STC10931-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC10931-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01500-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con la determinaci\u00f3n pronunciada el 15 de julio de 2021, en la que no se dispuso no tener en cuenta los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que interpuso contra el auto admisorio de la demanda de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado que en su contra y en la de Marco Antonio Cardona L\u00f3pez, Mar\u00eda Andrea Cardona L\u00f3pez, K-listo productos alimenticios S.A.S, y Jon\u00e1s Mar\u00eda Cardona Quintero, instaur\u00f3 Inmuebles Terra S.A.S., identificado con el consecutivo 2021-00042-00. <\/p>\n
Por esa circunstancia, pretende que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, dejando sin valor ni efecto dicha determinaci\u00f3n, y que en consecuencia, se ordene al Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a.) \u00abdar tr\u00e1mite al recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n [memorado]\u00bb y, b.) \u00abque no se obligue a la parte demandada al pago de los c\u00e1nones de arrendamiento no cancelados, debido a la existencia del proceso ejecutivo (sic) que cursa en el Juzgado 46 Civil del Circuito, expediente 11001310304620210017200\u00bb; como pretensiones subsidiarias, que se disponga que dicha autoridad enjuiciada, c.) \u00abconceda el t\u00e9rmino procesal establecido en el C\u00f3digo General del Proceso para la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado adujo en lo esencial y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que la autoridad criticada, mediante auto del 27 de abril de los corrientes admiti\u00f3 el memorado juicio de restituci\u00f3n, prove\u00eddo en el que se\u00f1al\u00f3 que la parte demandada (aqu\u00ed interesada) no ser\u00eda escuchada, hasta tanto no presentara prueba del pago de los c\u00e1nones de arrendamiento denunciados como insatisfechos por la demandante, fuera a trav\u00e9s de recibos expedidos por esta \u00faltima, o de consignaciones realizadas directamente al juzgado; que una vez notificada, y por conducto de su abogado de confianza, replic\u00f3 tal determinaci\u00f3n a trav\u00e9s de recurso horizontal, y subsidiario de apelaci\u00f3n, con fundamento en que la arrendadora no dio estricto cumplimiento a lo ordenado en la providencia inadmisoria, y aun as\u00ed, se abri\u00f3 a tr\u00e1mite la contienda. <\/p>\n
Alega que pese a lo anterior, mediante prove\u00eddo calendado 15 de julio de 2021, entre otros asuntos, se dispuso no tener en cuenta tales censuras, al no haberse dado cumplimiento a lo reglado en los incisos 2\u00b0 y 3\u00b0 del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, adem\u00e1s de establecer que el t\u00e9rmino del traslado de la demanda corri\u00f3 en silencio, desconociendo, de tal manera, que de conformidad a lo normado en el art\u00edculo 118 ejusdem, dicho t\u00e9rmino se encontraba suspendido, hasta tanto no se resolviera sobre dichos recursos, motivos por lo que dice, se encuentra habilitada para acudir a la presente v\u00eda excepcional. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y DEL VINCULADO <\/p>\n
a. La titular del Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 declarar la improcedencia del auxilio instado, luego de aducir el incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, comoquiera que contrario a lo esbozado por la sociedad accionante, contra la providencia de la que \u00e9sta de duele, s\u00ed proced\u00eda el recurso de reposici\u00f3n, pues, en estricto sentido, con ella no se resolvi\u00f3 una r\u00e9plica de esa misma naturaleza, sino, por el contrario, dej\u00f3 de tenerse la misma en cuenta por no haberse acreditado el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento denunciados como insatisfechos. <\/p>\n
Para rematar, aleg\u00f3 que aun cuando se hubiera cumplido con el mencionado pago, lo cierto es que la reposici\u00f3n y la apelaci\u00f3n subsidiaria fueron presentados de manera extempor\u00e1nea. <\/p>\n
b. A su turno, el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de esta capital, se limit\u00f3 a informar que a la fecha tramita el juicio declarativo identificado con el radicado No. 46-2021-00172, seguido por Inmuebles Terra S.A.S. contra Protecsa S.A., el que fue admitido en auto adiado 10 de mayo hoga\u00f1o, del cual remiti\u00f3 el respectivo expediente digital. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013Sala Civil, deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, porque luego de analizados los argumentos expuestos en el auto atacado, y de la revisi\u00f3n del expediente contentivo del juicio objeto de estudio, que \u00abno es de recibo el argumento del gestor constitucional, quien se\u00f1ala que se le vulner\u00f3 el debido proceso al no darle la posibilidad de descorrer el traslado de la demanda, pues (\u2026) el expediente permaneci\u00f3 en la secretar\u00eda por un t\u00e9rmino superior al concedido en el auto admisorio, el cual se itera, fue notificado el 12 de mayo de 2021 fecha desde la cual inici\u00f3 el t\u00e9rmino de traslado de la demanda e ingres\u00f3 al despacho tan solo hasta el 15 de julio de 2021, t\u00e9rmino en el cual pudo ejercer su derecho de defensa, pues si bien es cierto, present\u00f3 escrito contentivo de recurso, el mismo deven\u00eda extempor\u00e1neo pues fue impetrado hasta el 19 de mayo de 2019, fecha en que ya se encontraba ejecutoriado el auto que admiti\u00f3 la demanda, sin que tal cartular interrumpiera el t\u00e9rmino de traslado concedido. <\/p>\n
8. Ahora bien, frente a la causa petendi encaminada a que no se le obligue al pago de los c\u00e1nones de arrendamiento no cancelados, debido a la existencia del proceso ejecutivo que cursa en el juzgado 46 Civil del Circuito que inicio Inmuebles Terra SAS vrs. Protecci\u00f3n Inmobiliaria S.A. Protecsa sobre el pago de los mismos c\u00e1nones, es menester precisar que, al revisar el expediente remitido por el despacho vinculado, se pudo constatar que dicho juicio no corresponde a un proceso ejecutivo sino a un juicio declarativo por incumplimiento de contrato, que en nada tiene que ver con el que ahora es objeto de estudio. <\/p>\n
9. En este sentido, aunque el precursor no comparta las premisas jur\u00eddicas planteadas en el auto, ello no la convierte en caprichosa o antojadiza con la entidad suficiente para permitir el paso de la pretensi\u00f3n planteada, pues dicho pronunciamiento fue emitido con base en la normatividad que rige los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado -art\u00edculo 384 del C.G.P.-, sin que esta acci\u00f3n supralegal pueda convertirse en una tercera instancia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda actora recurri\u00f3 el anterior fallo, esgrimiendo como sustento de su inconformidad similares argumentos a los esbozados en el escrito inicial; adem\u00e1s de indicar, que el a quo constitucional no tuvo en cuenta que de conformidad a lo normado en el par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 9\u00b0 del Decreto 806 de 2020, los recursos que promovi\u00f3, s\u00ed se presentaron en tiempo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el presente caso, El Rancho de Jonas S.A.S cuestiona a trav\u00e9s del presente mecanismo, en lo fundamental, la decisi\u00f3n pronunciada el 15 de julio del a\u00f1o en curso por el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de la cual, se dispuso, entre otros asuntos, i) no tener en cuenta el recurso de reposici\u00f3n presentado por la sociedad demandada, ante la falta de cumplimiento de lo normado en los incisos 2\u00b0 y 3\u00b0 del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso; y, ii) tener en cuenta que aqu\u00e9lla se notific\u00f3 de la demanda y del auto admisorio de la mismas a trav\u00e9s de su apoderado judicial, y dentro del t\u00e9rmino oportuno, no present\u00f3 ning\u00fan medio exceptivo. <\/p>\n
3. Sin embargo, atendidos los argumentos que sustentan la solicitud de protecci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n atacada, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la misma no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales de la promotora de la queja constitucional, pues basta con se\u00f1alar que, en estricto sentido, la sociedad inconforme, al atacar por v\u00eda de reposici\u00f3n y subsidiaria de alzada el auto admisorio de la demanda, de manera alguna desconoci\u00f3 el contrato de arrendamiento base de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n, motivo por el cual, si quer\u00eda ser escuchado, deb\u00eda cumplir con el pago de los c\u00e1nones adeudados. <\/p>\n
3.1. Contrario a ello, ni consign\u00f3 a \u00f3rdenes del despacho las sumas enunciadas como insolutas, ni tampoco demostr\u00f3 haberlas saldado directamente al arrendador, pese a que la \u00fanica causal alegada como base de dicha contienda fue la mora en el pago de la renta pactada, por lo que el incumplimiento de esa carga procesal hizo que no fueran tenidas en cuenta las r\u00e9plicas que promovi\u00f3 contra el auto admisorio de la demanda, de conformidad con el numeral 4\u00ba del precepto 384 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor: <\/p>\n
\u00ab[s]i la demanda se fundamenta en falta de pago de la renta o de servicios p\u00fablicos, cuotas de administraci\u00f3n u otros conceptos a que est\u00e9 obligado el demandado en virtud del contrato, este no ser\u00e1 o\u00eddo en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a \u00f3rdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los c\u00e1nones y los dem\u00e1s conceptos adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador, correspondientes a los tres (3) \u00faltimos per\u00edodos, o si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos per\u00edodos, a favor de aquel\u00bb. <\/p>\n
3.2. As\u00ed entonces, como el arrendatario no acat\u00f3 la mentada disposici\u00f3n, ello imped\u00eda que fuera o\u00eddo, conforme lo entendi\u00f3 la juez de conocimiento, quien guiada por esa l\u00f3gica, se abstuvo de conocer del recurso de reposici\u00f3n y subsidiario de apelaci\u00f3n propuesto en contra del auto admisorio, adem\u00e1s de tener por no contestada la demanda, pues, se repite, dichas r\u00e9plicas no tuvieron la virtualidad de suspender el t\u00e9rmino para proceder con tal defensa (art\u00edculo 118 ibidem), al no poderse tener por presentadas por incumplimiento del pago de los c\u00e1nones de arrendamiento denunciados como impagos, \u00fanica raz\u00f3n la anterior v\u00e1lida para desconocer dichos mecanismos de defensa, pues, contrario a lo esbozado por el a quo constitucional, los mismos s\u00ed fueron presentados en tiempo, de conformidad a lo normado en el art\u00edculo 8\u00b0 del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
3.3. No sobra advertir que como el desenvolvimiento y definici\u00f3n de la disputa debe darse en \u00fanica instancia, tal como lo concibi\u00f3 el fallador del circuito, en armon\u00eda con el numeral 9\u00ba del precepto 384 Cit., que dispone que \u00abcuando la causal de restituci\u00f3n sea exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramitar\u00e1 en \u00fanica instancia\u00bb, intrascendente resulta que la Juez convocada no se hubiera referido espec\u00edficamente frente al recurso de alzada, pues aun cuando se hubiera cumplido con la mencionada carga insatisfecha, el mismo resultaba improcedente. <\/p>\n
4. En consecuencia, como la sola divergencia conceptual expuesta por la sociedad actora no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues como ha sostenido invariablemente esta Corte, la simple discrepancia con lo decidido no es una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, con independencia de que el juez constitucional la comparta o no, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC039- 2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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