STC10915-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10915-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2021-00233-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 19 de julio de 2021, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovieron Rosa Elena Vidal Hern\u00e1ndez, \u00c1lvaro Caicedo P\u00e9rez y Juan Carlos Reinoso Osorio contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, actuando a trav\u00e9s de apoderado, reclamaron la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Expusieron que el 6 de mayo de 2019, junto a Aura Esperanza Bonilla, Jairo Palma Cifuentes y la compa\u00f1\u00eda comercial \u00abAgropecuaria Palma Cifuentes Ltda\u00bb., suscribieron documento de reconocimiento de existencia de \u00absociedad de hecho\u00bb, con el objetivo de realizar actividades comerciales conjuntas tendientes a la producci\u00f3n de arroz, alquiler de maquinaria e insumos agr\u00edcolas y transporte, para lo cual, contrajeron diversas obligaciones, entre ellas, una deuda (pagar\u00e9 n\u00ba I-080 del 25 de agosto de 2015) con la sociedad comercial \u00abUni\u00f3n de Arroceros S.A.S.\u00bb; pero, por diversas dificultades econ\u00f3micas debieron acogerse al r\u00e9gimen de insolvencia. <\/p>\n
Relataron que, individualmente, promovieron ante la judicatura procesos de reorganizaci\u00f3n empresarial; as\u00ed las cosas, el de Rosa Elena Vidal Hern\u00e1ndez lo avoc\u00f3 el Juzgado Tercero Civil del Circuito (rad. 2018-00126), el de \u00c1lvaro Caicedo P\u00e9rez (rad. 2018-00127) el Cuarto Civil del Circuito y el Juzgado Primero Civil del Circuito (todos de Ibagu\u00e9) asumi\u00f3 el de Juan Carlos Reinoso Osorio (rad. 2020-00101). <\/p>\n
Destacaron que, el Juzgado Tercero Civil del Circuito, en el juicio concursal que convoc\u00f3 Rosa Elena Vidal Hern\u00e1ndez, en audiencia de objeciones, el 5 de febrero de 2020, dispuso \u00abfijar un plazo de 2 meses para que la deudora presente acuerdo de reorganizaci\u00f3n\u00bb. Frente a esa decisi\u00f3n la promotora solicit\u00f3 se efectuara \u00abcontrol de legalidad\u00bb, y se dejara sin efecto la misma, por contrariar el art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006 que establece un t\u00e9rmino de 4 meses para ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
Posteriormente, inco\u00f3 petici\u00f3n de \u00abcoordinaci\u00f3n y consolidaci\u00f3n\u00bb de los procesos de reorganizaci\u00f3n de los tres deudores (\u00c1lvaro Caicedo P\u00e9rez, Juan Carlos Reinoso y Rosa Elena Vidal), sumado a que, se designara a \u00c1lvaro Caicedo como \u00fanico promotor, se autorizara el intercambio y revelaci\u00f3n de informaci\u00f3n, coordinaci\u00f3n de las negociaciones, env\u00edo conjunto de comunicaciones, verificaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos y la \u00abconsolidaci\u00f3n\u00bb de los tres procesos en el Juzgado Tercero Civil del Circuito y la inscripci\u00f3n de lo concerniente en el registro mercantil de c\u00e1mara de comercio. <\/p>\n
Resaltaron que, el 29 de octubre de 2020, en un solo auto, el despacho judicial referido, abord\u00f3 tanto la solicitud de \u00abcontrol de legalidad\u00bb del prove\u00eddo de 5 de febrero de 2020, como la de \u00abcoordinaci\u00f3n y consolidaci\u00f3n\u00bb de los procesos de insolvencia en cuesti\u00f3n. Respecto de la primera, se abstuvo de revocar la providencia recriminada, pero, confiri\u00f3 un t\u00e9rmino adicional de dos (2) meses para la celebraci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n, completando los cuatro (4) que se\u00f1ala la norma; y frente a la segunda de las peticiones, la neg\u00f3 por improcedente, pues consider\u00f3 que \u00abno se cumpl\u00edan los presupuestos para ser tenidos en cuenta como un \u201cgrupo empresarial\u201d\u00bb. Posturas que ratific\u00f3 el 9 de abril de 2021, al resolver el recurso de reposici\u00f3n formulado. <\/p>\n
Los ac\u00e1 actores, centraron sus reclamos en las anteriores determinaciones, las que acusan de constituir v\u00eda de hecho por defecto procedimental. En tal sentido, criticaron que, el plazo establecido por la normativa espec\u00edfica para presentar el acuerdo de reorganizaci\u00f3n \u00abes taxativo\u00bb, por tanto, el auto del 5 de febrero de 2020 que solo otorg\u00f3 dos meses es \u00abirregular\u00bb y, la posterior decisi\u00f3n de conceder los dos restantes, fraccionando el t\u00e9rmino legal, \u00abcrea incertidumbre y desconfianza en las condiciones de negociaci\u00f3n con los acreedores\u00bb. <\/p>\n
Sobre el segundo punto, sostuvieron que el juzgado, para resolver, interpret\u00f3 err\u00f3neamente el Decreto 1749 de 2011, donde se distingue claramente bajo qu\u00e9 circunstancias y qu\u00e9 escenarios existe un \u00abgrupo de empresas\u00bb y adem\u00e1s, arguyen, no comprendi\u00f3 la pretensi\u00f3n, ya que, \u00ablo que se solicit\u00f3 fue el reconocimiento de la coordinaci\u00f3n de los procesos de reorganizaci\u00f3n empresarial de los accionantes y no una solicitud conjunta de apertura\u00bb, y agregaron que, \u00abel despacho accionado alega que el decreto 1749 de 2011 est\u00e1 reglamentado en funci\u00f3n del grupo de empresas, por lo que [\u2026] al no considerar a la deudora Rosa Elena Vidal como integrante del grupo de empresas, no le da aplicaci\u00f3n al mencionado decreto [y] exige una tarifa legal que no ha sido determinada por el legislador\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidieron que, se dejen sin efecto los proferimientos denunciados y se le ordene al juzgado accionado, proceda a resolver conforme lo pretendido. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, manifest\u00f3 que dispuso el env\u00edo del expediente porque la titular del despacho se declar\u00f3 impedida, remiti\u00e9ndose al Juzgado Quinto Civil del Circuito del mismo lugar. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, afirm\u00f3 que all\u00ed se tramita el proceso de insolvencia promovido por Juan Carlos Reinoso, expres\u00f3 adem\u00e1s que no ha conculcado las prerrogativas fundamentales del actor. <\/p>\n
3. La sociedad vinculada \u00c9xito S.A., solicit\u00f3 ser apartada de la acci\u00f3n porque no se encuentra legitimada en la causa por pasiva, comoquiera que la encargada de expedir y controlar las tarjetas de cr\u00e9dito es la Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento Tuya S.A. <\/p>\n
4. Banco Falabella S.A., indic\u00f3 que \u00abse abstiene de manifestarse frente a las pretensiones incoadas en la acci\u00f3n de tutela, y se atiene a las definiciones impartidas por el juez de conocimiento del proceso de Insolvencia y de la presente tutela\u00bb. <\/p>\n
5. El municipio de Ibagu\u00e9, no se pronunci\u00f3 sobre las pretensiones, porque desconoce las circunstancias f\u00e1cticas, ateni\u00e9ndose a lo que se encuentre probado. <\/p>\n
6. Banco Davivienda S.A. advirti\u00f3 que es acreedor \u00fanicamente de \u00c1lvaro Caicedo P\u00e9rez, por lo cual requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, tras indicar que no est\u00e1n vulnerando derecho alguno. <\/p>\n
7. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, en relaci\u00f3n con la queja, manifest\u00f3 que, aunque el interlocutorio de 5 de febrero de 2020 no fue objeto de recurso alguno, posteriormente, ante la petici\u00f3n de \u00abcontrol de legalidad\u00bb, dispuso adicionar el t\u00e9rmino restante, conforme lo contempla el canon 31 de la ley 1116 de 2006, para presentar el acuerdo de reorganizaci\u00f3n respectivo. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, los accionantes alegan que el fraccionamiento del t\u00e9rmino constituye afectaci\u00f3n de su debido proceso, empero, \u00abv\u00e9ase que con esa decisi\u00f3n no se ha vulnerado ning\u00fan derecho y por el contrario se ha concedido a\u00fan m\u00e1s tiempo del establecido. No obstante, ahora se encuentra vencido sin que hubiera cumplido la correspondiente carga [y] ahora, pretende utilizar la v\u00eda de la tutela para revivir t\u00e9rminos y que sea concedido de nuevo, en demas\u00eda, constituyendo ah\u00ed s\u00ed en vulneraci\u00f3n de los derechos de los acreedores que est\u00e1n a la espera que el proceso pase a la etapa de liquidaci\u00f3n y se asegure el pago de sus cr\u00e9ditos\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el resguardo al considerar que, la argumentaci\u00f3n contenida en las providencias atacadas se fund\u00f3 en criterios de razonabilidad, por cuanto \u00ab(\u2026) en el prove\u00eddo del 5 de febrero de 2020 ya se hab\u00eda otorgado t\u00e9rmino igual, lo cual valga resaltar, no fue objeto de reproche en su momento, por lo que consider\u00f3 el accionado que con esta nueva decisi\u00f3n se ajustaba el tr\u00e1mite a las exigencias del art\u00edculo 31 de la ley 1116 de 2006. Por otro lado, en relaci\u00f3n con no accederse a la coordinaci\u00f3n y consolidaci\u00f3n con los procesos de los otros deudores reclamados, se advierte que fue fundamentado en que no se colmaban los requisitos para su viabilidad, discrimin\u00e1ndose cada una de las pruebas que se echaban de menos para la prosperidad de la solicitud\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el apoderado de los actores, reiterando los alegatos del escrito inicial; adicionalmente refut\u00f3 el fallo de primer grado constitucional por cuanto, asever\u00f3, se ignor\u00f3 \u00abla teor\u00eda del antiprocesalismo o doctrina de los autos ilegales\u00bb, que impon\u00eda al despacho acusado declarar nulo lo resuelto el 5 de febrero de 2020 que contrari\u00f3 la normativa espec\u00edfica. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en cuanto a la coordinaci\u00f3n y consolidaci\u00f3n de los procesos de insolvencia, el \u00abyerro\u00bb del accionado consisti\u00f3 en que, para decidir la controversia, aplic\u00f3 \u00abnormas que son inaplicables a dicha solicitud\u00bb. Finalmente, adujo que el juez constitucional \u00abno est\u00e1 llamado a guardar una posici\u00f3n c\u00f3moda ante la arbitrariedad y capricho del despacho accionado, no se puede alegar apego a la autonom\u00eda judicial cuando un juez de la rep\u00fablica obra presuntamente por fuera del imperio de la ley\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Sala establecer si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada con ocasi\u00f3n de las decisiones proferidas el 5 de febrero y 29 de octubre de 2020 (y auto del 9 de abril de 2021, que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra este \u00faltimo), dentro del proceso de insolvencia cuestionado (rad. 2018-00126), incurriendo, supuestamente, en v\u00eda de hecho por defecto procedimental, al otorgar, inicialmente, un t\u00e9rmino inferior al que la normativa se\u00f1ala para presentar el acuerdo de reorganizaci\u00f3n; y, por negar la solicitud de coordinaci\u00f3n y consolidaci\u00f3n de los procesos concursales. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha precisado que para su procedencia se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1 Ausencia de vulneraci\u00f3n <\/p>\n
Conforme la revisi\u00f3n del expediente y en concreto, de la providencia atacada (29 de octubre de 2020), en lo que concierne al otorgamiento de un plazo inferior al que establece el art\u00edculo 31 de la ley 1116 de 2006 para presentar el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, no se aprecia la circunstancia transgresora de la garant\u00eda fundamental que se atribuye al despacho acusado, por cuanto, pese a que, en efecto, como lo denuncian los tutelantes, en el auto del 5 de febrero de 2020 fij\u00f3 un t\u00e9rmino (dos (2) meses) que no concuerda con el de la preceptiva aludida (cuatro (4) meses), al pronunciarse frente a la solicitud de \u00abcontrol de legalidad\u00bb corrigi\u00f3 la se\u00f1alada imprecisi\u00f3n, y dispuso conceder el tiempo restante. <\/p>\n
As\u00ed lo ratific\u00f3 el 9 de abril de 2021, al dirimir el remedio horizontal propuesto, donde explicit\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abTal como se\u00f1ala el recurrente, el plazo establecido en la norma es taxativo de 4 meses y as\u00ed se otorg\u00f3, cuando en audiencia celebrada el 5 de febrero de 2020, se otorgaron dos meses sin que la deudora interpusiera recurso alguno, pero posteriormente, mediante auto del 29 de octubre de 2020, este Despacho sanea la referida situaci\u00f3n y otorga el plazo restante para el cumplimiento de tal obligaci\u00f3n, con lo cual se completan los 4 meses que la ley se\u00f1ala, sin que sea viable prorrogarlo en ning\u00fan caso, ni aumentarlo, ni duplicarlo como lo pretende el recurrente. Independientemente que el t\u00e9rmino se hubiera otorgado de manera fraccionada, no se est\u00e1 desconociendo derecho alguno ni se le est\u00e1 desconociendo la ley\u00bb. <\/p>\n
De manera que, como se observa, para la Sala la actuaci\u00f3n del juzgado tutelado no amerita reproche frente a este punto, pues ninguna vulneraci\u00f3n puede colegirse de la decisi\u00f3n rese\u00f1ada ya que, advertido el \u00abyerro\u00bb primigenio, ajust\u00f3 la determinaci\u00f3n a lo contemplado en la disposici\u00f3n precitada. <\/p>\n
Por lo tanto, dicha alegaci\u00f3n resulta claramente infundada, de ah\u00ed que no se vislumbre un actuar del enjuiciado que conlleve a dispensar la protecci\u00f3n constitucional en los t\u00e9rminos demandados. <\/p>\n
4.2. Criterio razonable <\/p>\n
De otra parte, en el mismo auto, el juzgado acusado neg\u00f3 por improcedente la solicitud de coordinaci\u00f3n y consolidaci\u00f3n del proceso de insolvencia recriminado, tras considerar que no se cumplen los requisitos para ser tenidos en cuenta como \u00abgrupo empresarial\u00bb conforme el decreto 1749 de 2011, proferimiento recurrido por la parte activa, resuelto el 9 de abril de 2021, en el que ratific\u00f3 su postura (y se abstuvo de conceder el recurso de apelaci\u00f3n al no encontrarse enlistado dentro de los se\u00f1alados en el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 de la ley 1116 de 2006). <\/p>\n
En este \u00faltimo pronunciamiento, previo a resolver la solicitud aludida, el accionado rese\u00f1\u00f3 la normativa aplicable as\u00ed, <\/p>\n
\u00abel art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1749 de 2011, se\u00f1ala que su objeto y \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n es \u201c\u2026reglamentar el r\u00e9gimen de insolvencia establecido en la ley 1116 de 2006, en lo que respecta al Grupo de Empresas y aplica a todos los procesos concursales y a los de reorganizaci\u00f3n, liquidaci\u00f3n y validaci\u00f3n de acuerdos extrajudiciales de reorganizaci\u00f3n en el contexto de un Grupo de Empresas. <\/p>\n
Y el art\u00edculo 32 al que remite la norma, que, entre otras cosas se refiere a los derechos de voto de los acreedores que hacen parte de las organizaciones empresariales; se\u00f1ala que forma parte de ellas y la carga probatoria que se ha de observar: \u201c3. Las personas naturales o jur\u00eddicas vinculadas por medio de contratos de colaboraci\u00f3n tales como sociedades de hecho, consorcio, uniones temporales y contrato de riesgo compartido, siempre y cuando exista plena prueba sobre la existencia de tales contratos\u201d. <\/p>\n
El art\u00edculo 5\u00ba par\u00e1grafo. Decreto 1749 de 2011, establece presentar estados financieros o en su defecto revelar las operaciones entre vinculados ejecutadas durante los \u00faltimos tres (3) a\u00f1os, identificando, adem\u00e1s, las empresas del grupo con afinidad operativa (\u2026) <\/p>\n
Si bien es cierto, esta norma se refiere a los acreedores, lo cierto es que la relaciona para se\u00f1alar que tambi\u00e9n hacen parte del grupo de empresas, los deudores que se encuentren en la situaci\u00f3n se\u00f1alada en el numeral 3 que para el presente caso es el de que presuntamente la deudora Rosa Helena (sic) Vidal Hern\u00e1ndez y los se\u00f1ores \u00c1lvaro Caicedo P\u00e9rez y Juan Carlos Reinoso Osorio, conformaron una sociedad de hecho\u00bb. <\/p>\n
Al descender al sublite, a partir de los reparos de la recurrente, en observancia de las disposiciones precitadas y de las pruebas aportadas, puntualiz\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no le asiste raz\u00f3n al recurrente, en raz\u00f3n a que el Decreto 1749 de 2011 cuya aplicaci\u00f3n se pretende, est\u00e1 precisamente dirigido a la insolvencia a que pueden estar avocados los Grupos de Empresa. <\/p>\n
La deudora Rosa Helena Vidal Hern\u00e1ndez, solicit\u00f3 ser admitida a tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n empresarial en el a\u00f1o 2018 y se present\u00f3 como una persona natural comerciante, que ahora pretende ser tratada como Grupo de Empresa por haber conformado una sociedad de hecho, aportando como prueba de ello el documento contentivo del reconocimiento de la existencia de dicha sociedad suscrito en el mes de mayo de 2019 y aun cuando en el mismo declaran ser socios desde cinco a\u00f1os atr\u00e1s, lo cierto es que, no se aportaron pruebas actuales ni de los 5 a\u00f1os atr\u00e1s de que efectivamente estuvieran realizando actividades conjuntas, que hubieran aportado bienes para la constituci\u00f3n de la referida sociedad, que se hubieran celebrado acuerdos, contratos y proyectos de inversi\u00f3n de manera conjunta, ni delas autorizaciones que los socios han entregado a quien act\u00faa como administrador; ni se presentaron los estados financieros o en su defecto revelaron las operaciones entre vinculados ejecutadas durante los \u00faltimos tres a\u00f1os, identificando, adem\u00e1s, las empresas con afinidad operativa, ni en particular, el contrato mercantil celebrado por la sociedad de hecho con la Uni\u00f3n de Arroceros, entre otros\u00bb. <\/p>\n
Con todo, sobre el particular, surge palpable que la pretensi\u00f3n de los gestores del resguardo se circunscribe, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que el juzgador tutelado se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una valoraci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n notoria del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en este evento. <\/p>\n
En decir, los actores no pueden pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico por sobre la del accionado y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que los desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a esta salvaguarda, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
En todo caso, con suficiencia ha precisado la Corte que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012) Se resalta. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. No se aprecia configuraci\u00f3n de irregularidad alguna o un proceder que haya desconocido la normativa aplicable por parte de la autoridad accionada, comoquiera que subsan\u00f3 la providencia confutada, y la ajust\u00f3 a lo contemplado en el art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
5.2. Los argumentos contenidos en el auto que neg\u00f3 la solicitud de coordinaci\u00f3n y consolidaci\u00f3n de los procesos de insolvencia de los promotores, hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto, imponiendo una determinada tesis, sustituy\u00e9ndolo, como lo pretenden los accionantes, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo de las causas ordinarias y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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STC10915-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC10915-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73001-22-13-000-2021-00233-01 (Aprobado en Sala de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 19 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56567","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56567","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56567"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56567\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56567"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56567"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56567"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}