STC10886-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10886-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2021-00286-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 4 de agosto de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Fernando Ortega Jurado contra el Juzgado de Familia de Dosquebradas, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en los pleitos de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyo transitorio n\u00b0 2020-00230, 2020-00469 y 2021-00078. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En su calidad de Procurador 21 Judicial II de Familia, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y \u00abreconocimiento de su personalidad jur\u00eddica\u00bb de Mar\u00eda Olga Garc\u00eda del R\u00edo y\/o de Villamil, Jorge Eliecer Henao Garc\u00eda y Mercedes V\u00e1squez Grajales, presuntamente vulnerados por el despacho judicial accionado al tramitar el proceso antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que a trav\u00e9s de apoderados judiciales, se presentaron demandas de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyo transitorio, as\u00ed: <\/p>\n
(i) Olga Luc\u00eda y Mar\u00eda Consuelo Villamil Garc\u00eda contra Mar\u00eda Olga Garc\u00eda del R\u00edo y\/o de Villamil, \u00aba quien se le ha diagnosticado \u201ctrastorno bipolar y demencia degenerativa primaria alzheimer\u201d, que le genera una gran disfunci\u00f3n social, familiar y laboral, conforme al dictamen emitido por el m\u00e9dico psiquiatra Carlos Javier Fern\u00e1ndez Moreno, lo que hace necesario un acompa\u00f1amiento permanente ya sea de un tutor o cuidador\u00bb (rad. 2020-00230). <\/p>\n
(ii) Martha Luc\u00eda Osorno de Henao contra Jorge Eli\u00e9cer Henao Garc\u00eda, \u00abquien actualmente, seg\u00fan dictamen m\u00e9dico psiqui\u00e1trico, le fue diagnosticado un trastorno neurocognitivo mayor de origen vascular y se enuncia que \u201cel paciente no est\u00e1 en capacidad de su cuidado personal, tampoco de la administraci\u00f3n de sus bienes o dinero, y requiere un tutor para estos efectos\u201d\u00bb (rad. 2020-00469). <\/p>\n
(iii) Gloria Stella V\u00e1squez contra Mercedes V\u00e1squez Grajales, \u00abquien seg\u00fan la demanda padece una enfermedad mental consistente en una discapacidad intelectual\/ cognitiva, demencia de inicio tard\u00edo, tipo Alzheimer, moderada a severa, desorientaci\u00f3n, agnosia espacial, compromiso severo en memoria\u201d (\u2026) lo cual ha implicado que se requiera un cuidado permanente de parte de su hija, se\u00f1ora Gloria Stella D\u00edaz V\u00e1squez\u00bb (rad. 2021-00078). <\/p>\n
Inform\u00f3 que mediante prove\u00eddos del 3 de septiembre de 2020, 14 de enero de 2021 y 15 de abril de 2021, el Juzgado de Familia de Dosquebradas admiti\u00f3 dichas demandas, enunciando que \u00aben aras de la protecci\u00f3n de los derechos dela persona en situaci\u00f3n de discapacidad, (\u2026), proceder\u00e1 este despacho judicial a tramitar el presente asunto como un proceso verbal sumario conforme lo establece el art\u00edculo 54 ibidem que regula el proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyo transitorio, ordenando de conformidad con el art\u00edculo 55 del CGP, la designaci\u00f3n de un curador ad-litem para que represente [al discapacitado], quien adquiere la calidad de demandado\u201d\u00bb, y para ello procedi\u00f3 a designar, en cada uno de los casos, un abogado de la lista de auxiliares de la justicia. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que contra las anteriores decisiones interpuso recursos de reposici\u00f3n para que modificara \u00abla aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 55 del C.G.P. sobre la designaci\u00f3n de un curador ad \u2013litem (\u2026) y en su lugar, si lo estima pertinente el Juez, y siempre que se cumpla con los criterios de necesidad, correspondencia, duraci\u00f3n e imparcialidad, dar aplicaci\u00f3n a la salvaguardia, que consistir\u00eda en designar un abogado(a) durante el tr\u00e1mite del proceso judicial, para que garantice el derecho de contracci\u00f3n de la parte demandada (persona en situaci\u00f3n de discapacidad) y solicite las pruebas que estime pertinentes en el marco de la imparcialidad, velando por la adecuada defensa judicial de la persona titular del acto jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, asegur\u00f3 que sus recursos, en diferentes fechas fueron desestimados, aduciendo que \u00abla designaci\u00f3n de un abogado por parte del despacho, para representar los intereses de una persona en el tr\u00e1mite de un determinado proceso, se tiene que el C. G. del Proceso, \u00fanicamente consagra dos posibilidades: la primera, la designaci\u00f3n de un Curador Ad-litem y la segunda la designaci\u00f3n de un abogado bajo la figura de amparo de pobreza (\u2026). De acuerdo con lo anterior, considera el despacho que la figura que m\u00e1s se ajusta a lo requerido en esta situaci\u00f3n, es la del Curador Ad-litem; pues a pesar de que su designaci\u00f3n se realiza conforme al art\u00edculo 55 del C. G. del P., la misma se hace por aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica, con el fin de salvaguardar los intereses de la persona en situaci\u00f3n de discapacidad, que se encuentra evidentemente imposibilitada para manifestar su voluntad, sin que de ninguna manera se deje de presumir su capacidad legal\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se le ordene a la autoridad convocada que \u00abmodifique los autos admisorios de las demandas (\u2026), en lo que trata a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 55 del C.G.P. (\u2026) y en su lugar, siempre que se cumpla con los criterios de necesidad, correspondencia, duraci\u00f3n e imparcialidad, dar aplicaci\u00f3n a la salvaguardia, que consistir\u00eda en designar un abogado durante el tr\u00e1mite del proceso judicial, para que garantice el derecho de contradicci\u00f3n de la parte demandada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juez de Familia de Dosquebradas, remiti\u00f3 el link de los expedientes, indicando que \u00abcomo los autos dan clara cuenta de las razones que en su momento tuvo el despacho para proferirlos, quedo relevado de elaborar otros argumentos\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el resguardo al encontrar que \u00abcon providencias del 24 de junio y 12 de julio de 2021, el juzgado resolvi\u00f3 no reponer la decisi\u00f3n adoptada en autos del 03 de septiembre de 2020, 14 de enero y 15 de abril de 2021\u00bb, el despacho accionado emiti\u00f3 las razones pertinentes, soport\u00e1ndose en \u00ablos art\u00edculos 54 de la ley 1996 de 2019; y, 55 del C\u00f3digo General del Proceso que establece la facultad que tiene el juez para la designaci\u00f3n de un curador ad l\u00edtem. Y el juez (\u2026), al resolver los recursos de reposici\u00f3n, reconoce la capacidad legal de los interesados, y justifica la aplicaci\u00f3n de la norma como soluci\u00f3n anal\u00f3gica, ya que en la Ley 1996 de 2019 no se regul\u00f3 ese tema, pero no porque catalogu\u00e9 a los citados se\u00f1ores como incapaces\u00bb. Agreg\u00f3 que \u00abla finalidad de nombrar curador no es otra distinta a la que pretende el Procurador Judicial con la designaci\u00f3n de abogado, es decir, que sus intereses est\u00e9n representados en el proceso; por lo que el raciocinio expuesto en la decisi\u00f3n que el reclamante censura por esta excepcional v\u00eda, no revela arbitrariedad\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la reclamante para reiterar los supuestos f\u00e1cticos y de derecho se\u00f1alados en su demanda tutelar, y refutar, entre otros argumentos, que \u00aben la actualidad la curadur\u00eda ad litem, conforme al art\u00edculo 55 antes transcrito, es aplicable \u00fanicamente a menores de edad, pero si aplicamos la analog\u00eda, entonces estamos entendiendo que los mayores de edad que presenten condici\u00f3n de discapacidad cognitiva, se asimilan a los menores de edad y, por ende, es viable aplicarles la mencionada curadur\u00eda. Pero, es ese, precisamente el cambio que trajo la ley 1996 de 2019, al reconocer a las personas mayores de edad que se encuentren en situaci\u00f3n de discapacidad como plenamente capaces sin excepci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado de Familia de Dosquebradas vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante, al haber designado un curador ad litem para los titulares del acto jur\u00eddico base de tres demandas de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos transitorios. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a la relevancia del asunto sometido a escrutinio en sede constitucional, cabe traer a colaci\u00f3n las pertinentes consideraciones esgrimidas por la Sala sobre los desarrollos que introdujo la Ley 1996 de 2019, en relaci\u00f3n con el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad: <\/p>\n
\u00abEn primer lugar es del caso se\u00f1alar que la Ley 1996 de 2019, se inspir\u00f3 en la Convenci\u00f3n Interamericana para la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n contra las Personas con Discapacidad, aprobada mediante la Ley 762 de 2002, y la cual tiene por objeto establecer medidas espec\u00edficas para la garant\u00eda del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma. <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed las cosas, es pertinente destacar que dicha normativa \u2013Ley 1996 de 2019- se rige por los principios, de dignidad, autonom\u00eda, primac\u00eda de la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jur\u00eddico, no discriminaci\u00f3n, accesibilidad, igualdad de oportunidades y celeridad, encaminados a garantizar la efectiva realizaci\u00f3n del derecho a la capacidad legal de las personas con discapacidad. <\/p>\n
En l\u00edneas generales el enunciado cuerpo normativo, de conformidad con el art\u00edculo 6\u00b0, contempla la presunci\u00f3n de que todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinci\u00f3n alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realizaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos, eliminando as\u00ed la interdicci\u00f3n, debi\u00e9ndose entender como \u201capoyos\u201d, seg\u00fan el canon 3\u00b0, como aquellos tipos de asistencia que se prestan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal. <\/p>\n
(\u2026) Se destaca, asimismo, que la enunciada ley, seg\u00fan el art\u00edculo 52 empez\u00f3 a regir a partir de su promulgaci\u00f3n. lo cual ocurri\u00f3 el 26 de agosto de 2019, con excepci\u00f3n de \u201caquellos art\u00edculos que establezcan un plazo para su implementaci\u00f3n y los art\u00edculos contenidos en el Cap\u00edtulo V de la presente ley, los cuales entrar\u00e1n en vigencia veinticuatro (24) meses despu\u00e9s de la promulgaci\u00f3n de la presente ley\u201d\u00bb (CSJ STC15977-2019, 26 nov. 2019, rad. 00191-01). <\/p>\n
Seguidamente, sobre la aplicaci\u00f3n de la ley dependiendo el estado en que se encuentre la actuaci\u00f3n procesal, esta Corporaci\u00f3n sostuvo: <\/p>\n
\u00abDel estudio detenido del novedoso compendio normativo en cuesti\u00f3n, se advierte que el punto nuclear de la reforma, como es la supresi\u00f3n de la incapacidad legal para las personas mayores de edad con discapacidad, cobr\u00f3 vigor desde el 26 de agosto de 2019, raz\u00f3n por la que, a partir de esta data, \u00fanicamente pueden estar incapacitados aquellas personas que, por mandato de una sentencia que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, fueron declarados en interdicci\u00f3n o se les nombr\u00f3 un consejero. Dicho en negativo, a partir de la mencionada fecha, ninguna persona mayor de edad podr\u00e1 perder su capacidad legal de ejercicio por el hecho de contar con una discapacidad, manteni\u00e9ndose dicha medida \u00fanicamente respecto a las personas que con anterioridad, por fallo judicial, hubieran sido declarados incapaces. <\/p>\n
En armon\u00eda, para las tem\u00e1ticas procesales, la nueva ley diversific\u00f3 su aplicaci\u00f3n entre juicios (i) nuevos, (ii) concluidos y (iii) en curso, seg\u00fan las siguientes directrices: <\/p>\n
7.1. En cuanto a los primeros, de forma tajante, dej\u00f3 por sentada la prohibici\u00f3n de la iniciaci\u00f3n de nuevos tr\u00e1mites de interdicci\u00f3n (art\u00edculo 53), [advirtiendo que] esta regla no se extiende a las causas que deban promoverse para ejecutar o modificar las decisiones de interdicci\u00f3n que se hubieran proferido con anterioridad al 26 de agosto de 2019, como se explicar\u00e1 a continuaci\u00f3n; <\/p>\n
7.2. Para los segundos, esto es, los juicios finalizados, existen dos posibilidades: (a) la declaraci\u00f3n misma de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume, salvo que se inicie un tr\u00e1mite de rehabilitaci\u00f3n, el cual se conserva en vigor hasta el a\u00f1o 2021; sin embargo, en el per\u00edodo de los a\u00f1os 2021 a 2024 deber\u00e1 procederse a la revisi\u00f3n oficiosa, o a solicitud de parte, para que, de considerarse que \u00ablas personas bajo interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n… requieren de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos\u00bb, se sustituyan aqu\u00e9llas por medidas de apoyo o, simplemente, se entienda habilitado el referido \u00abreconocimiento de la capacidad legal plena\u00bb (art\u00edculo 56); y <\/p>\n
(b) los actos de ejecuci\u00f3n de las determinaciones judiciales previas, bajo el efecto ultractivo de la Ley 1306 de 2009, por lo cual ha de entenderse que el juzgador ordinario conserva sus facultades para resolver todo lo relacionado con los recursos que se promuevan contra las decisiones de la ejecuci\u00f3n, incluyendo, sin limitarse a ellos, la remoci\u00f3n, designaci\u00f3n de curador, rendici\u00f3n de cuentas, etc., posibilidad que encuentra apoyadura en los c\u00e1nones 306 y 586 -numeral 5\u00ba- del C\u00f3digo General del Proceso, el \u00faltimo en su texto original, con antelaci\u00f3n a la reforma introducida por la regla 37 de la Ley 1996 de 2019, los cuales permiten a los jueces adoptar todas las medidas necesarias para la ejecuci\u00f3n de sus determinaciones y, trat\u00e1ndose de guardadores, extiende su competencia a todos los actos tendientes a su designaci\u00f3n. <\/p>\n
7.3. Finalmente, para los procesos en curso (\u2026), la nueva ley previ\u00f3 su suspensi\u00f3n inmediata hasta el 26 de agosto de 2021, con la precisi\u00f3n de que, en cualquier momento, aqu\u00e9lla podr\u00e1 levantarse por el juez, en casos de urgencia, para decretar \u201cmedidas cautelares, nominadas o innominadas, cuando lo considere pertinente para garantizar la protecci\u00f3n y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad\u201d (precepto 55)\u00bb (CSJ STC16392-2019, 4 dic. 2019, rad. 03411-00, reiterada en STC16821-2019, 12 dic. 2019, rad. 00186-01, y citada en STC3720-2020, 11 jun. 2020, rad. 00019-01, entre otras). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, examinados los supuestos de hecho de la presente querella y con observancia en las piezas procesales incorporadas al expediente, la Sala avalar\u00e1 el fallo de primera instancia que deneg\u00f3 el auxilio implorado, comoquiera que la decisi\u00f3n objeto de reproche no luce caprichosa ni antojadiza que posibilite la configuraci\u00f3n de un defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
3.1. En efecto, en los procesos de asignaci\u00f3n judicial de apoyos transitorios en comento, mediante autos del 24 de junio y 12 de julio de 2021, el accionado plasm\u00f3 las razones que se precisan as\u00ed: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 54 de la ley 1996 de 2019 regula el proceso de adjudicaci\u00f3n de apoyo transitorio, en aras de garantizar los derechos de la persona en situaci\u00f3n de discapacidad, fijando como presupuesto para su procedencia, que la persona se encuentre absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad. <\/p>\n
(\u2026) En el presente asunto, la demanda ha sido promovida como una Adjudicaci\u00f3n Judicial de Apoyo Transitorio, iniciada por una tercera persona y por ende, corresponde a la misma el tr\u00e1mite de un proceso verbal sumario, en el cual (\u2026) adquiere la calidad de demandado(a), como titular del acto jur\u00eddico. <\/p>\n
(\u2026) Ahora bien, no est\u00e1 en discusi\u00f3n, que la capacidad legal [la cual] se presume, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 6 de la ley 1996 de 2019; sin embargo, considera el despacho, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 5 de la citada ley, que corresponde al juzgado adoptar las medidas que considere adecuadas para impedir abusos y garantizar la primac\u00eda de la voluntad de (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed las cosas, dada la imposibilidad del demandado, de manifestar por s\u00ed mismo su voluntad en el tr\u00e1mite del presente proceso, y toda vez que no podr\u00e1 conferir poder a un abogado, ni solicitar designaci\u00f3n de un profesional del derecho en amparo de pobreza, en caso de cumplirse lo dispuesto en el art\u00edculo 151 del C. G. del Proceso, se considera indispensable la intervenci\u00f3n del despacho para adoptar medidas que permitan garantizar su derecho de defensa, debido proceso y contradicci\u00f3n, a trav\u00e9s de un abogado que represente sus intereses al interior de este proceso judicial\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
Frente a la opci\u00f3n indicada por el recurrente de que en lugar del curador ad litem se designara un abogado que representara los intereses del involucrado dentro del tr\u00e1mite procesal, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el C\u00f3digo General del Proceso, \u00fanicamente consagra dos posibilidades, la primera, la designaci\u00f3n de un Curador Ad-litem y la segunda la designaci\u00f3n de un abogado bajo la figura de amparo de pobreza, casos de obligatoria aceptaci\u00f3n por parte de los togados, salvo circunstancias puntuales tales como inhabilidades o impedimentos. Para tales nombramientos o designaciones, se toma el nombre de un abogado de la lista de aquellos que litigan en el despacho, se le notifica la designaci\u00f3n y se le informa que la norma le impone la carga de aceptar en el t\u00e9rmino de cinco (05) d\u00edas, y que el cargo es de forzosa aceptaci\u00f3n, so pena de incurrir en las faltas correspondientes\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) De acuerdo con lo anterior, no existe otra figura jur\u00eddica en virtud de la cual, el despacho pueda tomar libremente el nombre de un abogado y designarle como obligatoria la tarea que las normas procesales no le han encomendado, como ser\u00eda la libre designaci\u00f3n de un abogado, para representar los intereses de una persona al interior de un proceso judicial, sin que la misma se realice al tenor de los art\u00edculos 55 o 154 del C. G. del Proceso\u00bb. Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
Tras lo antedicho, concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00abque la figura que m\u00e1s se ajusta a lo requerido en esta situaci\u00f3n, es la del Curador Ad-litem, pues a pesar de que su designaci\u00f3n se realiza conforme al art\u00edculo 55 del C. G. del Proceso, la misma se hace por aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica, con el fin de salvaguardar los intereses de la persona en situaci\u00f3n de discapacidad, que se encuentra evidentemente imposibilitada para manifestar su voluntad, sin que de ninguna manera se deje de presumir su capacidad legal; teniendo en cuenta adem\u00e1s, que el estatuto procesal vigente no consagra otra figura jur\u00eddica para la designaci\u00f3n de un abogado a una parte, por el simple hecho de considerarlo necesario el despacho. Podr\u00eda decirse que la diferencia es el nombre de la figura, pero la finalidad es la misma\u00bb. Se destaca. <\/p>\n
3.2. Conforme a lo que acaba de verse, la pretensi\u00f3n invocada con esta demanda deviene inviable, porque la actuaci\u00f3n criticada no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, en tanto que, contrario a lo sostenido por el querellante, no adolece de defecto de procedibilidad de la tutela; esto, en la medida en que dicha actuaci\u00f3n no evidencia desmesura, sino que se funda en razonamientos que denotan adecuada valoraci\u00f3n probatoria y de la normativa aplicable, lo cual hace parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
Sobre el particular se ha dicho y reiterado que si las providencias judiciales atacadas cuentan con una motivaci\u00f3n que obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable, no es dable pretender por esta excepcional v\u00eda reabrir la discusi\u00f3n que se culmin\u00f3 en las instancias pertinentes, puesto que \u00abs\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 24 jun. 2004, rad. 00142-01, citada entre otras en STC2156-2021, 4 mar. 2021, rad. 00436-00). <\/p>\n
Del mismo modo, se ha sostenido que cuando la determinaci\u00f3n reprochada cuenta con el suficiente soporte jur\u00eddico, la tutela no se abre paso en tanto, \u00abno constituye v\u00eda de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb que resolvieron el asunto censurado (CSJ STC 21 jul. 1995, rad. 2397, citada entre otras en STC10431-2020, 25 nov. 2020, rad. 02855-00). <\/p>\n
Adicionalmente se reitera que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, ya que este remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC2853-2021, 19 mar. 2021, rad. 00060-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Atendiendo lo antes discurrido, se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, toda vez que la actuaci\u00f3n surtida por el juzgado accionado, no comporta desafuero susceptible de correcci\u00f3n mediante esta herramienta jur\u00eddica. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC10886-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC10886-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2021-00286-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56541","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56541","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56541"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56541\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56541"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56541"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56541"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}