STC10903-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10903-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01502-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se pronuncia la Corte en torno a la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el pasado 28 de julio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Richard G\u00f3mez Vargas contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Transitorio de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor, actuando en nombre propio, acudi\u00f3 al presente instrumento supralegal en procura de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u2026 al debido proceso en conexidad con el derecho a la salud y al ejercicio profesional libre y espont\u00e1neo como abogado\u00bb. <\/p>\n
2. Afirm\u00f3 que en el juzgado convocado se tramita el proceso de responsabilidad civil contractual 2011-00547 promovido por \u00abGenerali Colombia Seguros\u00bb contra Mar\u00eda C\u00e9lis Zabala, en el que funge como apoderado de la demandada. <\/p>\n
Dijo que con auto del pasado 8 de julio el despacho de conocimiento fij\u00f3 para el 28 siguiente la realizaci\u00f3n de la audiencia de que trata el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la cual el 14 de aquel mes solicit\u00f3 \u00able compulsaran copias del expediente electr\u00f3nico a [su] correo electr\u00f3nico haciendo la claridad de ser \u00abpaciente de alto riesgo\u00bb por padecer afecciones card\u00edacas. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que recibi\u00f3 respuesta en la cual la c\u00e9lula judicial le indic\u00f3 que \u00abninguno de los despachos de origen le entreg\u00f3 expedientes electr\u00f3nicos\u00bb, asimismo, le inform\u00f3 que las actuaciones desplegadas con posterioridad al 3 de mayo del a\u00f1o en curso (fecha en que recibi\u00f3 la actuaci\u00f3n) pod\u00edan ser consultadas a trav\u00e9s del micrositio web dispuesto en el portal electr\u00f3nico de la Rama Judicial y, finalmente, lo invit\u00f3 a solicitar una cita para acudir presencialmente a la sede a efectos de tomar copias de las piezas procesales que llegare a requerir. <\/p>\n
3. El actor considera que la respuesta del juzgado contraviene la reglamentaci\u00f3n contenida en el Decreto 806 de 2020 a trav\u00e9s del cual \u00abse prioriza el derecho a la salud de los usuarios de justicia y los servidores judiciales\u00bb y el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n, al pretender hacerlo acudir personalmente al despacho, pese a presentar quebrantos de salud. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicit\u00f3 \u00abse me env\u00eden a mi correo\u2026 las copias del expediente digital\u00bb <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La titular del despacho convocado refiri\u00f3 que el pasado 3 de mayo recibi\u00f3 del Juzgado Cincuenta Civil del Circuito, entre otros, el proceso sobre el que recae la presente queja, el cual no se encuentra digitalizado y que en dicha data dio apertura al expediente electr\u00f3nico con las actuaciones que a partir de all\u00ed se fueran efectuando. <\/p>\n
Indic\u00f3 que en la respuesta ofrecida al profesional del derecho accionante le puso de presente la anterior situaci\u00f3n y le aclar\u00f3 que, para la consulta del expediente y tomar las copias requeridas, podr\u00eda solicitar cita y acudir a la sede judicial, con observancia del aforo permitido y las medidas de bioseguridad o, de ser el caso, \u00abpod\u00eda autorizar para que en su nombre otra persona realice dichas actuaciones\u00bb. <\/p>\n
2. Por conducto de apoderado la sociedad Inducolvi S.A.S. pidi\u00f3 desestimar las s\u00faplicas del promotor toda vez que este \u00abconoce todas las etapas del discurrir procesal [y] no se compadece que, en las postrimer\u00edas de la litis, en una actitud de dilaci\u00f3n procesal, reclame que se le entregue un expediente electr\u00f3nico solo y exclusivamente con el objeto de informarse de un paginario electr\u00f3nico que deb\u00eda conocer \u00edntegramente y se encuentra ad-portas de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
3. La empresa HDI Seguros S.A. (antes Generali Colombia Seguros Generales S.A.), a trav\u00e9s de mandatario judicial, adver\u00f3 que el convocante \u00abo la persona que \u00e9l autorice (como un dependiente judicial) tiene acceso al expediente f\u00edsico en la sede judicial\u00bb como se lo advirti\u00f3 el juzgado querellado, opci\u00f3n que no luce antojadiza habida consideraci\u00f3n que dicho profesional del derecho \u00abha sido el abogado de la se\u00f1ora Nubia Mar\u00eda C\u00e9lis Zabala desde el comienzo del proceso ordinario\u2026 el cual va a cumplir 10 a\u00f1os en tr\u00e1mite\u2026 se practicaron las pruebas antes de la situaci\u00f3n derivada de la pandemia por el Covid-19 y que desde marzo de 2020 en adelante solo han tenido lugar algunas pocas actuaciones\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Desestim\u00f3 la protecci\u00f3n por cuanto \u00abel abogado G\u00f3mez Vargas no es propiamente el directo interesado en las resultas del proceso\u2026 y por tal circunstancia, el poder que all\u00ed le habr\u00edan otorgado no lo habilita para reclamar, en sede constitucional, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a nombre de\u00bb la parte, adicional a que no atendi\u00f3 el requerimiento que se le hiciera en el auto admisorio del resguardo de allegar poder especial, pues simplemente afirm\u00f3 actuar \u00aben causa propia\u00bb pese a que su solicitud iba encaminada a \u00abpoder ejercer la defensa de mi prohijada\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3, adem\u00e1s, que no existe la lesi\u00f3n del derecho al trabajo enrostrada porque en momento alguno se le ha impedido el acceso al expediente en la medida que, en caso de no poder acudir personalmente a la sede del despacho, puede \u00abautorizar a un tercero \u201cpara los efectos de revisar el proceso, tomar copias y dem\u00e1s gestiones pertinentes\u201d\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n insistiendo, b\u00e1sicamente, en los planteamientos esbozados en el libelo introductor a los que agreg\u00f3 que \u00abse viola el derecho el trabajo y a poder ejercer la profesi\u00f3n por cuanto del acceso, funcionamiento y de la prestaci\u00f3n del servicio esencial de la justicia depende la subsistencia de nosotros los abogados litigantes, nuestros empleados y las familias\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a esta Sala establecer, preliminarmente, si Richard G\u00f3mez Vargas est\u00e1 facultado para promover la presente acci\u00f3n de tutela a nombre propio y, de superarse lo anterior, si la autoridad judicial convocada quebrant\u00f3 las prerrogativas constitucionales invocadas por no entregarle copias digitales del expediente contentivo del proceso 2011-00547, en el que funge como apoderado de la demandante. <\/p>\n
2. Sobre la necesidad de contar con poder especial para acudir a la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de la especial naturaleza del resguardo constitucional, resulta claro que al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
En lo que respecta al derecho de postulaci\u00f3n, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 prev\u00e9 que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
La anterior postura viene aparejada al precedente constitucional, seg\u00fan el cual \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En ese orden, esta Sala ha mantenido el criterio en cuanto a que, para la admisibilidad de este excepcional mecanismo, es menester que quien no lo promueva a nombre propio y no aduzca su calidad de agente oficioso lo haga a trav\u00e9s de la representaci\u00f3n que le confiera el interesado mediante poder especial para actuar, puesto que: <\/p>\n
\u00abla acci\u00f3n de tutela puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante, recalcando que en caso de que decida actuar a trav\u00e9s de mandatario, es imperativo que allegue el poder pertinente. Tambi\u00e9n se pueden agenciar garant\u00edas ajenas cuando el titular de las mismas no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, evento en el cual es necesario expresar tal circunstancia\u00bb (CSJ STC6773-2016, 18 may. 2016, 00062-01). <\/p>\n
Tal requerimiento es a\u00fan m\u00e1s estricto cuando el resguardo se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en STC17519, 30 nov. 2016). <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo. <\/p>\n
(\u2026). El principio de la informalidad que impera en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, no llega hasta el aspecto proclamado por el impugnante, sin fundamento alguno, de pretender que puede actuar directamente en una tutela originada en supuestas v\u00edas de hecho cometidas en un proceso tramitado por los jueces ordinarios, como si a \u00e9l se le violaran los derechos fundamentales y no a su poderdante\u00bb (CSJ STC 29 sep. 2003, exp. 00245-01, citada en STC3125-2017, 8 mar. 2017, rad. 2016-00801-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo dicho, tampoco se observa en la actuaci\u00f3n, poder para promover esta tutela, conferido por Nubia Mar\u00eda C\u00e9lis Zabala, a quien G\u00f3mez Vargas dice representar en la actuaci\u00f3n ordinaria, pues el mandato otorgado en dicho tr\u00e1mite no puede reputarse como especial para acudir al resguardo constitucional habida consideraci\u00f3n que no fue extendido para formular la acci\u00f3n tuitiva, lo que significa que carece de postulaci\u00f3n para actuar en este asunto. <\/p>\n
As\u00ed, aunque el memorialista sostiene ser el apoderado de la mencionada persona en el proceso objeto de escrutinio, esa circunstancia tampoco lo faculta para asumir la vocer\u00eda judicial de ella en este tr\u00e1mite constitucional ya que, para ello, se itera, es indispensable el correspondiente poder especial que ac\u00e1 se echa de menos. <\/p>\n
En efecto, en trat\u00e1ndose de acciones de tutelas en que se act\u00fae por conducto de apoderado judicial, el criterio que, de vieja data, sent\u00f3 esta Sala y que hoy se mantiene vigente, corresponde a que \u00abel mandato conferido al abogado para actuar en el proceso no lo legitima para instaurar la acci\u00f3n de tutela con miras a obtener la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales de su poderdante y tampoco lo habilita para impugnar los fallos de tutela\u00bb (ver, entre otras, las sentencias del 2 de agosto de 1996, exp. 3224; STC 4 feb. 2011, exp. n\u00ba 2010-00573-01; STC3125-2017, 8 mar. 2017, rad. 00801-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En ese sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que \u00abel hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del demandante dentro del referido proceso [ordinario], no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n constitucional de los derechos invocados, que sin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona\u00bb (CSJ sentencia 4 de febrero de 2011, exp. 2010-00573-01, reiterada entre otras en ATC2123-2018, 13 nov. 2018, rad. 02435-01). <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n final <\/p>\n
Al margen de lo anterior, y como bien lo indic\u00f3 la colegiatura a quo, de lo recopilado no se logra advertir la lesi\u00f3n, o siquiera amenaza, al derecho fundamental al trabajo del promotor habida cuenta que, m\u00e1s all\u00e1 de ser el apoderado de la parte demandada en el pleito ordinario (lo que permite presumir fundadamente que es conocedor de todas las actuaciones surtidas), en momento alguno se le ha impedido el acceso al expediente, pues obs\u00e9rvese que en la respuesta del pasado 14 de julio, ofrecida por el despacho convocado, se le advirti\u00f3 que \u00abpod\u00eda solicitar cita para tener acceso al expediente f\u00edsico\u2026 as\u00ed como tambi\u00e9n se le indic\u00f3 que para los efectos de revisar el proceso, tomar copias y dem\u00e1s gestiones pertinentes, pod\u00eda expedir autorizaci\u00f3n para que en su nombre otra persona realice dichas actuaciones\u00bb. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado porque, tal cual se advirti\u00f3, resultaba perentorio que el profesional del derecho que formul\u00f3 el amparo e impugn\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia demostrara en debida forma el derecho de postulaci\u00f3n para tal evento, pues no es suficiente el mandato otorgado en el tr\u00e1mite ordinario para promover la salvaguarda y menos puede reputarse como titular de los derechos que dice quebrantados, pues los mismos solo ata\u00f1en a las partes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En merito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por un medio expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en su oportunidad, rem\u00edtase la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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