STC10901-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10901-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02741-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa de Vigilancia y Seguridad Limitada- Vise Ltda. Sintravise y el Sindicato \u00danico de Vigilantes de Colombia \u2013SINUVICOL- Seccional Cartagena promovieron contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, extensiva a los intervinientes en el proceso con radicaci\u00f3n No. 58313. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los sindicatos accionantes pretenden que se ordene a la autoridad judicial convocada que proceda a \u00ab[d]ar respuesta, pronta, profunda, coherente y congruente, a lo solicitado, incluyendo el Rad del proceso que cursa en esa corporaci\u00f3n supe (sic) citada\u00bb; tambi\u00e9n solicitaron que se compulsen copias a las autoridades pertinentes con el fin que no se vulnere su derecho al debido proceso y que se tengan en cuenta las 187 Recomendaciones Generales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. <\/p>\n
Del confuso escrito introductorio y su subsanaci\u00f3n se extrae que, como soporte de la pretensi\u00f3n, adujeron que a trav\u00e9s de su Presidente Luis Alfonso Jim\u00e9nez Zu\u00f1iga, promovieron recurso de revisi\u00f3n contra la decisi\u00f3n tomada por la Fiscal\u00eda Seccional 20 y por la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en el proceso N\u00b0 206.317 del 2006, por considerar que sus garant\u00edas fundamentales hab\u00edan sido trasgredidas. <\/p>\n
Indicaron que con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela impetrada \u00abla Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dio respuesta a lo solicitado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de la tutela. No siendo otro el motivo ha de esperarse que defina decisi\u00f3n, en lo que respecta a la acci\u00f3n de reposici\u00f3n, de radicado interno 58313 en menci\u00f3n. 2. Pero nos mantenemos hasta que compulsen copias a la Honorables Corte Constitucional en cuanto al recurso de revisi\u00f3n de FONADE Y PRIMEVALUESERVICE S.A.S de sentencia de 18 de enero del 2021 dictada por la Sala de Casaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, contra la sentencia de 2 de julio de 2008, dictada por la Sala Civil de familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso ordinario reivindicatorio promovido por Lucia Alvarado Pacheco Radicado N\u00b0 11001020300020090187700\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite del recurso de revisi\u00f3n instaurada por los sindicatos actores. Precis\u00f3 que antes de la que se promoviera el amparo constitucional, la Sala emiti\u00f3 el auto AP2999-2021 mediante el cual fue inadmitido el recurso de revisi\u00f3n (21 julio 2021), decisi\u00f3n que fue objeto del recurso de reposici\u00f3n, el cual se encuentra en curso. Manifest\u00f3 que no ha vulnerado derecho fundamental alguno de los solicitantes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar toda vez que, de un lado, resulta improcedente la salvaguarda del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb y de otro, porque la eventual mora judicial en que incurri\u00f3 la accionada fue superada con anterioridad a la interposici\u00f3n del ruego. <\/p>\n
De la pretensi\u00f3n tutelar se extrae que pese a que las organizaciones sindicales gestoras estimaron vulnerado su derecho fundamental de petici\u00f3n, lo cierto es que tal afirmaci\u00f3n tuvo origen en el tr\u00e1mite del recurso de revisi\u00f3n que promovieron ante la autoridad judicial accionada; no obstante, debe advertirse que el resguardo es improcedente puesto que la salvaguarda de esa prerrogativa superior es inviable en el contexto de disputas jurisdiccionales, salvo que involucre cuestiones de naturaleza administrativa, situaci\u00f3n que no registra el expediente. <\/p>\n
(\u2026) en trat\u00e1ndose de actuaciones regladas, como la judicial o la disciplinaria, la Corte ha reiterado, que las peticiones deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica (CSJ STC5621-2020, CSJ STC9365-2020). <\/p>\n
En igual sentido, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9838-2019, 24 jul., rad. 2019-00158-01, CSJ STC7956-2020). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, aquel dispositivo especial no es viable en los procedimientos jurisdiccionales porque es claro que las s\u00faplicas invocadas por las partes o terceros en un escenario de esta naturaleza son regladas por normas generales y especiales aplicables a cada tipol\u00f3gica de proceso. <\/p>\n
En este orden de ideas, las interpelaciones planteadas por los libelistas a la Sala de Casaci\u00f3n Penal comprenden temas que son propios de la litispendencia donde fueron planteadas, de ah\u00ed que no est\u00e9n referidas a asuntos administrativos, sino m\u00e1s bien jurisdiccionales, luego est\u00e1n subordinadas -en cuanto a su desenvolvimiento y composici\u00f3n- a los t\u00e9rminos regulados por el ordenamiento positivo que con car\u00e1cter imperativo gobiernan la contienda y, por consiguiente, no est\u00e1n regidos por la Ley 1755 de 2015 que adicion\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
Ahora, pese a no existir obligaci\u00f3n de brindar respuesta en los t\u00e9rminos reclamados por los actores, se colige que lo pretendido con el amparo invocado tambi\u00e9n era dar impulso al recurso de revisi\u00f3n impetrado y sobre este \u00edtem no se encuentra vulneraci\u00f3n actual, toda vez que antes de que se impetrara la solicitud de amparo, fue inadmitida la demanda de revisi\u00f3n presentada (AP2999-21 julio 2021), prove\u00eddo frente al cual los aqu\u00ed solicitantes interpusieron \u00abrecurso de insistencia revisi\u00f3n 58313\u00bb el cual se encuentra en tr\u00e1mite, es decir que no estaba configurada una mora judicial, comoquiera que la hom\u00f3loga de lo penal ya hab\u00eda dado respuesta al libelo incoado y se encuentra en curso una nueva actuaci\u00f3n formulada por los promotores. <\/p>\n
Por \u00faltimo, si los sindicatos estiman que la conducta adelantada por la autoridad fustigada entra\u00f1a faltas con relevancia penal o disciplinaria, es a ellos como interesados a quienes les corresponde noticiarlas directamente ante los funcionarios competentes y asumir las consecuencias legales que ello pueda generar, pues como en forma reiterada se ha sostenido, \u00abla funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias [ni penales], sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 17 feb. 2010, Rad. 00449-01; STC 16 mar. 2012, Rad. 00037-01; STC15096-2017, STC1166-2018, STC9043-2021 entre otras). <\/p>\n
En estas condiciones, se negar\u00e1 la protecci\u00f3n por resultar improcedente el derecho de petici\u00f3n dentro de un proceso judicial, en tanto que los restantes motivos que impulsaron a las organizaciones sindicales a entablar el presente ruego son infundados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa de Vigilancia y Seguridad Limitada- Vise Ltda. Sintravise y el Sindicato \u00danico de Vigilantes de Colombia \u2013SINUVICOL- Seccional Cartagena. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes y dem\u00e1s interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, si este fallo no es impugnado. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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