STC10927-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC10927-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01465-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 28 de julio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela formulada por Jos\u00e9 Fernando Cardona Uribe contra el Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de esta capital, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Sesenta y Siete Civil Municipal, transitoriamente Cuarenta y Nueve de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esta urbe, as\u00ed como las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, quien ostenta la calidad de representante legal de Nueva EPS, a trav\u00e9s de apoderado judicial reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al negar la cesaci\u00f3n de los efectos de la sanci\u00f3n por desacato que le fue impuesta dentro del amparo que C\u00e1ndida Rodr\u00edguez Afanador promovi\u00f3 en contra de Nueva EPS, bajo el radicado No. 2017-00927-00. <\/p>\n
Solicita entonces, que \u00abse SUSPENDAN TEMPORALMENTE LOS EFCTOS de la sanci\u00f3n impuesta\u00bb; se declare que \u00abel tr\u00e1mite adelantado por el Juzgado accionado para mantener la sanci\u00f3n a mi representado por el presunto desacato al fallo de tutela constituye una V\u00cdA DE HECHO y, por ende, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad individual\u00bb; y, consecuencialmente, se revoque la decisi\u00f3n del 20 de febrero actual, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Sesenta y Siete Civil Municipal de Bogot\u00e1, transitoriamente Cuarenta y Nueve de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, neg\u00f3 la solicitud de \u00abcesaci\u00f3n de efectos de la sanci\u00f3n de arresto y multa impuesta dentro del incidente de desacato\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja aduce, en s\u00edntesis, que el Juzgado Sesenta y Siete Civil Municipal de Bogot\u00e1 ampar\u00f3 las garant\u00edas esenciales de la se\u00f1ora C\u00e1ndida Rodr\u00edguez Afanador, por lo que le orden\u00f3 al representante legal de Nueva EPS, \u00abautorice y dispense los medicamentos, insumos, servicios (\u2026), y dem\u00e1s procedimientos siempre que los mismos sean ordenados por el m\u00e9dico tratante\u00bb; asever\u00f3 que la beneficiaria de dicho mandato al considerar infringido lo dispuesto, promovi\u00f3 incidente de desacato, tr\u00e1mite que finaliz\u00f3 el 30 de octubre de 2019, sancion\u00e1ndolo con arresto de ocho (8) d\u00edas y multa de diez (10) SMLMV, decisi\u00f3n que a su vez fue confirmada por el ad quem el 8 de noviembre de esa misma calenda. <\/p>\n
Se\u00f1ala que el 12 de febrero actual, y en su condici\u00f3n de encargado de cumplir el mandato, pidi\u00f3 la \u00abcesaci\u00f3n o inaplicaci\u00f3n de los efectos de la sanci\u00f3n (\u2026) acreditando el cumplimiento de lo [all\u00ed] ordenado\u00bb; empero, sin reparar en lo anterior, el Juzgado Sesenta y Siete Civil Municipal de Bogot\u00e1 el d\u00eda 20 siguiente neg\u00f3 su pedimento, pretextando \u00abque la providencia sancionatoria ya est\u00e1 confirmada en grado de consulta por el superior y por ende la sanci\u00f3n se encuentra en firme\u00bb, determinaci\u00f3n que, dice, \u00abcarece de total y absoluta argumentaci\u00f3n jur\u00eddica, pues el juez no manifiesta bajo que preceptos legales ampara la decisi\u00f3n de mantener en firme la sanci\u00f3n en contra de mi representado, as\u00ed como tampoco argumenta jur\u00eddicamente, por qu\u00e9 al caso en concreto, no le son aplicables las normas y jurisprudencia de las altas Cortes puestas de presente en el escrito de cesaci\u00f3n de efectos radicado el 12 de febrero del a\u00f1o en curso\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
a.) La titular del Juzgado Sesenta y Siete Civil Municipal de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 denegar el resguardo, al advertir que \u00abla tutela no es instancia adicional o agregada al pleito com\u00fan\u00bb, recabando en que el actor, lejos qued\u00f3 de acreditar el cabal cumplimiento de la orden de tutela, que eventualmente permitiera inaplicar las sanciones impuestas en anterior oportunidad. <\/p>\n
b.) Del expediente digital remitido por el juez constitucional, no se advierte que los dem\u00e1s involucrados en el asunto hayan intervenido al interior de \u00e9ste. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 la salvaguarda, tras considerar que la misma \u00abno tiene fundamento constitucional, considerando que, al negar la solicitud de cesaci\u00f3n de los efectos de la sanci\u00f3n de arrestos y multa impuestos dentro del incidente de desacato al fallo de tutela impuesta contra el accionante, y que, la decisi\u00f3n adoptada por el Juez accionado a trav\u00e9s del cual decidi\u00f3 mantener la sanci\u00f3n por el desacato al fallo de tutela no constituye una v\u00eda de hecho, como ya se indic\u00f3, toda que, el accionante no demostr\u00f3 que hubiere dado satisfacci\u00f3n a las ordenes impuestas por el a-quo, a cabalidad, toda vez que, revisada la probanza allegada, no se acredit\u00f3 que en efecto la se\u00f1ora C\u00e1ndida Rodr\u00edguez Afanador haya recibido la autorizaci\u00f3n y suministro de suplemento nutricional, soluci\u00f3n oral amino\u00e1cidos esenciales vainilla l\u00edquido (Grytrol) lata por 250 mil x 180, conforme a la prescripci\u00f3n m\u00e9dica del galeno tratante en forma oportuna y, a pesar de que, el actor afirm\u00f3 haber entregado el 12 de noviembre los medicamentos descritos, ya que, si bien direccion\u00f3 a la farmacia no obra prueba de ello\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promovi\u00f3 el gestor del amparo, insistiendo en los reproches primigenios. Por dem\u00e1s, dijo que el juez constitucional de primer grado no realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n de \u00ablas pruebas aportadas al expediente, mismas que fueron enviadas en su oportunidad \u2013 siendo la \u00faltima el 12 de febrero del 2021- al correo electr\u00f3nico del Despacho accionado, como lo demuestran los siguientes textos e im\u00e1genes. Es pertinente precisar que las fechas plasmadas no son un error sino una cronolog\u00eda de los env\u00edos que se le hicieron al Despacho accionado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2. Frente de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb <\/p>\n
3. Aqu\u00ed, tras realizarse el correspondiente escrutinio a la demanda de resguardo constitucional presentada por el se\u00f1or Cardona Uribe, se revela sin asomo de duda que la misma debe desestimarse, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es atacar, en \u00faltimas, la decisi\u00f3n proferida en sede de consulta por el Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de la cual confirm\u00f3 la sanci\u00f3n que le fue impuesta por el Juzgado Sesenta y Siete Civil Municipal de la misma urbe, en el marco del incidente de desacato que para obtener el cumplimiento de la orden constitucional proferida en su contra, adelant\u00f3 C\u00e1ndida Rodr\u00edguez Afanador contra la Nueva EPS, al interior de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente, radicada bajo el consecutivo n.\u00ba2017-00927. <\/p>\n
La Sala, al examinar el tema, en punto a las diligencias que se surten a prop\u00f3sito del incidente que se origina por el supuesto incumplimiento del fallo de tutela, ha considerado improcedente una nueva revisi\u00f3n de la misma naturaleza constitucional, toda vez que, en torno al desacato, s\u00f3lo se previ\u00f3 respecto del auto que lo encuentra procedente y, por tanto, impone o fija sanciones, el grado de consulta, exclusivamente. <\/p>\n
Sobre el particular, corresponde recordar que la Corte ha se\u00f1alado, \u00abque el incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo. <\/p>\n
Por consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento. Observase que, si hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato)\u00bb (CSJ, STC1823-2020). <\/p>\n
4. Con todo, y para ahondar en razones desestimatorias de lo reclamado por esta v\u00eda, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias digitales, se observa que igualmente que surge patente la improcedencia del amparo, por incumplir con el presupuesto de la prontitud que lo gobierna, toda vez que la determinaci\u00f3n que defini\u00f3 de fondo sobre la sanci\u00f3n que fue impuesta al aqu\u00ed quejoso (y que finalmente es la que otorga competencia a esta Corporaci\u00f3n para conocer del asunto), data del 8 de noviembre de 2019, mientras que se acudi\u00f3 al amparo constitucional s\u00f3lo hasta el 14 de julio de 2021, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Al punto, es suficientemente conocido que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurrieron m\u00e1s de veinte (20) meses desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que mantuvo lo resuelto en punto de la aludida sanci\u00f3n, sin que la inconforme solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que consideran hoy vulnerados con tal determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
Sobre este aspecto, reiteradamente se ha puntualizado, que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC1423-2021). <\/p>\n
Y aunque el requisito de la prontitud no se extra\u00f1a respecto de la decisi\u00f3n proferida el 20 de febrero actual, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Sesenta y Siete Civil Municipal de Bogot\u00e1, declar\u00f3 \u00abimprocedente la solicitud de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta al se\u00f1or JOSE FERNANDO CARDONA URIBE\u00bb, lo cierto es que, como se advirti\u00f3 en l\u00edneas precedentes, dicha determinaci\u00f3n de modo alguno pretendi\u00f3 cuestionar el tr\u00e1mite propio del incidente de desacato, sino m\u00e1s bien acreditar el presunto cumplimiento de la orden de tutela, luego no se configuran los supuestos de la hip\u00f3tesis contemplada en el numeral 4.6.3.2 de la providencia tantas veces citada, por lo que surge inviable la intervenci\u00f3n constitucional reclamada. <\/p>\n
6. Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Com Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABON <\/p>\n
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