en un defecto sustantivo, de all\u00ed que lo procedente sea revocar el fallo de primer grado y conceder el resguardo solicitado. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Entonces, como consecuencia de la prosperidad de la impugnaci\u00f3n, se dejar\u00e1 sin valor ni efecto el auto del 10 de junio de 2021 proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, as\u00ed como las actuaciones surtidas con posterioridad, orden\u00e1ndole a dicho despacho que asuma el conocimiento de la demanda formulada por Peggy Covelli Alarc\u00f3n (rad. 2021-00083) contra el Conjunto Manzana el Laguito PH, y adopte las decisiones que estime pertinentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar, CONCEDER el amparo invocado por Peggy Covelli Alarc\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN VALOR NI EFECTO el auto de 10 de junio de 2021 por medio del cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga rechaz\u00f3 la demanda promovida por la aqu\u00ed accionante contra el Conjunto Manzana el Laguito PH (rad. 2021-00083), as\u00ed como las actuaciones surtidas con posterioridad a dicha data. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, avoque el conocimiento del proceso referido en el ordinal segundo y proceda con la calificaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
CUARTO: Comun\u00edquese por un medio expedito lo resuelto a las partes y a la sala a-quo, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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