STC10907-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10907-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01539-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior de BBBBB el pasado 28 de julio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por AAAAA AAAAA AAAAA contra el Juzgado 00000 Civil del Circuito de dicha ciudad y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 Centro Zonal de ZZZZZ. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
La Sala ha decidido, como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los menores involucrados en el presente asunto suprimir de la providencia -y de toda futura publicaci\u00f3n de ella- su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, para lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del fallo de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, quien afirm\u00f3 actuar en su propio nombre y \u00abcomo agente oficioso de los menores CCCCC CCCCC, DDDDD y MMMMM MMMMM MMMMM\u00bb, acude al presente instrumento supralegal en procura de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de \u00abpetici\u00f3n, trabajo, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2. Dice que, con ocasi\u00f3n del proceso distinguido con radicaci\u00f3n 2016-00000 \u00abmediante el cual se pretende\u2026 dejar sin efectos un acto de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal\u00bb, el pasado 2 de junio solicit\u00f3 al Juzgado 00000 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 \u00abse ordenaran copias de todo lo actuado y se certificara si los menores MMMMM, CCCCC CCCCC y DDDDD DDDDD DDDDD se encontraban representados\u00bb en dicha actuaci\u00f3n, petici\u00f3n que realiz\u00f3 con el fin de \u00abemitir un concepto y eventualmente iniciar un proceso o intervenir en los iniciados\u00bb. <\/p>\n
Refiere que \u00abhasta la fecha no se expedido [sic] la certificaci\u00f3n y\/o ordenado [sic] las copias\u00bb circunstancia que, considera, \u00abinfluy\u00f3 para no poder ejercer su actividad profesional\u00bb. <\/p>\n
Asegura que ante la falta de respuesta, \u00abse dirigi\u00f3 ante el ICBF, centro zonal de Zzzzz, para que intervinieran en el proceso\u2026 en la medida en que, por la informaci\u00f3n verbal recibida, por parte del se\u00f1or XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX\u2026 t\u00edo de los menores, el d\u00eda 10 de junio se llevar\u00eda a cabo una audiencia\u2026 y en que se dice ya van a dictar sentencia sin que los menores hayan estado representados en el asunto\u00bb; no obstante, asegura, dicha autoridad administrativa \u00abno procedi\u00f3 diligentemente a enterarse de la situaci\u00f3n referida\u00bb. <\/p>\n
3. Se\u00f1ala que \u00ablas omisiones referidas y su incidencia constituyen vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales se\u00f1alados\u00bb por lo que solicita su protecci\u00f3n \u00abtomando las medidas que correspondan, una vez obtenga la informaci\u00f3n correspondiente del despacho judicial respecto de la representaci\u00f3n de los menores y\/o designaci\u00f3n de curador conforme lo establece las normas que se\u00f1alan tal situaci\u00f3n [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n solicit\u00f3 su \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb habida cuenta que \u00abse configura una falta de legitimaci\u00f3n material en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
2. La joven MMMMM MMMMM MMMMM manifest\u00f3 que quien la representa en el tr\u00e1mite ordinario es el abogado \u00abGGGGG GGGGG\u00bb y es quien deber\u00eda \u00abintervenir\u00bb en este asunto. <\/p>\n
3. Del fallo de primer grado se extracta el pronunciamiento del Juzgado 00000 Civil del Circuito, despacho que indic\u00f3 que al proceso sobre el que recae la queja acudi\u00f3 un abogado que dijo \u00abrepresentar a los hijos de los demandados YYYYY YYYYY YYYYY y TTTTT TTTTT TTTTT\u00bb quien pidi\u00f3 la nulidad de lo actuado. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que con auto del pasado 16 de junio rechaz\u00f3 de plano tal petici\u00f3n, al tiempo que \u00abneg\u00f3 la intervenci\u00f3n de los menores de edad\u00bb; decisi\u00f3n que fue apelada por el aludido profesional del derecho y se encuentra pendiente de resoluci\u00f3n por parte del Tribunal Superior de BBBBB. <\/p>\n
Con respecto a la solicitud de la aqu\u00ed gestora dijo que lo que pretende es obtener \u00abinformaci\u00f3n sobre asuntos que son los mismos ventilados por el abogado que oficiosamente dice representar a los menores, es decir, pretende provocar decisiones de los puntos que ya fueron resueltos\u00bb con anterioridad; no obstante, asegur\u00f3 que en la pr\u00f3xima diligencia a celebrarse resolver\u00eda sobre la mentada certificaci\u00f3n. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La colegiatura a quo neg\u00f3 el resguardo solicitado al considerar que desatiende el postulado de la subsidiariedad, pues fue invocado prematuramente habida consideraci\u00f3n que \u00abel Juzgado\u2026 ya resolvi\u00f3 sobre la intervenci\u00f3n de los menores de edad en el proceso\u2026 sin que la abogada AAAAA AAAAA AAAAA funja en esa actuaci\u00f3n como representante de aquellos o de alg\u00fan otro interviniente\u00bb, determinaci\u00f3n que fue apelada y se encuentra pendiente de definirse por el superior funcional del despacho convocado. <\/p>\n
Resalt\u00f3 la improcedencia de invocar el derecho consagrado en el art\u00edculo 23 Superior cuando se trata de solicitudes formuladas a una autoridad judicial en el marco de un proceso, pues su resoluci\u00f3n no se encuentra atada a las reglas de dicha garant\u00eda sino al respectivo procedimiento. <\/p>\n
Finalmente, estim\u00f3 que \u00abno se avizora que la actuaci\u00f3n del juez accionado reprimiese de alg\u00fan modo ejercer la profesi\u00f3n a la actora, quien cuenta con distintas herramientas para solucionar la consulta que asegura le elevaron, debi\u00e9ndose a\u00f1adir que\u2026 los menores de edad ya se encuentran representados al interior del tr\u00e1mite de simulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n reiterando los planteamientos iniciales, a los que agreg\u00f3 que \u00ablos menores CCCCC CCCCC y DDDDD DDDDD DDDDD no est\u00e1n representados por persona alguna\u00bb puesto que la \u00fanica que ha comparecido es la \u00abadolescente y\/o adulta mayor [sic]\u00bb MMMMM MMMMM MMMMM. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a esta Sala establecer, preliminarmente, si AAAAA AAAAA AAAAA est\u00e1 facultada para promover la presente acci\u00f3n de tutela \u00aben nombre propio y como agente oficioso de los menores CCCCC CCCCC, DDDDD y MMMMM MMMMM MMMMM\u00bb y, de superarse lo anterior, si la autoridad judicial convocada, dentro del proceso verbal de simulaci\u00f3n 2016-00000, quebrant\u00f3 las prerrogativas constitucionales invocadas a no atender una solicitud de expedir certificaci\u00f3n del proceso y determinar si sus agenciados deben intervenir en el referido asunto. <\/p>\n
2. Sobre la legitimaci\u00f3n en la causa <\/p>\n
2.1. La acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de particulares. <\/p>\n
Las normas que desarrollan y reglamentan el mecanismo de protecci\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 86 de la Carta, prev\u00e9n que la acci\u00f3n se debe instaurar directamente o por conducto de apoderado judicial. Por excepci\u00f3n, \u00abse pued(e)n agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa\u00bb (art. 10 del Decreto 2591 de 1991). <\/p>\n
Asimismo, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional tiene sentado que la legitimaci\u00f3n activa de la acci\u00f3n de tutela, en principio, se refiere al titular de los derechos constitucionales fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados. <\/p>\n
No obstante, tambi\u00e9n ha precisado que: \u00ab(\u2026) tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-301\/07 y T- 947\/06). <\/p>\n
Sobre este tema, esta Corte ha indicado que \u00ab(\u2026) ning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJSTC 11 mar. 2009, Rad. 00001-01). <\/p>\n
En otro evento resalt\u00f3: \u00abEn lo atinente a la \u201cagencia oficiosa\u201d, bueno es recordar que el canon pertinente, art\u00edculo 10, Decreto 2591 de 1991, exige la demostraci\u00f3n de la imposibilidad de los agenciados de promover su propia defensa y la afirmaci\u00f3n de la raz\u00f3n de tal circunstancia en el escrito en que se pide la protecci\u00f3n, tal como con insistencia lo ha interpretado la Sala\u00bb (CSJ STC, 26 nov. 2010, Rad. 00372-01). <\/p>\n
A su vez, destac\u00f3 que \u00abla persona habilitada constitucionalmente para acudir a esta espec\u00edfica v\u00eda es aqu\u00e9lla a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales (\u2026) El principio de la informalidad que impera en estos tr\u00e1mites, no llega hasta el punto de permitir, sin fundamento alguno, que cualquiera pueda alegar por cuenta de otro, como si a \u00e9l se le violaran las \u201cgarant\u00edas fundamentales\u201d y no a quien pretende favorecer\u00bb (CSJ STC, 16 feb. 2011, Rad. 2011-00090-01) Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En tal virtud, cuando se discute por tutela una decisi\u00f3n proferida en un contexto judicial en el que procesalmente no se es parte, se ha dicho, en lo pertinente, que \u00ab(\u2026) quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar el amparo superior, en principio, son aquellas personas, naturales o jur\u00eddicas, que intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo imperativa su vinculaci\u00f3n a \u00e9ste, no fueron citadas, de manera que, en principio, carecen de vocaci\u00f3n jur\u00eddica para activar la jurisdicci\u00f3n constitucional con el fin de cuestionar una actuaci\u00f3n judicial quienes no fueron parte en ella\u00bb (CS. STC de 11 ago. 2011, exp, 00087 01, reiterada el 15 abr. 2016, STC4739). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha se\u00f1alado que <\/p>\n
\u00ab[n]o es dable a quien no integra ninguno de los extremos en un determinado pleito, impetrar la acci\u00f3n de tutela para obtener la revocatoria, modificaci\u00f3n o suspensi\u00f3n de las decisiones adoptadas por el juzgador\u00bb (CSJ, STC5548, 7 may.2014). <\/p>\n
En otra oportunidad, esta Sala expres\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9l tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (CSJ STC9309-2014; CSJ STC9724-2014; CSJ STC-10770-2014; CSJ STC-10491-2014; STC2987-2016). <\/p>\n
Y, en un asunto de perfiles similares se sostuvo que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u00bb (CSJ STC, 26 nov. 2010, Rad. 01168-01; reiterada STC2987-2016). <\/p>\n
2.2. No obstante, seg\u00fan se extrae de la jurisprudencia aludida, en aquellos eventos en los que el titular del derecho violado o amenazado, por circunstancias personales, no pueda promover su propia defensa, es factible que act\u00fae en su favor un tercero agenciando sus derechos de forma oficiosa; sin embargo, seg\u00fan se pudo corroborar, los menores est\u00e1n siendo representados dentro del juicio objeto de esta queja por otra persona. <\/p>\n
Al respecto, n\u00f3tese que tanto en la demanda como en la impugnaci\u00f3n la accionante simplemente se limit\u00f3 a indicar que deb\u00eda ser considerada como agente oficiosa de \u00abCCCCC CCCCC, DDDDD y MMMMM MMMMM MMMMM \u00bb; no obstante, no acredita probatoriamente cu\u00e1les son las circunstancias que la llevan a actuar bajo la figura que invoca pretendiendo representar a unas personas que, tal cual lo concluy\u00f3 la colegiatura a quo y se desprende de la informaci\u00f3n recabada en la primera instancia, ya cuentan con un profesional del derecho que vela por la protecci\u00f3n de sus intereses en la actuaci\u00f3n ordinaria, quien postul\u00f3 la invalidaci\u00f3n del tr\u00e1mite y su vinculaci\u00f3n dado el inter\u00e9s que eventualmente podr\u00eda asistirles. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, de tiempo atr\u00e1s, la Corte Constitucional ha reconocido la posibilidad de los menores para acudir en causa propia a la acci\u00f3n de tutela o incluso de designar a un apoderado que los represente (v. gr. sentencias T-1220 de 2003 y T-895 de 2011, entre otras), luego entonces, no basta con aducir la minor\u00eda de edad como la \u00fanica raz\u00f3n para pretender el reconocimiento de la agencia oficiosa, como parece entenderlo la aqu\u00ed gestora, sino que es necesaria la verificaci\u00f3n de que los presuntos afectados se encuentran en imposibilidad de procurar su propia defensa, exigencia que no fue cumplida, pues se reitera, aquellos ya se encuentran representados. <\/p>\n
En suma, al no explicarse con suficiencia las anteriores circunstancias, corresponde declarar su improcedencia, confirmando por esa v\u00eda la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
3. Acotaci\u00f3n final <\/p>\n
Por \u00faltimo, tal como lo consider\u00f3 el tribunal a quo, en este caso no se advierte la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n y trabajo de la promotora. <\/p>\n
En primer lugar, porque la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la prerrogativa consagrada en el art\u00edculo 23 Superior cuando de tr\u00e1mites judiciales se trata (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Y, en segundo lugar, no se observa que las actuaciones desplegadas por el despacho accionado hubieren coartado, de alg\u00fan modo, el ejercicio profesional de la gestora pues tal situaci\u00f3n no pas\u00f3 de ser una simple afirmaci\u00f3n suya, al tiempo que los menores que dice agenciar ya cuentan con representaci\u00f3n judicial al interior del proceso sobre el que recae la salvaguarda. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Quien acciona carece de las calidades exigidas jurisprudencialmente para ser tenida como agente oficiosa de los menores \u00abCCCCC CCCCC, DDDDD y MMMMM MMMMM MMMMM\u00bb, pues no acredit\u00f3 que \u00e9stos se encontraran en alguna situaci\u00f3n que les impidiera ejercer su propia defensa o designar a un profesional del derecho para la promoci\u00f3n de este resguardo, conforme lo autoriza la jurisprudencia constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por un medio expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en su oportunidad, rem\u00edtase la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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